Análisis

  • Daniel Sarmiento Ramírez-Escudero. Profesor titular de Derecho Administrativo y de la Unión Europea de la Universidad Complutense. Abogado de Uría Menéndez

Brexit: Riesgos y oportunidades para la abogacía

                         

El 31 de octubre de 2019 finaliza el plazo para que el Reino Unido adopte las medidas necesarias para formalizar su retirada de la Unión Europea. Transcurrida esa fecha, el Reino Unido pasará a ser un Estado tercero, cuyas relaciones con la Unión Europea dependerán del tipo de relación que el Parlamento británico priorice: o una relación basada en un principio de salida ordenada a la que seguirá en los próximos años una negociación sobre la relación comercial futura, o una relación basada en una ruptura radical que haga tabla rasa de la relación, arrastrando al Reino Unido a una salida abrupta y sin acuerdo con sus socios europeos.

En estos momentos desconocemos por qué clase de Brexit se va a decantar el Parlamento británico. Y me refiero expresamente al Parlamento, y no al Gobierno, porque a estas alturas tanto el Speaker de la Cámara de los Comunes como numerosos miembros del Parlamento han dejado claro que los términos de la retirada deberán pasar por una votación en Westminster. Por tanto, con independencia de quién ocupe Downing Street en las próximas semanas, la clase de Brexit que se vaya a producir será fruto de la voluntad del Parlamento británico. Una voluntad que, hasta la fecha, no se ha caracterizado por su claridad. Todas las opciones de retirada han sido objeto de votación durante los últimos meses, y ninguna de ellas ha logrado recabar una mayoría parlamentaria. Con estos antecedentes, resulta altamente incierto a qué conclusión llegará el Parlamento antes del 31 de octubre de 2019.

Sea cual sea el desenlace, los profesionales que actualmente ven cómo su actividad queda expuesta al impacto del Brexit deben prepararse para cualquiera de los escenarios. A tal fin, disponemos afortunadamente de varios instrumentos jurídicos que proporcionan cierta información sobre el devenir de la profesión tras la retirada del Reino Unido, especialmente en el caso de los abogados expuestos a una práctica profesional con vínculos en dicho país.

Retirada ordenada

En el supuesto de que el Reino Unido opte por retirarse de la Unión de forma ordenada, los términos de tal acuerdo están en estos momentos disponibles y expresados en el Tratado de retirada negociado con la Unión, cuya ratificación aún no ha sido posible en el Parlamento británico. Aún hay tiempo para que el Reino Unido opte por esta vía y, en caso de hacerlo, el régimen aplicable a quienes presten servicios en el Reino Unido y viceversa aparece parcialmente recogido en su texto articulado. Así, los profesionales del Derecho que accedieron a la abogacía en España al amparo de los procedimientos previstos en la Directiva 98/5, podrán seguir ejerciendo la profesión,  habiendo así consolidado su condición de prestadores de servicios incluso con posterioridad al Brexit. Lo mismo se aplicará a los abogados de nacionalidad española que se hayan establecido en el Reino Unido con anterioridad a la fecha de retirada. El Tratado de retirada garantiza así la continuidad de las actividades constituidas y consolidadas con anterioridad a la salida.

En el plano de los procedimientos judiciales, el Tratado de retirada prevé una serie de disposiciones transitorias que garantizan la aplicación del Derecho de la Unión, así como de los mecanismos de cooperación judicial en materia civil y penal, siempre y cuando estuvieran en curso en el momento de producirse la retirada. Lo mismo sucede con los procedimientos administrativos ante Instituciones, órganos u organismos de la Unión, como puede ser el caso de los procedimientos en materia de competencia ante la Comisión Europea.

Ruptura sin acuerdo

Bastante más problemático es el escenario de una ruptura sin acuerdo, calificado como el “Brexit duro”, cuyo acaecimiento no debemos descartar, por muy dañino que pueda ser para el Reino Unido. Sin embargo, en ese caso también contamos en estos momentos con varios textos legales específicamente adoptados para contemplar tal supuesto. Tanto la Unión como los Estados miembros han adoptado numerosos instrumentos legales de carácter preventivo, ante la eventualidad de producirse un “Brexit duro”. En el caso español, el marco legal aparece recogido principalmente en el Real Decreto- Ley 5/2019, en cuyas disposiciones también encontramos algunas referencias a la práctica de profesiones reguladas, entre las que se encuentra la abogacía.

El principio del que se parte en un escenario de “Brexit duro” es el de la consideración de los prestadores de servicios británicos como operadores procedentes de un Estado tercero. Por tanto, el abogado británico pasará a estar en las mismas condiciones que un abogado estadounidense o canadiense que presta servicios en España. Cualquier actividad de asesoramiento jurídico realizada en España por un abogado británico quedará sujeta a las normas previstas en nuestro país para la prestación de servicios desde un país tercero. Un tanto de lo mismo sucederá en el Reino Unido respecto de los abogados españoles.

No obstante, el Real Decreto-Ley 5/2019 prevé algunas disposiciones transitorias similares a las contenidas en el Tratado de retirada, especialmente las relativas a los beneficios derivados de quienes hayan obtenidos títulos académicos en el Reino Unido antes de producirse la retirada, así como la confirmación de que quienes se encuentren establecidos en España con anterioridad al Brexit podrán continuar la actividad con arreglo al mismo marco jurídico.

Cuestión distinta, y aún de efectos inciertos, es el impacto que tendrá la retirada, sea paccionada o rupturista, en la influencia del Derecho británico como ley aplicable en operaciones jurídico-privadas. Lo mismo cabe decirse de los tribunales británicos como foros jurisdiccionales, una vez éstos pierdan los instrumentos de cooperación judicial civil y mercantil europeos que facilitan la libre circulación de sus resoluciones entre todos los Estados miembros. El futuro del Derecho británico y de sus tribunales dependerá de múltiples factores que actualmente desconocemos, pero es evidente que, sea cual sea el desenlace de estas negociaciones, la reputación del Reino Unido como un país exento de sobresaltos y excentricidades político-económicas, algo que tantos frutos le ha reportado durante décadas, ha quedado gravemente deteriorada.

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