Análisis

  • Moritz Hartmann. Miembro de la Cámara del Presidente del Tribunal de Justicia Europeo

El desarrollo de la legislación medioambiental europea por la Corte de Justicia de la Unión Europea

A falta de una base legal en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, la legislación y política medioambientales se han ido desarrollando gradualmente desde un conjunto incidental de políticas destinadas a promover la consecución del mercado interior, hasta convertirse en uno de los campos más destacados en la política europea.

Mientras que la actuación medioambiental de la UE durante los años sesenta y setenta siguió, en primer lugar, al fundamento de la integración del mercado, únicamente el Acta Única Europea de 1986 adoptó una verdadera base legal para la política de medio ambiente con el fin de consolidar la acción ambiental como un asunto principal para el gobierno de la UE. Otras enmiendas a los tratados, desde Maastricht a Lisboa, mejoraron la comprensión autónoma de la protección del medio ambiente y establecieron que las políticas de la UE sobre esta materia estarían basadas en el principio de precaución y en el uso de medidas preventivas, que el daño ambiental debería ser rectificado en origen y que quien contamina paga (actualmente artículo 191, párrafo 2, TFUE).

La competencia de la UE en el campo de la política medioambiental era, por lo tanto, un avance importante para ampliar el alcance del mercado único. Además, ha desencadenado el desarrollo de una amplia gama de políticas innovadoras que proporcionan "un alto nivel de protección y mejora de la calidad del medio ambiente" (artículo 3 del TUE). Para que estos instrumentos se implementen de manera uniforme, la legislación ambiental de la UE requiere la armonización de la normativa de los Estados miembros sobre esta misma materia.

Así, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tribunal de Justicia) ha desempeñado desde entonces un papel central garantizando el cumplimiento de la ley, de conformidad a la interpretación y aplicación de las leyes medioambientales supranacionales. Por lo tanto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha contribuido considerablemente a la consolidación del indiscutible cuerpo normativo y gubernamental actual europeo sobre medio ambiente. Inicialmente, en ausencia de una base legal para la actuación medioambiental en el Tratado, el Tribunal de Justicia estaba obligado a interpretar las disposiciones generales del Tratado. En este sentido, encontró que las medidas de la política medioambiental de la UE apuntan a la eliminación de los obstáculos técnicos al comercio que resultan de las disparidades entre las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros (Comisión / Italia, Caso 92/79). Al decidir acerca de la validez de una Directiva sobre la eliminación de aceites usados, el Tribunal observó que “el principio de libre comercio no debe considerarse en términos absolutos, sino que está sujeto a ciertos límites justificados por los objetivos de interés general perseguidos por la Unión”, concluyendo que “la directiva debe considerarse en la perspectiva de la protección del medio ambiente, que es uno de los objetivos esenciales de la UE”(Fiscalía de la República / Caso ADBHU 240/83).

De esta jurisprudencia se desprende que la protección del medio ambiente puede, como tal, justificar ciertas limitaciones del principio de libre circulación de mercancías.

Tras el Acta Única Europea, el Tribunal de Justicia refinó gradualmente la naturaleza y los límites del objetivo de interés general de la protección medioambiental, contribuyendo así a la comprensión del derecho y la política medioambientales como parte fundamental de la integración en el mercado interior.

En un caso que se refería al sistema obligatorio de recogida de envases de cerveza y refrescos aplicado en Dinamarca, el Tribunal de Justicia sostuvo que los obstáculos a la libre circulación dentro de la Comunidad debidos a disparidades entre las leyes nacionales deben aceptarse en la medida en que tales normas, aplicables tanto a los productos nacionales como a los importados sin distinción, puedan ser reconocidas como necesarias para cumplir con exigencias imperativas, siendo una de estas obligaciones la protección del medio ambiente (Comisión / Dinamarca, Caso 302/86).

En el caso del “Dióxido de Titanio”, considerado un ejemplo importante de cómo el Tribunal de Justicia ha contribuido al desarrollo de la formulación de las políticas medioambientales de la Unión, observó que "la Directiva en cuestión muestra las características propias de las acciones relacionadas con el medio ambiente, de las cuales se ocupa el artículo 130 del Tratado, así como una medida de armonización al objeto del establecimiento y el funcionamiento del mercado único, dentro del artículo 100A del Tratado" (Comisión / Consejo, C-300/89). Sin embargo, mientras que el Artículo 100A requería que el Consejo actuara por mayoría cualificada para adoptar medidas que mejoren el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior, el Artículo 130s sobre Medio ambiente requería que el Consejo actuara por unanimidad. Por esta razón, el caso fue un avance importante, ya que sostuvo los planteamientos del mercado interior permitiendo, al mismo tiempo, que el Consejo votara por mayoría cualificada en el área de actuación medioambiental.

Sobre esta base, a lo largo de las últimas tres décadas el Tribunal de Justicia ha desarrollado un eminente cuerpo jurisprudencial en el campo de la protección ambiental, con un enfoque cada vez más amplio por parte de la UE respecto a la integración del medio ambiente. A mayor abundamiento, la consolidación de las competencias comunitarias en esta materia y su aumento gradual, así como la diferenciación de actuaciones ambientales, bajo el paraguas de los Objetivos del Milenio de la ONU, han fomentado en Europa una legislación y una política medioambientales de carácter progresivo.

Recientemente, el desarrollo de una política europea en materia de cambio climático, apuntando a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, han exigido al Tribunal de Justicia ampliar su jurisprudencia en esta área, por ejemplo en el asunto sobre el diseño reglamentario del régimen de comercio de emisión de gases de efecto invernadero de la UE, contribuyendo así a la consolidación de novedosos y complejos mecanismos (Société Arcelor Atlantique et Lorraine, C-127/07).

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