Jurisprudencia

Sentencia Tribunal Supremo  17/03/2022 

Tribunal Supremo , 17-03-2022 , nº 346/2022, rec.120/2021,  

Pte: Huerta Garicano, Inés

ECLI: ES:TS:2022:983

ANTECEDENTES DE HECHO 

Interpuesto el precitado recurso, admitido a trámite y recibido el expediente administrativo, la representación procesal del actor, formalizó demanda en la que, tras acreditar el cumplimiento -no cuestionado por la Administración- de los presupuestos legalmente establecidos ( art. 32 de la Ley 40/15) para la viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, recuerda que la STC 126/2019, de 31 de octubre de 2019, señaló que " No hay que olvidar que, de conformidad con el art. 31.1 CE , los ciudadanos no solo tienen el deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, sino también el derecho de hacerlo, no de cualquier manera, sino únicamente con arreglo a la ley y exclusivamente de acuerdo con su capacidad económica ", declarando inconstitucional el art. 107.4 del TRLHL por vulnerar el principio de capacidad económica y la prohibición de confiscatoriedad en aquellos supuestos en los que la cuota a pagar es superior al incremento patrimonial obtenido por el contribuyente. El mismo criterio se reiteró en la STC 153/2019, de 25 de noviembre de 2019, y ha sido mantenido en las sentencias nº 1689/2020, de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, de 9 de diciembre de 2020 (recurso nº 6386/2017) y en la nº 1732/2020.

Respecto del concepto jurídico de "valor de adquisición", el TRLHL no contiene definición, ni referencia alguna, al establecer un método objetivo de cálculo de la cuota a pagar, por lo que entiende que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7.1 letras d) y e), y 12.1 y 2 de la LGT, hay que remitirse a las normas tributarias que definen dicho concepto ( artículos 34 y 35 de la LIRPF, y en el RD 1514/2007). En dichas normas tributarias se recoge claramente también que los gastos e impuestos inherentes a la adquisición forman parte integrante del valor de adquisición.

A su juicio, las cantidades que habría que comparar, dado que se trata de gravar el posible incremento de valor en la transmisión del suelo , serían 241.400 (68% de 355.000) con 233.079 (68% de 342.763,22), siendo la diferencia 8.321 euros, que sería, en todo caso la ganancia o incremento realobtenido por el sujeto pasivo en la transmisión del suelo , cantidad que es claramente inferior a la cuota diferencial abonada: 16.475,56 euros, siendo por tanto el citado impuesto nulo por ser confiscatorio.

El Sr. Abogado del Estado contestó la demanda, en la que afirma que la base de la reclamación se sustenta en una alegada diferencia entre valor de adquisición y valor de transmisión del inmueble vivienda y plaza de garaje anexa vendido el 25 octubre de 2013 constando en escritura el importe de 375.000 euros desglosados en 355.000 para la vivienda y 20.000 para la plaza de garaje.

De conformidad con la doctrina legal y los pronunciamientos realizados por el Tribunal Supremo, las liquidaciones del Impuesto deben girarse de conformidad con las reglas objetivas de cálculo de la cuota previstas en los articules 107.1 y 107.2.a) del TRLFIL (base resultante de aplicar el porcentaje legalmente establecido al valor catastral del inmueble en la fecha de transmisión multiplicada por el tipo de gravamen fijado por cada ayuntamiento), salvo que el contribuyente demuestre la inexistencia de plusvalía, en cuyo caso no procederá dicha liquidación,correspondiendo al contribuyente la carga de la prueba.

Así las cosas, si se prueba la inexistencia de plusvalía, no procederá la exigencia del Impuesto. En cambio, si se produce el hecho imponible (incremento del valor real del inmueble), el Impuesto debe liquidarse, pero dicha liquidación no se realizará aplicando el tipo de gravamen legalmente establecido al incremento real de valor, sino conforme a las normas previstas en los artículos 107.1 y 107.2 del TRLHL, es decir, multiplicando el tipo de gravamen por la base resultante de aplicar el porcentaje legalmente establecido al valor catastral.

