Análisis

Claves para la reforma de la Administración de Justicia

Entrevista a José Ramón Navarro, Presidente de la Audiencia Nacional

Con el título de Derecho bajo el brazo, José Ramón Navarro entró por primera vez en el ICAM hace más de 30 años para dar, como abogado colegiado en Madrid, sus primeros pasos en el mundo jurídico. Tras ejercer varios años en el Turno de Oficio, Navarro ingresó en la carrera judicial y tuvo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Vicente del Raspeig (Alicante) su primer destino. Pro­mocionado a la categoría de Magistrado en 1996, estuvo destinado en Manresa antes de regresar a su ciudad natal, Santa Cruz de Tenerife, para hacerse cargo del Juzgado de Instrucción nº 1. Entre 2004 y 2012 presidió la Audiencia Provincial de esa misma localidad, hasta que el Consejo General del Poder Judicial lo nombró presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tomando posesión del cargo en 2013. En abril de 2014, el pleno del CGPJ lo situó al frente de la Audiencia Nacional, órgano que preside en la actualidad.

Desde esta responsabilidad, Navarro regresa al Colegio de Abo­gados de Madrid para inaugurar el Foro Justicia ICAM con una conferencia sobre la reforma de la Administración de Justicia. Al acto, el primero de una iniciativa que busca situar a la Abogacía madrileña en el epicentro del debate jurídico de actualidad, acu­den abogados de la talla de Antonio Garrigues o Miguel Ángel Michavila; representantes institucionales como la presidenta del CGAE, Victoria Ortega, y el presidente del Colegio de Procura­dores, Gabriel María de Diego; el presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira; el fiscal superior de Madrid, Jesús Caballero Klink; o el que fuera presidente del TC y del CGPJ, Pascual Sala.

“Partimos de la base que el Derecho y la Ley son necesarios para que la sociedad funcione mejor, y eso nadie lo ha cristalizado mejor que nuestra propia Constitución”, afirma el magistrado, situando el punto de partida para reformar el sistema precisa­mente en el Título preliminar de la Carta Magna:

España se constituye en un Estado social y democrático de De­recho, que propugna como valores superiores de su ordena­miento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

“En el artículo primero ya se establece que una sociedad de­mocrática, sin la Justicia, no puede existir”, recuerda Navarro. Por lo tanto, “igual que todos nos hemos preocupado porque exista libertad, igualdad o pluralismo político, nos tenemos que preocupar, no sólo los operadores jurídicos, sino la sociedad en general, de que la Justicia funcione, porque es la única manera de que tengamos un Estado social y democrático de Derecho como requiere la Constitución”.

Diagnóstico y tratamiento

Antes de abordar las recetas para mejorar el funcionamiento de la Justicia, el presidente de la Audiencia Nacional señala la hiperactividad de los juzgados, la ralentización de la justicia y su imagen politizada como los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de plantear modificaciones. “Yo creo que esos son los males que tenemos diagnosticados y lo que necesita­mos es ponernos de acuerdo en el tratamiento”, explica, algo en lo que “seguramente estamos de acuerdo todos los operadores jurídicos, aunque muchas veces no tengamos el valor de llevarlo a cabo”.

En cuanto a las mejoras, además de las pertinentes reformas le­gislativas, Navarro aboga por racionalizar la organización y coor­dinación del sistema judicial, así como los medios económicos, teniendo en cuenta que los presupuestos asignados a Justicia no son “un gasto, sino una in­versión que repercute directa­mente en la sociedad y la cali­dad democrática del Estado”.

Reorganización territorial

A partir de su experiencia al frente de la Audiencia Pro­vincial de Tenerife, donde la llegada masiva de inmigran­tes entre 2006 y 2007 hizo necesaria la creación de un juzgado “bis” a los efectos de proteger y garantizar los derechos de las personas que arribaban a las costas canarias, Navarro considera imprescindible que haya una buena organización entre to­das las instancias concerni­das en la Administración de Justicia. “En todos aquellos territorios en los que están cedidas las transferencias en materia de Justicia, la coor­dinación entre el Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Justicia es esencial para que las cosas funcionen con menor len­titud.” Sin poner en duda la buena voluntad que ha exis­tido siempre por parte de to­dos los actores intervinientes, es necesario implementar un protocolo de funcionamien­to para resolver con la máxi­ma celeridad las necesidades que puedan ir surgiendo.

Además de una mejor coor­dinación, Navarro defiende la centralización de las sedes judiciales para racionalizar la organización actual del siste­ma de Justicia. “Necesitamos una nueva planta judicial.

Tenemos cuatrocientos y pico partidos judi­ciales, casi los mismos que había cuando hace 200 años se creó el Tribunal Supremo”. En este sentido, y aunque considera importante “que el ciudadano esté cerca de la Justicia y la Justicia cerca del ciudadano”, para dar el me­jor servicio público en el ámbito de la Justicia es preciso impulsar “edificios judiciales centra­lizados en los que tengamos todos los medios necesarios que no pueden estar en todos los partidos judiciales”.

