Jurisprudencia

Sentencia Tribunal Supremo  30/11/2021 

Tribunal Supremo , 30-11-2021 , nº 1397/2021, rec.281/2020,  

Pte: Tolosa Tribiño, César

ECLI: ES:TS:2021:4272

ANTECEDENTES DE HECHO 

La representación procesal de D. Jose Pedro presentó escrito iniciador de recurso contencioso-administrativo contra la resolución de 23 de julio de 2020 dictada por la Comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial en el recurso de alzada núm. 121/2020, interpuesto contra el acuerdo del Promotor de la Acción Disciplinaria de fecha de 28 de febrero de 2020, por el que se decreta el archivo de la diligencia informativa 785/2019, instruida en virtud de queja contra el Juzgado de lo Penal num. 1 y sección séptima de la Audiencia Provincial, de Sevilla.

Admitido a trámite el recurso y, tras recibir el expediente administrativo, se concedió plazo para deducir demanda.

La parte recurrente solicitaba: <<sea dictada sentencia, por la que se estime el presente recurso contencioso administrativo, con anulación de las resoluciones impugnadas>>.

Y defiende que <<La presente queja se refiere a las actuaciones y omisiones negligentes en que han incurrido el Juzgado de Instrucción núm. 8 de Sevilla, el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Sevilla y la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Sevilla en un procedimiento penal seguido contra D. Jose Pedro, que ha ocupado la posición procesal de investigado, acusado y condenado, respectivamente, y que además ha venido siendo la parte débil del procedimiento. [...] En esencia, la negligencia consiste en haber dado impulso a las actuaciones judiciales sin verificar si a las mismas se encontraban unidos, o no, determinados soportes informáticos aportados por la acusación particular (la empresa denunciante) a la policía para promover la incoación del procedimiento penal. Se trata de soportes informáticos que contenían información contable de la empresa y de su programa de facturación, y que habrían evidenciado la falsedad en la que incurrió la acusación particular y sus testigos durante el procedimiento penal y en especial en el acto del juicio oral, al señalar -falsamente- a D. Jose Pedro como responsable de que algunas facturas no aparecieran en el resumen de facturación de la empresa, y al afirmar -falsamente también- que ello significaba que las facturas fueran falsas [...]>>

La Administración del Estado contestaba al recurrente argumentando, entre otras cosas, que <<En el presente caso se han llevado a cabo las oportunas actuaciones de averiguación, practicadas las cuales el Promotor de la Acción Disciplinaria llegó a la conclusión de la absoluta falta de cualquier infracción, por lo que procedió al archivo de las diligencias informativas incoadas.

Frente a tal decisión se interpuso recurso de alzada ante la Comisión Permanente del CGPJ, que desestimó dicho recurso, deduciéndose frente a dicha resolución el presente recurso contencioso-administrativo.

Pues bien, debe rechazarse la legitimación para la interposición del presente recurso, toda vez que existe una reiterada y constante doctrina judicial que niega legitimación al denunciante para pretender algo diferente del hecho de que se lleve a cabo una comprobación e investigación de los hechos expuestos en sus quejas, sin que su interés comprenda el que el procedimiento sancionador concluya con la imposición de una sanción al denunciado. [...] Subsidiariamente debe declararse la desestimación del recurso al ser plenamente conforme a derecho la resolución impugnada, encontrándose perfectamente fundada y motivada la decisión de archivo, toda vez que como señala el acuerdo lo que en definitiva se discute, a través de la denuncia planteada es la corrección de una serie de resoluciones judiciales [...]>>

Fijada la cuantía en indeterminada y no habiéndose solicitado el recibimiento a prueba, se ha concedido trámite final de conclusiones: ambas partes se ratificaron en sus escritos de demanda y contestación y se fijó para la deliberación, votación y fallo de este asunto el día veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, fecha en la que se celebró con observancia de las formalidades legales esenciales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Objeto del recurso

Es objeto del presente recurso la resolución de 23 de julio de 2020 dictada por la Comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial en el recurso de alzada núm. 121/2020 interpuesto contra el acuerdo del Promotor de la Acción Disciplinaria de fecha de 28 de febrero de 2020, por el que se decreta el archivo de la diligencia informativa 785/2019.

Hechos objeto de la queja

La queja se refiere a las supuestas actuaciones y omisiones negligentes en que han incurrido el Juzgado de Instrucción núm. 8 de Sevilla, el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Sevilla y la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Sevilla en un procedimiento penal seguido contra D. Jose Pedro.

