Jurisprudencia

Sentencia Tribunal Supremo  01/12/2021 

Tribunal Supremo , 1-12-2021 , nº 1413/2021, rec.276/2020,  

Pte: Espín Templado, Eduardo

ECLI: ES:TS:2021:4381

ANTECEDENTES DE HECHO 

En fecha 18 de septiembre de 2020 la representación procesal de la demandante ha interpuesto recurso contencioso-administrativo ordinario contra el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 25 de junio de 2020, por el que se resolvía el recurso de alzada número 365/19, que había interpuesto la demandante frente al acuerdo de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial dictado en el expediente disciplinario nº 9/2019 el 15 de julio de 2019. Éste último imponía a la demandante, por su actuación en el Juzgado de lo Social nº 1 de Guadalajara, una sanción de suspensión de funciones por tiempo de tres meses como autora responsable de una falta muy grave del artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Se ha tenido por interpuesto dicho recurso por diligencia de ordenación de 22 de septiembre de 2020.

Recibido el expediente administrativo previamente reclamado, se ha concedido plazo a la parte actora para formular la correspondiente demanda, lo que ha verificado mediante escrito, al que acompaña documentación, en el que, previa alegación de las argumentaciones que considera oportunas, suplica que se dicte sentencia por la que se declaren nulos, anulen o se revoquen y dejen sin efecto los acuerdos objeto de recurso y se condene al Consejo General del Poder Judicial al pago de las costas del proceso. Mediante los correspondientes manifiesta que debe considerarse que la cuantía del recurso es indeterminada, y solicita que se acuerde el recibimiento a prueba del mismo, exponiendo los puntos de hecho sobre los que la misma debería versar y los medios probatorios de los que intenta valerse, así como la realización del trámite de conclusiones escritas.

De dicha demanda se ha dado traslado a la Administración demandada, habiendo presentado el Sr. Abogado del Estado escrito contestándola, en el que tras las alegaciones oportunas suplica que tras la tramitación pertinente se dicte sentencia desestimatoria de la demanda interpuesta, con costas. Por otrosí expresa su oposición a la solicitud de recibimiento a prueba formulada de contrario.

Mediante decreto de 14 de enero de 2021 la Letrada de la Administración de Justicia ha fijado la cuantía del recurso como indeterminada, dictándose seguidamente auto de 20 del mismo mes acordando el recibimiento a prueba del mismo y la admisión de los medios propuestos considerados pertinentes, procediéndose a la práctica de éstos y de la testifical-pericial propuesta por la actora y admitida en el posterior auto de 8 de abril.

Finalizada la fase probatoria se ha concedido a las partes plazo por el orden establecido en la Ley jurisdiccional para formular conclusiones, que han evacuado, declarándose posteriormente conclusas las actuaciones.

Por providencia de fecha 7 de octubre de 2021 se ha señalado para la votación y fallo del presente recurso el día 20 de octubre del mismo año, en que han tenido lugar dichos actos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Objeto y planteamiento del recurso.

Doña Ascension impugna en el presente recurso contencioso administrativo la resolución de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial de 15 de julio de 2019 por la que se le impuso una sanción de suspensión de funciones por tiempo de tres meses, como autora responsable de una infracción muy grave de desatención del artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como el acuerdo del Pleno del citado organismo de 25 de junio de 2020, por el que se desestimó el recurso de alzada contra aquélla.

La recurrente denuncia infracciones del procedimiento administrativo sancionador, en particular que la resolución aprobada por el Pleno no formaba parte del orden del día y la indebida denegación de pruebas. En cuanto al fondo, sostiene que se han vulnerado los principios de tipicidad y culpabilidad, ya que no se ha tenido en cuenta la enfermedad ansioso depresiva como causa de los retrasos en el ejercicio de la función judicial por parte de la magistrada sancionada. Asimismo sostiene la inconstitucionalidad de los preceptos que regulan la composición y funciones de los órganos del Consejo General del Poder Judicial y la vulneración del principio de proporcionalidad.