Los juzgados españoles “soportan un nivel de litigiosidad por encima del resto de países de nuestro entorno”, recuerda el magistrado, que lo achaca a una menor presencia de métodos alternativos como el arbitraje o la mediación, “que son fundamentales”, pero también a que los procedimientos se alargan hasta límites in­sostenibles, en particular en la jurisdicción pe­nal.

Justicia penal

La jurisdicción penal es para Navarro el au­téntico paradigma del gasto y la lentitud de nuestro sistema de Justicia. “Prácticamen­te, entre el 75 y el 80% del presupuesto de las administraciones pú­blicas se dedica a esa jurisdicción.” Aunque últimamente se han hecho modificaciones legales en el Código Penal, por ejemplo para que desaparezcan las faltas, se echan en falta otros elementos que coadyuven a la mejora y a la rapidez de la Administración de Justicia. “Hay que dar un paso definitivo en el proceso penal, Es­paña se está quedando atrás”.

Como primera medida, Navarro señala la ne­cesidad de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. “No digo que las últimas reformas no hayan sido buenas, técnicamente correctas sin duda, pero es que tenemos una LECrim a ca­ballo de tres siglos, del XIX, del XX, y del XXI, y eso es difícilmente sostenible, por muchos que hayan sido los parches y la calidad de los mismos.”

Modernizar el proceso penal también implica apostar por las figuras del fiscal investigador y el juez de garantías: “En todos los países de nuestro entorno se está viendo la utilidad y la necesidad de que sea el Ministerio Fiscal el que investigue, y que el juez realice lo que indica el artículo 117 de la Constitución: 'juzgar y hacer ejecutar lo juzgado'. Si evitamos el gran núme­ro de recursos que hay en fase procedimental, seguramente la celeridad será mayor”.

La seguridad jurídica, la rapidez y la igualdad en el tratamiento a todos los ciudadanos son grandes metas de la Administración de Justi­cia que pasan, según Navarro, por implementar otra de las reformas pendientes y sobre las que más consenso hay entre los operadores jurídi­cos: los tribunales de instancia. “No es lógico que en nuestro país sigamos funcionando con juzgados unipersonales. No es lógico que cada vez que haya que crear una plaza de juez haya que crear una plaza de letrado de la Adminis­tración de Justicia, dos plazas de gestores, tres de auxiliares y dos de auxilio”, afirma.

José Ramón Navarro y José María Alonso  

La imagen de la Justicia

Uno de los temas que más preocupan al pre­sidente de la Audiencia Nacional tiene que ver con el deterioro de la imagen de la Justicia. En su opinión, la percepción de politización que transmiten episodios como la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judi­cial, minan la confianza de los ciudadanos en los jueces y en el sistema. Así, Navarro recuerda que ha habido cuatro regulaciones totalmente diferentes sobre la forma de elegir a los jueces de procedencia judicial, y que el propio TC ya se pronunció sobre cuál era la visión más constitu­cional sin perjuicio de que las demás lo fueran, aunque en menor grado. “Yo lo único que pido es que, elija quién elija a los jueces, sin perjuicio de lo que ha dicho el TC, lo haga sin aparien­cia de politización, que haya consensos entre las fuerzas políticas para elegir a los vocales del Consejo, que no parezca que haya cuotas, que ningún juez o ningún vocal del Consejo aparez­ca la primera sesión casi con un sello ya de un partido político. Yo creo que eso se puede con­seguir con esfuerzo”, sostiene.

Otra acción que puede contribuir a cambiar esa imagen de politización de la Justicia es la desaparición de los aforamientos, una medida positiva a ojos del magistrado siempre y cuan­do vaya acompañada de una modificación en la estructura actual de la acción popular. “Yo creo que es la razón de por qué existen los aforamientos. En el resto del mundo no exis­ten porque no hay acción popular y porque todo el mundo está aforado al Ministerio Fis­cal”. Por tanto, acabar con los aforamientos exige reformar la figura de la acción popular y apostar por la instrucción del Ministerio Fiscal.

Derecho de Defensa

Antes de concluir su intervención, José Ra­món Navarro hace referencia al papel que abogados y procuradores desempeñan en el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. En ese sentido, el magistrado con­sidera “imperiosa la necesidad de promulgar la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa”, de forma que “las relaciones de los abogados con los clientes, y de los clientes y los aboga­dos con los tribunales estén claras y defien­dan los principios constitucionales”. Respecto a los procuradores, se trata de una figura que “ha coadyuvado a la Administración de Justi­cia desde su constitución” y que habría que reactivar por su capacidad para mejorar la efi­ciencia del sistema.

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