Cada órgano ha conocido del procedimiento en sus fases correspondientes. Así, y en concreto, el Juzgado de Instrucción núm. 8 de Sevilla conoció de las diligencias previas núm. 6280/2002, convertidas en procedimiento abreviado 154/2011; el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Sevilla, del procedimiento abreviado núm. 126/2012 y de la ejecutoria penal núm. 388/2016, y la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Sevilla del rollo de apelación núm. 3867/2015.

Se imputa a dichos órganos judiciales <<la negligencia consiste en haber dado impulso a las actuaciones judiciales sin verificar si a las mismas se encontraban unidos, o no, determinados soportes informáticos aportados por la acusación particular (la empresa denunciante) a la policía para promover la incoación del procedimiento penal. Se trata de soportes informáticos que contenían información contable de la empresa y de su programa de facturación, y que habrían evidenciado la falsedad en la que incurrió la acusación particular y sus testigos durante el procedimiento penal y en especial en el acto del juicio oral, al señalar -falsamente- a D. Jose Pedro como responsable de que algunas facturas no aparecieran en el resumen de facturación de la empresa, y al afirmar -falsamente también- que ello significaba que las facturas fueran falsas", añadiendo que "Si los órganos judiciales intervinientes, cada uno en la fase de su competencia (esto es, el Juzgado de Instrucción núm. 8 de Sevilla en las diligencias previas 6280/2002 y en el procedimiento abreviado 154/2011, el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Sevilla en el procedimiento abreviado 126/2012 y la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 7ª, en el rollo de apelación 3867/2015), hubieran comprobado si dichos soportes informáticos se encontraban unidos a las actuaciones, se habrían percatado de que no era así, y de que por tanto las actuaciones judiciales estaban manifiestamente incompletas, careciendo de la fuente fundamental de verdad material para el procedimiento>>.

En concreto resume las siguientes actuaciones:

<<a) El Juzgado de Instrucción núm. 8 de Sevilla, al incoar diligencias previas 6280/2002 una vez recibido el traslado correspondiente de la policía (diligencias 1047/dlg), no comprueba que dicho traslado incluya los soportes informáticos que entregados por la empleadora denunciante a la policía. Igualmente, cuando posteriormente debe entregar copia a funcionarios de la AEAT que lo solicitan para promover inspección tributaria contra la empleadora, tampoco mantiene una copia en las actuaciones.

b) El Juzgado de lo Penal núm. 1 de Sevilla, cuando recibe las actuaciones, pudiendo percatarse de lo anterior y promover el consiguiente complemento de actuaciones, no lo hace y decide impulsar el procedimiento hacia el acto del juicio oral, manteniendo a esta parte en constante situación de indefensión.

c) La Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 7ª), cuando recibe las actuaciones en sede de apelación promovido por ambas partes, tampoco verifica lo anterior, limitándose a afirmar que no puede entrar en la valoración que el órgano de instancia haga de las pruebas practicadas en inmediación, a pesar de que esta parte demostraba en su recurso que la valoración era manifiestamente errónea e ilógica>>.

Según el escrito de demanda, la cronología de los hechos a tener presente sería la siguiente:

<<El 22 de diciembre de 2017 esta parte presenta escrito solicitando acceder a la totalidad de las actuaciones desde la incoación de las diligencias previas, incluyendo los soportes informáticos que se encontrasen referenciados o unidos a las mismas, para evaluar y preparar solicitud de revisión de sentencia firme.

El 11 de mayo de 2018 es dictada diligencia de ordenación que pone en conocimiento de esta parte que se había recabado del archivo definitivo "el procedimiento abreviado 126/12, que consta de cinco tomos, y de 2.027 folios y de 11 soportes informáticos conteniendo sesiones de vista oral, del que deriva la presente ejecutoria [...]." Para obtener copia de dichos tomos y de las grabaciones del acto de la vista oral este letrado tuvo que acudir a la sede del Juzgado en horario de 8:00 a 9:00 de la mañana, para no perjudicar el funcionamiento del órgano. Analizadas las copias, resultó que en las actuaciones se hacía referencia a varios soportes informáticos que no estaban incluidos en los cinco tomos que conforman todo el procedimiento. Estos soportes informáticos eran la prueba fundamental sobre la que se elaboraron los informes periciales de la policía y de la perito Dª. Martina en perjuicio de D. Jose Pedro, y en ningún momento se había dado traslado de dichos soportes a la defensa de D. Jose Pedro.

