Jurisprudencia

Sentencia Tribunal Supremo  01/12/2021 

Tribunal Supremo , 1-12-2021 , nº 1414/2021, rec.105/2020,  

Pte: Espín Templado, Eduardo

ECLI: ES:TS:2021:4366

ANTECEDENTES DE HECHO 

En fecha 30 de abril de 2020 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal escrito de D. Santos por el que solicita que se inicien las actuaciones para la designación de abogado y procurador de oficio a fin de formular recurso contencioso-administrativo ante esta Sala. Se ha solicitado a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dicha designación, acordándose la suspensión de las actuaciones. Han sido designados los profesionales para su defensa y representación que se recogen en el encabezamiento de esta sentencia, tras lo que se ha recibido la resolución de dicha Comisión reconociendo al recurrente el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Se ha concedido plazo al procurador designado para presentar escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo, lo que ha realizado en fecha 26 de enero de 2021.

Se ha tenido por interpuesto, por diligencia de ordenación de fecha 29 de enero de 2021, recurso contencioso-administrativo ordinario contra el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial adoptado en su reunión del día 26 de febrero de 2020, por el que se desestima el recurso de alzada 6/20; dicho recurso se había interpuesto contra el acuerdo del Promotor de la Acción Disciplinaria de 20 de noviembre de 2019 por el que se decretaba el archivo de la diligencia informativa 418/2019 -instruida en virtud de denuncia contra el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 6 de Cataluña, con sede en Barcelona-.

Recibido el expediente administrativo previamente reclamado, se ha concedido plazo a la parte actora para formular la correspondiente demanda, lo que ha verificado mediante escrito en el que, previa alegación de las argumentaciones que considera oportunas, solicita que se dicte en su día sentencia por la que se declare la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos objeto del recurso por no ajustarse a derecho y, en consecuencia, declare que la resolución no es ajustada a derecho y en su lugar dicte otra por la que se declare la responsabilidad del juez de vigilancia penitenciaria por la indebida tramitación de la petición del recurrente que dio lugar al ramo 73/19 del expediente penitenciario nº 2564, con expresa imposición de costas a la administración recurrida si se opusiere.

Mediante los correspondientes otrosíes manifiesta que debe considerarse que la cuantía del recurso es indeterminada, y solicita que se acuerde el recibimiento a prueba del mismo, expresando los puntos de hecho sobre los que debería versar y los medios probatorios de los que intenta valerse, así como la realización del trámite de conclusiones escritas.

De dicha demanda se ha dado traslado a la Administración demandada, habiendo presentado el Sr. Abogado del Estado escrito contestándola, en el que tras las alegaciones oportunas suplica que se dicte sentencia declarando inadmisible o, en su defecto, desestimando el recurso, con los demás pronunciamientos legales. A través de otrosí solicita que se deniegue el recibimiento a prueba solicitado.

Mediante decreto de 30 de abril de 2021 la Letrada de la Administración de Justicia ha fijado la cuantía del recurso como indeterminada, dictándose seguidamente auto de 12 de mayo denegando la solicitud de recibimiento a prueba, procediéndose seguidamente a conceder a las partes plazo por el orden establecido en la Ley jurisdiccional para formular conclusiones, que han evacuado.

Se han declarado posteriormente conclusas las actuaciones.

Por providencia de fecha 20 de octubre de 2021 se ha señalado para la votación y fallo del presente recurso el día 20 de octubre de 2021, en que han tenido lugar dichos actos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Objeto y planteamiento del recurso.

Don Santos impugna mediante el presente recurso contencioso administrativo el archivo el archivo de la diligencia informativa 418/2019, incoada a resultas de su denuncia contra el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 6 de Cataluña, archivo acordado por resolución del Promotor de la Acción Disciplinaria de 20 de noviembre de 2019 y confirmado en alzada por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 26 de febrero de 2020.

El recurrente considera que la actuación del Juzgado denunciado vulneró sus derechos fundamentales y su derecho a la tutela judicial efectiva al no tramitar con la debida diligencia su solicitud para donar un riñón, así como por una deficiente motivación. Solicita la nulidad de los actos administrativos impugnados y que se declare la responsabilidad del Juez de Vigilancia Penitenciaria por la indebida tramitación de su solicitud.

Sobre la falta de legitimación del actor.

