Jurisprudencia

Sentencia Tribunal Supremo  30/11/2021 

Tribunal Supremo , 30-11-2021 , nº 1396/2021, rec.57/2020,  

Pte: Tolosa Tribiño, César

ECLI: ES:TS:2021:4275

ANTECEDENTES DE HECHO 

La representación procesal de D. Antonio presentó escrito iniciador de recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de fecha 18 de diciembre de 2019 -que desestimó el recurso de alzada número 412/19, interpuesto contra el acuerdo del Promotor de la Acción Disciplinaria de fecha 11 de octubre de 2019 por el que se decreta el archivo de la Diligencia Informativa número 461/2019, <<instruida en virtud de Queja relacionada con los titulares de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante y de los Juzgados de lo Mercantil números 1 y 3 de ese Partido judicial por falta de apariencia de imparcialidad e independencia>>- de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

Admitido a trámite el recurso y, tras recibir el expediente administrativo, se concedió plazo para deducir demanda.

La parte recurrente solicitaba: <<[...] que estimando la demanda anule el Acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de fecha 18 de diciembre de 2019 recaída en el expediente de referencia dejándolo sin efecto y retrotrayendo las actuaciones, declarando en su caso la vulneración del Derecho a un juez independiente e imparcial por falta de apariencia de imparcialidad e independencia.>>; al considerar que, conforme establece el << Artículo 88 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 1. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo.

La STS de 3 de febrero de 1999 de esta Sala por la que:

"... La resolución decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas derivadas del expediente ... " Aquí se ha omitido todo pronunciamiento sobre la cuestión planteada de falta de apariencia de imparcialidad e independencia alegada, abocando a esta parte a las presentes actuaciones.

Y en consecuencia procede anular el Acuerdo de la Comisión Permanente ex artículo 48 de la misma ley. Anulabilidad. 1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

En cuanto a la vulneración del Derecho a un juez independiente e imparcial:

Los jueces y magistrados son independientes y están sometidos únicamente al imperio de la ley ( artículo 117.1 de la Constitución española). Como ya de antiguo declaró el TEDH (Bélgica, caso Piersack, 1 de octubre de 1982), si la independencia implica que el juez debe obedecer únicamente a la ley (y no a otros tribunales, cargos políticos, etc.), la imparcialidad implica preguntarse por la independencia del juez en relación con las partes del litigio, bien como consecuencia de su relación personal con ellas o con el objeto mismo del proceso. Imparcialidad e independencia son caras de la misma moneda: del deber del juez de obedecer a la ley.

Pero se trata no sólo de ser independiente e imparcial sino de parecerlo. En el asunto referido así como posteriormente (caso Pullar contra Reino Unido, Sentencia del TEDH de 10 de octubre de 1996) se sentó la doctrina favorable al demandante que alegaba causa razonable de pérdida de imparcialidad objetiva al crear la presunción y obligar al Estado a demostrar la exclusión de esa duda legítima, dejando claro que las causas de abstención y recusación no agotan la casuística de la pérdida objetiva de imparcialidad, de modo que queda comprometida cuando existen razones suficientes para sospechar. Y aquí concurren. Aquí no se está afirmando que el juez no sea independiente ni imparcial, sino que pesa la sospecha de que no lo es y esta falta de apariencia está ampliamente reconocida tanto por el TEDH como por nuestro TC (STSs 162/1999, 5/2004): "... lo que está en juego es la confianza que, en una sociedad democrática, los Tribunales deben inspirar al acusado y al resto de ciudadanos..." [...]>>

La Administración del Estado contestaba al recurrente argumentando, entre otras cosas, que <<El escrito por el que el ahora demandante interpuso recurso de alzada contra la decisión de archivo del Promotor de la Acción Disciplinaria guardó coherencia con la queja inicial.

Sin embargo, el escrito de demanda se desentiende de lo actuado en vía administrativa y lleva a cabo una mutación de las cuestiones suscitadas ante el CGPJ pues, de una parte, ni siquiera se mencionan esos preceptos que tipifican las sanciones a imponer a Jueces y Magistrados cuando incumplen la legislación de incompatibilidades o el deber de abstención y, de otra, se reorganiza el debate en torno a dos cuestiones: la primera, se funda en que el CGPJ no habría resuelto "sobre la cuestión planteada de falta de apariencia de imparcialidad e independencia alegada" y la segunda consiste en que se ha vulnerado el Derecho a un juez independiente e imparcial.>>, al entender que <<La jurisprudencia constitucional considera las quejas relativas a la imparcialidad judicial dentro del derecho a un proceso público con todas las garantías siendo dentro de él donde hay que incluir "todo lo que concierne a la imparcialidad del Juez o Tribunal sentenciador" ( STC 113/1987 seguida de muchas otras) [...]>>

