Análisis

  • Paloma Favieres Ruiz. Letrada del ICAM. Coordinadora del servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

El derecho de asilo ante la crisis del COVID-19

El acceso al procedimiento de protección internacional ha sido indiscutiblemente uno de los derechos afectados por la crisis del COVID-19 y la consecuente declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo.

A finales del mes de febrero de 2020 el Ministerio del Interior hacía público los datos de solicitudes de asilo a 29 de febrero de 2020 cuya cifra arrojaba 29.117 solicitudes de las cuales 1.204 se formalizaban en frontera y 481 en Centros de Internamiento de Extranjeros. Este último dato es sumamente importante porque son las personas solicitantes de protección internacional en esto supuestos las que «de facto» han visto suspendido el derecho de acceso al procedimiento dado que quedaron suspendidas las entradas para nacionales de terceros países por vía terrestre, aérea y marítima con las excepciones incluidas.

El Gobierno decretó el 16 de marzo el restablecimiento de los controles de las fronteras terrestres en el marco las medidas de contención del COVID-19 al amparo del Real Decreto de estado de alarma en atención a lo propuesto al Consejo Europeo por parte de la Comisión Europea. No fue hasta el 22 de marzo cuando las autoridades españolas incluyeron las limitaciones a las rutas aéreas y marítimas, en concordancia con la decisión adoptada por los miembros del Consejo Europeo el 17 de marzo, que supuso una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen.

La semana del 16 de marzo se formalizaban las últimas solicitudes de protección internacional en el Puesto Fronterizo Adolfo Suárez-Madrid Barajas, y respecto a algunas nacionalidades ya se autorizaron la entrada ante la negativa de algunos países a admitir pasajeros procedentes de España. A lo largo de la semana no hubo indicaciones o instrucciones por parte de las autoridades respecto al acceso de los letrados a las instalaciones, condiciones de entrevistas, imposibilidad de contar con intérprete respecto a alguna nacionalidad, medidas de protección para todos los agentes intervinientes y condiciones de habitabilidad y medidas de salud pública para las personas cuyas solicitudes de protección estaban en trámite.

La situación en los Centros de Internamiento de Extranjeros también se ha visto condicionada por la situación de pandemia y el Ministerio del Interior tomó la decisión de acordar la puesta en libertad de las personas internadas de manera paulatina y el cierre temporal de los mismos. A fecha 8 de abril dieciocho personas continuaban aún en los CIE de Murcia y Algeciras.

Merece especial mención la situación del CIE de Barranco Seco y Hoya Fría en Canarias, dado que desde el inicio del año más de 1.700 personas han llegado a Canarias además de varias pateras desaparecidas.

La mayoría de las personas internadas manifestaron su voluntad de solicitar protección internacional y así quedaron registradas. Algunas de ellas fueron puestas en libertad en grupos pequeños ante las dificultades de formalización de su solicitud y derivadas a dispositivos de emergencia y finalmente en el CIE de Barranco Seco, ante los primeros casos detectados de COVID-19, mediante auto de 31 de marzo el juez de control acordó atendiendo al derecho a la salud de los internos, su puesta en libertad. Por consiguiente, ejercerán su derecho de acceso al procedimiento de protección internacional en territorio cuando el mismo sea restablecido.

Respecto al ejercicio del derecho de acceso al procedimiento de protección internacional y a la tramitación de los expedientes en curso, el Ministerio del Interior hizo público y posteriormente actualizó la situación en relación con estas dos cuestiones.

Quedaban suspendidas al tratarse de un trámite necesariamente presencial, la formalización de todas las solicitudes de protección internacional, garantizando el principio de no devolución durante esta situación. Cuando se recupere la normalidad, se reasignarán las citas que no han podido realizarse. Durante la vigencia del estado de alarma se mantiene la validez de la documentación acreditativa de haber manifestado la voluntad de solicitar protección internacional, de haber presentado la solicitud (resguardo blanco) y de ostentar la condición de solicitante de protección internacional (tarjeta roja), tanto si se dispone de cita para renovarla como si no se cuenta con ella (puede consultarse en Protección Internacional).

A ello hay que añadir respecto a la instrucción de los procedimientos en fase de elegibilidad, que la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, ha quedado temporalmente suspendida.

A su vez, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estableció, que durante la situación del estado de alarma, las personas que deseen solicitar su acceso a los recursos de acogida, al no ser posible realizar en este momento la manifestación de voluntad de protección internacional, deberán dirigirse directamente a las entidades de primera acogida de cada provincia, donde deberán firmar una declaración responsable de la intención de continuar con el procedimiento de solicitud cuando se reanude la actividad ordinaria (La Secretaría de Estado de Migraciones establece los criterios de actuación en la gestión del Sistema de Acogida ante la emergencia causada por el COVID-19).

En lo referente a los trámites de documentación, con fecha 31 de marzo, la Comisaría General de Extranjería y Frontera determinó que se procedía a suspender, durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, los términos de caducidad de los documentos de manifestación de voluntad de presentar solicitud de protección internacional, el resguardo de presentación de solicitud de protección internacional y el documento acreditativo de la condición de solicitante de protección internacional.

Posteriormente mediante instrucción de la Dirección General de la Policía 7/2020 de 7 de abril, se acordó que todos aquellos documentos acreditativos de la condición de solicitante de protección internacional que caducaran con anterioridad al 14 de marzo, siempre que no se haya comunicado la resolución del expediente, verán automáticamente prorrogada su validez durante el período de vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, debiendo acreditar su titular en aquellos casos en los que el documento hubiera caducado con anterioridad al 1 de enero de 2020, que dispone de la cita otorgada para su renovación.


Artículo publicado en la Guía de la Sección de Derechos Humanos, que forma parte de las Guías sectoriales Covid-19 elaboradas desde las Secciones del ICAM.

Otros artículos incluidos en esta guía son:

Estado de alarma y derechos fundamentalespor Miguel Ángel Presno Linera.

La libre circulación de personas ante la crisis del COVID-19por Carlos Brito Siso.

¿Puede calificarse como delito de desobediencia grave a la autoridad (art. 556.1 del código penal) el mero incumplimiento de la prohibición de circular por las vías públicas durante el período de confinamiento?, por Jacobo Dopico Gómez-Aller.

Libertad de expresión ante el COVID-19, por Fernando Miró Llinares.

Crisis sanitarias y seguridad humana, por Carmen Pérez González.

Derecho a la protección de la salud y exclusión sanitaria ante la emergencia del COVID-19, por Manuel Maroto Calatayud.

Prisiones, derechos y COVID-19, por Xabier Etxebarria Zarrabeitia.

Acceso a la Justicia ante la crisis del COVID-19, por Sandra González de Lara Mingo.

La emergencia sanitaria y social del COVID-19 y el artículo 128 de la Constitución, por Luis Arroyo Jiménez.

Las víctimas de trata de seres humanos ante la crisis del COVID-19, por Margarita Valle Mariscal de Gante.

Los centros de internamiento de extranjeros ante la situación del COVID-19, por Patricia Orejudo Prieto de Los Mozos.

COVID-19. «Elige solo una maestra: la naturaleza», por Ascensión García Ruiz.

El derecho a la vivienda ante la crisis del COVID-19, por Alejandra Jacinto Uranga.

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