Análisis

Dossier. La regulación del transporte “colaborativo”

Ana María De la Encarnación. Universitat de València

Para entender qué es el transporte colaborativo debemos hacer una brevísima mención inicial a la economía colaborativa como forma ya no tan novedosa de compartición de bienes o servicios. Esta nueva filosofía de vida aprovecha las ventajas de las TIC –que reducen costes de transacción y eliminan asimetrías informativas–, para, primando el reaprovechamiento frente a la producción de nuevos bienes, conseguir un uso más eficiente de los recursos existentes. Así, mediante aplicaciones y plataformas online, se crean puntos de encuentro de demanda y oferta de bienes y servicios infrautilizados que pueden ser compartidos, prestados, regalados, intercambiados, alquilados o comprados. De ahí que lo novedoso sea, no su contenido, sino la forma de implementarse.

Se ha generado, de este modo, un cambio en los hábitos de consumo, con especial incidencia en los sectores del alojamiento vacacional y del transporte terrestre. En cuanto a este último se refiere, las causas del éxito de la economía colaborativa han sido primordialmente dos. La primera es que se trataba de un campo abonado para el surgimiento y desarrollo de estos sistemas, dada la enorme cantidad de medios de transporte infrautilizados.

La segunda, que los avances tecnológicos eliminan tanto las asimetrías informativas como los costes de transacción que impedían que consumidores y titulares de esos medios infrautilizados celebrasen los acuerdos necesarios para aprovechar dichos recursos. Sin embargo, en general en España, todavía el marco jurídico para el transporte de pasajeros, urbano o interurbano, ya hablemos del taxi o del transporte interurbano de pasajeros por carretera  –autobús–, sigue siendo tradicional y poco atento a las novedades que a nivel tecnológico y jurídico se están produciendo ya en Europa.

No hay una definición única de lo que debemos entender que es el transporte “colaborativoa la vista de las diversas modalidades existentes. Así, lo constituyen tanto el carpooling, como el carsharing, aunque el más conocido, por la problemática aparejada, haya sido el denominado ridesharing. El carpooling supone el uso conjunto de un vehículo por un conductor, generalmente su propietario, y uno o más pasajeros, con el fin de dividir el coste del desplazamiento; es decir, supone llenar los asientos vacíos del vehículo para un viaje. El mayor ejemplo es la plataforma BlaBlaCar.

La Sentencia 30/2017, de 2 de febrero, del Juzgado de lo Mercantil 2 de Madrid, estableció que esta empresa no ejerce competencia desleal frente a los concesionarios de servicios de autobús de larga distancia, dado que BlaBlaCar realiza una actividad ajena a la regulada por la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), ya que, el que dos personas se pongan de acuerdo para realizar un viaje juntas encaja en el perfil de transporte privado particular que se desarrolla cuando existe una relación social de amistad o equivalente prevista en el art. 101.

Por su parte, el carsharing es aquel servicio por el que, a través de una app, se ofrece acceso a un vehículo durante intervalos de tiempo inferiores a un día. Se dan tres modelos de negocio distinto dentro de esta modalidad: (i) el modelo tradicional en el que los usuarios cogen prestado y devuelven el vehículo en una estación habilitada al efecto; (ii) el modelo free-floating, en el que el vehículo se recoge y devuelve en ubicaciones distintas; (iii) y el modelo entre pares, que permite a terceros alquilar vehículos privados cuando no son utilizados por sus propietarios.

Por último, el ridesharing es el servicio proporcionado por las conocidas Uber o Cabify, que ponen en contacto a pasajeros con conductores registrados en las plataformas, a través de la que se realiza la reserva, el pago y la valoración del servicio prestado. Se trata de un servicio muy similar, incluso coincidente, al que de forma tradicional han prestado los taxis, razón por la que ha sido prohibido en muchos países de Europa, salvo que cuenten con una licencia específica –las famosas VTC, vehículos de transporte con conductor–. En España, la reacción inicial de las autoridades reguladoras ha consistido en adoptar medidas de cariz conservador dirigidas a contener la expansión de estos VTC y proteger a los taxistas frente a la creciente competencia que aquellos representaban.

Las Comunidades Autónomas, competentes en la materia, han denegado sistemáticamente las licencias solicitadas, incurriendo así en ilegalidades que más tarde han sido declaradas por los Tribunales, en un goteo incesante de sentencias, que han ampliado el número de licencias VTC más allá de los exiguos límites legalmente previstos por el Real Decreto 1057/2015 (1 VTC por cada 30 licencias de taxi) en aplicación de la desregulación introducida en la propia LOTT tras la transposición de la Directiva europea de servicios, razón por la que estas plataformas han podido implantarse y competir en la práctica con el sector del taxi, aunque no sin dificultad; sin ir más lejos, la STS de 4 de junio de 2018 declara la conformidad a Derecho de casi todas las restricciones existentes en el mercado de los VTC, incluso la ratio 1/30 antes mencionada, con el fin de preservar el equilibrio entre ambas modalidades de transporte.

El último varapalo ha venido de la mano del Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la LOTT en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, que da una nueva redacción a su art. 91.1, prohibiendo la prestación de servicios meramente urbanos –no así los interurbanos–, lo que limita de tal manera las posibilidades de prestación de servicios por parte de los VTC que impone de facto la desaparición (diferida) de la práctica totalidad de los mismos.

Estas medidas regulatorias no parecen ser, en definitiva, las más adecuadas, dado que en vez de aportar una solución al conflicto existente, garantizando la libre prestación del servicio en igualdad de condiciones para todos los prestadores y maximizando así el bienestar social, se ha optado por establecer severas medidas de restricción del acceso al servicio que colocan a los afectados en una clara situación de indefensión.

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