El 23 de mayo de 2018 esta parte presentó escrito en la que expresamente dejaba constancia de la falta de entrega de dichos soportes informáticos y solicitaba que la misma se hiciera efectiva. En concreto, se indicaba en dicho escrito que:

"TERCERO. - Por el contrario, no se ha hecho entrega a esta parte de los soportes informáticos (magnéticos o de otro tipo) que contengan los archivos sobre los que versó el procedimiento. En concreto, constan en el procedimiento, por los folios que hacen referencia a ellos, los siguientes soportes:

06 discos compactos entregados por D. Domingo al Grupo de Investigación de Delitos Económicos de la Policía Judicial, "conteniendo copias de seguridad de los archivos generados por el programa de gestión manejado por el Sr. Jose Pedro" (folio 271 de las actuaciones).

06 soportes magnéticos entregados por D. Domingo al Grupo de Investigación de Delitos Económicos de la Policía Judicial, "que contienen copias de seguridad realizadas diariamente de la base de datos de gestión utilizada por los servicios de administración de la empresa Rafael Olías, desde el día 17/07/02 hasta el día 14/08/02" (folio 272 de las actuaciones).

Disco duro modelo ST340810-A de la CPU N.º 025006FOXEN intervenida por el Grupo de Investigación de Delitos Económicos de la Policía Judicial en la detención de D. Jose Pedro (folio 275 de las actuaciones).

Discos con la contabilidad de los ejercicios de los años 2000, 2001 y 2002 de Rafael Olías Fernández S.L.U. presentados por la acusación particular, (folio 1468 de las actuaciones).

Los soportes 01 a 03 anteriores fueron ya solicitados por el inspector regional adjunto de la AEAT D. Humberto en fecha 09/03/2005 (folio 1360 de las actuaciones), solicitud que fue reiterada respecto del disco duro de la CPU N.º 025006FOXEN en fecha 11/04/2005 (folio 1375 de las actuaciones), siendo finalmente atendida por diligencia de entrega de 13/06/2005 (folio 1385 de las actuaciones).

Mediante el presente escrito se solicita expresamente que se entregue a esta parte copia fehaciente de la información contenida en dichos 04 soportes, toda vez que no han sido entregadas con motivo de la diligencia de ordenación de 11/05/2018."

El 12 de junio de 2018 es dictada diligencia de ordenación que acordó librar exhorto al Juzgado de Instrucción núm. 8 de Sevilla "acompañando copia del escrito y de los folios en los que se hace mención de los soportes magnéticos y discos compactos solicitados, a objeto de que comuniquen si tienen los discos y soportes magnéticos que se relaciona por la representación del penado o en su caso quién dispone de ellos [...]" .

El 5 de octubre de 2018 es dictada otra diligencia de ordenación que continúa la anterior, haciendo constar que se había "recibido exhorto cumplimentado por el Juzgado de Instrucción núm. 8 de Sevilla en el que se nos manifiesta que no se puede comunicar a este Juzgado dónde se encuentran los discos y soportes magnéticos que se relacionan en la causa puesto que el citado Juzgado carece de los autos principales remítase nuevamente exhorto al mismo acompañado de copia de los cinco tomos que componen el Procedimiento Abreviado en formato CD" . Es decir, cuatro meses para dar una respuesta evasiva por parte del Juzgado de Instrucción núm. 8 de Sevilla, y el Juzgado de lo Penal núm. 1 no solamente lo admite sin más, sino que se limita a remitir las actuaciones, sin apremiar en modo alguno al otro Juzgado.

El 25 de febrero de 2019 esta parte presentó escrito ante la ausencia de respuesta por parte del Juzgado de Instrucción núm. 8 de Sevilla, para dejar constancia de dicho silencio y de que continuaba sin recibir dichos soportes informáticos, lo que a todas luces viciaba de nulidad todo lo actuado, porque implicaba que se hubiera condenado a D. Jose Pedro con base en unas actuaciones incompletas y utilizando como prueba condenatoria unos informes periciales que esta parte no pudo contradecir por carecer de la base probatoria sobre los que los mismos se construyeron.

