Jurisprudencia

Sentencia Tribunal Supremo  07/07/2022 

Tribunal Supremo , 7-07-2022 , nº 957/2022, rec.2487/2021,  

Pte: Lucas Murillo de la Cueva, Pablo

ECLI: ES:TS:2022:2800

ANTECEDENTES DE HECHO 

En el recurso de apelación n.º 459/2020, seguido en la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, el 5 de febrero de 2021 se dictó la sentencia n.º 124, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"Que, estimando el recurso interpuesto por doña Bibiana revocamos el Auto nº 121/2020 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Salamanca, acordando en su lugar la continuación del procedimiento por los tramites del Procedimiento de protección de derechos fundamentales. Sin costas".

Notificada a las partes, el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, en representación de la Tesorería General de la Seguridad Social, preparó recurso de casación contra la referida sentencia, que la Sala de Valladolid tuvo por preparado por auto de 8 de abril de 2021, ordenando el emplazamiento de las partes y la remisión de las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo.

Recibidas, por diligencia de ordenación de 29 de abril de 2021 se tuvo por personado al Letrado de la Administración de la Seguridad Social, en nombre y representación de la Tesorería General de la Seguridad Social, como parte recurrente, y al Ministerio Fiscal, como parte recurrida, requiriendo a doña Bibiana para su personación en forma por medio de abogado y procurador, con poder conferido al efecto, bajo apercibimiento de continuar con la tramitación del recurso en su ausencia, sin que lo haya hecho.

Sometida a la deliberación de la Sala la resolución sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso de casación, por auto de 13 de enero de 2022, la Sección Primera acordó:

" 1.º) Admitir el recurso de casación núm. 2487/2021 preparado por la Tesorería General de la Seguridad Social contra la sentencia, de fecha 5 de febrero de 2021, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla León, en el recurso de apelación núm. 459/2020.

2.º) Declarar que la cuestión suscitada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en reforzar, completar o matizar la jurisprudencia sentada en cuanto a los requisitos exigibles para el acceso al procedimiento de protección de derechos fundamentales y, en particular, en supuestos donde se reclama el derecho al teletrabajo.

3.º) Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación el artículo 115.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; ello sin perjuicio de que la sentencia pueda extenderse a otras cuestiones y normas jurídicas si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.

4.º) Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.

5.º) Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.

6.º) Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección Cuarta de esta Sala, competente de conformidad con las normas de reparto.

Así lo acuerdan y firman".

Por diligencia de ordenación de 20 de enero de 2022 se dispuso la remisión de las actuaciones a esta Sección Cuarta, para su tramitación y decisión, y se confirió a la parte recurrente el plazo de treinta días para presentar la interposición del recurso.

Por escrito de 8 de febrero de 2022, el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, en la representación que ostenta, interpuso el recurso anunciado en el que precisó las normas del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia infringidas, manifestando que la pretensión deducida en este recurso tiene por objeto:

"que se case y se deje sin efecto la Sentencia nº 124/2021, de 5 de febrero, de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León (Valladolid), dictada en el recurso de apelación 459/2020, en base a los fundamentos contenidos en el presente recurso de casación porque se considere que el escrito con el que se inicia el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales carece de los requisitos exigibles para acceder al procedimiento de protección de derechos fundamentales dado que la recurrente no ha expresado con precisión y claridad el derecho o los derechos cuya tutela pretende. Asimismo porque tampoco ha expresado los argumentos sustanciales que pudieran dar fundamento al recurso".

Solicitando, que, en consecuencia,

"se dicte sentencia con un pronunciamiento desestimatorio de la pretensión ejercitada por Dña. Bibiana al no reunir esta los requisitos esenciales para ser tramitada por el procedimiento regulado en los arts. 114 a 122 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y carecer de la fundamentación imprescindible para ser estimada por no acreditarse en modo alguno la vulneración de los derechos de la recurrente por la actuación de la Tesorería General de la Seguridad Social".

Evacuando el traslado conferido, el Fiscal, con fundamento en las consideraciones expuestas en su escrito de 23 de marzo de 2022, solicitó a la Sala que proceda a dictar sentencia fijando la jurisprudencia que resulte de los términos de su escrito y, con arreglo a dicha doctrina, se desestime el recurso de casación, confirmando la sentencia de 5 de febrero de 2021, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en apelación del auto dictado el 12 de agosto de 2020 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2 de Salamanca en el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales n.º 127/2020, y acordando que cada parte abone las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

De conformidad con lo previsto en el artículo 92.6 de la Ley de la Jurisdicción, atendiendo a la índole del asunto, no se consideró necesaria la celebración de vista y pública.