El Abogado del Estado, en la representación que ostenta, afirma que las resoluciones impugnadas son conformes a derecho.

Sobre las infracciones procedimentales alegadas.

Sobre el no seguimiento del orden del día por parte del Pleno. Como se ha indicado, dos son las infracciones de orden procesal que denuncia la recurrente. La primera de ellas consiste en que en el orden del día de la reunión del Pleno en la que se acordó la desestimación del recurso de alzada y la confirmación, por tanto, de la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria, no se incluía una propuesta de desestimación, sino una de estimación parcial, que fue rechazada por 15 votos frente a 6, aprobándose entonces una anterior propuesta de desestimación de la ponente. Por consiguiente, se aprobó una propuesta que no estaba en el orden del día y que no constaba en el material a disposición de los miembros del Pleno.

La queja ha de ser rechazada, pues el hecho denunciado ni constituye una infracción procedimental ni ha habido indefensión para la recurrente. La actora aduce el artículo 17.4 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (Ley 40/2015, de 1 de octubre), que dispone que "no podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día" salvo que con asistencia de todos los miembros se declare la urgencia del asunto. Pero lo cierto es que el asunto, esto es, la resolución del recurso de alzada de la actora, sí estaba en el orden del día, con propuesta de estimación parcial del recurso de alzada. Nada impide que un órgano rechace o modifique la propuesta de quien haya llevado la misma, sin que eso suponga una infracción del orden del día, pues lo contrario supondría dotar de una rigidez e ineficacia insoportables a las deliberaciones y decisiones de los órganos colegiados. No puede entenderse el término "asunto" en un sentido limitado a una concreta propuesta, sino como la cuestión sobre la que versa la propuesta y respecto a la que pueden adoptarse modificaciones como consecuencia de la propia deliberación.

Como es natural, lo anterior puede variar cuando la modificación de la propuesta se deba a la aparición de documentos o datos relevantes que no hayan estado a disposición de todos los miembros del órgano o que no hayan podido ser debidamente examinados por ellos, pero tal hipotética circunstancia habría de ser puesta de relieve por quien considere que no es posible adoptar una decisión sin tener ocasión para el estudio o consideración de la nueva documentación. En el caso de autos, nada parecido ocurrió en el Pleno, que además acordó la desestimación del recurso de conformidad con una anterior propuesta de la propia ponente y conocida por tanto por los miembros del Pleno.

En ningún caso puede hablarse pues de indefensión, ni de la actora ni de los miembros del Pleno que pudiesen ser partidarios de la estimación parcial propuesta por la ponente. En cuanto a lo primero, porque la modificación de la propuesta se produjo como consecuencia de le deliberación y votación de la propuesta fallida y respecto a la segundo, basta la constatación de que no se formuló ningún voto particular en tal sentido.

Sobre la denegación de prueba testifical pericial. La segunda infracción procedimental que aduce la actora es que se le denegó la prueba testifical pericial (propuesta como testifical) por parte del médico psiquíatra que le había tratado. Tampoco puede estimarse la queja. La denegación de dicha prueba no puede considerarse irrazonable ni causante de indefensión en la tramitación del procedimiento administrativo, habida cuenta de que obraba ya en el expediente informe médico del mismo psiquíatra. La exclusión de la posibilidad de ampliar dicho informe con preguntas no es suficiente como para entender que la recurrente sufriese indefensión irreparable en el procedimiento administrativo. Por lo demás, y como se ha indicado en los antecedentes, dicha prueba se practicó ante este Tribunal en fase judicial y su desarrollo no altera lo dicho sobre su carácter no esencial al constar ya el informe médico escrito.

Sobre los principios de tipicidad y culpabilidad.

