Análisis

  • Luís Rodríguez Ramos. Catedrático de Derecho Penal y Abogado

¿Deben modificarse los delitos sexuales? Repercusión popular y mediática de la sentencia del "caso la manada"

La repercusión mediática y popular de la sentencia del llamado “caso La Manada”, dictada en primera instancia por la Audiencia provincial de navarra, reprochando su levedad y, en mayor medida, el contenido del voto particular, repercusión reforzada por la posterior reacción contraria a la concesión de la libertad provisional con fianza a los acusados, ha planteado la necesidad y oportunidad de modificar la actual regulación en el vigente código penal de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, no sólo en el ámbito popular, sino también incluso entre los políticos entonces en el Gobierno y en la oposición.

Cuestión previa. Ciego populismo judicial

Antes de tratar la posible reforma, hay que reprochar a sus partidarios la falta de fundamento lógico y jurídico de los reproches a ambas resoluciones judiciales –sentencia y auto de libertad provisional–, por parte de medios de comunicación, asistentes a las manifestaciones e incluso ministros de Justicia de los dos principales partidos, porque han conformado su parecer sin haber estado en la vista del acto del juicio oral, que se desarrolló en su mayor parte a puerta cerrada y, salvo excepciones, ni siquiera habían leído la sentencia ni el voto particular. Carece pues de sentido plantearse la necesidad y oportunidad de modificar la regulación de los delitos de agresiones y abusos sexuales, partiendo de una resolución dictada en primera instancia que, al margen de ser desconocida por la inmensa mayoría de los opinantes, aún tiene pendientes dos filtros de posible revisión: los recursos de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y de casación ante el Tribunal Supremo.

Estamos sin duda ante un fenómeno sociológico de desacreditación de una sentencia, sin conocimiento de causa ni preparación profesional de la mayor parte de los opinantes, que podría calificarse de “ciega justicia populista”, al desconocer tanto la legislación vigente como las circunstancias del caso al que debería aplicarse dicha legislación.

Ámbito de la posible reforma

Resuelta esta cuestión previa, ¿podría mejorarse la regulación actual de las agresiones y abusos sexuales en el Código Penal? Bajo el rótulo de “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales” se incluyen diversos subconjuntos delictivos de muy diverso carácter a lo largo de los artículos 178 a 194: las agresiones sexuales seguidas de los abusos, a mayores y menores de 16 años, luego el acoso sexual, después los delitos de exhibicionismo y provocación sexual, para terminar con los delitos relativos a la prostitución. Pues bien, centrando la atención en los vinculados al Caso de La Manada–agresión y abusos sexuales–, se podrían mejorar los tipos penales, pero nunca en lo relativo a la gravedad de las penas a imponer en cada caso, pues las vigentes llegan a igualar las previstas para el homicidio doloso, sino más bien buscando una simplificación y mejor sistematización de los tipos penales, conforme a las pautas que se expondrán de inmediato, siguiendo el ejemplo de legislaciones extranjeras de nuestro entorno. Pero conviene recordar que este título de los delitos sexuales ya ha sufrido modificaciones en reformas de 1999, 2003, 2010 y 2015.

La reforma debería partir de un tipo básico centrado en los actos contra la libertad sexual no consentidos, cuya pena se fuera progresivamente agravando al sumarse, a tal ausencia de consentimiento por parte de la víctima, otras circunstancias que serían las siguientes: (1ª) ausencia o presencia de acceso carnal, (2ª) abuso de superioridad no provocada por el sujeto activo y no equiparable al ejercicio de violencia o intimidación, (3ª) privación de razón o de sentido en las mismas circunstancias negativas que en el caso anterior, (4ª) privación de razón o de sentido provocada por el sujeto activo y tampoco equiparable al ejercicio de violencia o intimidación, (5ª) ejercicio de violencia o intimidación sin carácter especialmente vejatorio, equiparando a tal ejercicio la minoría de edad de la víctima o su discapacidad, (6ª) con presencia del carácter vejatorio o de alta peligrosidad para la vida o la integridad corporal de la víctima, y (7ª) actuación en concierto de dos o más personas.

Lógicamente todas estas circunstancias configuradoras de los tipos penales, más o menos agravados respecto a la conducta básica, deberían sistematizarse de modo más claro y con la máxima economía de medios expositivos.

Metodología de la elaboración de las normas penales

Pero volviendo al pecado original de esta posible reforma, hay que reclamar primero al Gobierno y al Legislador después que sigan una estricta metodología de elaboración de las normas penales, procurando no legislar a impulsos populistas de manifestaciones o de noticias difundidas por los medios de comunicación, evitando la hipertrofia legislativa que ya viene sufriendo este Código penal de 1995 que, desde su promulgación, ha sufrido unas treinta reformas, que a veces han sido más bien contrarreformas, cuatro de las cuales afectando directamente a estos delitos.

Imitando la praxis de países como Alemania, hay que someter los procesos prelegislativos y legislativos a pautas más racionales que garanticen la claridad y calidad de los nuevos textos legales, así como su acierto político criminal. En primer lugar, los primeros borradores deberían someterse a debate entre los académicos y entre los prácticos del orbe punitivo, cuyos resultados analizaría el Ministerio de Justicia para elaborar el Anteproyecto de Ley, anteproyecto que a su vez se sometería a informe de las instituciones judiciales, fiscales y de la abogacía, terminando en el Consejo de Estado. De nuevo en el Ministerio de Justicia se elaboraría el Proyecto que se enviaría al Congreso de los Diputados.

En reformas especialmente importantes, como ocurrió en Alemania con motivo de la de la Parte General del Código Penal, tras la Segunda Guerra Mundial, en el propio Ministerio o en otros ámbitos académicos o profesionales se podría elaborar un “proyecto alternativo” para mejor ilustración de los legisladores e introducción de posibles mejoras del Proyecto oficial en el parlamento, incluso haciéndolo suyo algún grupo parlamentario a modo de enmienda, cual ocurrió en la citada reforma alemana por parte del Partido Liberal.

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