Análisis

  • Pilar López Serrano. Jefa de la Unidad de Inspección Tributaria de la Gerencia Provincial de Córdoba. Agencia Tributaria de Andalucía

A contracorriente. En defensa del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Que hemos de pagar impuestos es algo indiscutible. Esta obligación está recogida en nuestra Carta Magna, aprobada mayoritariamente por los españoles, en su artículo 31.1: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio».

En el mismo sentido, el artículo 3 de la Ley 58/2003, General Tributaria recoge los Principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario, en los siguientes términos:

«1. La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.

  1. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y asegurará el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios».

Y el artículo 1 define los impuestos como «tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente».

Partiendo de estas premisas la cuestión se centra en analizar si el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se ajusta a los principios que inspiran el sistema tributario. Como hemos señalado, los impuestos gravan “hechos que pongan de manifiesto la capacidad económica”. La apreciación de esa manifestación puede ser inmediata, como ocurre en los llamados impuestos directos (el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre el Patrimonio), que gravan la obtención de rendimientos o la tenencia de bienes, o mediata, como es el caso de los impuestos que gravan el consumo (el IVA, el ITPAJD, los impuestos especiales).

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ha de incluirse entre los que gravan una manifestación directa de la capacidad contributiva del obligado a su pago. Expresamente,  el artículo 1 de su Ley reguladora (Ley 29/1987) lo define como impuesto «de naturaleza directa y subjetiva, grava los incrementos patrimoniales obtenidos a título lucrativo por personas físicas, en los términos previstos en la presente Ley».

Su hecho imponible lo constituye la adquisición de bienes y derechos bien por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, bien por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito, «intervivos» y la percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida, cuando el contratante sea persona distinta del beneficiario. ¿Qué mayor manifestación hay de la capacidad económica del obligado al pago del impuesto que el incremento de su patrimonio sin ninguna contraprestación a cambio?

En cuanto a otro de los argumentos utilizados en contra del impuesto, que “se paga por lo que ya pagaron nuestros padres”, considerando nuestro sistema impositivo, en el que un mismo bien resulta objeto de gravamen por diversos impuestos, carece igualmente de fundamento.

A título de ejemplo, analicemos los impuestos que gravan los inmuebles: Cuando se adquieren, el comprador habrá de satisfacer bien el Impuesto sobre el Valor añadido (IVA) y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (si se trata de una vivienda nueva), bien el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (si es de segunda mano). A partir de ese momento,  anualmente habrá de abonar al Ayuntamiento correspondiente el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tendrá que declarar en el I.R.P.F. los rendimientos de capital inmobiliario que se le imputan por su propiedad y pagar la parte correspondiente de la cuota que de ello resulte y de estar obligado a su presentación, deberá igualmente declararlo en el Impuesto sobre el Patrimonio. Y cuando lo transmita vendrá obligado a pagar el I.R.P.F. por la ganancia patrimonial que de la transmisión obtenga, y al Ayuntamiento el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos.

Sentado lo anterior, hay determinados aspectos del impuesto que justifican en parte las descalificaciones que recibe.

En primer lugar el tan dispar tratamiento del impuesto en las distintas Comunidades Autónomas, argumento aparentemente indiscutible. Sin embargo y, lamentablemente, la discriminación que padecen los ciudadanos de unas Comunidades respecto de otras no se produce sólo en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sino en todos aquello en los que el Estado ha cedido competencias normativas a las CCAA -como el I.R.P.F. o el ITPAJD-, por lo que tampoco cabe fundamentar en él los ataques que se dirigen al ISD, puesto que cabe esgrimirse respecto a los demás.

En segundo lugar, se invocan las elevadas cuotas del impuesto, argumento que, igualmente, aparenta ser indiscutible. Analizando exclusivamente la normativa estatal -por cuanto entrar en la normativa autonómica daría lugar a un extenso estudio que excedería en mucho el objeto del presente artículo-, los tipos impositivos van en el caso de parientes directos (cónyuge, ascendientes y descendientes) con patrimonio preexistente inferior a 402.678.11 euros -supuesto con los tipos mas bajos- del 7,65% -para el tramo de la base liquidable de hasta 7.993.46 euros- hasta el 59.97% -para el tramo que exceda de 797.555,08 euros-; y cuando el adquirente sea colateral de cuarto grado o extraño con patrimonio preexistente superior a 4.020.770,98 euros -supuesto con mayor tipo impositivo- del 18,36% -para el tramo de la base liquidable de hasta 7.993.46 euros- al 81,60% -para el tramo que exceda de 797.555,08 euros-.

Si bien en este último caso (adquisiciones por extraños con un elevado patrimonio personal preexistente) los tipos podrían considerarse confiscatorios, en el caso, de parientes directos que carezcan de patrimonio preexistente, si los comparamos con los tipos de otros impuestos, no resultan especialmente gravosos.

