Análisis

  • Antonio Alberca. Abogado

El abogado de oficio: ayer y hoy

La famosa serie “Turno de Ofi­cio” dirigida por Antonio Mer­cero y emitida por Televisión Española en los años 80 nos ofrecía una imagen bastante aproximada del perfil y devenir de los abogados que entonces prestaban ese servicio jurídico, más imbuidos por el ideal de la justicia que por un interés c­rematístico. Fue quizás entonces cuando el público de nuestro país tuvo conciencia de la exis­tencia de la Abogacía de Oficio.

Sin embargo, la figura del abo­gado de oficio viene de antiguo, pues desde el origen de nuestra profesión se estableció la nece­sidad de que todas las personas, cuando tengan que acudir ante un tribunal, estén oportuna­mente asistidas de un abogado. Así, en el Digesto de Justiniano se recoge la siguiente afirma­ción: “Dice el Pretor: Si no tuvie­se abogado yo se lo daré”. Tam­bién en el mismo corpus legal se dispone que el procónsul o gobernador provincial debe dar abogado a quien se lo pida: ”a las mujeres y a los impúberes, a los necesitados y a los que no estén en su juicio; y aunque no haya nadie que se lo pida, deberá dárselo de oficio pero también deberá dar abogado al que diga que, por el gran poder de su adversario, no encuentra abogado”. Dicha disposición se integrará incluso en las partidas de Alfonso X el Sabio.

La jurisprudencia y la teología imperantes en la Edad Media fundamentaron la obligatorie­dad de los abogados de asistir por misericordia o “amor de Dios” gratuitamente a los po­bres. De ahí que a partir del siglo XIII se pasó a institucio­nalizar en las distintas jurisdicciones de los reinos hispánicos la figura del Abogado de Po­bres remunerado con fondos públicos, como así se estable­ció en Castilla en las cortes de Zamora (1274) disponiéndose que el Rey seleccionará dos abogados hombres buenos y temerosos de Dios para que se dediquen en exclusiva a aten­der a pobres que acudiesen a la corte en busca de justicia y no pudiesen pagar abogados. Posteriormente los Reyes Ca­tólicos, en las Ordenanzas de abogados de 1495, recomien­dan que cuando no sea posible la asistencia de los abogados de pobres, los abogados asu­man gratuitamente la defensa de aquellos, recomendación a la que los distintos colegios de abogados darán cabida en sus estatutos fundacionales, como así hizo la “Cofradía de Letra­dos del Señor San Ivo”, germen del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza.

Sin embargo, la asistencia gra­tuita a los pobres en España se acaba convirtiendo en una obli­gación para los abogados, que se recoge a lo largo del tiempo en nuestra legislación. Por ejem­plo, se refleja en la Novísima Re­copilación o en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 o en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. También aparece en los Estatutos de la Abogacía como el de 15 de marzo de 1895 o en el aprobado mediante decre­to de 28 de Junio de 1946, el cual establecía como obligaciones de los abogados “Prestar las medidas de asistencia benéfica que incum­ben a la Abogacía, sea cual sea su índole v extensión, v especial­mente las de consulta y defensa gratuita a los necesitados”. Dicha prestación obligatoria perviviría incluso en el posterior Estatuto General de la Abogacía apro­bado mediante Real Decreto 2090/1982 de 24 de Julio.

Solo a partir de 1974, año en que se empieza a concebir el Turno de Oficio como un servi­cio público estatal, se dispone mediante la Ley 42/72 de Ba­ses Orgánicas de la justicia el pago de una indemnización a los abogados y procuradores que actúan de oficio en defen­sa y representación de quienes carezcan de bienes y fortuna, sistema que se verá reforza­do tras la entrada en vigor de la Constitución Española que establece en su artículo 119 la gratuidad de la justicia para to­dos aquellos que no dispongan de medios. Es en ese momento cuando los distintos colegios de abogados empiezan a or­ganizar de una forma más me­tódica los distintos turnos de oficio, en los que los abogados se inscriben de forma volun­taria para asistir a los ciudada­nos como complemento a su actividad profesional privada. Finalmente, el sistema acaba configurándose con la aproba­ción de la Ley 1/1996 de Justi­cia Gratuita.

Es cierto que las sucesivas es­tadísticas proporcionadas por el Observatorio de la Justicia ofrecen un alto nivel de satis­facción de las personas que se han beneficiado de la asis­tencia de abogados de oficio. También es verdad que juzga­dos y tribunales españoles y organismos nacionales o inter­nacionales —como el Consejo de Colegios de Abogados de Europa en 2008— reconocen la profesionalidad y la entrega de los abogados de oficio es­pañoles. Pero quizás lo que se echa de menos por parte de aquellos que formamos parte del Turno de Oficio es que la ciudadanía conozca realmen­te cuál es nuestro perfil y es­tatus profesional y dejar de ser considerados abogados “de pobres”, idea que quizás tenga su origen en la forma en que se ha tratado en España histórica­mente la figura del abogado de oficio. Sin embargo, es precisa­mente la propia historia de esta institución la que ennoblece a la abogacía como profesión, al poner de manifiesto cómo son los propios abogados los que se preocupan de que todos los ciudadanos, con independen­cia de su capacidad económica, dispon­gan de las mismas oportunidades de de­fender sus derechos ante los tribunales.

Ahora que está ple­namente garantizado en nuestra sociedad tanto el acceso a la justicia gratuita, como la asistencia del Tur­no de Oficio para to­dos aquellos ciudadanos que la soliciten, es el momento de que nuestras corporaciones colegiales muestren a la socie­dad que los abogados de ofi­cio somos profesionales inde­pendientes y suficientemente cualificados que, además de ejercer la abogacía de forma privada y con clientes particu­lares, hemos decidido poner nuestro conocimiento y expe­riencia al servicio de la ciuda­danía, coadyuvando al sistema judicial, bajo la premisa de que sin abogados que estén dis­puestos a asumir causas más allá del siempre legítimo inte­rés de cobro de honorarios, no sería viable un Estado social de derecho como el que propug­na nuestra Constitución.

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