Mediante providencia de 12 de mayo de 2022 se señaló para la votación y fallo el día 5 de julio siguiente y se designó magistrado ponente al Excmo. Sr. don Pablo Lucas Murillo de la Cueva.

En la fecha acordada, 5 de julio de 2022, han tenido lugar la deliberación y fallo del presente procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Los términos del litigio y la sentencia de instancia.

Doña Bibiana, funcionaria de la Administración de la Seguridad Social en Salamanca, recurrió por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales la que consideró vía de hecho de la Administración consistente en no atender sus solicitudes de conciliación y teletrabajo. Las había presentado por tener a su cargo un hijo menor de doce años y a su madre de 97 años en las circunstancias creadas por la pandemia y la única respuesta que obtuvo fue la del Secretario de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Salamanca quien le indicó que se tomaba nota de su solicitud y que sería "considerada en el momento en que sea posible y con arreglo a los criterios de eficiencia y con sujeción a las necesidades de servicio".

La Sra. Bibiana consideró que era objeto de un trato degradante y discriminatorio pero el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2 de los de Salamanca, por auto de 12 de agosto de 2020, inadmitió su recurso por inadecuación del procedimiento. Según explica en sus razonamientos jurídicos, el escrito de interposición no permite apreciar la existencia de una clara vulneración de los derechos fundamentales invocados debido a que no había la más mínima prueba de ella ni de la relación de causalidad entre la omisión denunciada y la lesión pretendida.

En particular, dice que los motivos de la recurrente son estrictamente personales y que, si bien no discute la juzgadora la situación familiar de la Sra. Bibiana y considera humanamente comprensible su pretensión, concluye a la vista de su escrito de interposición que

"--a priori-- no existe una clara vulneración de los derechos fundamentales que se invocan, además de la inexistencia de la más mínima prueba de ello y de la necesaria relación de causalidad entre la actuación-omisión y la lesión denunciada. No puede obviarse que la petición de la demandante será considerada en el momento en que sea posible y con arreglo a criterios de eficiencia y atendiendo a las necesidades de servicio".

Recurrió en apelación la Sra. Bibiana y la sentencia objeto de este recurso de casación acogió sus pretensiones, anuló el auto de 12 de agosto de 2020 y acordó que se siguiera el procedimiento por los trámites previstos en los artículos 114 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción.

En sus fundamentos, tras referirse a la jurisprudencia de esta Sala, argumenta de este modo su decisión:

"Trasladándonos al presente supuesto, se estima que, aunque ciertamente por los mínimos, se cumplen los requisitos anteriormente referidos para que el recurso contencioso-administrativo pueda tramitarse a través de la vía especial del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales; así:

1.- en el escrito de interposición del recurso se indican como derechos fundamentales vulnerados, por un lado, el principio de igualdad del art. 14 y el derecho a la integridad física y moral del art. 15.

Ambos derechos se encuentran comprendidos en el art. 53.2 CE, por lo que el procedimiento especial puede tramitarse para verificar si existe o no vulneración de dicho derecho ( art. 114.1 LJCA).

2.- se ha identificado la actuación administrativa que se considera causante de la infracción de los citados derechos, la denegación de la solicitud formulada por la actora para teletrabajar.

3.- se ha dado una justificación de porqué se considera que dicho acto vulnera los derechos cuya tutela se pretende porque hay empleados públicos a quienes se les ha permitido teletrabajar (art. 14) y la denegación puede perjudicar su salud e integridad física al tener que hacerse cargo de su madre de 97 años y de su hijo menor de edad en las circunstancias especiales que se están produciendo".

La cuestión en que el auto de admisión aprecia interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

Según se ha visto en los antecedentes, el auto de 13 de enero de 2022 de la Sección Primera que ha admitido a trámite el recurso de la Tesorería General de la Seguridad Social, ha apreciado interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en:

"reforzar, completar o matizar la jurisprudencia sentada en cuanto a los requisitos exigibles para el acceso al procedimiento de protección de derechos fundamentales y, en particular, en supuestos donde se reclama el derecho al teletrabajo".

Explica este auto que la sentencia recurrida trasciende al caso objeto del proceso, pues afecta a multitud de situaciones en la medida en que, con el criterio adoptado, se pueda generalizar un derecho al teletrabajo que pudiera ser invocado por todos los empleados al servicio de las Administraciones Públicas mediante el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.

