Análisis

  • Ascensión García Ruiz. Profesora Ayudante Doctora de Derecho Penal y Criminología, Universidad Nacional de Educación a Distancia

COVID-19. «Elige solo una maestra: la naturaleza»

Esta frase atribuida a REMBRANDT (1606-1669) representa un axioma magistral para abordar este boceto de reflexión y con ello la secuencia de paradojas a las que se enfrentan las sociedades actuales, si cabe, más palmaria en relación con los derechos humanos y medioambientales que con la propia crisis sociosanitaria originada por el COVID-19.

Cuando la situación de confinamiento que vive gran parte del planeta sea un asunto que únicamente deje en la cuneta puestos de trabajo, economías nacionales paupérrimas y pánico ciudadano (miedo al otro, a otra cepa viral, a lo invisible y desconocido), la elección entre volver a la normalidado bien partir de otro paradigma compatible con lo que la naturaleza nos enseña, no será un asunto baladí. Porque volver a la normalidad entendida como el modo de vida inmediatamente anterior a esta crisis, significa regresar al núcleo de comportamientos que comienza a colapsar el entramado ecosistémico, a la era de la barbarie climática según Klein (2019). Regresar, de nuevo, al escenario de la gran desigualdad en el eje global Norte-Sur.

Las amenazas del «ecocrimen» están creciendo y el impacto de los humanos ha afectado tanto al planeta que ya se habla de una era geológica inédita, el Antropoceno. Al igual que ocurre con el COVID-19, el ecocidio se manifiesta en una amplia variedad de ubicaciones y sus consecuencias pueden materializarse en localizaciones muy alejadas de su fuente de origen. No obstante, la diferencia radica en que afecta a los ecosistemas terrestres, atmosféricos o acuáticos, y no exclusivamente a los seres humanos, como sucede con el coronavirus, convertido en el enemigo número uno por la OMS. Con todo, las muertes prematuras por año causadas por la polución del aire en Europa (800.000 según la Agencia Europea del Medioambiente) o a nivel planetario (8,8 millones según la OMS), no son un asunto nuclear, en absoluto.

El alcance, la intensidad y la diversidad de las aspiraciones contemporáneas no tienen precedentes respecto de las presiones humanas ejercidas sobre los bienes ambientales en la historia. De ahí la expresión «aceleración azul» (JOUFFRAY et al, 2020) que subraya las que se ejercen sobre los océanos del mundo en la actualidad, aun cuando la trayectoria de la expansión y presión humana sobre los recursos marinos haya recorrido una larga travesía. A pesar del estado bien documentado del planeta en cuanto a la degradación de la tierra, la destrucción de bosques, la contaminación del aire, el peligro de los mares, la biopiratería, el tráfico ilegal de especies, etc., la opinión y la acción política y popular, por diversas razones, no han abordado los desafíos con la urgencia que merecen.

Es insólito pero presumible que la única beneficiaria de la pandemia en el nuevo escenario geopolítico sea, precisamente, la naturaleza. De hecho, es indiscutible el descenso del «ruido sísmico», es decir, las vibraciones que nuestras actividades diarias causan sobre la corteza terrestre, que según los geólogos ha disminuido drásticamente.

En general, la respuesta que ofrece el Derecho penal y la legislación a nivel internacional no es homogénea, la política, por su parte, se halla más centrada en las acciones e impactos medioambientales humanos que en conceptos desafiantes. Tres factores caracterizan a los delitos medioambientales. Primero, sus consecuencias, a menudo irreparables; segundo, la noción de «víctima» no se contempla en el enfoque tradicional de la justicia penal; por último, es más probable que correspondan a conductas negligentes graves que intencionales o dolosas. Por ello, los estudios criminológicos en el ámbito de la «Green Criminology» cumplen una función imprescindible, al analizar no solo aquellos crímenes medioambientales legalmente definidos sino también los daños legalmente perpetrados, en otros términos, un amplio espectro de conductas y sus consecuencias, en muchos casos bajo la sombra de la actividad de grupos de crimen organizado, prácticas de corrupción y connivencia de los Estados.

