Jurisprudencia

Sentencia Tribunal Supremo  12/12/2022 

Tribunal Supremo , 12-12-2022 , nº 1623/2022, rec.100/2021,  

Pte: Toledano Cantero, Rafael

ECLI: ES:TS:2022:4442

ANTECEDENTES DE HECHO 

El presente recurso de casación se interpuso por el Ayuntamiento de Toledo contra la sentencia núm. 288/2020, de 13 de noviembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, desestimatoria del recurso de apelación núm. 96/2019 formulado frente a la sentencia de 14 de enero de 2019, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Toledo, que, a su vez, había estimado el recurso núm. 219/2018, planteado por la entidad ORANGE ESPAGNE, S.A.U, contra la liquidación del Ayuntamiento de Toledo relativa a la "Tasa por uso privativo o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo y vuelo de las vías públicas de titularidad municipal por empresas suministradoras de servicios" correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2017, por importe de 4.356,16 euros, e indirectamente contra la Ordenanza que sirve de fundamento a la referida autoliquidación.

La Sala de apelación desestimó el recurso con sustento en el siguiente razonamiento:

"SEGUNDO.- Precedentes de esta misma Sala, desestimación del recurso de apelación.

La cuestión debatida en la presente litis es del todo análoga a la resuelta en sentencias anteriores de esta misma Sala y Sección, la más reciente con nº 50/2020, dictada el 1 de abril de 2020 (Recurso Apelación 99/2018), por lo que en virtud de los principios de unidad de doctrina, seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación del derecho, procede reproducir, en lo que aquí interesa, los fundamentos jurídicos de la misma para llegar a idéntico resultado desestimatorio [...]

"[...]

Pues bien, ciertamente, la valoración de la prueba aquí aportada, a falta de una pericial en forma que hubiera facilitado sin lugar a dudas el esclarecimiento de una cuestión tan eminentemente técnica-, lleva a esta juzgadora a estimar acreditado que Orange Espagne, S.A, no presta servicios de voz y datos fijos mediante redes de telecomunicaciones de su titularidad en el municipio de Toledo, sino que presta dichos servicios mediante redes titularidad de Telefónica, sin que dicha conclusión se vea enervada por el hecho de ser titular de una estación base en el Paseo de San Eugenio S/N, porque la documentación y las explicaciones que aporta- no eficaz ni suficientemente combatidas por el Ayuntamiento de Toledo- permiten llegar al convencimiento de que dicha estación base, ubicada en un terreno de titularidad privada, no es una red, sino un elemento de interconexión que sólo interviene en comunicaciones de telefonía móvil y que además utiliza el Espectro radio eléctrico (de competencia estatal) y no el dominio público local", valoración de la prueba que la Sala comparte, por cuanto, el juez a quo ha hecho un análisis exhaustivo de la misma, entre la que se encuentra el documento 1 de los que acompañó el apelante con su escrito de contestación a la demanda, y, del que se colige que, si bien es cierto que Orange Espagne, SAU, es titular de una estación base en el Paseo de San Eugenio s/n, ubicada en un terreno de titularidad privada, también lo es que, como ha entendido el juez a quo, que esta estación, no es una red sino un elemento de interconexión que solo interviene en comunicaciones de telefonía móvil que no utiliza el dominio público local".

[...] La STJUE de 12 de julio de 2012 respondió en sentido afirmativo sobre la eficacia directa del Artículo 13 de la Directiva, que debe ser entendido en el sentido de que se opone a la aplicación a un canon por derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, a los operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar el servicio de telefonía; el Artículo 13 de la Directiva no permite incluir en los cánones o tasas a los operadores que, sin ser propietarios de los recursos instalados en el dominio público, utilicen los recursos instalados de otras operadoras, es cierto que la Directiva no define ni el concepto de instalación, de recursos en una propiedad pública o privada o por encima o por debajo de la misma, ni el obligado al pago del canon devengado por los derechos correspondientes a la instalación, y, también lo es que, del Artículo 11.1 de la Directiva marco puede deducirse que se refiere a la empresa u operadora habilitada para instalar los recursos necesarios en el suelo, subsuelo o el espacio situado por encima del suelo; y los términos recursos e instalaciones remiten a las infraestructuras físicas que permiten la comunicación electrónica y a su colocación física en la propiedad pública o privada, por lo que, como quiera que Orange Espagne SA no es titular de las redes mediante las que viene ocupando la vía pública, en atención a la normativa comunitaria expuesta y la interpretación que de la misma realiza el TJUE debemos concluir en el sentido que lo hace la sentencia de instancia, desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de Toledo. [...]".

La representación del Consistorio preparó recurso de casación contra la meritada sentencia mediante escrito presentado el 28 de diciembre de 2020, identificando como normas legales que se consideran infringidas: (i) los artículos 20.1 y 3 y 24.1.c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales ["TRLHL"]; (ii) el artículo 13 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de las comunicaciones electrónicas, y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de julio de 2012 [asuntos acumulados C- 55/11, C-57/11 y C-58/11( EU:C:2012:446)] y del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2012 (casación 4307/2009; ES:TS:2012:6485) y de 20 de mayo de 2016 (casación 3937/2014;ECLI:ES:TS:2014:2188); y (iii) el artículo 2 de la citada Directiva 2002/21/CE.

La Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha tuvo por preparado el recurso de casación por auto de 4 de enero de 2021.

Preparado el recurso en la instancia y emplazadas las partes para comparecer ante esta Sala, por auto de 16 de marzo de 2022, la Sección de Admisión de esta Sala acuerda:

"2º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en:

Determinar si las limitaciones que para la potestad tributaria de los Estados miembros se derivan de los artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de telecomunicaciones (Directiva autorización), según han sido interpretados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en orden a la imposición de tasas y cánones a las compañías

que actúan en el sector de las telecomunicaciones móviles, se extienden también a las que lo hacen en los de la telefonía fija y de los servicios de internet.

3º) Identificar como normas jurídicas que, en principio, habrán de ser objeto de interpretación:

3.1. Los artículos 24.1.c), 20, apartados 1 y 3, y 23 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

3.2. Los artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA".

Notificada la anterior resolución a las partes personadas y dentro del plazo fijado en el artículo 92.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ["LJCA"], el procurador del Ayuntamiento de Toledo, mediante escrito registrado el 2 de mayo de 2022, interpuso el recurso de casación en el que apunta que "[l]a pretensión casacional del Ayuntamiento que represent[a] coincide substancialmente con la acogida en las Sentencias, de 26 de abril de 2021 (RCA/1636/2017), 27 de abril de 2021 ( RRCA/ 2199/2017, 484/2018, 2793/2018 y 1994/2017) y 4 de mayo de 2021 (RCA/5565/2017) [...]" (pág. 5 del escrito de interposición), por lo que solicita el dictado de sentencia con los siguientes pronunciamientos:

"1º) Estimar el presente recurso de casación, anulando la Sentencia de instancia y confirmando las liquidaciones practicadas por el Ayuntamiento de Toledo.

2ª) Resolver la cuestión casacional planteada en términos idénticos a los recogidos en las Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 26 de abril de 2021 (RCA/1636/2017), 27 de abril de 2021 ( RRCA/ 2199/2017, 484/2018, 2793/2018 y 1994/2017) y 4 de mayo de 2021 (RCA/5565/2017)".

Conferido traslado de la interposición del recurso a la parte recurrida, el procurador de la mercantil presenta, el día 24 de mayo de 2022, escrito de allanamiento a la pretensión de la parte recurrente, a la vista de la sentencia de este Tribunal de "[...] 26 de abril de 2021 sentencia resolviendo el recurso de casación en el que fue planteada la cuestión prejudicial, en la cual se concluye que, a juicio de la Sala, la tasa por ocupación del dominio público local es conforme al Derecho de la unión [...]", y suplica a la Sala tenga por "[...] ALLANADA a ORANGE ESPAGNE, S.A.U. a las pretensiones del recurso interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de Toledo, dictando resolución que ponga fin al procedimiento sin imposición de costas".

Evacuados los trámites y de conformidad con lo previsto en el art. 92.6 de la LJCA, al considerar innecesaria la celebración de vista pública, se declararon conclusas las actuaciones, señalándose para votación y fallo del recurso el día 3 de diciembre de 2022, fecha en que tuvo lugar dicho acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Objeto del recurso de casación.

Se impugna en el presente recurso de casación núm. 288/2020, de 13 de noviembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, desestimatoria del recurso de apelación núm. 96/2019 promovido contra la sentencia de 14 de enero de 2019, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Toledo, que estimó el recurso contencioso-administrativo núm. 219/2018, en materia de liquidación correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2017, por el concepto de "Tasa por uso privativo o aprovechamiento especial de suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas de titularidad municipal por empresas suministradoras de servicios", declarando nulas tanto la referida liquidación como la Ordenanza que sirve de fundamento a la referida autoliquidación, reconociendo el derecho de la recurrente a que por la Administración demandada le sea devuelto el importe del ingreso efectuado en concepto de dicha tasa con los intereses legales correspondientes desde la fecha del ingreso hasta su devolución .

Este recurso de casación es idéntico, como reconocen las partes a los resueltos por la Sala en las SSTS 555/2021, de 26 de abril (RC 1636/2017), 560/2021, de 27 de abril (RC 2199/2017), 564/2021, de 27 de abril (RC 484/2018), 565/2021, de 27 de abril (RC 2793/2018), 559/2021, de 27 de abril (RC 1994/2017) y 616/2021, de 4 de mayo (RC 5565/2017).

Esto es, en relación con dichas cuestiones, hemos de tener en cuenta que hemos dictado sentencias en recursos de casación en los que se dilucidaban las mismas cuestiones aquí planteadas, y en el que también son comunes los interrogantes que nos suscitan los respectivos autos de admisión a los que debemos dar respuesta, sentencias seguida de otras varias.

