Análisis

  • Carlos Brito Siso. Presidente de la Sección de Derechos Humanos, ICAM

Derecho a migrar: entre el reconocimiento, el desconocimiento y la represión

Las posibilidades de desarrollo personal o lo contrario a esto, dependerá de “el azar de las fronteras”, como lo afirma Velasco, de haber nacido a un lado u otro de esos muros divisorios de los Estado que, en definitiva, marcarán las oportunidades; la vida o la muerte dependerán de la ciudadanía que se tenga.

Recordando el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual señala: “2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”, deja claro que los movimientos migratorios representan sin lugar a duda, ese derecho a la movilidad; sin embargo, los Estados reprimen tal derecho a migrar a determinadas personas.

En ese sentido, Ferrajoli recuerda que: “hoy que el derecho a emigrar se ha hecho posible para todos y es, además, la única alternativa de vida para millones de seres humanos, no solo se ha olvidado su origen histórico y su fundamento jurídico en la tradición occidental, sino que se le reprime con la misma feroz dureza con la que se blandió en los orígenes de la civilización moderna con fines de conquista y colonización”.

Pues bien, el derecho a migrar dependerá de esa soberanía de los Estados para decidir quién entra y quién permanece en su territorio y, tal criterio tendrá que regirse bajo los lineamientos del Derecho internacional de los derechos humanos, ya que estas personas en definitiva siguen siendo sujetos que gozan de derechos reconocidos en los instrumentos internacionales.

Menos dificultad representa para aquellas personas que acceden al territorio con el respectivo visado de trabajo, visado de residencia para inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados, entre otros, que responde a estrictas razones de interés económico.

Caso contrario para los migrantes que se encuentran en determinadas situaciones en sus países de origen, que huyen del hambre, de la pobreza, de las guerras, de los desplazamientos forzados, de la persecución por motivos políticos, por motivos de género o por orientación sexual, entre otras, que, una vez dentro del territorio, sin posibilidad de solicitar protección internacional, pueden adquirir el estatus de “extranjero en situación administrativa irregular”.  Parte de este flujo migratorio es percibido por el Estado como una amenaza y como un problema, enfrentándose a ellos tanto con medios materiales, como instrumentos jurídicos.

No es un secreto que los Estados limitan a través de su normativa interna los derechos de estos migrantes, vale citar la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, la cual permite privar de libertad hasta seis meses, prorrogables por doce meses más, con la finalidad de expulsarlas.

Asimismo, estas personas se ven impedidas de solicitar asilo en las sedes consulares de su país, por lo que, deberían poder solicitarlo en la frontera, pero es conocido que las personas migrantes se enfrentan a un complejo y peligroso camino por transitar, a recurrir a organizaciones o grupos criminales que han encontrado en la movilidad humana, un negocio muy lucrativo y de bajo riesgo para ellos, debido a que la vida que se pone en juego es la del migrante.

Las fronteras son lugares violentos, donde se gesta una guerra contra los migrantes “irregulares” y posibles solicitantes de protección internacional, donde el Estado no limita medios para evitar que pisen su territorio, incluso, ser devueltos al margen de la ley cuando después de muchos obstáculos logran alcanzar el suelo europeo, como la practicada en la “Frontera Sur”, como afirma Martínez Escamilla.

En cuanto a la denominada “Frontera Sur”, se están llevando a cabo las “devoluciones en caliente”, cuya práctica consiste en la entrega por vía de hecho a las autoridades marroquíes de personas extranjeras que son interceptadas en la zona de soberanía española, en este caso, como era previsible, el Tribual Europeo de Derechos Humanos (STEDH, AS. N.D. y N.T. vs España, de 03.10.2017), condenó por unanimidad a España por la vulneración del artículo 4 del Protocolo CEDH - prohibición de expulsiones colectivas - y del artículo 13 CEDH - derecho a un recurso efectivo -, decisión que no es firme (a la espera del pronunciamiento de la Gran Sala).

La citada Sentencia dejó sentado un precedente en cuanto a la política española en el control de sus fronteras terrestres; no obstante, dichas prácticas se siguen produciendo, reactivándose por otro lado, la aplicación del acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos del 13 de febrero de 1992, facultativo para expulsar a Marruecos a personas de terceros Estados que han accedido a través de ese país.

Como se observa, la constante represión en contra de personas migrantes no ha cesado y, el caso de la “Frontera Sur”, plantea una problemática que vulnera los derechos humanos de los migrantes, conforme a la referida Sentencia.

No podemos olvidar que se trata de personas, familias, en busca de una mejor oportunidad de vida, mujeres víctimas de trata de seres humanos, quienes encuentran en las redes de trata la forma de acceder al territorio.

Retomando lo dicho por Ferrajoli: “no es una emergencia, es un hecho instrumental e imparable, destinado a desarrollarse indefinidamente”.

En ese sentido: ¿Hasta qué punto la represión es la respuesta adecuada para la movilidad humana?

Es evidente que la misma no ha dado resultado, la actual política migratoria no se ha planteado más allá de la respuesta represiva, quizás, ese sea uno de los grandes desafíos.

También, un desafío es la forma en que la ciudadanía percibe a las personas migrantes, basadas en muchos casos por “bulos informativos” o discursos con contenidos xenófobos; en este caso y, gracias al trabajo de proyectos como Maldita Migración, Stop Rumores, Observatorio Proxi, Newtral, entre otros, ayudan a aminorar el auge de tales discursos que circulan en las redes.

Por último, el derecho del migrante es un problema de estricto respeto a los Derechos Humanos, por tanto, debe ser garantizado y protegido, para de esa forma evitar su vulneración.

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