La representación procesal de D. Balbino, expresamente, ha manifestado que <<Coincidimos plena y absolutamente con los incontestables argumentos vertidos en el escrito de contestación formulada por la Abogacía del Estado frente a la temeraria demanda presentada de contrario, cuyos hechos y fundamentos de derecho hacemos nuestros y damos por reproducidos en su integridad como contestación a la demanda de mi representado.>>

Por su parte, la Sra. Procuradora de D. Braulio alega que <<el demandante carece de interés legítimo, y, por ende, de legitimación, para recurrir un Acuerdo que declara la improcedencia de aperturar siquiera un expediente sancionador administrativo, ya que ningún efecto particular ni general sobre la esfera jurídico-patrimonial del recurrente se deduce de la resolución que, hipotéticamente hablando, resolviera el fondo de este recurso; y ello, además, con independencia del sentido de la resolución. [...] La "pureza" de conducta que reclama el recurrente en modo alguno afecta a ninguno de sus derechos subjetivos, ni personales, ni profesionales, por lo que la carencia de legitimación es más que evidente.

No se alega -ni se demuestra- por el recurrente que la concesión de la compatibilidad docente a todos los Magistrados frente a los que se dirige su denuncia haya lesionado ningún derecho que le fuera propio, por lo que es palmaria la falta de interés legítimo del recurrente. Recordemos que toda la batería de precarios argumentos esgrimidos ya fueron, por ello, desestimados en vía administrativa, por la acreditación del cumplimiento de solicitud y concesión de compatibilidad docente - autorizada puntual y religiosamente por las Administraciones públicas implicadas, el CGPJ y la Universidad de Alicante y la Universidad Cardenal Herrera CEU, en el caso de mi mandante-. Sin que los nuevos motivos alegados ahora - sorpresivamente- en esta sede jurisdiccional, sobre falta de apariencia de imparcialidad, independencia y consecuente vulneración del Derecho al juez independiente e imparcial, evidencien tampoco ninguna lesión de derecho alguno del recurrente.>> Además, << concurre el supuesto de desviación procesal, supuesto o causa de inadmisión que, no encontrándose expresamente regulada en la LJCA, es admitida por la jurisprudencia y en la praxis jurisdiccional bajo el paraguas del art. 69 c) LJCA, y se trata de aquella situación en la que se plantean cuestiones nuevas no planteadas en la vía administrativa. Hacemos nuestra la argumentación contenida en el escrito de contestación a la demanda del Ilmo. Sr. Abogado del Estado, en la que se describe gráficamente la evolución desde la inicial denuncia -fundamentada en una supuesta inobservancia del deber de abstención de los Magistrados y también en la realización de actividades compatibilizables ejercidas sin previa autorización- al presente recurso -en el que se alega una supuesta vulneración genérica al Derecho al juez imparcial>>. Acaba solicitando la inadmisión o, subsidiariamente, la desestimación del recurso.

También interesa que se desestime la demanda la representación de D. Cecilio, al considerar <<La temeridad del recurso contencioso administrativo planteado por el Sr. Antonio [...] del hecho, insólito, de que la queja dirigida al Consejo General del Poder Judicial (que tenía por finalidad la apertura de cinco expedientes disciplinarios) tuviera como destinatarios a la práctica totalidad (cinco de seis) de los magistrados destinados en los órganos mercantiles de la provincia de Alicante (dos magistrados de los tres que sirven en los Juzgados de lo Mercantil de Alicante y los tres magistrados de la sección octava, mercantil, de la Audiencia Provincial); es decir, el abogado ahora recurrente ha pretendido, en definitiva, que se sancione a esos cinco magistrados, dejando de lado, no se sabe por qué motivo, al otro magistrado destinado en el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Alicante, cuando es público y notorio que también ha colaborado (de modo absolutamente legítimo) con la Universidad de Alicante, lo que no puede ser desconocido para el recurrente, dada la profusa documental que acompaña, basada en muchos casos en búsquedas de páginas web (esa forma de actuación del recurrente la pone de manifiesto en el folio 5 de su demanda, cuando dice "...basta con poner su nombre y el del Departamento de Mercantil en un buscador de Internet para encontrar referencias a su relación con el Departamento o sus miembros")>>.

Fijada la cuantía en indeterminada, por Auto de cinco de abril del presente año, se acordó tener por reproducida la documental obrante en autos y conceder trámite final de conclusiones, ratificando las partes sus escritos de demanda y contestaciones; se fijó para la deliberación, votación y fallo de este asunto el día veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, fecha en la que se celebró con observancia de las formalidades legales esenciales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Sobre el objeto del recurso

Se interpone el presente recurso contra el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de fecha 18 de diciembre de 2019 por el que se desestima el Recurso de Alzada número 412/19, interpuesto contra el Acuerdo del Promotor de la Acción Disciplinaria de fecha 11 de octubre de 2019 por el que se decreta el archivo de la Diligencia Informativa número 461/2019, instruida en virtud de Queja relacionada con los titulares de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante y de los Juzgados de lo Mercantil números 1 y 3 de ese Partido judicial por falta de apariencia de imparcialidad e independencia.

