Análisis

  • Carmen Ladrón de Guevara Pascual y Antonio Guerrero Maroto. Abogados de la Asociación de Víctimas del Terrorismo

Avances en la asistencia jurídica a las víctimas del terrorismo en los últimos años

Se cumplen 15 años del brutal atentado del 11 de marzo, el mayor en la historia de España y de Europa, en el que resultaron muertas 191 personas (a las que habría que añadir dos personas fallecidas más que no suelen ser incluidas en las cifras oficiales: una víctima sobre la que el Ministerio del Interior no tramitó ningún expediente, por carecer de familia; y una menor fallecida con posterioridad al atentado por efecto de los daños producidos, tras años en estado de coma) y más de dos mil resultaron heridas.

El atentado fue juzgado en 2007 y la Audiencia Nacional condenó a 21 de los 28 acusados. A dos de ellos, Jamal Zougam y Otman el Ganaoui, a más de 42.900 años de cárcel como autores materiales de los asesinatos y al exminero José Emilio Suárez Trashorras a 34.715 años como autor por cooperación necesaria. El Supremo condenó en 2008 a uno de los absueltos, Antonio Toro, pero absolvió a cuatro de los condenados por la Audiencia.

Desde estas sentencias, han sido varios los avances legislativos en lo que al apoyo a las víctimas del terrorismo se refiere.

En septiembre de 2011 se aprobó la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. Esta ley, además de plantearse como un homenaje a las víctimas del terrorismo de “la sociedad española, a través de sus legítimos representantes en el Congreso de los Diputados y en el Senado”, pretende “constituir un cuerpo legal unitario que regule de manera unificada las prestaciones y ayudas económicas directas y todas aquellas que permitan que la incorporación a la vida familiar, social o laboral [de las víctimas del terrorismo] se realice en las mejores y óptimas condiciones posibles”.

Además de considerar a las víctimas del terrorismo como víctimas de violaciones de derechos humanos, este texto legal suponía la madurez del concepto –introducido por la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo- de que el Estado se declaraba responsable civil subsidiario de los atentados terroristas, garantizando con ello el cobro de indemnizaciones a las víctimas del terrorismo.

Esta Ley, aunque actualmente se encuentra en proyecto de modificación para subsanar algunas deficiencias y desigualdades, supuso un avance considerable tanto en lo que al apoyo institucional a las víctimas del terrorismo se refiere, como al apoyo al movimiento asociativo surgido en torno a este colectivo. Constituyéndose con ello un sistema mixto de atención y apoyo a las víctimas del terrorismo que combina: el apoyo público institucional a las víctimas del terrorismo, con el apoyo ofrecido por las asociaciones de víctimas, principalmente la Asociación de Víctimas del Terrorismo (asociación decana y mayoritaria de víctimas del terrorismo).

Otro avance importante, fue la publicación el 28 de abril de 2015, en el Boletín Oficial del Estado, de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima  del delito. Esta ley supuso, por un lado, la necesaria transposición de la directiva europea referida a las normas mínimas sobre derechos, el apoyo y la protección de las víctimas del delito; y por otro lado, la fijación de un catálogo único y sistematizado de derechos procesales y extraprocesales de las víctimas que, si bien es cierto, en su mayoría ya se encontraban recogidos con anterioridad en nuestro ordenamiento jurídico, lo estaban de manera dispersa y poco desarrollada.

Aunque, en lo que respecta a las víctimas del terrorismo, el “Estatuto de la víctima” pocas novedades introduce por existir una regulación específica para este tipo de víctimas, su aprobación sí que supone un avance importante en la búsqueda de proceso penal y un sistema de justicia no solo centrado en el infractor y en sus garantías sino también en la víctima y sus derechos. Su entrada en vigor ha supuesto un “cambio de chip” en todos los operadores jurídicos que en algún momento deben tomar contacto con las víctimas (policía judicial, fiscales, jueces, letrados de la Administración, funcionarios, etc.) y la puesta en marcha de una serie de mecanismos para evitar lo conocido como doble victimización o victimización secundaria.

Desde el punto de vista del trabajo, de asistencia y apoyo a las víctimas del terrorismo, que viene realizando la Asociación de Víctimas del Terrorismo desde 1981, este Estatuto ha supuesto la normalización y estandarización de una serie de medidas que desde la asociación veníamos poniendo en práctica, dados nuestros años de experiencia. En este sentido debemos destacar nuestro programa de apoyo a las víctimas del terrorismo en el escenario judicial. Con independencia de que la víctima se encuentre personada o no en el procedimiento, desde la asociación –además de personarnos como Acusación popular- procuramos acompañar a las víctimas desde la comisión del atentado hasta la puesta en libertad de los responsables de este. Este acompañamiento consiste principalmente en mantener puntualmente informada a la víctima de todos los aspectos relevantes que vayan surgiendo a lo largo de su tramitación, así como de la resolución de todas las dudas e incógnitas que se le puedan plantear.

En este trabajo de asistencia y apoyo a las víctimas del terrorismo en el ámbito judicial hay que destacar el papel de la Oficina de atención a las víctimas del terrorismo de la Audiencia Nacional. La creación y puesta en funcionamiento de la Oficina se remonta a un Acuerdo del Consejo de Ministros del 11 de marzo de 2005. Pero no fue hasta la aprobación y entrada en vigor de la Ley 29/2011 cuando se le dio amparo legal.

Aunque la creación y puesta en marcha de la Oficina supuso un avance considerable en lo que asistencia a víctimas del terrorismo en el ámbito judicial se refiere, aún queda mucho camino por recorrer para el pleno funcionamiento de la misma. Dotarla de más personal o de instalaciones adecuadas para la asistencia directa a las víctimas, así como, el establecimiento de protocolos de coordinación entre los operadores que atienden a las víctimas del terrorismo: la Oficina, la Dirección General del Ministerio del Interior, la Fiscalía y la propia AVT, son imprescindibles para evitar lo conocido como victimización secundaria.

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