Pongamos por ejemplo que una persona en tales circunstancias hereda bienes por valor 325.000,00 euros. Sin considerar reducción alguna al margen de la de parentesco, si fuese pariente directo, su cuota ascendería a 57.772.81 euros, si fuese ascendiente o descendiente por afinidad o colateral de segundo o tercer grado, por consanguinidad o afinidad a 94.979,89 euros, y si fuese pariente con un grado más distante o extraño a, 123.682.62 euros.

Si la operación fuese la compra de una vivienda nueva valorada en 325.000,00 euros, pagaría una cuota por el I.V.A. de 68.250.00 euros, y por Actos Jurídicos Documentados, como mínimo, de 1.625.00 euros. Si fuese de segunda mano, abonaría una cuota por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, como mínimo de 19.500,00 euros.

Eso, considerando los tipos de la normativa estatal, que en muchas Comunidades Autónomas han sido incrementados, y pese a tratarse de una adquisición onerosa en la que sí hay una contraprestación y que si bien pueden manifestar una cierta capacidad económica en quién adquiere (a veces, como es el caso de financiación externa -lo más habitual-, lo que realmente evidencia es la “capacidad de endeudamiento” del comprador), lo que en modo alguno ponen de manifiesto es un aumento de esa capacidad económica, que sí existe en las adquisiciones lucrativas que grava el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Si comparamos el ISD con el I.R.P.F., en este impuesto el gravamen estatal de la base imponible general oscila entre el 9,50% -en el tramo de la base de hasta 12.450,00 euros- y el 22.50% -para el tramo de la base que excede de 60.000,00 euros-; el gravamen autonómico oscila entre unos tipos mínimos de entre el 9,50% y el 12% y máximos de entre el 21% y el 25.50%, lo que determina un tipo total mínimo de entre el 19% y el 21,50% y máximo de entre el 43,50% y el 48%, dependiendo de la Comunidad Autónoma.

Volviendo al ejemplo anterior, por una adquisición hereditaria de 325.000,00 euros, el cónyuge, ascendiente o descendiente abonaría 57.772.81 euros (17.78%), si fuese hermano, tío o sobrino 94.979,89 euros (29,22%), y si careciese de parentesco, 123.682.62 euros (38.05%), tipos todos inferiores a los que abonaría en el I.R.P.F. una persona cuya base imponible ascendiera a dicho importe, aún en la Comunidad con el tramo autonómico más reducido (Madrid 21%, que, sumado el tramo estatal, determina un gravamen total del 43.40%). Y en este caso por unos rendimientos obtenidos del trabajo o actividad profesional y empresarial de quien ha de satisfacer el impuesto y no por recibir bienes sin contraprestación alguna como es el caso del ISD.

¿Por qué pese a que, considerando lo expuesto en la mayoría de las adquisiciones hereditarias, no cabría, calificar los tipos del ISD como especialmente confiscatorios, es tan denostado el impuesto? En mi opinión se debe a la propia dinámica del Impuesto.

En el IRPF, el mecanismo de retenciones disimula la enorme carga tributaria que en algunos casos supone, al haberse detraído en la fuente el impuesto y, en consecuencia, no resultar grandes cuotas en el momento de la presentación de la autoliquidación.

En el caso de adquisiciones onerosas, normalmente se considera el precio total que ha de abonarse, incluido el IVA o al ITP, sin que en la mayoría de los casos quien compra analice cuál es realmente el coste del bien y qué importe corresponde al impuesto que grava la adquisición.

En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, por el contrario, resulta absolutamente evidente cuál es la cuota que tenemos que abonar. Y si los bienes adquiridos son difícilmente realizables (por ejemplo en el caso de inmuebles), y no existe metálico entre ellos, su abono puede plantear grandes dificultades en el heredero, llegando en algunos casos a ser necesario su endeudamiento para hacerle frente.

Si bien tal circunstancia no creo justifique en absoluto el ataque despiadado que sufre el impuesto, cuya existencia como ya he señalado es absolutamente acorde al espíritu de nuestro sistema impositivo por cuanto grava una evidente manifestación de la capacidad contributiva del obligado al pago, si considero debería de ser objeto de una  sustancial reestructuración. Por un lado por la complejidad que las reducciones tanto estatales como autonómicas plantean a la hora de liquidar el impuesto, pero, principalmente, respecto a los tipos impositivos, que deberían reducirse sensiblemente (en este sentido se pronuncia el Informe de la Comisión de Expertos para la reforma del Sistema Tributario Español de febrero de 2.014) y en cuanto al establecimiento de mecanismos que realmente faciliten el pago, mediante fraccionamientos y/o aplazamientos en condiciones ventajosas (reduciendo por ejemplo los intereses de demora a abonar).

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para obtener información de su navegación por nuestro sitio web y poder realizar análisis de navegación y, en su caso, registro de su sesión. Si continúa navegando acepta nuestra política de cookies. Pinche en el siguiente enlace para obtener más información más detallada, así como de la desactivación de cookies: Más información.

Acepto