Análisis

  • Paz Lloria García. Profesora Titular de Derecho penal Universidad de Valencia.

Discurso de odio antigénero

En los últimos tiempos parece que las redes sociales son lugares donde el odio y el discurso extremo intolerante aparece de manera mayoritariamente abrumadora, frente a las relaciones de intercambio de conocimiento, de ocio o de simplemente cortesía y educación.

Sin embargo, no creo posible generalizar esta idea; por un lado, porque parece que no todas las redes sociales sufren el mismo nivel de discurso de odio, y menos de discurso de odio antigénero y, por otro, porque su mera existencia es mucho menor de lo que mediáticamente se manifiesta. En este sentido resulta muy interesante el informe “Discursos de odio sexistas en redes sociales y entornos digitales”, del Centro Reina Sofia, donde se contiene un análisis muy completo de dónde y cómo se produce este discurso del odio, disponible en https://www.adolescenciayjuventud.org/publicacion/discursos-de-odio-sexistas-en-redes-sociales-y-entornos-digitales/.

Y creo que este es un dato importante, porque lo mejor para acabar con los discursos de odio, de la naturaleza que sean, y los discursos de odio antigénero en particular, es no atender a los mismos, para evitar así el conocido efecto Streisand y poder cercenar su validez sin necesidad de entrar en sanciones de ninguna clase.

Todo ello no significa que se banalice la existencia de manifestaciones de discriminación y violencia hacia grupos vulnerables, y por supuesto, hacia las mujeres como colectivo.

Junto a ello, surge la cuestión de si estas manifestaciones que se producen frente a grupos vulnerables, y en concreto, frente al colectivo de mujeres, pueden ser clasificadas como discurso de odio, y si la respuesta penal es la más adecuada para combatir este tipo de mensajes.

Por lo tanto, lo primero será establecer qué se entiende por discurso de odio, y qué se califica de discurso de odio antigénero; y después habrá de establecerse si dicho discurso es susceptible y/o está necesitado de castigo penal.

Si el discurso del odio es una manifestación de aversión o rechazo hacia un colectivo concreto, es evidente que esto sí se produce en el ámbito de las redes sociales en relación con las mujeres. No hay pocas cuentas, generalmente con perfiles anónimos que se dedican a atacar a las mujeres, bien como colectivo, bien como pertenecientes a grupos feministas. En todo caso, estas manifestaciones de aversión o rechazo a las mujeres por el hecho de ser mujeres no pueden ser criminalizadas (aunque merezcan reproche social, político o moral), del mismo modo que no pueden serlo otras manifestaciones discriminatorias que tienen que ver con otros colectivos vulnerables. La razón es sencilla: constituyen manifestaciones de la libertad de expresión que no pueden (ni deben) ser castigadas penalmente. Incluso en el caso de que se trate de manifestaciones que impliquen odio discriminatorio.

Decir que todas las feministas, o que las mujeres, o que la Sra. X, es una tal o una cual, podría integrar otros delitos (contra el honor, la dignidad, incluso un delito de acoso si se dan los requisitos del tipo), pero no un delito de odio que exige algo más que una mera manifestación de desprecio.

Ahora bien, que no puedan entrar dentro de la figura típica, no significa que el ordenamiento no nos proporcione elementos simbólicos (discutibles, en todo caso) en relación con la motivación de discriminación.

Existe cierta confusión entre lo que es un delito de odio y lo que es un delito “motivado por el odio”. Y aquí es donde creo que resulta importante incidir.

Que una conducta no encuentre acomodo en el art. 510 nos permite, en su caso, reconducirla a los tipos genéricos agravados por la circunstancia del art. 22.4 del Código penal.

Si se retoma el ejemplo anterior, estos supuestos atentados contra el honor o la dignidad se podrían agravar, en su caso, por la circunstancia genérica de actuar por motivos de discriminación contenida en el art. 22. 4 del Código penal.

Los criterios para establecer si se cumplen los mínimos para considerar que una conducta constituye o no un delito de odio vienen recogidos en las denominadas Reglas de Rabat. Estas normas nos permiten establecer límites en relación con la libertad de expresión y diluir la excesiva punición que se vislumbra en las demandas de castigo de estas conductas.

Desde luego, no soy de la opinión de que el derecho penal pueda solventar estas cuestiones, ni siquiera de que deba entrar en ellas. Creo que hay que recordar que el derecho penal no debe criminalizar en atención a criterios sostenidos por la moral dominante, ni que deba vulnerar el principio de intervención mínima. El mero discurso del odio no puede ni debe ser sancionado por el instrumento punitivo y hay que buscar otras vías alternativas a la resolución del conflicto.

Mas allá de la utilización de instrumentos tales como ignorar dichas manifestaciones para evitar el ya mencionado efecto Streisand, las propias redes sociales ponen en manos de los usuarios la posibilidad de denuncia de aquellas cuentas que realizan afirmaciones inapropiadas, y también se puede producir el vacío tecnológico, para llevar al borrado de dichas manifestaciones.

En todo caso, la labor desde el punto de vista de las políticas públicas es la de prevenir y formar. Como siempre.

Y hablamos del discurso de odio promovido por particulares con poca proyección.

En el caso de que estemos en presencia de discursos discriminatorios que cumplan lo establecido en las reglas de Rabat (por ejemplo, emitidos por partidos políticos en manifestaciones públicas que puedan llevar a la inducción de acciones lesivas o peligrosas para los integrantes del colectivo), creo que existen mecanismos de sanción administrativa y/o política, que pueden ser sumamente eficaces, sin recortar la libertad de expresión.

Pensemos, que todo aquello que prohibimos para los demás, puede llegar a estar prohibido para nosotr@s.