El precepto cuya interpretación nos encomienda para alcanzar la respuesta que debemos dar a la pregunta es el artículo 115.2 de la Ley de la Jurisdicción, sin perjuicio de que la sentencia se extienda a aquellos otros que fuere preciso.

Las alegaciones del recurrente y del Ministerio Fiscal.

A) El escrito de interposición del Letrado de la Administración de la Seguridad Social.

Considera el escrito de interposición que la sentencia de apelación infringe el artículo 115.2 de la Ley de la Jurisdicción. Señala al respecto que, a diferencia de lo que se dice para el escrito de interposición del procedimiento ordinario en el artículo 45, en aquél se exige que el recurrente: (i) deje clara constancia "con precisión y claridad" del derecho o derechos cuya tutela pretende; (ii) exponga "de manera concisa (...) los argumentos sustanciales que den fundamento al recurso". En otras palabras, exige que el escrito de interposición del procedimiento especial reúna unos requisitos mínimos considerados como "garantías de procedibilidad". Invoca la sentencia de la antigua Sección Séptima de esta Sala de 11 de octubre de 2004 (casación n.º 757/1999) y las posteriores de 24 de julio de 2014 (casación n.º 3839/2013) y de 25 de junio de 2015 (casación n.º 1542/2014).

Sostiene el recurrente que la especialidad del escrito de interposición del artículo 115.2 de la Ley de la Jurisdicción exige al accionante la carga de definir ya en el mismo los elementos configuradores de su pretensión a fin de justificar así la correcta utilización de proceso especial. Pues bien, resalta que en este caso lo que se hizo fue "una invocación genérica y formal de la vulneración de los derechos". Así, recuerda que se alegó la dignidad de la persona, que no está amparada en el procedimiento, la igualdad de trato, el principio de no discriminación y el derecho a la integridad moral. Y que la infracción la atribuyó la recurrente a una vía de hecho, incluyendo en ella el correo del Secretario de la Dirección Provincial.

Ahora bien entiende la recurrente en casación que:

"No hay trato degradante, ni tampoco existe desigualdad como lo avala el que en la reunión extraordinaria del Comité de seguridad y salud laboral dependiente de la Subdelegación del Gobierno de Salamanca donde se había incluido como primer punto del orden del día el tema de los escritos de conciliación y teletrabajo presentados por la Sra. Bibiana, se acordó simplemente que se haría un seguimiento a la vista de la respuesta que se le dé a dicha trabajadora, si bien desde ese Comité se recomendó que se valorase la situación lo antes posible debido a la circunstancia de que la misma tiene un menor de 14 años (sic) a su cargo, tal y como resulta acreditado en el expediente administrativo".

Además, considera que la imputación de la lesión a la Administración "es genérica y meramente formal". Aquí ve el interés de este recurso de casación: obtener un pronunciamiento sobre la alegación genérica de vulneración del derecho de igualdad en el escrito iniciador del procedimiento especial. Insiste en que la Sra. Bibiana no aportó "ni siquiera un indicio de la desigualdad o discriminación sufrida ni tampoco del trato degradante soportado". Se limitó, dice, a "indicar que ha recibido un trato distinto frente a otras personas que vienen realizando sus labores profesionales mediante teletrabajo" y que debía ser la Administración la que demostrara que no hubo la vulneración denunciada.

Destaca el escrito de interposición que no aportó la recurrente término de comparación y que, así, causó indefensión a la Administración, que no sabe qué discriminación debe evitar. Y que no es de aplicación en este proceso especial y en su escrito de interposición el artículo 60.7 de la Ley de la Jurisdicción pues "supone una absoluta indefensión para la TGSS el tratar de argumentar frente a no sé sabe qué actuaciones, discriminación por razón de sexo y trato degradante o menosprecio, ni tampoco permite al órgano judicial conocer, prima facie, cuáles son las concretas vulneraciones de derechos que se denuncian".

B) Las alegaciones del Ministerio Fiscal.

Propugna la desestimación del recurso de casación. A su entender la interpretación seguida por la sentencia de apelación es conforme a la jurisprudencia y, en último extremo, a los principios pro actione y favor libertatis.

El juicio de la Sala. La desestimación del recurso de casación.

La Sra. Bibiana no se ha personado en forma ni, por tanto, presentado escrito de oposición, tal como se ha dejado indicado en los antecedentes.

