Análisis

  • Por Aymeric de Moncuit. Letrado en el Tribunal General de la Unión Europea, Colegiado no ejerciente en el Colegio de Abogados de París

Competencia y Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tendencias

El derecho de la competencia nutre una parte importante de los litigios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”). Así, en el año 2017, de los 699 asuntos tratados por el Tribunal de Justicia y los 895 asuntos tratados por el Tribunal General de la Unión Europea, 86 asuntos por el Tribunal y 350 asuntos por el Tribunal General eran asuntos de competencia, con una gran mayoría de asuntos en el ámbito de las ayudas de Estado en el caso del Tribunal General. Además de ser muy numerosos, estos asuntos se caracterizan por una complejidad de hechos y económica creciente, así como por considerables intereses económicos, superando las últimas multas impuestas por la Comisión Europea a veces los mil millones de euros.

Intensificación del control

La característica más destacada de esta evolución de los litigios de competencia en el TJUE es muy probablemente la intensificación del control jurisdiccional efectuado por los jueces de la Unión. Iniciada por la sentencia Cartes Bancaires del 11 de septiembre de 2014, en la que el Tribunal consideró que un acuerdo entre empresas solo podía presumirse anticompetitivo en caso de tener un grado de nocividad suficiente respecto de la competencia, esta intensificación del control jurisdiccional se extendió a nivel de valoración de la prueba en la sentencia Galp. En esta sentencia del 21 de enero de 2016, el Tribunal declaró que las empresas acusadas de infracciones de competencia por la Comisión tenían motivo para presentar pruebas (en este caso la declaración de un testigo) incluso posteriores al acta de acusación. De este modo, el Tribunal flexibilizó de forma significativa la rigidez del bien conocido principio de derecho administrativo según el cual la legalidad de una decisión administrativa se valora conforme a las circunstancias de derecho y de hecho prevaleciendo en la fecha de su adopción, tomando en cuenta el carácter casi penal de las multas impuestas en derecho de la competencia. El último ejemplo de esta evolución ha sido la resonante sentencia Intel del 6 de septiembre de 2017 en la que el Tribunal canceló una multa de mil millones de euros impuesta a Intel por haber abusado de su posición dominante. El Tribunal de Justicia consideró, en esencia, que el Tribunal General no podía concluir que los descuentos concedidos por parte de Intel a los principales fabricantes de ordenadores restringieran la competencia, sin examinar la totalidad de las alegaciones de la parte recurrente y, en particular, aquellas destinadas a impugnar la aplicación del test del “competidor igualmente eficiente” por parte de la Comisión. La sentencia Intel podría augurar un control más profundo por parte de los jueces de la Unión de las alegaciones económicas formuladas por las partes en procedimientos de competencia y, correlativamente, un control más estricto del uso de presunciones por parte de las autoridades en materia de competencia.

Ámbito del control

En paralelo a esta intensificación del control se destaca una segunda tendencia, una apertura más amplia de los tribunales a los justiciables europeos y, por extensión, una ampliación del campo de control efectuado por las jurisdicciones europeas. Asimismo, en la sentencia Montessori del 6 de noviembre de 2018, el Tribunal consideró que un mero competidor de uno de los beneficiarios de un régimen de ayudas de Estado (conjunto de ayudas estatales destinadas a un número indeterminado de empresas en un sector determinado), estaba en situación, en principio, de interponer un recurso contra la decisión final de la Comisión autorizando este régimen. En este caso, el régimen implicado era él de exención, en determinadas condiciones, del impuesto municipal sobre bienes inmuebles concedida por Italia a entidades no comerciales (como por ejemplo instituciones eclesiásticas o religiosas). El Tribunal ya había tenido que examinar ayudas similares en España, en el marco de la sentencia Congregación de Escuelas Pias del 27 de junio de 2017. Hasta ahora, el acceso de las empresas a los tribunales estaba principalmente vinculado a las ayudas individuales. La sentencia Montessori podría tener como consecuencia un aumento nada desdeñable del volumen de litigios en el marco de los regímenes de ayudas y ciertas evoluciones pretorianas en el sistema de recursos.

En efecto, cuando la decisión final de la Comisión autoriza una ayuda individual (y no, como en la sentencia Montessori, un régimen de ayudas), la empresa debe demostrar que su posición competitiva se ve afectada de forma sustancial por la ayuda concedida a su competidor, lo que constituye, en la práctica, una demostración muy difícil y raramente exitosa.

Adaptación del control

En la actualidad, el mayor reto de las jurisdicciones europeas en materia de competencia es, probablemente, adaptar su control y las reglas de derecho, a veces antiguas, al reto digital. El movimiento fue iniciado por la sentencia Coty del 6 de diciembre de 2017 en la que el Tribunal estableció que un proveedor de productos de lujo podía prohibir a sus distribuidores autorizados vender los productos en una plataforma de Internet de un tercero como Amazon. Durante el mismo mes, el Tribunal consideró, en una sentencia Uber, resultante de una queja de una asociación de taxistas de Barcelona por competencia desleal, que España podía someter este servicio a autorización administrativa y, en esencia, a la obtención de una licencia, armonizando de esta forma las condiciones de competencia entre Uber y los taxis tradicionales. Estas sentencias se dictan mientras se vislumbran los recursos presentados por Google contra unas decisiones de la Comisión sancionándole con multas de miles de millones de euros por abuso de posición dominante y por Apple por ventajas fiscales supuestamente ilícitas por un importe de 13 mil millones de euros concedidos por el Estado irlandés, o las cuestiones prejudiciales planteadas por Airbnb.

Intensificación, ámbito y adaptación, esas son las palabras claves que parecen guiar las jurisdicciones de la Unión en su análisis de asuntos de competencia. Suponemos que la reciente duplicación del número de jueces en el Tribunal General no modificará esta tendencia.

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