Análisis

Derecho de Defensa en el proceso penal

ICAM

De izquierda a derecha: Pedro Díaz Torrejón, Rubén Martín de Pablos (de espaldas), Juan Gonzalo Ospina, Julián Sánchez Melgar y Antonio Abellán Albertos. Foto: ACN

  • Presenta: Juan Gonzalo Ospina, Diputado ICAM.
  • Modera: Rubén Martín de Pablos, Copresidente Sección Abogados Penalistas. Director Corporativo Sepin.
  • Intervienen: Julián Sánchez Melgar, Magistrado Sala Segunda del Tribunal Supremo. Ex Fiscal General del Estado; Pedro Díaz Torrejón, Fiscal Área Getafe-Leganés; Antonio Abellán Albertos, Abellán Albertos Abogados.

Derecho de Defensa en el proceso penal

Examinando el debate en torno a si puede darse la figura de la nulidad o se trata de cuestiones mera- mente irregulares, se analizan las consecuencias de cara al proceso en tres situaciones clave: cuando existen vulneraciones de conformidad al sistema de plazos que establece el art. 324 de la LeCrim; cuando puede existir conculcación en los derechos que asisten al investigado; y en cuanto a la posibilidad de acogerse al derecho de dispensa en casos de Violencia de Género.

Plazos del proceso penal, régimen de nulidad o irregularidad

Díaz Torrejón se enfocó en el art. 324 sobre los plazos de investigación y diligencias en la fase de instrucción, advirtiendo que “un buen manejo de este precepto puede ganar muchos pleitos”.

La principal novedad, introducida por la reforma del 2015, es que “la causa puede durar sine die siempre que vaya prorrogándose”, explicó, recordando además que dicha prórroga puede suceder “bien a instancia de parte, bien de oficio, aunque siempre el juez debe exteriorizar las razones por las que se lleva a cabo, expresando por qué no se concluye la instrucción. En la práctica se hace escasamente en los autos, como eso no es lo que dice la Ley, serían por tanto atacables”.

La cuestión central para el ponente reside en el apartado 3 del artículo, recayendo sobre “la eficacia del trascurso de los plazos: la clave es el momento en el que se acuerdan, no en el que se practican ni en el que se reciben. No serán válidas las diligencias si el instructor no dicta el auto de la prórroga (o éste fuera revocado)”, refería. Es aquí también donde “existe un amplio debate doctrinal, en el que la lucha entre la defensa y acusación es muy interesante, porque se mantienen postulados distintos que pueden llegar al sobreseimiento o al seguimiento de la causa”. Así, por un lado, está la tesis de la STS de 27 de febrero de 2021, que establece que las diligencias acordadas fuera de plazo son nulas de pleno derecho porque conculcan el derecho fundamental del art. 24,2 CE y, por tanto, no producen ningún efecto durante todo el proceso. Por otro lado, sostiene la STS de 3 de noviembre de 2021, a la que se suma Díaz Torrejón, que se trata de actuaciones anulables porque no son ilícitas, son meramente irregulares, y aunque no van a poder ser tenidas en cuenta para decidir la prosecución del procedimiento, si se introducen válidamente posteriormente, sí se pueden tener en cuenta para dictar sentencia.

Regulación de un estatuto del penado

Abellán, por su parte, realizó una severa crítica en su intervención: “la interpretación que vienen haciendo los tribunales de lo que sea indefensión es maniquea, reducen la cuestión a una afectación sustancial que, en la práctica, hace recaer la responsabilidad en la abogacía, teniendo que realizar un esfuerzo y unos malabarismos argumentativos muy difíciles”.

Para el abogado, “España no ha sido muy premiable en la adecuada trasposición de las directivas del Programa de Estocolmo ni en su aplicación práctica, no se puede considerar que el derecho de defensa se haya visto reforzado con el detalle que se promulgaba en las mismas”. Citando a Calamdrei, “los mayores problemas que se encuentran los jueces en democracia es el peligro del hábito, de esa indiferencia burocrática”. Centrándose en el derecho de información, Abellán se mostró muy duro con la STS 312/2021: “reafirma la imposibilidad de acceso a las fuentes de información pre-procesales, las fuentes policiales, imponiendo unos requisitos rigoristas, y sin conocer no podemos defender”.

Por eso, de acuerdo al letrado, “se hace imprescindible que se regule por Ley al detalle no solo un procedimiento claro y preciso del modo de obtener copias de los procedimientos judiciales sino las consecuencias de no verificarlo adecuadamente, y aquí no puede aparecer la figura de la irregularidad, sino nulidad, ese es el verdadero acicate a posiciones timoratas”.

Excepciones al derecho de dispensa como mecanismo de protección a las víctimas.

En último lugar, Sánchez Melgar dedicó su intervención a analizar cómo queda desarticulado el derecho de dispensa, es decir, la no obligación de declarar cuando como resultado puede quedar involucra- do alguien del círculo de parentesco de la persona interrogada, en los casos de Violencia de Género.  “Hablamos de una víctima que ha resuelto el conflicto moral decidiendo denunciar, que sabe que puede llevar al padre de sus hijos a la cárcel, y que todo ese entorno familiar se puede venir abajo”, explicaba, “el acogimiento de la dispensa en fases ulteriores del proceso hace que no se puedan rescatar declaraciones anteriores y produce que la acusación se quede sin prueba, ocasionando la absolución”.

Por eso, la STS de 10 de julio de 2020, 369/2019 interpreta que “no tenía sentido que, si alguien renunciaba a su derecho de dispensa, tras resolver un conflicto, si dejaba de ser acusación particular, recobrara el derecho”, refirió, defendiendo que “es incompatible acogerse y denunciar unos hechos, la dispensa, al tratarse de una excepción debe estar interpretada restrictivamente”.

El Magistrado señaló que se trata de una jurisprudencia “acogida con muy buenos ojos por la Fiscalía y el Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ, entendiendo que estábamos asistiendo a la protección de la víctima y al cumplimiento del apartado 142 del Pacto de Estado de Justicia para luchar contra la VioGen”, y que se encuentra ya recogida en la LO 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia .