Análisis

  • María Jesús González-Espejo, vicepresidenta de ELTA, socia directora de Emprendelaw y socia del Instituto de Innovación Legal

El asesoramiento en asuntos públicos, un campo a explorar por los abogados

En este artículo hablaremos de uno de los instrumentos de que disponen los abogados para desarrollar negocio a través de la oferta de asesoramiento en public affairs (asuntos públicos): el PAN. En nuestra opinión, los cambios que está acarreando la tecnología deberían hacer reflexionar a los abogados sobre la necesidad de buscar nuevas vías de ingresos y el asesoramiento en este campo de lege ferenda es uno de los parecen más lógico que exploren.

“Legislar mejor para obtener mejores resultados”. La declaración es de Jean Claude Juncker tras ser elegido presidente de la Comisión Europea en el año 2014. El objetivo fue impulsar el concepto de mejor regulación, es decir, elaborar y evaluar las políticas públicas y la legislación de la UE de forma transparente. En efecto, una de las prioridades de este presidente al asumir la Presidencia de la Comisión Europea fue comprometerse a impulsar la idea de que es necesario “legislar mejor, para obtener mejores resultados”.

Dos años después de que Bruselas adoptara la Better Regulation Agenda en mayo de 2015, el concepto de “mejor regulación” llegó a España para quedarse. Así, la aprobación del Real Decreto 286/2017 supuso a la consolidación de los criterios de previsión, racionalidad y participación en nuestra forma de legislar.

Gracias a esta norma, que desarrolla la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, el Gobierno tiene que detallar con antelación las leyes que quiera impulsar a través de su Plan Anual Normativo (PAN); asegurarse de que todas las iniciativas propuestas tengan sentido desde el punto de vista económico, legal y social a través del Informe Anual de Evaluación Normativa; y procurar la participación de todos los departamentos ministeriales durante el proceso de creación y evaluación de las propuestas a través de un grupo de trabajo interministerial – la Junta de Planificación y Evaluación Normativa.

Precisamente, los protagonistas de esta forma de programar la iniciativa legislativa y dirigir la acción ejecutiva del Gobierno son los integrantes de la Junta de Planificación y Evaluación Normativa. Este nuevo equipo está coordinado por el Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, y en él participan el titular de la Subsecretaría de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales (que lidera el grupo), los titulares de las Secretarías Generales Técnicas de los distintos Ministerios, y un representante de la Oficina Económica del Presidente con rango de Director General. Juntos, se encargan de:

  1. Elaborar los proyectos de Plan Anual Normativo y de Informe Anual de Evaluación Normativa.
  2. Proponer criterios Generales en materia de planificación y evaluación normativa de la AGE.

Como se ha mencionado más arriba, el PAN contempla las iniciativas legislativas o reglamentarias que los distintos Ministerios pretendan elevar cada año natural al Consejo de Ministros. Esto supone una importante novedad en el modo de trabajar de nuestras instituciones, que tendrán que decidir con antelación qué asuntos serán prioritarios cada año.

Para aprobar el PAN, los Ministerios deben remitir sus iniciativas legislativas a la Junta de Planificación y Evaluación Normativa antes del 1 de marzo. Una vez aprobada la lista de iniciativas que estarán incluidas en el Plan, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos emitirá un informe sobre éstas. A raíz del informe, el titular del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, elevará el Plan para su aprobación en Consejo de Ministros.

En todo caso, es importante tener en cuenta, que si bien el PAN es una herramienta muy valiosa para adelantarnos a las acciones del Gobierno en materia legislativa, no coarta la libertad de los Ministerios para proponer otras leyes en un momento posterior. De hecho, el Real Decreto 286/2017 establece que cualquier Ministro podrá proponer leyes o reglamentos no contemplados en el Plan Anual si así lo justifican adecuadamente en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, que ha de acompañar a cualquier nueva ley.

Además, es necesario no olvidar que el propio PAN tampoco está blindado ante posibles cambios, y existe la posibilidad de aprobar uno nuevo sin que haya terminado la vigencia del anterior. Éste sería el caso si se dan circunstancias especiales que afecten a varios proyectos impulsados desde distintos Ministerios (como una grave crisis) o en el caso de que haya un nuevo Gobierno.

En definitiva, el PAN busca dar debido cumplimiento a la exigencia de racionalizar la actividad de producción normativa y mejorar la calidad de nuestras normas algo que reclama la mayoría de juristas a quienes resulta prácticamente imposible hacer seguimiento de la actividad que genera la compleja red institucional que conforman UE-Estado-Comunidades Autónomas-Municipios.

El PAN como herramienta de inteligencia de negocio

La Inteligencia de negocio es un conjunto de procesos, aplicaciones y tecnologías que facilitan la obtención rápida y sencilla de datos. Estos datos proceden de sistemas de gestión empresarial para su análisis e interpretación, que manera que se pueden aprovechar para tomar decisiones.

Esta disciplina permite a las organizaciones anticipar cambios y prepararse mejor para el futuro; identificar nuevas líneas de negocio; conocer tendencias; etc. Los abogados deben profundizar en esta disciplina e incorporarla en su día a día. La inteligencia de negocio se nutre de fuentes como son el Plan Anual Normativo (PAN) y el Informe Anual de Evaluación Normativa. Así que de forma metafórica podríamos decir que sería muy conveniente que los abogados incorporasen el PAN a su dieta, pues éste puede aportarles casi con toda seguridad nuevas líneas de negocio.

Conclusión

La declaración/decisión de los legisladores de regular mejor, supone para los abogados la posibilidad de conocer con anticipación la actividad legislativa que se prevé haya anualmente. Y esta posibilidad les debería permitir desarrollar con más facilidad una estrategia dirigida a influir en la labor del legislador y de llevar a cabo asesoramiento a empresas, entidades del tercer sector, etc. en el campo de los asuntos públicos.  La oportunidad está hoy, sólo hace falta aprovecharla.

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