Análisis

  • Carlos Brito Siso. Presidente de la Sección de Derechos Humanos del ICAM

Breves consideraciones sobre la libertad de expresión y el derecho al honor

El derecho a la libertad de expresión permite que las personas expresen sus opiniones que, incluso, pueden ser objeto de malestar u ofensa para otras, pero que no puede prohibirse por ese motivo, tal como lo ha indicado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y como así lo protege el art. 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH). De hecho, es importante para todo Estado democrático que se den estas manifestaciones de opiniones y que se escuchen voces disidentes.

Sin embargo, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, este debe relacionarse con los derechos fundamentales que protege la Constitución española, además, está sometido a unas limitaciones o restricción cuando sea necesaria, entre otras, la “protección de la reputación o de los derechos ajeno” (art. 10.2 CEDH), por lo que, de forma frecuente este derecho colisiona con el derecho al honor, que ha dado lugar a los juicios de tutela civil sobre el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen (art. 249.1 LEC).

Por otro lado, el derecho al honor no se encuentra recogido taxativamente en la CEDH, pero la doctrina del TEDH lo ha considerado un derecho que admite protección conforme al art. 8 CEDH, como se observa del asunto Fürst-Pfeifer c. Austria, aunque en este caso no se valoró como tal el equilibrio entre los arts. 8 y 10 de la CEDH, ya que el Tribunal se basó en determinar si los tribunales austriacos habían aplicado correctamente los principios inherentes a la libertad de expresión.

La libertad de expresión es un derecho fundamental y determinante en un Estado de derecho, mientras que, el derecho al honor, aunque no deja de ser un derecho fundamental, es más de carácter individual. Ante la colisión de estos derechos, se debe realizar un juicio de ponderación, como así se establece en la asentada jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor. Esta ponderación tendría que ajustarse a los criterios del TEDH, que sobre la materia se ha pronunciado.

Respecto a la colisión de estos derechos, el Tribunal Constitucional (TC) ha considerado que la libertad de expresión prevalece sobre el derecho al honor individual cuando las manifestaciones concretas de esa libertad vayan dirigidas a expresar ideas u opiniones de interés público, que no sean formalmente injuriosas ni absolutamente vejatorias y sean necesarias para transmitir las ideas u opiniones correspondientes (STC 9/2007, FJ 4, ECLI:ES:TC:2007:9).

Cumplido con el análisis de ponderación y, determinándose que se ha vulnerado el derecho al honor, lo propio sería acudir a la vía judicial conforme a los procedimientos que contempla nuestro ordenamiento jurídico para iniciar las acciones por tal vulneración.

España cuenta con una dualidad de vía para el reclamo ante la posible vulneración del derecho al honor, contamos con la vía penal, donde las limitaciones se encuentran previstas en el CP (arts. 205-216) que atentan contra el honor como modalidad específica de los denominados “delitos de expresión”. Por otra parte, en el orden civil, se contempla en la LO 1/1982, donde la respuesta es de índole indemnizatoria, reconociéndose que los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen serán civilmente protegidos frente a cualquier tipo de intromisión ilegítima, de acuerdo con lo establecido en la LO. En la mayoría de los casos se dirimen por esta última vía, debido a que se trata de un procedimiento más expedito y con contenido reparador, preferible al punitivo.

Por citar un ejemplo, en la STS 700/2021 (ECLI:ES:TS:2021:3666), la Sala de lo Civil confirmó una sentencia en la cual no se consideraba intromisión ilegítima en el derecho al honor de algunas empresas dedicadas a la venta de productos para personas mayores en sus domicilios, respecto a los comentarios alojados en la página web de la empresa, comentarios que fueron realizados por una usuaria. La Sala consideró que debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión atendiendo al interés público:

“… aunque los comentarios son altamente descalificatorios, cuentan con base fáctica suficiente y se enmarcan en un contexto de alarma social y debate público con reflejo en los medios de comunicación y de trascendencia e interés para el público en general y para los consumidores en particular, especialmente para los más vulnerables, a los que pueden prevenir y alertar de las prácticas comerciales de venta a domicilio que son objeto de crítica y reprobación. En esta coyuntura es apropiado y conveniente reforzar la prevalencia de la libertad de expresión respecto del derecho al honor, confiriendo a aquella una protección mayor y suficiente para excluir la ilegitimidad de la intromisión que cabría inferir de la utilización de las expresiones proferidas aisladamente consideradas o siendo otras las circunstancias…”

En este caso ha sido conveniente reforzar la prevalencia de la libertad de expresión respecto del derecho al honor, máxime cuando se trataba de consumidores vulnerables. Sobre el derecho al honor y personas jurídicas en el TEDH, se puede consultar el asunto Gawlik c. Liechenstein.

En definitiva, insistimos en la problemática utilización de instrumentos penales para la protección del derecho al honor, debido a la dificultad que podría plantear la libertad de expresión y su proporcionalidad, no siendo la vía penal la indicada para reclamar una posible vulneración al derecho al honor que puede dirimirse por la jurisdicción civil como se ha indicado anteriormente. En la vía civil se podrá obtener una indemnización económica y las respectivas medidas de publicidad de la sentencia en caso de determinarse la vulneración al honor por no encontrarse amparado en el derecho a la libertad de expresión.

No obstante, el reclamo por compensación económica ante la vía civil debe, de igual manera, ser adecuado y proporcional, evitando arbitrariedades o manifiesta desproporción, atendiendo a los criterios que establece el art. 9.3 de la LO 1/1982 (vid. STS 237/2019, FD 2, ECLI:ES:TS:2019:1331).

Por último, no deja de ser controvertido en la praxis jurídica estas delimitaciones que los tribunales se encargan de ponderar, inclinándose por uno o por otro de estos derechos. En este caso, se reivindica el derecho a la libertad de expresión, su recorrido e importancia dentro del Estado de derecho. De ese modo, algunas expresiones desagradables no dejan de ser más que una manifestación, inapropiada para algunas personas, pero amparadas, afortunadamente, por el derecho a la libertad de expresión.