Análisis

El Estado de derecho en la UE: desafíos y perspectivas de futuro

ICAM

De izquierda a derecha: Nicolás Pascual de la Parte,Marie José Garot, Francisco Fonseca (de espaldas), Dominique Attias y María Segimón. Foto: ACN

  • Modera: María Segimón, Diputada ICAM.
  • Intervienen: Dominique Attias, Presidenta de la FBE; Francisco Fonseca, exdirector de la Representación de la Comisión Europea en España; Nicolás Pascual de la Parte, Embajador Representante Permanente de España en el Consejo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte; Marie José Garot, Ph.D Vice Decana de programas máster del IE Law School y directora del Centro de Estudios Europeos.

El momento geopolítico actual, tras la pandemia y con una situación de guerra en Ucrania, unido a otros desafíos dentro de Europa como las sanciones a Polonia o la problemática de Hungría, hace que debamos reflexionar y reforzar el concepto de Estado de derecho, realizando un profundo análisis de qué significa y cómo se configura dentro y fuera de los confines de la Unión.

El Estado de derecho como fundamento en la exégesis de Europa

“El Estado de derecho es un valor que une a los países de la UE, reconociéndolo explícitamente a partir del Acta Única Europea del 1986. También hay una referencia a que es un valor que hay que promover fuera incluso de la UE”, señalaba Garot. Sin embargo, advertía Pascual de la Parte, “significa muchas cosas, pero al mismo tiempo no significa casi nada”. Recordando que es un concepto por primera vez acuñado en la doctrina alemana “como contraposición al estado policial, Estado de derecho sería aquel basado en una constitución que se desarrolla después en sus leyes y ordenamientos. Pero todas las dictaduras modernas encajarían entonces”, explicaba. Por eso, para el embajador, la mejor definición es la anglosajona, “rule of Law, el imperio de la Ley, que se configura en el respeto a los DDHH y las libertades individuales”.

En esta línea, apuntaba Attias, “hay que ser humildes, nos gustan demasiado las grandes palabras”. Para la ponente, una de las claves de bóveda está en “la política, no podemos dejar a los poderes decir lo que quieran”.

Pero en todo caso existe la definición legal, refería Fonseca, contemplada, desde diciembre del 2020, en el art. 2 del Reglamento de la Condicionalidad.

Riesgos y régimen de protección

Para Pascual de la Parte, “el Estado de Derecho goza de buena salud, pero está impugnado desde fuera, con algunas regiones que no reconocen la validez universal de los derechos reconocidos en la carta de la ONU y la Declaración de DDHH de San Francisco porque dicen que fue codificada por potencias occidentales, colonialistas y ellos ni estaban allí ni reflejan sus valores y sus culturas; y desde dentro, impugnándolo en sus dos dimensiones fundamentales: la primacía del Derecho Comunitario sobre los Derechos nacionales, y la primacía de los tribunales europeos que interpretan la Ley Europea sobre los tribunales nacionales. Aquí hay un juego de quién interpreta la compatibilidad del derecho comunitario con el derecho nacional y cómo se casa con el principio de atribución de competencias, no es tan fácil”, puntualizaba.

En este sentido, teniendo presente los recientes casos de Polonia y Hungría, aclaraba Fonseca que “la UE no tiene competencias en materia de cómo se organiza la justicia, pero sí es el garante de que se respete el imperio de la Ley a nivel europeo. Si un sistema hace que quien tiene que garantizarlo no pueda hacerlo porque hay una presunción de que no es independiente, afecta a su competencia”.

El mecanismo articulado dentro del Derecho Supranacional para reaccionar ante los ataques al Estado de derecho es el art. 7 del Tratado de Ámsterdam, “un paso muy importante que intenta prevenir y eventualmente sancionar en caso de vulneración grave de los valores de la UE”, defendía Garot, que también mostró su preocupación ante los “discursos políticos que hablan de desobedecer al Derecho Europeo , y que suponen un riesgo muy importante para el Estado de derecho, el principio de legalidad y el de cooperación leal. Los estados han firmado un tratado y tienen la obligación de hacer todo lo posible para poner en práctica este Derecho Europeo”.

Sobre este mecanismo de prevención, Fonseca, matizaba que consiste en “name and shame”, con la posibilidad de “apretar el botón nuclear”. Aunque el ponente reconoció que “nos hemos inventado el mecanismo de condicionalidad que significa que la Comisión puede congelar fondos a un Estado que no respete derechos fundamentales”, expresó la necesidad de reforzar esta medida en “dos vías: conseguir que los criterios de Copenague sean vinculantes para entrar y permanecer en la Unión y acabar con el derecho de veto del art. 7”.

Guerra de Ucrania

Finalmente, Pascual de la Parte hizo referencia a “la agresión a Ucrania por parte de Rusia”, calificándola como “totalmente injusta, injustificable y criminal.

No se dan ninguno de los supuestos del art. 51 de la Carta de la ONU sobre defensa propia a que se acoge Putin, pero es que además Rusia no es cualquier país, es uno de los garantes del orden internacional reflejado en la ONU y el Consejo de Seguridad, eso hace que la guerra en Ucrania, desde el punto de vista jurídico, sea tan grave”, criticaba, alertando que desde “la comunidad internacional no podemos dejar que Putin se vaya con algo parecido a una victoria, eso sería avalar que no la fuerza del Derecho sino el derecho de la fuerza se impone ahora como una norma internacional aceptable”.

Una última nota de esperanza, sin embargo, traía Attias, “por primera vez los estados están de acuerdo en la protección temporal de los refugiados de Ucrania. Y también para los derechos de las minorías, ya que el 95% de los afectados son mujeres y niños. Esto va a influir en otras poblaciones que están en riesgo y sirve para hacer una labor divulgativa de que Europa no es solo técnicos que están trabajando y ganando dinero, son las libertades de cada uno de nosotros”.