La recurrente funda su alegación relativa a los principios de tipicidad y culpabilidad en que no era consciente de la recidiva de su enfermedad y que por ello no adoptó las medidas adecuadas, como lo hubiera sido pedir la baja. Que, según el médico psiquiatra que la ha atendido, hasta que no acudió al médico de atención primaria por indicación de sus superiores en noviembre de 2018 no fue consciente de dicha recaída en el cuadro ansioso depresivo. De lo cual concluye que no incurrió en la infracción de desatención al no ser consciente de la situación por enfermedad y que en ningún caso se la podría considerar responsable de la situación judicial de retraso que se produjo en su Juzgado.

La alegación no puede prosperar. No se trata de que la Comisión disciplinaria primero y luego el Pleno al desestimar la alzada hayan efectuado una interpretación de su enfermedad en contra del criterio médico, sino que según su valoración de los hechos, incluida su enfermedad y el diagnóstico médico, no le exculpa de la infracción de desatención con plena responsabilidad. Para una mejor apreciación de lo sucedido es preciso tener en cuenta los siguientes hechos, que constan en autos y no han sido contradichos por las partes:

- La actora había sufrido un cuadro ansioso depresivo durante su ejercicio como Magistrada de lo Social nº 8 de Bilbao, y estuvo de baja durante un período prolongado de tiempo, desde el 18 de agosto de 2016 hasta el 19 de febrero de 2018 (18 meses).

- Tras disfrutar de las vacaciones correspondientes a 2017 y 2018 se incorporó al Juzgado de lo Social nº 1 de Guadalajara el 14 de mayo de 2018.

- Por acuerdo del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 28 de junio de 2018, en uso de sus facultades inspectoras, se interesó de la Letrada de la Administración de Justicia la remisión de la estadística trimestral del citado Juzgado, y se incoó el expediente gubernativo 111/2018. El expediente gubernativo, en el que constaba un seguimiento de la situación del Juzgado desde la incorporación de la Magistrada sancionada, se remitió al Promotor de la Acción Disciplinaria el 19 de octubre de 2018.

- En noviembre de 2018 y según la propia recurrente y según también el informe médico del psiquiatra Dr. Doroteo, por sugerencia del Presidente del Tribunal Superior, acude al médico de atención primaria, quien le diagnosticó la recidiva en el cuadro ansioso depresivo y le dio la baja el 29 de noviembre.

- De acuerdo con los datos del expediente disciplinario incoado el 4 de marzo de 2019, entre el 15 de mayo de 2018 en que se incorporó la Magistrada hasta el 30 de septiembre inmediato (cuatro meses y medio), ésta dictó 10 sentencias. En dicha fecha el número de sentencias pendientes era de 81 y según certificado de la Letrada para la Administración de Justicia, a 8 de noviembre era de 105. En dicha certificación consta también que entre el 12 de junio y el 25 de octubre se suspendieron 136 juicios.