El 29 de mayo de 2019 esta parte presentó escrito para dejar constancia nuevamente de la falta de respuesta y de la falta de traslado de los soportes informáticos solicitados, con los efectos ya referidos de causar la nulidad de todo lo actuado por haberse causado indefensión a D. Jose Pedro.

El 26 de junio de 2019 D. Jose Pedro formuló querella contra la acusación particular, los testigos aportados por ella al procedimiento y el perito judicial que intervino en el mismo. Como se exponía en dicha querella, la presentación fue obligada porque el 30 de junio de 2019 habrían prescrito los delitos a los que se refería la querella, por lo que hubo de formularse a pesar de que no se disponía de todas las pruebas necesarias, pues estaban contenidas en los soportes informáticos que faltaban en las actuaciones del procedimiento abreviado 126/2012, solicitándose como primera diligencia de investigación que se dictara auto remitiendo exhorto al Juzgado de lo Penal núm. 1 de Sevilla para que obtuviera y remitiera los referidos soportes informáticos.

El 8 de julio de 2019 el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Sevilla dicta auto acordando admitir a trámite la querella formulada y librando exhorto al Juzgado de lo Penal núm. 1 de Sevilla para que remitan los referidos soportes informáticos, esto es: " a) 6 discos compactos entregados por D. Domingo al Grupo de Investigación de Delitos Económicos de la Policía Judicial, "conteniendo copias de seguridad de los archivos generados por el programa de gestión manejado por el Sr. Jose Pedro" (folio 271 de las actuaciones). b) 6 soportes magnéticos entregados por D. Domingo al Grupo de Investigación de Delitos Económicos de la Policía Judicial, "que contienen copias de seguridad realizadas diariamente de la base de datos de gestión utilizada por los servicios de administración de la empresa Rafael Olias, desde el día 17/07/2002 hasta el día 14/08/2002" (folio 272 de las actuaciones). c) Disco duro modelo ST340810-A de la CPU num.025006-FOXEN intervenida por el Grupo de Investigación de Delitos Económicos de la Policía Judicial en la detención de D. Jose Pedro en su puesto de trabajo (folio 275 de las actuaciones) d) Discos con la contabilidad de los ejercicios de los años 2000, 2001 y 2002 de Rafael Olias Fernández S.L.U. presentados por la acusación particular, (folio 1468 de las actuaciones)"

El 31 de julio de 2019 fue dictada diligencia de ordenación infiriendo que ningunos de los soportes informáticos habían estado unidos en ningún momento a las actuaciones judiciales, y se acordó "librar oficio a la Agencia Tributaria a fin de que en el plazo de 10 días devuelva la documentación que se le entregó en fecha 7/04/05, librar oficio a la Brigada Provincial de Policía Judicial, delincuencia económica a fin de que en el plazo de 10 días entregue copia del contenido del disco duro modelo ST340810-A de la CPU Nº 025006FOXEN y requerir al perito D. Apolonio a fin de que en el plazo de 10 días devuelva los discos con la contabilidad de los ejercicios de los años 2000, 2001 y 2002 que en fecha 06/02/2008 se le entregaron para poder realizar el informe pericial." No puede ser casualidad que esta diligencia, que es la primera medida con contenido sustantivo y real acordada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Sevilla para recuperar los soportes informáticos desde que esta parte se lo pidiera por primera vez en 2017, se adopte justo después de que el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Sevilla le pida que remita dichos soportes.

El 17 de septiembre de 2019 esta parte presentó escrito ante el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Sevilla recordando la falta de aportación de dichos soportes al procedimiento -soportes que deberían haber estado unidos desde la incoación de las diligencias previas, ya en el año 2002-, con el consiguiente mantenimiento a D. Jose Pedro en su situación de indefensión.

El 16 de octubre de 2019 fue dictada diligencia de constancia haciendo constar que se había recibido oficio de la Brigada Provincial de Policía Judicial UDEF-Grupo Delincuencia Económica adjuntando disco duro modelo ST340810-A de la CPU nº 025006FOXEN. En su oficio, la referida UDEF manifiesta que carece de los medios técnicos y materiales para hacer copia del mismo -lo que no podía ser cierto, habida cuenta de que ya hizo copia del disco duro, como consta en el folio 1386 de las actuaciones-, y refiere que sí podrá hacer copia el Grupo de Informática Forense de la Brigada Provincial de Policía Científica de Sevilla. Sin embargo, el Juzgado de lo Penal núm. 1 vuelve a aceptar las circunstancias que le vienen dadas.

