Análisis

  • Michael Fries. Socio/Abogado y Rechtsanwalt. Monereo Meyer Abogados

El conflicto entre los abogados y las empresas de cobro: regulación en Alemania y situación en España

El ordenamiento jurídico de muchos Estados permite que el cobro de las deudas de una persona determinada se gestione, aparte de por ésta, por otra persona física o jurídica, que no tiene que ser necesariamente un abogado o un bufete. En Alemania, el régimen de los abogados, se dediquen o no a esta actividad, es distinto al régimen de las personas o empresas llamadas de cobro - Inkassodienstleister -, que disfrutan de unas ventajas que no tienen los abogados. Esto es algo que pretende erradicar parcialmente el “Proyecto de Ley de promoción de ofertas del mercado de servicios jurídicos más justas para los consumidores y usuarios” (Entwurf eines Gesetzes zur Förderung verbrauchergerechter Angebote im Rechtsdienstleistungsmarkt).

Los Inkassodienstleister tienen derecho, en primer lugar, a una remuneración pactada mediante una cláusula de éxito (o pacto de cuota litis), según la cual sólo serán remunerados si se satisfacen judicial o extrajudicialmente las pretensiones del acreedor cuyo derecho de crédito ejerciten. En segundo lugar, tendrán también derecho a financiar los gastos surgidos durante el procedimiento de reclamación o solicitarle a un tercero que lo haga.

Mediante este nuevo Proyecto de Ley, cuya entrada en vigor está planificada para el verano de 2021, el legislador alemán quiere autorizar a los abogados a que acuerden estos tipos de retribución y de sufragio, levantando así, en algunos casos, unas prohibiciones declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional de Alemania y, en consecuencia, liberalizando y modernizando más la abogacía en este país. De esta forma, se atiende a las exigencias de la Unión Europea de implantar una regulación coherente y de la Asociación Alemana de la Abogacía (Deutscher Anwaltverein) de instaurar una mayor igualdad de oportunidades entre los profesionales a los que aquella representa y a los Inkassodienstleister en general, y en particular, a aquellos que prestan sus servicios utilizando tecnología jurídica (legaltech). Así, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, los abogados alemanes podrán ser retribuidos en base a un pacto de cuota litis y lograr una financiación de los costes relacionados con la resolución del conflicto. En algunos casos, consintiendo la cuota litis en función de su materia y de su cuantía, por ejemplo, en todos los casos judiciales y extrajudiciales de cuantía inferior a 2.000 euros que no sean de Derecho Penal, Social, Sancionador o Disciplinario y siempre que la diferencia respecto de la remuneración legal a la que tendrían derecho sea adecuada; y en otros casos, consintiendo la financiación de los costes, por ejemplo, en procedimientos monitorios de la misma cuantía. Además, dado que el propio Proyecto de Ley expresa las dudas del legislador sobre el uso que vayan a hacer los abogados de las dos figuras descritas, prevé su evaluación cinco años después de su entrada en vigor.

La nueva norma quiere igualar las condiciones y oportunidades de estos dos gremios –abogados e Inkassodienstleister-, no sólo mediante esta adaptación de las reglas de funcionamiento, sino endureciendo además las reglas de funcionamiento del segundo grupo y, en consecuencia, aumentando la protección de los consumidores y usuarios de los servicios de cobro de deudas prestados por quienes no están sometidos al régimen de los abogados y, en concreto, por quienes usan legaltech, –algo que, a juzgar por el título del Proyecto de Ley, es su propósito principal–. Dicho endurecimiento consistirá en la imposición de una más amplia obligación de información para los Inkassodienstleister con el fin de conseguir una mayor transparencia, como, por ejemplo, indicar de manera precisa cuáles son sus actividades, proponer alternativas para alcanzar la satisfacción del acreedor, informar de si rechazan un mandato, evitando que lleven a cabo tareas no permitidas y, en el caso de que lo hagan, revelarlo sin necesidad de investigación judicial.

La aprobación de esta Ley desatará una discusión sobre el futuro del mercado de los servicios jurídicos, ya que, aunque se haya accedido a algunas peticiones de los abogados que cuestionan que se alcancen los objetivos del legislador relacionados con este tema, hay otras que no han sido atendidas, como la permisión absoluta del uso por parte de los abogados del pacto de cuota litis -algo que  el Tribunal Constitucional de Alemania ve posible-, o la limitación de las actividades que pueden realizar los Inkassodienstleister a unas más sencillas, lo que sería contrario a los Derechos de la Unión Europea y de Alemania, por facilitar estos la reclamación del pago de deudas de pequeña cuantía.

La regulación en España de estas cuestiones es distinta a la existente en Alemania. Aquí también existen personas y empresas de cobro, que no tienen por qué ser abogados o despachos, respectivamente, y pueden emplear el legaltech. Dado que no se exige una formación jurídica ni una titulación para dedicarse a este negocio, una compañía que ofrezca este servicio puede no tener la forma de sociedad profesional ni contar con abogados, salvo que realice tareas que sólo ellos puedan llevar a cabo, como, por ejemplo, asistir a alguien en un juicio. Los abogados tienen su propio régimen, a diferencia de quiénes no lo son, como la famosa entidad “El Cobrador del Frac”, razón por la cual no les afectan las restricciones soportadas por los letrados. Adicionalmente, cada vez son más los profesionales del cobro de deudas que se sirven de medios digitales, ya que reducen los gastos y la duración de estos procedimientos. Es de añadir, que muchos bufetes contratan a empresas de cobro -especialmente a las que usan el legaltech– para que realicen estos encargos y, consecuentemente, gestionarlos mejor a cambio de compartir con ellos los honorarios cobrados a sus clientes.

La remuneración basada en cláusulas de éxito (o pacto de cuota litis) es lícita en nuestro país y está definida por el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico como “acuerdo entre el abogado y su cliente […] en virtud del cual el cliente se compromete a pagar al abogado únicamente un porcentaje del resultado del asunto”. Esta es en realidad la definición del pacto de cuota litis en sentido estricto. En cambio, el pacto de cuota litis mixto está compuesto por una retribución fija y otra variable y es, según la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 38/2020, de 22 de enero (Rec. n.º 2068/2017), el “pago de una cantidad fija –exigible en todo caso- a la que se añade una cantidad variable que se concreta en un porcentaje sobre la cantidad «reducida/obtenida» como resultado de la gestión profesional encargada”. Este pago hace tiempo que no está prohibido, ya que muchos clientes no quieren abonar a sus abogados lo mismo cuando prospera la ejercitación de sus acciones que cuando no, y el primero se permite desde la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 4 de noviembre (Rec. n.º 5837/2005). Por último, este órgano jurisdiccional determina en la primera sentencia citada que el resultado del que depende el pago de la retribución variable debe ser “definitivo y ya inatacable” para que éste sea válido.