Análisis

  • Rosa Guirado Abogada y Economista. Fundadora de Legal Sharing

Dossier. La responsabilidad de las plataformas colaborativas

Antes de entrar a valorar el régimen de responsabilidad de las plataformas colaborativas, vamos a definir qué se entiende por economía colaborativa, y cuáles son plataformas colaborativas y cuáles no.

La Comisión Europea en su Comunicación de 2 de junio de 2016, “Una agenda europea para la economía colaborativa”, definió a esta como “aquellos modelos de negocio en los que se facilitan actividades mediante plataformas colaborativas que crean un mercado abierto para el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos a menudo por particulares.

Por lo general, las transacciones de la economía colaborativa no implican un cambio de propiedad y pueden realizarse con o sin ánimo de lucro.” Este último inciso es importante, ya que existe mucha confusión con el término “colaborativo” que parece denegar el derecho a unos ingresos por parte de las plataformas.

En cuanto a los tipos de plataformas digitales, podemos básicamente diferenciar tres tipos:

  1. Plataformas colaborativas “puras” P2P (peer-to-peer o de particular a particular): son aquellas en las que la plataforma ofrece el servicio electrónico de servir de espacio para que se conozcan la oferta y demanda, optimizar su búsqueda y la casación de las mejores oferta y demanda. Ejemplos: Airbnb, HomeAway, plataformas de carpooling (Blablacar o Amovens), crowdfunding

(Goteo, Verkami) o de compraventa de objetos de segunda mano entre particulares (EBay, Wallapop).

  1. Economía bajo demanda o gig economy: engloba a aquellas plataformas que, además del servicio de la sociedad de la información, prestan el servicio físico subyacente, tratándose por tanto de una relación B2C, en la que la plataforma se responsabiliza de todos los servicios que presta (incluido el servicio subyacente, de transporte, por ejemplo). Ejemplos: UberX, Cabify, Deliveroo, Glovo, Uber Eats, etc.
  1. Economía de acceso: incluye a las plataformas que ponen a disposición de un conjunto de usuarios unos bienes para su uso temporal, adaptándose al tiempo de uso efectivo que requieren dichos usuarios y flexibilizando la localización espacial de los mismos. Ejemplos: coworkings, carsharing, Bluemove, car2go.

Partiendo de esa distinción, y centrándonos en el primer tipo de plataformas, las de economía colaborativa, cabe subrayar el servicio que prestan. La Comisión Europea y las sentencias recaídas en los asuntos de BlaBlaCar y Airbnb, subrayan que las plataformas colaborativas “puras” son meramente intermediarios que se limitan a prestar un servicio electrónico de la sociedad de la información. Y esa es la clave: la plataforma ofrece un servicio de mediación entre dos partes potencialmente interesadas en la celebración _entre ellas_ de un contrato, que es el contrato físico subyacente. Lo relevante es que las plataformas puramente colaborativas no prestan ese servicio subyacente, sino que simplemente se limitan a ofrecer a sus usuarios su sistema electrónico para facilitar que éstas se encuentren automáticamente y, en su caso, lleguen a un acuerdo sobre el precio y el servicio o producto a intercambiar.

Y de ahí derivan todas las consecuencias respecto a su régimen de responsabilidad, fiscalidad, etc. Pues si las plataformas no prestan el servicio subyacente, difícilmente deberán asumir obligaciones respecto de él, como, por ejemplo, responsabilidad alguna.

El servicio electrónico que prestan las plataformas consiste en poner a disposición de los distintos usuarios oferentes y destinatarios todo un sistema electrónico cuya finalidad es ofrecer a los usuarios la posibilidad de: (i) acceder a la plataforma, (ii) alojar sus ofertas o demandas de los distintos servicios subyacentes o entregas de bienes y (iii) permitir al usuario demandante encontrar las mejores ofertas del servicio o producto demandado, mediante la búsqueda y posterior case automatizados por el sistema.

Sin embargo, es posible que se den un segundo tipo de casos, tal y como ha señalado y ya advirtió la Comisión Europea, en los que sea la plataforma quien preste el servicio subyacente (ejemplo: UBER). El principal criterio será el nivel de control o influencia que la plataforma colaborativa ejerce sobre el prestador de dichos servicios. Dicho nivel de influencia o control por la plataforma puede establecerse por los siguientes criterios clave: que la plataforma sea quien (1) fije el precio, (2) determine las condiciones contractuales clave o (3) tenga la propiedad de los activos clave para prestar el servicio subyacente. De forma que cuando se cumplen estos tres criterios, hay indicios claros de que la plataforma colaborativa ejerce una influencia o control significativos sobre el prestador del servicio subyacente, lo que puede indicar que presta también el servicio subyacente (además de un servicio de la sociedad de la información).

Junto a estos criterios, hay otros también relevantes, como el hecho de que (4) la plataforma colaborativa sufrague los gastos, (5) asuma todos los riesgos relacionados con la prestación del servicio subyacente, o (6) que exista una relación laboral entre la plataforma colaborativa y la persona que presta el servicio subyacente en cuestión, en cuyo caso también se puede presumir que la plataforma colaborativa ejerce un gran nivel de control e influencia sobre la prestación del servicio subyacente.

Por otro lado, las plataformas colaborativas pueden asistir al prestador de los servicios subyacentes con determinadas actividades que son auxiliares con respecto a los servicios principales de la sociedad de la información (p. ej., modalidades de pago, cobertura de seguro, servicios postventa, mecanismos de evaluación o calificación, etc.). Lo importante es que esto, a diferencia del punto anterior, no constituye por sí mismo una prueba de influencia y control por lo que respecta al servicio subyacente, de forma que las plataformas colaborativas pueden incorporarlo a sus servicios sin por ello responsabilizarse de la relación jurídica subyacente.

En resumen: (1) dado que las plataformas colaborativas (del primer tipo) sólo prestan servicios de la sociedad de la información, sólo responden por ellos, antes sus usuarios. (2) Dado que no prestan servicios de alojamiento o transporte, no existe relación jurídico-contractual en lo que se refiere a ese servicio físico, entre las plataformas y los usuarios. (3) Por lo que, difícilmente podrá exigirse a las plataformas que respondan ante los “consumidores” (que no son tales) por una relación y un servicio “físico” subyacente que ellas no prestan.

 

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