La STC de 31 octubre 2019 declaró la inconstitucionalidad del artículo 107.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales en los casos en los que la cuota a pagar sea superior al incremento patrimonial obtenido por el contribuyente. Sin embargo esta STC no introduce modificaciones considerables ya que será, una vez más, una cuestión de prueba del reclamante y ya adelantamos que, en el supuesto de los autos que nos ocupan, no se acredita en absoluto un decremento de valor en la transmisión de la vivienda en cuestión, esto es: no se acredita que no haya existido incremento de valor que es la razón de ser del impuesto IIVTNU.

Los precios de adquisición y transmisión del bien inmueble en cuestión para obtener el comparativo que demuestre que no hubo incremento de valor, no pueden aumentarse ni disminuirse con gastos, impuestos y mucho menos por actualizaciones de valor, etc...... En definitiva: no estamos ante una operación similar a lo que podría ser el cálculo de incrementos patrimoniales en el IRPF.

No habiéndose recibido el pleito a prueba y formulados los escritos de conclusiones, se señaló, para deliberación, votación y fallo, la audiencia del día 15 de marzo de 2022, con el resultado que ahora se expresa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Los hechos de interés para la resolución del pleito que tanto la Administración como la Abogacía del Estado dan por acreditados son: A) El recurrente dice (no consta la escritura) que -el 25 de julio de 2002- adquirió una vivienda con plaza de garaje en el inmueble sito en la c/ DIRECCION000 nº NUM000 de Madrid por un precio global de 335.965,777 (320.339,46 de la vivienda y 15.626,31 de la plaza de garaje); B) El 25 de octubre de 2013 procedió a la enajenación de los citados inmuebles (tampoco se ha aportado la escritura) por un precio de 375.000 € (355.000 por la vivienda y 20.000 por la plaza de garaje; C) El 10 de febrero de 2015, el Ayuntamiento liquidó el impuesto de ambos inmuebles sobre el valor catastral del suelo en la fecha de la venta, resultando una cantidad global a ingresar de 16.475,56 €; D) Frente a dicha liquidación formuló reclamación económico-administrativa ante el TEA Municipal del Ayuntamiento de Madrid que fue desestimada por resolución de 17 de marzo de 2016; E) Y frente a ella se interpuso recurso contencioso-administrativo que fue desestimado por sentencia firme nº 251/6, de 26 de septiembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 32 de Madrid; F) El 24 de diciembre de 2019 presentó reclamación de responsabilidad patrimonial con base en la STC 126/19, en demanda de la devolución de los 16.475,56 € abonados en concepto de impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

La Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la primera regulación legislativa específica de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas por leyes contrarias a Derecho.

Su art. 32 establece: "1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. [...]

3. [...] La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores:

a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional , siempre que concurran los requisitos del apartado 4. [...]

4. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada."

El precepto distingue entre los casos en que la lesión deriva de una norma con rango de ley declarada inconstitucional y aquéllos en los que los daños fueron ocasionados por la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea.

En ambos supuestos, para que nazca el deber de indemnizar, deben concurrir los requisitos generales de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas: a) que la aplicación de la ley haya ocasionado una lesión que "el particular no tenga el deber jurídico de soportar"; y b) que el daño alegado sea "efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas".

También, en ambos supuestos, la Ley 40/2015 dispone que [solo] procederá la indemnización "cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad [o la infracción del Derecho de la Unión Europea] posteriormente declarada". Es decir, los perjudicados por la aplicación de la ley posteriormente declarada inválida que no agotaron todas las instancias judiciales, o no adujeron en ellas la correspondiente inconstitucionalidad o infracción del ordenamiento jurídico comunitario, no podrán luego exigir el resarcimiento de los daños sufridos.

