Análisis

  • Álvaro Antón Antón. Profesor Derecho Tributario Universidad CEU Cardenal Herrera

Dossier. Aproximación a la economía colaborativa desde el Derecho Tributario

La UE define el fenómeno de la “economía colaborativa” como aquel que se refiere a modelos de negocio en los que “se facilitan actividades mediante plataformas colaborativas que crean un mercado abierto para el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos a menudo por particulares (…) por lo general, las transacciones de la economía colaborativa no implican un cambio de propiedad y pueden realizarse con o sin ánimo de lucro”. Según esta definición la economía colaborativa implica tres categorías de agentes: i) prestadores de servicios que comparten activos, recursos, tiempo y/o competencias –pueden ser particulares que ofrecen servicios de manera ocasional (“pares”) o prestadores de servicios que actúen a título profesional (“prestadores de servicios profesionales”)–; ii) usuarios de dichos servicios; y iii) intermediarios que –a través de una plataforma en línea– conectan a los prestadores con los usuarios y facilitan las transacciones entre ellos (“plataformas colaborativas”).

El auge de estos modelos disruptivos implica un nuevo reto para el Derecho con múltiples cuestiones jurídicas que resolver y a las cuales no escapa el Derecho Tributario. Concretamente, esta nueva realidad genera algunas dudas en materia tributaria que deben ser estudiadas caso por caso en función del ámbito de la economía colaborativa que se trate (transporte, alojamiento, etc.) o de las interacciones y la naturaleza de las mismas entre los diversos actores intervinientes: plataforma, usuario/prestador del servicio y cliente final. En principio, no hay discusión en el hecho de que, al igual que el resto de los operadores económicos, los actores de la economía colaborativa están sujetos a la normativa fiscal vigente (IRPF, IS, IVA o ITPAJD, etc.). Partiendo de esta premisa, lo cierto es que el Derecho Tributario debe abordar el estudio de este nuevo fenómeno desde dos planos distintos: por un lado, desde el punto de vista de las rentas obtenidas por las plataformas como contraprestación a sus servicios de intermediación y, por el otro, desde el punto de vista de las rentas obtenidas por sus usuarios.

En el primer caso, la problemática fundamental está relacionada con la sujeción a gravamen de las comisiones obtenidas por el servicio de intermediación que prestan las plataformas cuando estas no tienen presencia física suficiente en el territorio donde se presta el servicio subyacente. No hablamos, por tanto, de una cuestión de planificación fiscal strictu sensu, sino de una problemática relacionada con el nexo (divergencia entre el lugar donde se grava el beneficio y donde el valor es creado) que debería resolverse en un contexto internacional, por ejemplo, modificando el concepto tradicional de establecimiento permanente. Sin embargo, ante la dificultad de llegar a acuerdos en este ámbito algunos Estados de la UE han adoptado o pretenden

introducir, como parece ser el caso de España, medidas unilaterales en forma de impuestos indirectos siguiendo la línea de la propuesta de la Comisión sobre el establecimiento de un impuesto sobre servicios digitales. Este impuesto gravaría los ingresos brutos de modelos de negocios, como las plataformas de economía colaborativa, basados en la explotación de actividades digitales que se caracterizan por la creación de valor por los usuarios.

Por otro lado, y desde el punto de vista de las transacciones concluidas entre particulares, se ha constado que, con carácter general, la economía colaborativa no supone la aparición de negocios jurídicos nuevos, sino que, más bien, se limita a sustituir o eliminar a los agentes o intermediario tradicionales. Por tanto, en la mayoría de casos estamos, simplemente, ante un problema de calificación de las rentas. Ahora bien, la aparición de estos nuevos modelos también ha puesto de manifiesto la voluntad de los particulares (propietarios o prestadores de los servicios), bien de compartir los gastos derivados de la necesidad de realizarlo (desplazamiento, alojamiento, etc.), bien de obtener unos ingresos adicionales por un bien infrautilizado o por un servicio que puede prestar fácilmente por contar con los medios necesarios (transporte). Por esta razón uno de los debates que abre esta nueva realidad es si es preciso, por ejemplo, diferenciar entre las rentas obtenidas en el ámbito de una actividad económica prestada al margen de la regulación vigente (Uber) de aquellas otras obtenidas en el ámbito del consumo colaborativo más “puro” donde la finalidad de los usuarios es compartir gastos y que, por tanto, no tiene como fin convertirse en una fuente adicional de ingresos (Blablacar).

Sin perjuicio de lo anterior, donde se aprecia una problemática de carácter realmente novedoso es en el campo del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Precisamente, estudios recientes destacan que los principales desafíos que la economía colaborativa plantea al sistema impositivo son: i) la necesidad de clasificar los ingresos e identificar las normas fiscales aplicables y ii) la fragmentación de las fuentes de ingresos. Ahora bien, más que un nuevo foco de economía sumergida, consideramos que, precisamente, la tecnología inherente a las plataformas puede suponer un avance en el control de determinadas rentas (por ejemplo, para luchar contra el fraude fiscal de los alquileres no declarados en el ámbito de los pisos turísticos). Es decir, que entendemos que estos nuevos intermediarios, aunque han contribuido a que este tipo de rentas se multipliquen, pueden constituir, desde el punto de vista estrictamente tributario, una parte de la solución a problemas preexistentes a su irrupción. Consecuentemente, estos modelos de negocio exigen estudiar soluciones que mejoren el cumplimiento de las obligaciones fiscales y su aplicación al tiempo que no introducen barreras a su desarrollo.

Concretamente, desde el punto de vista del usuario de las plataformas es preciso introducir medidas dirigidas a aumentar la sensibilidad sobre sus obligaciones fiscales; publicar orientaciones y aumentar la transparencia a través de información que clarifique el tratamiento fiscal de las rentas obtenidas o, incluso, estudiar la introducción de umbrales exentos/no sujetos para delimitar entre las rentas obtenidas de manera ocasional o para compartir gastos de las obtenidas de manera habitual. A mayor abundamiento, a la hora de mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias también hay que tener en cuenta la mayor trazabilidad que posibilita la existencia de los nuevos agentes intermediarios. En este sentido, sería interesante buscar nuevas formas de colaboración entre las autoridades competentes y las plataformas colaborativas en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la recaudación que vayan más allá de los tradicionales deberes de información.

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