Análisis

  • Sandra González de Lara Mingo. Magistrada Especialista en lo Contencioso-Administrativo. 

Acceso a la justicia ante la crisis del COVID-19

En este artículo[1] se pretende analizar si durante los estados de alarma, excepción y sitio puede interrumpirse el normal funcionamiento de uno de los poderes constitucionales del Estado, – el Poder Judicial – mediante la suspensión casi total de su actividad; se cuestiona si a través de la declaración gubernamental de estado de alarma pueden regularse materias reservadas a la Ley Orgánica; y, se rechaza que pueda limitarse el derecho a la tutela judicial efectiva.

España afronta como comunidad una grave crisis sanitaria provocada por el azote del COVID-19. Se trata de una situación inédita en nuestro país y en el mundo entero que ha provocado la declaración por segunda vez en nuestra historia democrática del estado de alarma.

No obstante, las peculiares características de la situación actual, por todos conocida, hacen que no sea comparable la afectación de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos con la que originó la promulgación del Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declaró el estado de alarma para la movilización del servicio público esencial del transporte aéreo.

La declaración del estado de alarma no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado, y, menos aún debe interrumpir el normal funcionamiento del Poder Judicial. Precisamente, durante la declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio un Estado de Derecho – que se precie de tal – debe asegurar que se garantice el imperio de la Ley. La función que constitucionalmente tiene atribuida el Poder Judicial es la de servir como garante último de la legalidad, siendo su deber principal asegurar la protección y tutela efectiva de los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, especialmente, en las situaciones donde estos derechos pueden verse especialmente comprometidos.

Solo los derechos expresamente enumerados en el artículo 55 de la Constitución (derecho a la libertad y seguridad personales, derecho a la inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones, libertad de circulación y residencia, derechos a la libertad de expresión, derecho de reunión y manifestación, y, derecho de huelga) podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la propia Constitución. La declaración del estado alarma no comporta la suspensión de ningún derecho fundamental.

El derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 CE en ningún caso puede ser suspendido ni limitado.

El artículo 11 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio (LOEAES), prevé que en el decreto de declaración del estado de alarma solo podrán acordarse las medidas siguientes: a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias,fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados. d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad. e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción.

El artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 regula una serie de limitaciones de la libertad de circulación de las personas y a la libertad de residencia (solo autoriza a desplazarse para regresar a la residencia habitual) que más bien supone una supresión de la libertad de circulación y residencia garantizada en el artículo 19 de la CE, supresión de libertades que solo es propia de los estados de excepción y sitio.

El Gobierno al decretar el estado de alarma en un supuesto de crisis sanitaria como la que estamos viviendo ha tratado de cohonestar de manera «bienintencionada» la salud de los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, demás personal al servicio de la misma, abogados, procuradores y de los propios justiciables con el derecho a la tutela judicial efectiva, a través de la introducción de la Disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, que establece la suspensión de plazos procesales.

Pero lo cierto es que, entre el elenco de medidas que el artículo 11 LOEAES autoriza al Gobierno a adoptar no se encuentra la posibilidad de suspender los plazos procesales. En mi opinión, esto supone una clara extralimitación de la habilitación legal contenida en el citado artículo, que además determina la interrupción del normal funcionamiento de uno de poderes constitucionales del Estado, el Judicial, y supone de facto la suspensión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Por imperativo del párrafo cuatro del artículo 1 LOEAES la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado, y el Poder Judicial es uno de ellos. Y la declaración estados de alarma, excepción y sitio en ningún caso puede limitar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 CE.

A diferencia de los estados de excepción y de sitio, la declaración del estado de alarma no permite la suspensión de ningún derecho fundamental (art. 55.1 CE contrario sensu), aunque sí la adopción de medidas que pueden suponer limitaciones o restricciones a su ejercicio.

Además, la Disposición adicional segunda en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma al establecer la suspensión de plazos procesales ha venido a excepcionar, modificar o condicionar durante su periodo de vigencia la aplicabilidad de los artículos 179 a 185 de la LOPJ.

Considero que la doctrina contenida en el ATC 7/2012, de 13 de enero de 2012 (ES:TC:2012:7A) y STC 83/2016, de 28 de abril (ES:TC:2016:83) que han determinado que la decisión gubernamental por la que se decreta el estado de alarma viene a integrar junto con la Constitución y la LOEAES el sistema de fuentes del derecho de excepción, al complementar el derecho de excepción de aplicación en el concreto estado declarado, y establecer los efectos de dicha declaración que pueden implicar, excepciones o modificaciones pro tempore en la aplicabilidad de determinadas normas del ordenamiento vigente, incluidas, determinadas disposiciones legales, en ningún caso puede interpretarse en el sentido de que habilite la modificación durante el estado de alarma de normas sobre las que existe reserva a Ley Orgánica (ex artículo 81 CE).

Por Sandra González de Lara Mingo. Magistrada Especialista en lo Contencioso-Administrativo. Letrada Coordinadora del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (Área de contencioso-administrativo)

[1]   Las ideas expresadas en este trabajo son estrictamente personales y en modo alguno pueden atribuirse ni comprometer a la institución en la que presta los servicios la autora.


Artículo publicado en la Guía de la Sección de Derechos Humanos, que forma parte de las Guías sectoriales Covid-19 elaboradas desde las Secciones del ICAM.

Otros artículos incluidos en esta guía son:

Estado de alarma y derechos fundamentalespor Miguel Ángel Presno Linera.

La libre circulación de personas ante la crisis del COVID-19por Carlos Brito Siso.

¿Puede calificarse como delito de desobediencia grave a la autoridad (art. 556.1 del código penal) el mero incumplimiento de la prohibición de circular por las vías públicas durante el período de confinamiento?, por Jacobo Dopico Gómez-Aller.

Libertad de expresión ante el COVID-19, por Fernando Miró Llinares.

Crisis sanitarias y seguridad humana, por Carmen Pérez González.

Derecho a la protección de la salud y exclusión sanitaria ante la emergencia del COVID-19, por Manuel Maroto Calatayud.

Prisiones, derechos y COVID-19, por Xabier Etxebarria Zarrabeitia.

La emergencia sanitaria y social del COVID-19 y el artículo 128 de la Constitución, por Luis Arroyo Jiménez. El derecho de asilo ante la crisis del COVID-19, por Paloma Favieres Ruiz.

Las víctimas de trata de seres humanos ante la crisis del COVID-19, por Margarita Valle Mariscal de Gante.

Los centros de internamiento de extranjeros ante la situación del COVID-19, por Patricia Orejudo Prieto de Los Mozos.

COVID-19. «Elige solo una maestra: la naturaleza», por Ascensión García Ruiz.

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