El 28 de octubre de 2019 fue dictada diligencia de ordenación acordando librar oficio a la Brigada Provincial de Policía Científica de Sevilla, Grupo de Informática Forense, para que realicen las referidas cuatro copias. Esto se comunica al Juzgado de Instrucción núm. 2 de Sevilla para justificar la imposibilidad de remitir los soportes informáticos, dando a entender que están realizando las actuaciones necesarias para ello.

No obstante, el 20 de noviembre de 2019 se recibe oficio de núm. RS 230647/2019-A en el que el inspector jefe del referido grupo manifiesta que "no es función de esta unidad la realización de volcados, clonados, ni copias de discos duros, ni de la memoria de ningún otro tipo de dispositivo electrónico, no habiendo además recursos humanos ni materiales disponibles para su realización. Por este motivo no es posible dar curso a su solicitud". Transcurrirán meses hasta que el Juzgado vuelva a adoptar medida alguna en referencia a este soporte informático en particular, como se verá.

El 2 de diciembre de 2019 se entrega al letrado que suscribe copia de un CD entregado al Juzgado por el perito D. Apolonio. Verificado el contenido de los archivos, resulta que solamente contienen el Balance, el Libro Diario y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Rafael Olías Fernández SLU correspondiente al año 2000, faltando todos los archivos correspondientes a los años 2001 y 2002, que precisamente son a los que pertenecen las facturas que se han declarado falsas en este procedimiento.

El 3 de diciembre de 2019 esta parte presentó escrito al Juzgado de lo Penal núm. 1 de Sevilla interesando que se remitiera oficio a la Brigada Provincial de Policía Científica de Sevilla para que aportase copia del disco duro modelo ST340810-A de la CPU 025006FOXEN, así como que requiriera al perito D. Apolonio para que aportarse los CD con la contabilidad completa que constaba que le había sido entregada por el Juzgado y accedida por el perito, en la medida en que el CD aportado estaba incompleto, según lo referido en el párrafo anterior.

El 11 de diciembre de 2019, sorprendentemente, es notificada diligencia de ordenación del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Sevilla datada y firmada el 2 de diciembre de 2019, declarando entregado por el perito D. Apolonio "el CD con la información de los años 2000, 2001 y 2002" , cuando desde el 3 de diciembre constaba escrito de esta parte diciendo que el referido CD únicamente contenía la contabilidad incompleta y en borrador del año 2000, y faltando toda la relativa a los años 2001 y 2002. No se entiende el motivo que pueda llevar a tal omisión por parte del Juzgado, aparte de una intención de que en las actuaciones conste una devolución completa, a pesar de no ser ello cierto en absoluto.

En consecuencia, el mismo 11 de diciembre de 2019, esta parte tuvo que solicitar al Juzgado de lo Penal núm. 1 que rectificara su diligencia de ordenación de 2 de diciembre de 2019 (notificada el 11 de diciembre de 2019), porque en la misma hacía constar que el perito D. Apolonio había devuelto la contabilidad requerida, cuando la realidad es que no era así.

El 14 de enero de 2020, ante la nueva falta de noticias, esta parte presentó nuevo escrito manifestando que no se había recibido notificación alguna respecto del escrito de 3 de diciembre de 2019, y recordando la urgencia de las solicitudes que se formulaban en él porque para el 19 de febrero de 2020 estaba señalada, en las diligencias previas 1125/2019 seguidas ante el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Sevilla, la declaración, en calidad de querellados, de los testigos de este procedimiento penal, por falso testimonio.

El 17 de enero de 2020 el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Sevilla dicta auto en el que decide no remitir oficio alguno a la Brigada Provincial de Policía Científica de Sevilla para que efectúen copia del disco duro de la CPU, ni requerir al perito D. Apolonio para que aporte la contabilidad que consta que le fue entregada por el juzgado y accedida por el mismo.

Finalmente, tras sucesivas reuniones en el despacho de la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Sevilla, por ella se decidió remitir oficio a Taxo Valoraciones para que elaborara una copia del disco duro modelo ST340810-A de la CPU 025006FOXEN, lo que tuvo lugar mediante diligencia de ordenación dictada el 7 de febrero de 2020.

