Análisis

  • Juan Carlos Campo Moreno. Ministro de Justicia

El derecho de defensa, garantía del Estado de Derecho

España, como el resto del mundo, vive tiempos de grandes desafíos económicos y sociales derivados de la crisis sanitaria de la COVID-19, que nos obligan a la responsabilidad y a la unidad. En ese sentido, los operadores jurídicos han hecho frente al reto de velar por los derechos fundamentales y las libertades públicas de la ciudadanía en un contexto de máxima dificultad.

Esa tarea ha resultado exitosa y así lo reconoce el conjunto de la sociedad: la Justicia y todos los profesionales que intervienen en la misma han garantizado, aun en circunstancias complejas, el funcionamiento del Estado de Derecho. En esa línea, merece especial agradecimiento el enorme esfuerzo que la Abogacía ha hecho para preservar la materialización del derecho de defensa de los ciudadanos.

Sin embargo, la crisis también ha puesto de manifiesto determinadas deficiencias en las que tenemos que poner el foco. Es el momento de emprender las reformas procesales, organizativas y tecnológicas que la ciudadanía demanda para convertir la Justicia en un auténtico servicio público de calidad.

Para ello, desde el Ministerio de Justicia hemos puesto en marcha el Plan Justicia 2030, que ahora cobra aún más sentido como motor dinamizador de la economía y de la reconstrucción social, dentro del cual contemplamos medidas específicas de consolidación de derechos de la ciudadanía. Entre ellas, se encuentra la aprobación de una ley que impulse la eficiencia procesal y la Justicia sostenible, la de una moderna y nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal o la de una Ley Orgánica reguladora del Derecho de Defensa.

Aunque la Ley del Derecho de Defensa parte de una reivindicación histórica del sector, anterior por tanto al inicio de la pandemia, con ella no solo podremos desarrollar legalmente el derecho de todo ciudadano a la defensa, sino que al mismo tiempo actualizaremos las normas del ejercicio de la misma por la Abogacía, impulsando el uso de las nuevas tecnologías e instrumentos procesales modernos y avanzados.

Se trata, por lo tanto, de ampliar el desarrollo normativo del derecho fundamental consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, reconociendo en norma con rango de ley algunas de las previsiones que se contienen en la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia. Tengo la convicción de que debemos hacer algo tan sencillo y a la vez tan complejo como asegurar la efectividad de tales derechos, poniendo siempre al ciudadano en el centro de la Justicia.

La Ley de Defensa debe garantizar los derechos y deberes que conforman la propia defensa desde tres planos diferentes: el ciudadano en su relación con el abogado; el mismo ante los Tribunales, y la Abogacía respecto del ciudadano y los Tribunales. Los tres deben vertebrarse, sin duda, a la luz de los pronunciamientos sobre derechos humanos de la justicia europea.

Efectivamente, desde un primer plano los ciudadanos deben conocer qué derechos y deberes tienen cuando acuden a un abogado para la defensa de sus intereses en un procedimiento judicial. Dicho de otra manera, debemos reforzar el marco de seguridad jurídica de ambas partes, abogado y justiciable, desde los primeros momentos de la asistencia jurídica.

En segundo lugar, hemos de velar por los derechos y deberes que asisten al justiciable durante el procedimiento, tales como el derecho a ser informado del estado del mismo o de lo actuado por su abogado en defensa de sus intereses, a obtener copias del expediente o a que se emplee un lenguaje comprensible. Siempre he considerado especialmente sensible este último punto: debemos aproximar el lenguaje jurídico a la ciudadanía para evitar que se produzca cualquier clase de indefensión.

En último término, también debemos aprovechar la oportunidad para concretar los derechos y obligaciones del abogado respecto del tribunal y del justiciable. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a facilitar información sobre las distintas líneas de defensa de los intereses, incluida la mediación u otras formas extrajudiciales de resolución de conflicto. De este modo, algunas cuestiones que hoy día tienen sólo amparo en el código deontológico accederían a norma con rango legal.

En cualquier caso, la norma tampoco olvidará la prestación del servicio de defensa por los abogados del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, elementos nucleares para garantizar una auténtica tutela judicial efectiva. La determinación del Ministerio de Justicia es seguir reforzando el derecho a la asistencia jurídica de aquellos que no disponen de recursos suficientes para litigar, como ordena la Constitución, y las garantías profesionales en las que presta tal servicio la Abogacía.

La novedad principal de la Ley será, en consecuencia, configurar la relación integral de todos los aspectos que conciernen a este derecho constitucional, que hasta ahora se hallaban dispersos en las diversas leyes procesales. En definitiva, tal y como vienen demandando la ciudadanía y la Abogacía, es el momento de materializar en una ley orgánica el máximo de derechos y deberes tanto del ciudadano como del abogado, integrando en ella la jurisprudencia europea al respecto.

Para un encargo de esta importancia, hemos puesto en marcha una Comisión que reúne a expertos de diferentes ámbitos con una trayectoria profesional reconocida, presidida por un abogado del prestigio de Antonio Garrigues Walker. Asimismo, hemos emprendido una ronda de contactos con la sociedad civil en general y con los colectivos representativos de la Abogacía en particular para conocer de primera mano las aportaciones que puedan enriquecer el proyecto.

Soy consciente de que la defensa no es únicamente un derecho fundamental consagrado en nuestra Carta Magna, lo que ya merecería la mayor de las tutelas. Es, además, un auténtico principio vertebrador del proceso judicial sin el que no es concebible un verdadero Estado de Derecho. Sin defensa no hay tutela judicial efectiva, y sin tutela judicial efectiva solo hay indefensión y desigualdad, incompatibles con una democracia.

Estoy seguro de que estaremos a la altura del reto. Como dijo Cicerón, ‘‘somos esclavos de las leyes para poder ser libres’’. Ese debe ser nuestro objetivo: asegurar la libertad y la igualdad de la ciudadanía a través del único instrumento capaz de preservarlas, la Ley. Reforzando el derecho fundamental a la defensa que consagra la Constitución estaremos, en última instancia, fortaleciendo nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia.

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