Por lo demás, la jurisprudencia que la Sala viene manteniendo, anteriormente, por su Sección Séptima y a partir de 2016 por esta Sección Cuarta, conduce a considerar acertada la sentencia de apelación y no la del Juzgado.

Así, la Sala viene diciendo que, para acceder al procedimiento especial regulado en los artículos 114 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción, basta con invocar uno de los derechos fundamentales susceptibles de tutela por este cauce, invocación que puede hacerse con mención del artículo concreto de la Constitución o con la identificación del derecho que se considera infringido efectuada de cualquier forma que lo permita. Y que, además, el escrito de interposición ha de señalar la disposición o la acción u omisión, o la inactividad o vía de hecho de la Administración a las que atribuye la vulneración alegada poniendo de manifiesto la relación de causalidad correspondiente. No se trata --dice esa jurisprudencia-- de establecer un relato completo de los hechos sino de enlazar el objeto de la impugnación con el resultado lesivo de derechos fundamentales de un modo que no se revele a sí mismo como absurdo o imposible.

Naturalmente, esas condiciones se podrán cumplir de una forma satisfactoria con pocas palabras en unos casos mientras que en otros serán precisas más explicaciones. Dependerá de cada caso. Ahora bien, la recta interpretación del artículo 115.2 de la Ley de la Jurisdicción no comporta más exigencias que las dichas y el juicio sobre la adecuación o inadecuación del recurso ha de limitarse a comprobar si satisface o no tales exigencias. No es propio del escrito de interposición entrar a argumentar más extremos, ni del control de la admisibilidad del recurso por razón del procedimiento entrar en cuestiones que afectan al fondo del litigio.

La circunstancia de que estemos ante un proceso especial pensado para brindar la tutela judicial preferente y sumaria que la Constitución quiere para los derechos fundamentales no debe conducir a extremar el rigor respecto del cumplimiento de los requisitos de interposición. Al contrario, ha de favorecer el acceso de quienes la pretenden.

A partir de estas premisas sentadas por la jurisprudencia de manera reiterada [expresada, entre otras, en las sentencias n.º 1584/2019, de 13 de noviembre (recurso n.º 318/2018) a la que siguen las n.º 1592 y n.º 1593/2019, de 15 de noviembre (recursos n.º 283 y 321/2018) y n.º 30/2020, de 16 de enero (recurso n.º 305/2018); y con anterioridad en la sentencia n.º 2596/2016, de 13 de diciembre (casación n.º 2941/2015)], cabe decir que la Sra. Bibiana cumplió con las exigencias requeridas: (i) identificó los derechos que consideraba vulnerados: el derecho a la igualdad y a no ser discriminada y el derecho a su integridad moral; (ii) señaló la actuación administrativa causante de la vulneración: no haber atendido su solicitud de teletrabajo la Administración de la Seguridad Social de Salamanca; (iii) y razonó mínimamente por qué se consideraba discriminada: a otros funcionarios sí se les autorizó teletrabajar mientras que a ella no se le permitió a pesar de sus circunstancias familiares.

Podrá discutirse si hubo o no vía de hecho o si era otra la actividad o inactividad relevante y sus consecuencias y, naturalmente, si la recurrente fue o no discriminada y a quien corresponde la carga de acreditarlo pero todo ello será lo que deberá establecerse mediante el proceso especial y no en su momento liminar, en el cual no procede entrar en cuestiones de fondo ni tampoco traer a colación preceptos, como el artículo 60.7 de la Ley de la Jurisdicción, que se refieren a un momento procesal posterior, el de la prueba.

La respuesta a la cuestión planteada por el auto de admisión.

A la vista de cuanto hemos dicho hasta ahora la respuesta a la cuestión en que la Sección Primera ha apreciado interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, ha de ser que confirmamos la que venimos manteniendo y hemos explicado en el fundamento anterior. La posible reclamación del derecho al teletrabajo no aporta, por sí misma, ninguna singularidad en materia de requisitos a cumplir por el escrito de interposición en el procedimiento especial de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.

Costas.

No habiendo comparecido la parte recurrida en casación, no procede hacer pronunciamiento de costas.

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido de acuerdo con la interpretación de las normas establecida en el fundamento quinto,

(1.º) No dar lugar al recurso de casación n.º 2487/2021 interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social contra la sentencia 124/2021, de 5 de febrero, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid recaída en el recurso de apelación n.º 459/2020.

(2.º) Estar respecto de las costas a los términos del último de los fundamentos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.