Pues bien, con los datos reseñados se constata que prácticamente desde el primer momento la recurrente descuidó de forma manifiesta y negligente sus obligaciones judiciales, sin que pueda servir de justificación y ausencia de culpabilidad una recidiva de su enfermedad de la que no fuese consciente. En efecto, tal como se ha indicado, una vez incorporada al Juzgado de lo Social de Guadalajara el 14 de mayo de 2018, ya el 28 de junio (tan solo mes y medio después) el Presidente del Tribunal Superior recaba información sobre la situación del Juzgado a la Letrada de la Administración de Justicia del mismo, lo que no pudo ser desconocido por la titular del órgano. Y resulta palmario por ello que, aunque la Magistrada pudiese desconocer que se encontraba en una recaída de su enfermedad, no podía serlo de que su rendimiento era manifiestamente inferior al debido. Y sin embargo, se mantiene en su función sin acudir ni al médico de atención primaria ni al especialista hasta que se lo sugiere el Presidente del Tribunal Superior el 28 de octubre. Por muy progresiva e insidiosa -por utilizar los términos del informe médico- que pueda ser una recidiva del proceso ansioso depresivo, no deja de ser sorprendente que la magistrada se mantuviese en su puesto sin acudir a comprobar su estado de salud durante seis meses, pese a su bajo rendimiento y el consiguiente deterioro de la situación en el Juzgado, y que sólo lo hiciera a sugerencia del Presidente del Tribunal Superior, tanto más cuanto que había sido dada de alta de un proceso semejante tan solo unos meses antes y tras una prolongada baja de año y medio. Como no podía desconocer la situación en el Juzgado ni sus antecedentes médicos inmediatos, su actitud de continuar desempeñando sus funciones con un rendimiento manifiestamente inferior al ordinario no puede dejar de calificarse como una conducta negligente incursa en la infracción de desatención grave, sin que quepa considerarle no culpable o que su conducta no fuera constitutiva de dicha infracción por el hecho de que se estuviera gestando una recaída en el cuadro ansioso depresivo. Pues en definitiva, podía no ser consciente estaba sufriendo una recidiva, pero no podía dejar de serlo de su manifiesta falta de rendimiento y de la progresiva situación de retraso del Juzgado, por lo que hubiera debido recurrir a la asistencia médica o, en su caso, proceder a solicitar la baja mucho antes de cuando lo hizo a finales de noviembre.

Sobre la supuesta inconstitucionalidad de las competencias y composición del Consejo General del Poder Judicial.

Alega la recurrente en sendos fundamentos de su escrito de demanda que la composición del Pleno al mantener en su seno a los miembros de la Comisión disciplinaria al resolver el acuerdo sancionador impuesto por dicha Comisión, atenta a la imparcialidad y sería contrario a la Constitución y al artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ya hemos rechazado reiteradamente esta alegación, por lo que reproducimos ahora los términos de nuestra sentencia de 13 de mayo de 2021 (recurso ordinario 2/433/2019).

" QUINTO .- Sobre la composición y competencias del Consejo General del Poder Judicial y las exigencias del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (fundamentos décimo y undécimo).

Aduce la demandante la posible inconstitucionalidad de los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regulan la composición y competencias del Consejo General del Poder Judicial, por vulneración del principio de imparcialidad, conforme al artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el 24 de la Constitución, al formar parte los vocales de la Comisión Disciplinaria del órgano que debe resolver en alzada sus resoluciones.

La propia parte reconoce y cita la jurisprudencia de esta Sala desestimatoria de esta alegación (menciona expresamente las sentencias de 3 de marzo de 2014 y 3 de octubre de 2019). Señala que no se trata de insistir en argumentos ya rechazados, sino de partir de la afirmación de la última de dichas sentencias cuando afirma: "[...] la exclusión del Pleno de un grupo de vocales a la hora de ejercer las potestades disciplinarias que a aquel corresponden por imperativo constitucional llevaría a tener que cuestionar la constitucionalidad de los citados preceptos orgánicos."

Pero, en definitiva, lo que hace a continuación la demanda es precisamente insistir en la posible inconstitucionalidad de la regulación legal de composición y competencias del Consejo General del Poder Judicial. Nos remitimos, por tanto, a lo dicho en las sentencias citadas y la Sala reitera su criterio que no le ofrece dudas la constitucionalidad de la regulación existente.

En aquellas sentencias dijimos:

" SÉPTIMO.- Aunque la jurisprudencia constitucional ha extendido con matices los principios sustantivos derivados del artículo 25.1 CE y 24.2 CE al Derecho administrativo sancionador (cfr., por todas, STC 32/2009, de 9 de febrero, FJ 4) es claro que ni la Comisión Disciplinaria ni el Pleno del CGPJ son " tribunales" y que no resulta aceptable tratar de aplicarles en forma expedita las causas de abstención de la LOPJ, o las garantías del artículo 6 del CEDH.