El 17 de febrero de 2020 fue entregado a esta parte copia del referido disco duro, pero no fue remitido al Juzgado de Instrucción núm. 2 de Sevilla, como tampoco había sido dirigido el CD remitido por el perito D. Apolonio, aun cuando estuviera incompleto por contener tan sólo la contabilidad -y en borrador- del año 2000. Con ocasión de la entrega de copia del disco duro ST340810-A esta parte ha podido comprobar que el mismo ha sido modificado mientras se encontraba custodiado por la policía en dependencias policiales.

El 19 de febrero de 2020 tuvieron lugar las declaraciones de los querellados en el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Sevilla, y el 21 de febrero de 2020, ante la falta de pruebas, este Juzgado tuvo que declarar el sobreseimiento provisional de la causa, en la medida en que por el Juzgado de lo Penal núm. 1 no se había remitido ni uno sólo de los soportes informáticos requeridos.

A la fecha del presente escrito aún quedan por recabar y entregar por parte del Juzgado de lo Penal núm. 1 los siguientes:

- Discos con la contabilidad de Ezequiel de los años 2001 y 2002, que fue entregada al perito D. Apolonio y ahora este lo niega y el Juzgado lo consiente, cuando en el informe pericial que emitió constan datos del libro diario de los referidos años 2001 y 2002 (folios 1492, 1493, 1496 y 1498 de las actuaciones).

- 6 discos compactos entregados por D. Domingo al Grupo de Investigación de Delitos Económicos de la Policía Judicial, "conteniendo copias de seguridad de los archivos generados por el programa de gestión manejado por el Sr. Jose Pedro" (folio 271 de las actuaciones).

- 6 soportes magnéticos entregados por D. Domingo al Grupo de Investigación de Delitos Económicos de la Policía Judicial, "que contienen copias de seguridad realizadas diariamente de la base de datos de gestión utilizada por los servicios de administración de la empresa Ezequiel, desde el día 17/07/02 hasta el día 14/08/02" (folio 272 de las actuaciones)>>.

Sobre la legitimación del recurrente

Según el Sr. Abogado del Estado, procede la declaración de inadmisibilidad del recurso por falta de legitimación activa, teniendo en cuenta que esta Sala, a través de una reiterada y consolidada jurisprudencia, ha delimitado el alcance de la legitimación de los denunciantes para impugnar judicialmente las decisiones de archivo de sus quejas sobre las irregularidades en la actuación de Juzgados y Tribunales.

Sostiene esa doctrina que el denunciante está legitimado para exigir en vía judicial que los acuerdos de archivo de quejas, adoptados por el Consejo General del Poder Judicial, estén razonablemente motivados y vayan precedidos de una suficiente comprobación e investigación de los hechos expuestos en las quejas.

Y, por el contrario, le ha negado legitimación al denunciante para reclamar que la actividad investigadora, iniciada por el Consejo General del Poder Judicial a resultas de sus denuncias, necesariamente finalice en la incoación de un procedimiento disciplinario, en la imposición de sanciones pues se ha considerado que la imposición o no de una sanción al Juez o Magistrado denunciado no produce efecto positivo alguno en la esfera jurídica del denunciante, ni elimina carga o gravamen alguno de esa esfera (por todas, sentencias de 4 de diciembre de 2013, recurso n° 297/2013, y 12 de octubre de 2012, recurso n° 882/2011).

Naturaleza jurisdiccional del asunto objeto de la queja

Del escrito de demanda se deduce una cierta confusión en la determinación del verdadero objeto de la queja, por cuanto se hace referencia a un conjunto de actuaciones llevadas a cabo por parte de los tres órganos judiciales contra los que se dirige la misma, al tiempo que trata de poner de relieve determinadas irregularidades en la actuación de los Letrados de la Administración de Justicia y del Cuerpo Nacional de Policía, por lo que no aparece con nitidez cual resulte ser la actuación determinante del reconocimiento de la legitimación.

El Sr. Abogado del Estado solicita de forma subsidiaria la desestimación del recurso, por cuanto <<como señala el acuerdo lo que en definitiva se discute, a través de la denuncia planteada es la corrección de una serie de resoluciones judiciales, señalando que las actuaciones judiciales no se hallaban completas y que se ha omitido información probatoria relevante que quizás hubiera conducido a unos pronunciamientos jurisdiccionales diferentes>>.