Quien denuncia una irregularidad ocurrida en la Administración de Justicia ante el Consejo General del Poder Judicial, tiene interés legítimo en que dicha denuncia se investigue para depurar las eventuales responsabilidades disciplinarias en que hubieran podido incurrir los jueces y magistrados que pudieran haber participado en los hechos denunciados. Sin embargo, de acuerdo con reiterada jurisprudencia, no tiene legitimación para interesar que se sancione al juez o magistrado que resultare ser responsable de alguna infracción, en caso de que lo hubiera (entre otras muchas, sentencias de 12 de octubre de 2012 -RC 882/11- y de 4 de diciembre de 2013 -RC 297/13-).

En el presente caso, la denuncia formulada por el recurrente ha sido investigada en la diligencia informativa abierta por el Promotor de la Acción Disciplinaria y en ningún momento el recurrente interesa que se practiquen más averiguaciones sobre unos hechos que están suficientemente aclarados. En efecto, según el informe del Juez de Vigilancia el retraso en responder a su solicitud se debió a la tardanza en recibir el informe del centro penitenciario, lo que originó que abriera una investigación al respecto.

Pero en definitiva, lo que aquí interesa es que el actor no pretende una prolongación de actuaciones informativas ni señala omisiones en la investigación o alguna concreta actuación que resultare conveniente practicar, sino directa y únicamente la sanción del Juez de Vigilancia Penitenciaria, para lo que en ningún caso ostenta legitimación. Así, en la propia demanda incluso se afirma expresamente que la conducta denunciada no es merecedora de ningún reproche disciplinario:

"En el presente procedimiento, en la resolución objeto del presente recurso no se ve que el retraso que se dio sea merecedor de reproche disciplinario, ni desatención en la tramitación dela petición efectuada por mi representado, pero teniendo en cuenta que la petición que de mi representado consistía en una autorización para donar un riñón, el objeto era legal, y requería una diligencia extrema pues podría haber sido crucial para la vida de la enferma beneficiaria de la donación; este extremo no se ha tenido en cuenta por ninguna resolución, ni judicial ni administrativa. Ha prevalecido el volumen de trabajo, la insuficiencia de plantilla, considerando además que la atención del titular del JP fue del grado y alcance exigible en términos objetivos y constatables, y finaliza considerando que no puede ser objeto de reproche. De todos es sabido que las pruebas tendentes a la averiguación de la compatibilidad en la donación de órganos todas son de carácter urgente, extremo manifestado en el informe de la facultativa que manifiesta "la disposición a realizar una interconsulta con el servicio de medicina interna para que inicie con urgencia las pruebas que correspondan para cumplir su voluntad si resulta compatible" . Lo anterior consta al final del tercer párrafo del folio 18 del expediente administrativo."

Sin embargo, en el suplico se insta única y exclusivamente la sanción del titular del Juzgado en los siguientes términos:

" SUPLICO A LA SALA: que, teniendo por presentado este escrito con sus manifestaciones y documentos que se acompañan, se sirva admitirlo, y tenga por formalizada la demanda en el presente procedimiento, en tiempo y forma, y previos los trámites de rigor dice en su día Sentencia por la que se declare la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos objeto del presente recurso por no ajustarse a Derecho; y, en su consecuencia declare que la Resolución objeto del presente procedimiento no es ajustada a Derecho y en su lugar dicte otra por la que se declare la responsabilidad del Juez de Vigilancia Penitenciaria por la indebida tramitación de la petición de mi representado que dio lugar al Ramo 73/19 del Expediente Penitenciario nº 2564."

En consecuencia, y tal como solicita el Abogado del Estado, el recurso debe ser inadmitido por falta de legitimación del recurrente para deducir la pretensión que formula, según lo dispuesto por los artículos 19.1.a) y 69.b) de la Ley de la Jurisdicción.

Conclusión y costas.

De conformidad con lo expuesto en el anterior fundamento de derecho, procede declarar la inadmisión del recurso por falta de legitimación del recurrente. Se imponen las costas a la parte actora hasta un máximo de 2.000 euros por todos los conceptos legales, más el IVA que corresponda, para el caso de que viniera a mejor fortuna.

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

1. Declarar la inadmisibilidad del recurso ordinario interpuesto por D. Santos contra la resolución 26 de febrero de 2020 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial que resuelve el recurso de alzada 6/20.

2. Confirmar la resolución objeto de recurso.

3. Imponer las costas procesales a la parte demandante conforme a lo expresado en el fundamento de derecho tercero.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.