Análisis

  • Isabel Lorente Pérez. Coordinadora del Servicio de Orientación Jurídica de Víctimas

El Icam, al lado de las víctimas

Hace no mucho, en el mes de septiembre, asistí a un Congreso Internacional de Justicia Restaurativa para las Víctimas y pude oír como telón de fondo de diferentes maestros que nuestro Derecho, nuestra Justicia, se había olvidado de las víctimas. Ta­les afirmaciones me llevaron a hacer un repaso de todas las ac­tuaciones que el Colegio de Abogados de Madrid ha realizado en defensa de las mismas.

Nuestro Colegio viene prestando desde hace más de 30 años, en los Servicios de Orientación Jurídica Generales, asesora­miento gratuito a las víctimas. Así, hemos estado con las víc­timas de violencia de género, con las víctimas del 11 M y de otros atentados terroristas, con las de la colza, con las víctimas de abusos, de lesiones, de delitos contra la vida, con los me­nores.... con todas las víctimas en general. Al mismo tiempo, nuestra legislación comenzó a cambiar y se fueron producien­do una serie de reformas legislativas orientadas a la protección de la víctima. Así se dictó la Ley 29/2011 de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Te­rrorismo; posteriormente, la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de di­ciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; así como la Ley 4/2015 de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito.

Todo ello nos llevó a sensibilizarnos especialmente con quie­nes, como víctimas de delito, se encuentran en situación de vulnerabilidad y desprotección por desconocimiento de la defensa de sus derechos ante la Justicia. Por ello, en febrero de 2017 se puso en marcha un servicio es­pecializado para su atención de forma parti­cularizada, con sede en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Nacía así el Servicio de Orientación Juridica para Atención Específi­ca a Víctimas de Delito, con el firme propó­sito de garantizar el respeto a sus derechos, asegurar la tutela de su dignidad, el aseso­ramiento jurídico en defensa de sus bienes materiales y morales, dar respuesta jurídica a sus reclamaciones y colaborar para mi­nimizar los efectos traumáticos por su condición de vícti­mas.

Un grupo rotatorio de 12 letrados, con experiencia y debi­damente formados, atiende este Servicio, dando cumplimiento a la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Esta­tuto de la Víctima del Delito. Su función es asesorar sobre el conjunto de dere­chos que les corres­ponden a las vícti­mas en el ámbito del proceso penal, incluyen­do el derecho de protección e indemnización, información, apoyo, asistencia y atención, así como a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesio­nal, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con las autoridades o fun­cionarios.

Desde la sede recién estrenada en la calle Al­barracín, se presta asesoramiento gratuito a todas aquellas personas que sufran un per­juicio físico, moral o económico como con­secuencia de un delito ocurrido en España o que pueda ser perseguido en este país, con in­dependencia de la nacionalidad de la víctima o de si disfruta o no de residencia legal. Este servicio es extensible a las víctimas indirectas, cónyuge o personas vinculadas a ella por una análoga relación de afectividad, hijos y proge­nitores, parientes directos y personas a cargo. Se les informa de los derechos como denun­ciantes, de su participación en el proceso, y se tramita el expediente de asistencia jurídica gratuita, de conformidad con la ley 1/96 de Asistencia Jurídica Gratuita, de 10 de Enero, designando profesionales para su defensa y representación.

Asimismo, se infor­ma a las víctimas de la existencia de los Servicios de Justi­cia Restaurativa para obtener una repara­ción material y mo­ral de los perjuicios derivados del delito. La mediación penal supone una solución al conflicto cuan­do el infractor haya reconocido los he­chos, la víctima haya prestado su consen­timiento, el procedi­miento no entrañe un riesgo para la se­guridad de la víctima y no esté prohíbido por la ley para el delito cometido. En este sentido, si se dieran las cir­cunstancias se derivaría al Servicio de Media­ción del ICAM.

Por otro lado, se informa de las solicitudes de ayuda respecto a los delitos violentos, a través de la Ley 35/1995, de 11 de diciem­bre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad se­xual que establece un sistema de ayudas públicas en beneficio de quienes han sido víctimas de delitos dolosos y violentos, cometidos en España, con el resultado de muerte o de lesiones corporales graves o de daños graves en la salud física o mental, asi como de las víctimas de delitos con­tra la libertad sexual. Para los casos que lo soliciten, y en coordinación con la Oficina de Ayuda a la Víctimas de Madrid, se les deriva a la misma.

El SOJ de Víctimas se ha prestado hasta Oc­tubre de 2018 en el Tribunal Superior de Jus­ticia de Madrid, en la Calle General Castaños nº 1, los lunes, miercoles y viernes de 9.00 a 14.00 h. Desde noviembre de 2018 estrena­mos nueva sede en el edificio de los Juzga­dos de Violencia sobre la Mujer , en la Calle Albarracín nº 31 de Madrid, con mayor espa­cio y nuevas instalaciones, lo que conllevará sin duda a una mejor atención y una mayor acogida entre las víctimas necesitadas de atención .

Desde la puesta en marcha del SOJ de Vícti­mas en feberero del año pasado, cientos de personas han accedido al servicio. Si en 2017 fueron 406 las personas atendidas, entre enero y septiembre de 2018 se han atendido ya a 582 personas. De las cerca de 1.000 per­sonas atendidas, casi la mitad tiene entre 31 y 50 años de edad, y en un porcentaje muy similar de hombres que de mujeres. Por otro lado, el 88% de las personas atendidas son españoles, y sólo un 12% extranjeras.

La labor que día a día realizan los letrados que atienden a las víctimas es intensa, su trabajo garantiza la atención a las personas perjudica­das por delitos ocurridos en Madrid, acompa­ñándolas en un camino que en ocasiones es largo y dificil. Su intervención va dirigida a la orientación jurídica en todos los aspectos, en­cauzando a las víctimas para la consecución de una reparación justa, dando contenido a un conjunto de derechos que en numerosas ocasiones resultan desconocidos para el per­judicado, y otorgando un trato humano al que ha sufrido.

Pienso, y lo que es más importante, siento que desde el Colegio de Abogados de Madrid estamos procurando velar por los derechos de quienes no han recibido toda la atención debida en el pasado, para conseguir que la Justicia escuche y dignifique a las víctimas. Continuando día a día con esta labor, sin duda podremos estar orgullosos.

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