Se ha dicho en múltiples sentencias que en la actuación de Jueces y Magistrados son de diferenciar dos aspectos: el de empleados públicos sujetos a un estatuto profesional (que sí está comprendido en la actividad inspectora del CGPJ) y el de titulares de la potestad jurisdiccional (que es ajeno a esa actividad gubernativa y solo puede controlarse a través de los recursos establecidos en las leyes procesales y mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional).

Lo anterior debe completarse subrayando que forman parte del núcleo de la potestad jurisdiccional, y quedan por ello fuera de las atribuciones del Consejo todas aquellas situaciones en las que el Juez debe efectuar una mínima operación valorativa fáctica o jurídica para la adopción de las decisiones que puedan resultar procedentes en el marco de una actuación procesal. Y que esto es referible a toda clase de resoluciones o decisiones procesales, bien sean iniciales, intermedias o finales.

En este sentido, tal y como se afirma en sentencia del Tribunal Supremo de 24 de julio de 2015, recurso nº 232/2014, <<Esta Sala y Sección, sobre las denuncias planteadas frente a la actuación de órganos jurisdiccionales, ha venido precisando cuál es la materia que puede ser objeto de investigación por el Consejo General del Poder Judicial y cuál es aquélla otra para la que está vedada su intervención por estar fuera de los límites que definen su función constitucional de gobierno del Poder Judicial. En esa línea, viene reiteradamente afirmando que la actividad inspectora del Consejo ha de respetar la exclusividad que sobre el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde a Jueces y Magistrados por imperativo de/ artículo 117 de la Constitución); y también que, consiguientemente, la función investigadora inherente a aquella actividad debe limitarse a las disfunciones burocráticas de la organización judicial y a la constatación del cumplimiento de las obligaciones profesionales que estatutariamente corresponden a Jueces y Magistrados en su faceta de empleados públicos>>.

Aplicación de la doctrina al caso enjuiciado

Esta doctrina resulta de plena aplicación al presente supuesto. En efecto, de la lectura atenta del escrito de demanda, resulta evidente que la parte recurrente trata de denunciar una actuación irregular producida en el seno de un proceso, al no incorporar al mismo determinados documentos en soporte digital que, a su juicio, hubieran sido determinantes de una solución final diferente en dicho proceso. Por otra parte, se imputa la ausencia de actividad efectiva para que, por los órganos judiciales, se hubiera procedido con posterioridad a la aportación de dichos documentos, habiendo llegado a interponer querella criminal que fue archivada.

Todos los hechos relatados tienen una evidente conexión con la actividad jurisdiccional llevada a cabo en un proceso concreto por parte de órganos judiciales, de tal forma que el carácter incompleto de la documentación a incorporar al mismo, no puede ser corregida o subsanada por vía disciplinaria, sino mediante el uso de los mecanismos procesales que nuestra legislación contempla.

La responsabilidad de los LAJ

Como hemos señalado en nuestra sentencia de 8 de julio de 2021, respecto del control de la actividad de los Letrados de la Administración de Justicia, el CGPJ carece de competencia para conocer de las quejas y reclamaciones dirigidas contra los mismos. En idéntico sentido nos hemos pronunciado en la reciente sentencia de 3 de marzo de 2021 afirmando que <<A mayor abundamiento, conviene precisar que la denuncia se refiere a la forma y modo de practicar un acto de comunicación, competencia que se otorga por la normativa procesal a los letrados de la administración de justicia y a los agentes dependientes de los mismos que, en casos como el presente, se agrupan en los servicios Comunes correspondientes, de forma tal que los hechos denunciados en ningún caso podrían derivar en responsabilidad de la titular del órgano judicial>>.

Sobre las costas

De conformidad con lo establecido por el artículo 139.1 de la LJCA procede efectuar expresa imposición de costas a la parte recurrente, al rechazarse todas sus pretensiones y no apreciar razones para no hacerlo.

Atendiendo a lo resuelto en casos similares se fija, a efectos del artículo 139.4 LJCA, una cantidad máxima de dos mil euros, excluido el IVA, en su caso para la parte recurrida.

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo contra la resolución de 23 de julio de 2020 dictada por la Comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial en el recurso de alzada núm. 121/2020, interpuesto contra el acuerdo del Promotor de la Acción Disciplinaria, de fecha de 28 de febrero de 2020 por el que se decreta el archivo de la diligencia informativa 785/2019; con imposición de las costas procesales, conforme se establece en el último fundamento jurídico de esta sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes interesadas e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.