Se trata de órganos que ejercen, por mandato de la misma Constitución, una potestad sancionadora que es genuinamente administrativa y a la que resultan aplicables las causas de abstención y recusación que establecen los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre LRJSP, como declara en forma expresa el artículo 580.2 LOPJ. Y es obvio que el artículo 23 de la LRJSP no contempla entre los motivos de abstención el que se aduce, lo que enerva la crítica.

La cuestión de la participación en el Pleno del Consejo de los Vocales que integran la Comisión Disciplinaria cuando se resuelve un recurso de alzada contra los acuerdos de esta último tampoco puede prosperar.

En la regulación del funcionamiento de un órgano constitucional son esenciales las normas de la Ley orgánica que lo regulan, en desarrollo inmediato de la Constitución. Las normas de la LOPJ que contemplan la actuación del CGPJ en Pleno ( artículos 599 y 600 LOPJ) no permiten la segregación del mismo de sus Comisiones ( artículo 595 LOPJ), que es lo que se defiende en el recurso. Corresponde al Pleno conocer de los recursos de alzada contra los acuerdos sancionadores de la Comisión Disciplinaria (por mandato del artículo 599.11ª LOPJ) y nada se prevé en los artículos que regulan ésta ( artículos 603 y 604 LOPJ) que avale la tesis que se defiende en la demanda que, ya por ese silencio, no es aceptable. Además la cuestión que se plantea ha sido resuelta, en sentido denegatorio, por la sentencia del Pleno de esta Sala de 3 de marzo de 2014, recaída en el recurso 4/2013, en el enjuiciamiento de una sanción disciplinaria.

Entendimos en aquella ocasión que:

"Por lo que se refiere a la indebida composición del Pleno del Consejo General del Poder Judicial al haber intervenido en él los Vocales de la Comisión Disciplinaria que habían adoptado el acuerdo objeto de revisión por el Pleno, las objeciones opuestas por la parte actora deber ser también rechazadas.

El artículo 122 LOPJ vigente en el momento en que se adoptó el acuerdo impugnado (lo mismo que el 595 de dicha ley tras la reforma operada por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio) califica a las distintas comisiones del Consejo General del Poder Judicial como órganos de éste, esto es como centros de imputación de actos con eficacia jurídica y el artículo 127 de dicha ley" [actual artículo 599.11ª] "atribuye al Pleno del Consejo la competencia para resolver los recursos de alzada interpuestos, entre otros, contra los acuerdos de la Comisión Disciplinaria, pero estas disposiciones no significan que nos encontremos en la situación prevista en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que al regular el recurso de alzada parte del supuesto, tal como resulta del artículo 6 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado de la existencia de dos órganos administrativos ordenados en una relación de jerarquía cuyos titulares son personas físicas distintas" [actual artículo 121.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP]. "Por el contrario de la lectura del artículo 122.2º del Texto Constitucional resulta como una de las funciones esenciales del Consejo General del Poder Judicial el ejercicio de la potestad disciplinaria, por tanto la competencia en la materia corresponde al órgano como tal y éste está compuesto por la totalidad de sus miembros, es decir los veinte vocales y su Presidente, sin que ninguno de ellos pueda ser excluido imperativamente de su ejercicio salvo por los medios al efecto establecidos cual sería el en su caso la recusación. Pretender que la literalidad de los artículos 122 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su redacción anterior a la reforma de 29 de junio de 2013, puede llevar a una conclusión contraria que implique la exclusión del Pleno de un grupo de vocales a la hora de ejercer las potestades disciplinarias que aquel corresponden por imperativo constitucional llevaría a tener que cuestionar la constitucionalidad de los citados preceptos orgánicos.

