Análisis

  • María Girona Ayala. Presidente de la Sección de Derecho de los Animales del ICAM y Jacqueline García de Blanck. Miembro del Consejo Asesor de la Sección.

Comentarios de la sección de derecho de los animales del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid a la nueva Ley 7/2020, de 31 de agosto, de bienestar, protección y defensa de los animales de Castilla-La mancha

A pesar de que consideramos que la vida y la integridad de los animales tiene que estar íntegramente en el Código Penal, ya que en él se recogen los valores supremos de una sociedad, considerando que el respeto a la vida y la integridad de los animales debe integrar esos valores supremos, desde el máximo respeto a la ley vigente, acatando el actual Ordenamiento Jurídico en su integridad, realizamos los siguientes comentarios:

Esta Ley mejora en algunas cosas pero empeora otras que había anteriormente, tal como expondremos a continuación.

Así mismo, es una deficiencia que la Ley tampoco concrete quién controla su cumplimiento. En el art. 3 incluye a los équidos no destinados a consumo como animales de compañía. En este punto se crea una duda: ¿Al ser considerados los caballos animales de compañía, afecta al requisito de tener código REGA?

Parece discriminatorio establecer que en leyes de bienestar animal no se protegerá a los animales destinados a consumo o producción. De hecho se excluye de esta ley a los animales que se utilizan para consumo o aprovechamiento.

Consideramos que dichos animales, mientras vivan, deben tener la misma protección que el resto, con independencia del fin al que estén destinados.

En el art. 4.h) excluye del maltrato a los perros de caza mientras se encuentren cazando, lo cual consideramos contrario a lo dispuesto en el Código Penal, que no hace distinción en cuanto a los perros a los que protege.

Por tanto consideramos que si el Código Penal no hace distinción entre unos perros y otros y entre las actividades que realizan los perros, una ley administrativa no puede establecer tal distinción. Dice textualmente la Ley:

La acción de cazar, no se considera a estos efectos situación de peligro ni maltrato, incluidos los animales auxiliares del cazador.

En el art. 5 f) prohíbe mantener permanentemente atados, encadenados o encerrados o por tiempo o condiciones que puedan hacer sufrir a los animales.

Este punto hay que ponerlo en relación con el art. 11.5) que dice que: Cuando los animales deban permanecer atados durante determinados periodos de tiempo, sus ataduras les deben permitir el movimiento, acostarse, levantarse, acceder a lugares de resguardo y a los recipientes de agua y alimento. Reglamentariamente se desarrollarán las condiciones de estos requisitos.

En el art. 5.m) Prohíbe Exhibir a los animales en escaparates que estén en vías y accesos públicos, con fines comerciales.

Consideramos un retroceso en la protección animal lo que establece el art. 5.ñ): La sujeción de animales a vehículos de motor en movimiento, salvo en los casos de galgos en los que el animal esté sujeto en la parte delantera del vehículo y la velocidad del mismo no supere los 15 km/hora.

Es evidente que ninguna persona lleva un cuentakilómetros en el bolso, por lo que el maltrato a los galgos cometido de esta forma, parece revestirse de total impunidad. Otro pequeño avance es lo establecido en el art. 5.o), ya que prohíbe la Utilización de animales de especies pertenecientes a la fauna silvestre y salvaje en circos.

En el art. 5.p) se prohíbe el Empleo de animales atados en atracciones de feria, lo cual sí puede considerarse un pequeño avance, así como en el punto r), en el que se prohíbe Hacer donación de animales como reclamo publicitario, recompensa, premio o rifa.

Lo que sí puede considerarse un avance es lo dispuesto en el art. 5.u), que prohíbe incluso La venta y uso de objetos que causen lesión a los animales que están bajo nuestra responsabilidad (collares de pinchos o púas), los collares de ahogo y los collares de descarga eléctrica, salvo por particulares bajo prescripción y control veterinario o para su uso en adiestramiento por profesionales cualificados.

Otro avance es que en el art. 8.1) se permite n animales en los transportes públicos. Y en su punto 2) se permiten incluso en establecimientos de hostelería, debiendo indicarlo en la puerta en caso de que no lo permitan.

También en el art. 11.2) dice: Se deben adoptar las medidas necesarias para evitar las reproducciones indeseadas de animales con una tenencia responsable de los mismos. Si no es posible esta tenencia responsable en este aspecto, se deberán esterilizar los animales. Pero no se menciona quién controlará que estos hechos no se produzcan.