El propio auto de admisión de este recurso de casación indica que "[...] el planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido recientemente en sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 26 de abril de 2021 (RCA/1636/2017), 27 de abril de 2021 ( RRCA/ 2199/2017, 484/2018, 2793/2018 y 1994/2017) y 4 de mayo de 2021 (RCA/5565/2017)".

Remisión a la sentencia STS 555/2021, de 26 de abril (RC 1636/2017 ) y a las que le siguieron. Reiteración de la doctrina de la Sala.

El presente recurso es sustancialmente igual a los recursos de casación resueltos por SSTS 555/2021, de 26 de abril (RC 1636/2017), 560/2021, de 27 de abril (RC 2199/2017), 564/2021, de 27 de abril (RC 484/2018), 565/2021, de 27 de abril (RC 2793/2018), 559/2021, de 27 de abril (RC 1994/2017) y 616/2021, de 4 de mayo (RC 5565/2017).

Por razones de congruencia, seguridad jurídica e igualdad, procede reproducir y ratificar la doctrina fijadas en las citadas sentencias:

"Las limitaciones que para la potestad tributaria de los Estados miembros se derivan de los artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002 , relativa a la autorización de redes y servicios de telecomunicaciones (Directiva autorización), tal como han sido interpretados por la STJUE (Sala Cuarta) de 27 de enero de 2021, Orange, C-764/18 , no rigen para las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local exigidas a las compañías que actúan en el sector de la telefonía fija y de los servicios de internet, tanto si éstas son las titulares de las redes o infraestructuras utilizadas como si son titulares de un derecho de uso, acceso o interconexión a las mismas".

El allanamiento de la parte recurrida.

La reiteración de la citada doctrina viene, además, impuesta por el allanamiento de la parte recurrida al recurso de casación.

Efectivamente, presentado escrito de allanamiento por la parte recurrida, a la vista de los pronunciamientos de esta Sala Tercera en supuestos similares, procede, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75.2 de la LRJCA, tener por allanada a la parte recurrida con la consiguiente terminación del presente procedimiento, habida cuenta que la parte recurrente no ha puesto ninguna objeción al respecto y que no se aprecia infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.

Resolución de las pretensiones deducidas en el proceso.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 75.2 de la LRJCA, procede -reiterando la doctrina fijada por la Sala-, y a la vista de allanamiento formulado, declarar haber lugar a la casación, casar la sentencia impugnada ( sentencia núm. 288/2020, de 13 de noviembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, desestimatoria del recurso de apelación núm. 96/2019), estimar el citado recurso de apelación, seguido contra la anterior sentencia de 14 de enero de 2019, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Toledo, la cual igualmente se revoca y deja sin efecto, debiendo procederse a la desestimación del recurso contencioso administrativo núm. 219/2018, planteado por la entidad ORANGE ESPAGNE, S.A.U. contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo del Ayuntamiento de Toledo, de 23 de marzo de 2018, que desestimó el recurso de reposición presentado frente a la liquidación relativa a la "Tasa por uso privativo o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo y vuelo de las vías públicas de titularidad municipal por empresas suministradoras de servicios" correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2017, e indirectamente contra la Ordenanza que sirve de fundamento a la referida autoliquidación; resolución y liquidación que se declaran ajustadas al Ordenamiento jurídico.

Pronunciamiento sobre costas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 93.4 LRJCA, en relación con el 139.3, no procede declaración de condena al pago de las costas causadas en este recurso de casación al no apreciarse mala fe o temeridad en la conducta procesal de ninguna de las partes.

Respecto de las generadas en la instancia, cada parte abonará las suyas y las comunes por mitad.

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

1.- Fijar los criterios interpretativos los expresados en el Fundamento Jurídico Segundo de la presente sentencia, por remisión concreta a la STS 555/2021, de 26 de abril (RC 1636/2017) y a las que la han seguido.

2.- Haber lugar al recurso de casación 100/2021 interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de Toledo contra la sentencia núm. 288/2020, de 13 de noviembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, desestimatoria del recurso de apelación núm. 96/2019. Casar y anular la sentencia recurrida.

3.- Estimar el citado recurso de apelación 96/2019 interpuesto por el Ayuntamiento de Toledo contra la sentencia de 14 de enero de 2019, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Toledo, la cual igualmente se revoca y deja sin efecto.

4.- Desestimar el recurso contencioso administrativo núm. 219/2018, interpuesto por la mercantil ORANGE ESPAGNE, S.A.U. contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo del Ayuntamiento de Toledo, de 23 de marzo de 2018, que desestimó la reclamación económico administrativa 10/2018 formulada por Orange España S.A.U contra la liquidación del Ayuntamiento de Toledo relativa a la "Tasa por uso privativo o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo y vuelo de las vías públicas de titularidad municipal por empresas suministradoras de servicios" correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2017, por importe de 4.356,16 euros; resolución y liquidación que se declaran ajustadas al Ordenamiento jurídico.

5.- Hacer el pronunciamiento sobre costas en los términos del último fundamento jurídico.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.