La reclamación de responsabilidad patrimonial se fundamenta en la STC 126/19 que declaró la inconstitucionalidad del art. 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En dicha Sentencia, el Tribunal de Garantías recordaba que "El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana....... es un tributo que, según su configuración normativa, grava el "incremento de valor" que experimenten los terrenos (art. 104.1 TRLHL), "a lo largo de un período máximo de 20 años" (art. 107.1 TRLHL), y que se pone de manifiesto "a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos" (art. 104.1 TRLHL)........................ sin embargo, el gravamen no se anuda necesariamente a la existencia de ese "incremento" sino a la mera titularidad del terreno durante un intervalo temporal dado. Basta, entonces, con que se haya sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante ese intervalo temporal dado para que el legislador anude a esta circunstancia, como consecuencia inseparable e irrefutable, un incremento de valor sometido a tributación, que cuantifica de forma automática mediante la aplicación al momento de la transmisión sobre el valor que tenga el terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles de un porcentaje fijo por cada año de tenencia [art. 107.2 a) y 4 TRLHL]. Y esto lo hace con independencia tanto del quantum real del incremento como de la propia existencia del mismo................ la circunstancia de que el nacimiento de la obligación tributaria se haga depender exclusivamente de la transmisión de un terreno, puede ser una condición necesaria en la configuración del tributo, pero en modo alguno puede erigirse en una condición suficiente en un tributo cuyo objeto es el "incremento de valor" de tal terreno. Al hecho de esa transmisión hay que añadir, en todo caso, la necesaria materialización de un incremento de valor del terreno, exponente de una capacidad económica real o, por lo menos, potencial. De este modo, de no haberse producido un incremento real en el valor del terreno transmitido, la capacidad económica pretendidamente gravada dejaría de ser potencial para convertirse en irreal o ficticia,.......... Por consiguiente, en aquellos supuestos en los que de la aplicación de la regla de cálculo prevista en el art. 107.4 TRLHL (porcentaje anual aplicable al valor catastral del terreno al momento del devengo) se derive un incremento de valor superior al efectivamente obtenido por el sujeto pasivo, la cuota tributaria resultante, en la parte que excede del beneficio realmente obtenido, se corresponde con el gravamen ilícito de una renta inexistente en contra del principio de capacidad económica y de la prohibición de confiscatoriedad que deben operar, en todo caso, respectivamente, como instrumento legitimador del gravamen y como límite del mismo ( art. 31.1 CE ). "

Siendo la base imponible de este impuesto el incremento de valor del suelo urbano (desde su adquisición y hasta un máximo de 20 años) puesto de manifiesto en el momento del devengo (su trasmisión), lo primero que habrá de calcularse es ese incremento, dato esencial para apreciar, si en este caso, la cuota tributaria resultante del porcentaje anual aplicable al valor catastral del terreno en el momento del devengo (art. 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales) -que ascendió a la cantidad global de 16.475,56 €-, era superior al incremento que había experimentado el suelo desde la fecha de adquisición (25 de julio de 2002) hasta la fecha de la venta (25 de octubre de 2013), pues dado que se trataba (además de un garaje) de un vivienda: suelo y construcción, era imprescindible su distinción pues los precios de compra y venta no aportan dato alguno al referirse al inmueble en su conjunto, siendo necesario conocer el valor catastral del suelo en la fecha de adquisición (el valor catastral en la fecha de la venta es el único dato que tenemos, con arreglo al cual la Administración liquidó la cuota tributaria:142.027,88 € valor catastral del suelo de la vivienda y 3.049,47, el de la plaza de garaje), por lo que la falta de este dato esencial -la carga de la prueba corresponde al reclamante- impide determinar el incremento de valor del suelo y, consiguientemente, si la cuota tributaria excedía del beneficio obtenido.

Conforme a lo dispuesto en el art. 139.1.3 LJCA, se condena en costas al recurrente, cuyo límite cuantitativo máximo queda fijado, ponderadamente, por todos los conceptos en 5.000 € , en favor de la Administración General del Estado.

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo nº 120/21, interpuesto -14 de abril de 2021- por la representación procesal de D. Torcuato, contra el Acuerdo -9 de diciembre de 2020, confirmado en reposición por el de 16 de febrero de 2021- del Consejo de Ministros que denegó su reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador -articulada con sustento en la STC nº 126/19, de 31 de octubre- en relación con el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), instando, en tal concepto, la suma de 17.829,25 €, más intereses legales. Con condena en costas en los términos fijados en el precedente F.D. Cuarto.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.