No parece estar en consonancia con la intención de declarar que los animales no sean cosas, lo que establece el art. 13. a), los animales que se compran, tengan “garantía” como los electrodomésticos. Por tanto, si en ese período el animal tiene algún defecto, se puede devolver como si fuera una tostadora. Es más, los electrodomésticos tienen 2 años de garantía y los animales 14 días.

En el art. 13. c) establece la obligación de poner el número de núcleos zoológicos en caso de venta a través de revistas y publicaciones, lo cual nos parece correcto, pero: ¿Qué ocurre si la publicación es de ámbito nacional?

No parece ir en consonancia con la declaración a los animales como “seres sintientes” y con la intención de que no sean “cosas”, que se permita tratar a los animales como pura paquetería.

Otra novedad es que, en su art. 14.1) establece la obligación de identificar los gatos y hurones además de a los perros.

En su art. 18 se prohíbe la muerte de animales con las mismas exclusiones que el Código Penal es decir, sanitarias de seguridad o por enfermedad, debiendo justificarlo debidamente.

Este punto no sería necesario puesto que esto ya lo establece el Código Penal que es una Ley estatal de rango superior, siendo además Ley Orgánica, pero consideramos beneficioso que se recoja, ya que habitualmente se sacrifican animales bajo lo dispuesto en leyes administrativas, incluso por desconocimiento de que el Código Penal lo tipifica como delito si no se está en los supuestos de justificación que exige el tipo penal.

Sin embargo, en caso de producirse una muerte sin justificar cualquiera de las causas que contempla la ley, habrá que denunciar vía penal, ya que esta vía es preferente ante la existencia de hechos que pueden suponer tanto delito, como infracción administrativa. Es acertado lo dispuesto en el art. 25.3), que establece la obligación de entregar a los animales en adopción, esterilizados desde los centros de acogida, salvo por contraindicación veterinaria.

El art. 27.7) reduce a 7 días el plazo para que un propietario pueda recuperar a un animal perdido. Esto supone otro pequeño avance ya que el animal deberá estar menos tiempo retenido en esas instalaciones para poder ser adoptado o entregado en acogida.

El punto estrella de esta ley es el art. 28, que establece claramente la responsabilidad de los Ayuntamientos respecto de las colonias felinas evitando que se masifiquen el número de gatos que albergan. Pero no hay que olvidar que dicho control tiene que hacerse de forma ética, por lo que habrá que controlar que es a gestión no se realice mediante técnicas o sacrificios contrarios a las leyes administrativas y penales.

Otro avance supone que se establezca que el control de las palomas deberá hacerse de forma que no implique sufrimiento o daño a los animales. De igual forma sería contrario a la ley que la Administración alegara que su sacrificio se realiza de forma indolora.

En el art. 35.f) se crea un consejo en materia de protección y bienestar animal.

A modo de anécdota, mencionar que en el art. 44.1.c) no establece el tipo de moneda en que se establecerán las sanciones muy graves, lo cual sí se hace en las sanciones leves y graves. En la Disposición Adicional 2ª, se permite el tiro al pichón, sin lanzarlos con medios mecánicos, es decir, se los puede lanzar por otros medios y se les puede disparar.

Consideramos que esta práctica no supone ningún avance en la defensa y protección animal, dada la demanda social actual que venza hacia una sociedad libre de maltrato.

En este sentido esta Ley sí establece quién lo controlará, siendo que será controlada por la Federación y/o Delegación de Tiro a Vuelo y /o Federación de caza.

Además establece que las palomas destinadas a esta práctica no pueden ser recolectadas en núcleos urbanos de ciudades y pueblos. Sin embargo no se establece quién será el encargado de controlar que no se cojan palomas de los pueblos para esta práctica.

En este sentido, esta ley contradice lo establecido en el art. 337 del Código penal, por lo cual dicha disposición es nula de pleno de derecho , ya que, aunque esté permitido en un ley administrativa, las palomas criadas en granjas se convierten en animales domésticos y por tanto no pueden ser objeto de caza ni de darles ningún otro tipo de muerte que no sea por las causas previstas en el Código Penal (enfermedad/situación incurable que suponga sufrimiento).

A nuestro parecer, a pesar de que existen mejoras, esta Ley, desde luego no es propia del Siglo XXI ni de un país que pretenda estar al nivel de los demás países de Europa.