Análisis

  • Bárbara Royo. Abogada Penalista y criminóloga

Escuchas ilegales: un puñal contra el derecho de defensa

No corren buenos tiem­pos para la justicia espa­ñola. Son muchos los frentes abiertos, más los que cuestionan sus pilares e infinitos los puñales que a dia­rio impactan contra ella a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Quizá sea hora de que la Diosa se re­tire el pañuelo de los ojos, mire con atención a su alrededor y compruebe que en ocasiones el daño viene de dentro, que son los que imparten la justi­cia los que con sus decisiones están provocando que se desangre y que puede que no sea lejano el día en el que la venda de los ojos acabe usándose de torniquete. Estos días el Tribunal Supremo tie­ne ante sí una de esas situaciones complejas en las que tendrá que decantarse por un compañero o por el Estado de Derecho, por permitir una pu­ñalada más o por no transigir. El problema nace después de que el magistrado Manuel García Cas­tellón autorizase que se escuchasen las conversa­ciones entre el empresario Juan Miguel Villa Mir y sus abogados. Estos, lógicamente, pusieron el grito en el cielo y presentaron una querella en la que describen el comportamiento de su señoría como “Un puñal en el corazón del derecho de de­fensa”. “Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida”, añado yo plagiando a Miguel Hernández, contra todos y cada uno de los ciudadanos de un Estado Social y Democráti­co de Derecho. Escuchar las conversaciones en­tre un abogado y su cliente está prohibido, salvo en determinadas y previstas circunstancias que no concurren en este caso.

Todos nosotros, en­tiendo juristas acostumbrados a los tribunales de justicia (en ocasiones, de injusticia) conocemos que nuestro ordenamiento jurídico ofrece toda una serie de normas dirigidas a regular y proteger de manera eficaz la confidencialidad entre el investigado y su letrado, como máximo exponente del derecho fundamental a la defensa (artículos 263, 416, 707 y 118.4 de la LECrim, o 542 LOPJ). Son muchas, igualmente, las sentencias que en el ámbito de la protección de los derechos huma­nos han ido configurando una consolidada doctri­na al respecto (Por todas, STEDH de 25 de marzo de 1998 -caso Koop contra Suiza-; STEDH de 1 de octubre de 2009 -caso Tsonyo Tsonev contra Bulgaria-; STEDH de 3 de febrero de 2015 -caso Pru­teanu contra Rumanía-). Y, precisamente, bebien­do, tanto de la doctrina emanada por el TEDH, como de nuestro Tribunal Constitucional, España ha conseguido cimentar una base sólida que no permite interpretaciones voluntaristas en relación a la interceptación de las comunicaciones de un letrado con su cliente, constituyendo (al margen del terrorismo) la única restricción a la confidencialidad entre ambos y, por ende, al derecho de defensa, aquel supuesto en el que “se constate la existencia de indicios objetivos de la participación del abogado en el hecho delictivo investigado o de su implicación junto con el investigado o en­causado en la comisión de otra infracción penal” (Art. 118.4 LECrim). Pero en este supuesto, la indi­ciaria participación del letrado en el delito es ajena a su condición de letrado y, por tanto, no está ejer­ciendo como abogado defensor, sino delinquien­do presuntamente.

En el año 2012, El Tribunal Supremo, con oca­sión de condenar al entonces Magistrado D. Baltasar Garzón por acordar la interceptación de las comunicaciones entre un abogado y su cliente, nos recordaba el alcance y la naturaleza teleológica del marco regulador de la materia en cuestión y, yendo más allá de fundamentar jurídicamente una mera condena por prevarica­ción, ahondaba con maestría, ya no solo jurídica sino también ideológica, en el significado y la finalidad del derecho fundamental a la defen­sa, advirtiendo del peligro que, como Estado, se corría, si se llegaba a normalizar este tipo de situaciones. Se argumentaba lo siguiente en la meritada Sentencia nº 79/2012, de 9 de febrero:

“En el caso, el acusado causó con su resolución una drástica e injustificada reducción del dere­cho de defensa y demás derechos afectados anejos al mismo, o con otras palabras, como se dijo ya por el instructor, una laminación de esos derechos, situan­do la concreta actuación jurisdiccional que prota­gonizó, y si se admitiera siquiera como discutible, colocando a todo el pro­ceso penal español, teó­ricamente dotado de las garantías constitucionales y legales propias de un Estado de Derecho con­temporáneo, al nivel de sistemas políticos y pro­cesales característicos de tiempos ya superados desde la consagración y aceptación generalizada del proceso penal liberal moderno, admitiendo prácticas que en los tiem­pos actuales solo se encuentran en lo regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa o se su­pone que interesa, al Estado, prescindiendo de las mínimas garantías efectivas para los ciudada­nos y convirtiendo de esta forma las previsiones constitucionales y legales sobre el particular en meras proclamaciones vacías de contenido”.

A pesar de ello, parece que en la Audiencia Na­cional no caló el mensaje. Y esto es, precisa­mente, lo que debiera preocuparnos, ya que marco normativo y doctrina al respecto, como hemos visto, sobra. Cosa distinta es que la mis­ma quede, en ocasiones, y a estas alturas, en papel mojado. Y debiera preocuparnos porque, como bien sugiere el Tribunal Supremo, el fenó­meno criminal se aprecia de forma distinta en los estados totalitarios que en los estados de­mocráticos. Mientras que en los primeros (sean nacionalistas, comunistas, fascistas o funda­mentalistas) el delito es una célula enferma que contagia a las demás y pone en peligro la estabi­lidad del Estado y, por ello, no cabe otra política que su erradicación utilizando todos los medios precisos, sin límite alguno, en los estados de­mocráticos, sin embargo, la prevención y/o re­acción ante el delito no puede llevarse a cabo a costa de las garantías y libertades del ciudada­no, pues el respeto a los derechos fundamen­tales constituye uno de sus pilares, y ello con independencia de que en la práctica diaria nos de­mos cuenta de que más frecuentemente de lo deseado nos situamos un tanto alejados de la teo­ría. Y esto, sin duda, es lo que sucede en el caso que nos ocupa, en el que el Magistrado García-Cas­tellón, olvidando, quizá, lo que nos define como sociedad "no adoptó nin­guna cautela en el ejer­cicio de su función de garante de los derechos fundamentales", según la querella presentada, por lo que, como no podía ser de otra manera, el Colegio de Abogados de Madrid concedió am­paro profesional al letrado defensor.

Los que aún confiamos (reconozco que a ve­ces hay que hacer un esfuerzo) en nuestro sistema jurídico penal, como uno de los más garantistas del mundo, esperaremos expec­tantes la resolución de esa querella, confiando en que el Tribunal Supremo sea fiel a su propia doctrina y declare, una vez más, que la prácti­ca denunciada es incompatible con un “Estado de Derecho contemporáneo”, o que presume de serlo. Lo contrario sería una cuchillada, una puñalada… trapera. Una más.

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