En efecto, como antes se dijo, la relación entre la Comisión Disciplinaria y el Pleno no es una relación de subordinación jerárquica sino que responde única y exclusivamente a razones funcionales de organización y distribución del trabajo en el orden interno del órgano constitucional que es el Consejo General del Poder Judicial, único titular de las competencias para el ejercicio de las funciones que constitucionalmente le vienen atribuidas y que, por tanto, deben ser ejercidas por el conjunto de sus componentes, ya que todos ellos sin exclusión alguna configuran el órgano constitucional, sin que a ello sea óbice ni la organización funcional interna ni el hecho de que reglamentariamente el Pleno quede válidamente constituido con la presencia de catorce de sus miembros.

Lo anterior nos lleva a la conclusión de que no estamos, pese a que así se denomine en la norma, ante un recurso de alzada en sentido propio y por otra parte una interpretación contraria a lo que aquí se sostiene llevaría a graves disfunciones derivadas de la imposibilidad de participar en las decisiones del órgano en cuestiones esenciales de un buen número de sus miembros e incluso en no pocas ocasiones a su Presidente.

Todo lo expuesto permite concluir que desde la perspectiva formal ahora examinada se mantuvieron incólumes todas las garantías del recurso de alzada".

[...]." (fundamento de derecho séptimo)

En cuanto a la invocación del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la parte alega la sentencia de 21 de junio de 2016 dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Ramos Nunes. La propia parte reconoce que el supuesto es diferente, dado que a diferencia de lo que sucede con el Consejo Superior de la Magistratura portugués, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial tiene mayoría de miembros judiciales. Entiende, sin embargo, que al no ser elegidos sus miembros por sus pares, se vulnera igualmente el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La queja es manifiestamente rechazable, dado que ni el Consejo General del Poder Judicial ni su Comisión Disciplinaria son órganos judiciales, sino un órgano constitucional el primero y un órgano del mismo la Comisión, a los que no se aplica el referido precepto. Y, a diferencia del presupuesto de la sentencia invocada (la falta de control judicial de las decisiones disciplinarias el Consejo Superior de la Magistratura portugués), las decisiones tanto del Pleno del Consejo General del Poder Judicial como las de la Comisión Disciplinaria están sujetas a control judicial por esta Sala, como es precisamente el caso presente."

Sobre el principio de proporcionalidad.

Se alega en el último fundamento de la demanda la vulneración del principio de proporcionalidad. No puede estimarse la queja. Tal como se expresa en la resolución del Pleno del Consejo General del Poder Judicial desestimatoria de la alzada, el importante retraso acumulado a sólo seis meses de incorporarse a su puesto y el que la sanción impuesta de tres meses de suspensión se encuentre en un punto muy bajo del máximo contemplado para la infracción (hasta tres años de suspensión) llevan a la conclusión de que no hay desproporción en la sanción impuesta respecto de la gravedad de la conducta y de los perjuicios causados a la administración de justicia. Ha de añadirse, por lo demás, que tal conclusión se impone con independencia de la existencia de un antecedente de sanción por retraso injustificado en 2016 -antecedente que según manifiesta la propia recurrente, no ha sido cancelado-, por lo que la mención del mismo en laS resoluciones impugnadas es irrelevante.

Conclusión y costas.

De conformidad con las razones expresadas en los anteriores fundamentos, desestimamos el recurso contencioso administrativo entablado por doña Ascension contra el acuerdo de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial de 15 de julio de 2019 y contra el acuerdo del Pleno de 25 de junio de 2020.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción se imponen las costas a la parte actora hasta un máximo de 2.000 euros por todos los conceptos legales, más el IVA que corresponda.

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

1. Desestimar el recurso contencioso-administrativo ordinario interpuesto por D.ª Ascension contra el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 25 de junio de 2020 que resuelve el recurso de alzada 365/19 y contra el acuerdo de la Comisión Disciplinaria de 15 de julio de 2019.

2. Confirmar las resoluciones objeto de recurso.

3. Imponer las costas procesales a la parte demandante conforme a lo expresado en el fundamento de derecho sexto.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.