A pesar de la evidencia, podemos afirmar que la figura del delito de ecocidio como crimen internacional apenas se aproxima lo suficiente a la fase prelegislativa de la política criminal de agenda, característica de nuestros días en la mayor parte de países de nuestro entorno. Incluso en un ámbito más analizado, el de los derechos humanos, se ignora una de las consecuencias humanas más visibles del ecocidio, la migración climática, provocada por factores medioambientales que, aun siendo dispares, brotan vinculados estrechamente con la desorganización de la naturaleza y la desigualdad de acceso a los recursos naturales.

Es lamentable que no se haya logrado un verdadero sistema universal de justicia penal medioambiental ante este asunto impostergable, ya sea por la vía del establecimiento de una jurisdicción independiente (una Corte penal internacional de medioambiente) o a través de la modificación del Estatuto de Roma, documento clave que establece la competencia del Tribunal Penal Internacional para perseguir y enjuiciar los crímenes contra la humanidad. Esta última opción no debería resultar tan peliaguda de alcanzar como se pretende hacer creer. La realidad se impone y esa realidad implica reconocer que los efectos climáticos son globales, que no solo afectan al ingente número de víctimas obligadas a huir hasta ahora, sino que perturbarán a la ciudadanía universal. Si no existe veto o límite temporal para proponer enmiendas al ER, contando con el voto a favor de 82 de los 124 Estados firmantes, que el TPI pueda perseguir y juzgar los graves atentados contra la naturaleza será, sin duda, cuestión de tiempo, un tiempo de descuento eso sí, en menor medida para las grandes potencias convertidas en pacientes sentados en una sala de espera.

No nos engañemos, las sociedades neoliberales están impregnadas de dogmas como «bloqueos, debilidades y errores» que «tienen que ser eliminados terapéuticamente con el fin de incrementar la eficiencia y el rendimiento» (HAN, 2016: 48). Sin embargo, esos principios chocan frontalmente con el discurrir innato en GAIA (diosa griega Tierra), que conforme a la advertencia de LOVELOCK (2006) y su teoría, prescindirá de nuestra existencia para dar paso a otras formas de vida menos molestas o que encajen mejor en la función cooperadora, si nos empeñamos en continuar dinamitando su equilibrio.


Artículo publicado en la Guía de la Sección de Derechos Humanos, que forma parte de las Guías sectoriales Covid-19 elaboradas desde las Secciones del ICAM.

Otros artículos incluidos en esta guía son:

Estado de alarma y derechos fundamentalespor Miguel Ángel Presno Linera.

La libre circulación de personas ante la crisis del COVID-19por Carlos Brito Siso.

¿Puede calificarse como delito de desobediencia grave a la autoridad (art. 556.1 del código penal) el mero incumplimiento de la prohibición de circular por las vías públicas durante el período de confinamiento?, por Jacobo Dopico Gómez-Aller.

Libertad de expresión ante el COVID-19, por Fernando Miró Llinares.

Crisis sanitarias y seguridad humana, por Carmen Pérez González.

Derecho a la protección de la salud y exclusión sanitaria ante la emergencia del COVID-19, por Manuel Maroto Calatayud.

Prisiones, derechos y COVID-19, por Xabier Etxebarria Zarrabeitia.

Acceso a la Justicia ante la crisis del COVID-19, por Sandra González de Lara Mingo.

La emergencia sanitaria y social del COVID-19 y el artículo 128 de la Constitución, por Luis Arroyo Jiménez.

El derecho de asilo ante la crisis del COVID-19, por Paloma Favieres Ruiz.

Las víctimas de trata de seres humanos ante la crisis del COVID-19, por Margarita Valle Mariscal de Gante.

El derecho a la vivienda ante la crisis del COVID-19, por Alejandra Jacinto Uranga.

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