Tesis de la parte recurrente

Sostiene la parte recurrente que <<Hay un empeño reiterado durante todo el procedimiento administrativo en fijar como objeto de la denuncia "el incumplimiento del deber de abstención" cuando no fue lo que se denunció. Lo que ha sido objeto de denuncia es LA FALTA DE APARIENCIA DE IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA de determinados magistrados de lo Mercantil por su vinculación no ya con la docencia sino con un determinado Departamento universitario en el que sus dos Catedráticos son socios de un bufete de abogados especializado en su materia y concretamente en concursos de acreedores>>.

Afirmando que <<En prueba de ello basta leer el pronunciamiento final del Acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ que ahora se impugna por el que se desestima: "[...] el recurso de alzada núm. 412/19 interpuesto[...] contra el acuerdo del Promotor de la Acción Disciplinaria, de fecha 11 de octubre de 2019[...], por supuesto incumplimiento del deber de abstención>>, mientras que en el recurso de alzada con mención expresa de Sentencias del TS y del TEDH se denuncia la falta de apariencia de imparcialidad y se explica que lo que es objeto de la denuncia es <<si dadas las circunstancias fácticas denunciadas, acreditadas y no negadas, se incurre en responsabilidad por el deber que tienen de parecer imparciales, lo que es evidente para cualquier ciudadano/a que queda muy en entredicho por su pertenencia a un Departamento cuyos directores son socios de un bufete especializado en su materia [...]>>

De lo anterior concluye que <<Procede declarar la nulidad del Acuerdo de archivo de la Comisión Permanente del CGPJ ya que el mismo infringe la ley al no pronunciarse sobre la cuestión planteada ( artículo 88.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, LPACAP)>>.

En definitiva, viene a sostener que el objeto de la denuncia hace referencia a la <<Vulneración del Derecho a un Juez independiente e imparcial por falta de apariencia de imparcialidad e independencia ex artículo 24.2 de la Constitución española. Incompatibilidad para el cargo judicial ex artículo 389.5 de la LOPJ en relación con el artículo 1.3 de la Ley 53/1984 sobre Incompatibilidades de los funcionarios públicos>>.

Sobre la legitimación activa

Se plantea la inadmisibilidad del recurso por la representación de don Braulio, al considerar que el recurrente carece de legitimación activa.

La legitimación supone la existencia de un interés que ha de ser "legítimo", concepto éste, el de "interés legítimo", que es el empleado por el art. 24.1 de la Constitución Española 1978 (CE) y ha de ser interpretado de una forma más amplia que el de "interés directo" y que, en todo caso, ha de entenderse referido a un interés en sentido propio, cualificado o específico ( STC 257/1989, de 22 de diciembre ). Pero en todo caso es preciso la existencia de una relación unívoca entre el sujeto que interpone el recurso (demandante) y el objeto del proceso, relación que supone la existencia de legitimación ( STS de 15 de marzo de 2005 y STS de 16 de diciembre de 2008 ).

La legitimación requiere de la existencia de un interés que pueda ser calificado como real, ya que la sustitución del concepto de interés directo por el de interés legítimo no llega hasta el extremo de que no se condicione en todo caso la legitimación a la existencia de un interés real ( STS de 23 de mayo de 2003 ), y ese interés legítimo del art. 24, CE <<equivale a titularidad potencial de una posición de ventaja o de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y que se materializaría de prosperar ésta>> ( STC 97/1991, de 9 de mayo y STS de 7 de noviembre de 2005 ), o cómo <<una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados) de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio), actual o futuro, pero cierto>> ( STC 38/2010, de 19 de julio ).

La falta de legitimación es un requisito insubsanable. En el presente supuesto, el demandante carece de interés legítimo, y, por ende, de legitimación, para recurrir un Acuerdo que declara la improcedencia de abrir siquiera un expediente sancionador administrativo, ya que ningún efecto particular ni general sobre la esfera jurídico-patrimonial del recurrente se deduce de la resolución que, hipotéticamente hablando, resolviera el fondo de este recurso; y ello, además, con independencia del sentido de la resolución.

A la hora de justificar su legitimación en el presente proceso, la parte se limita a señalar que se basa en <<La situación denunciada afecta directamente a la buena imagen que todo justiciable se merece de los magistrados de lo Mercantil de la provincia y de todas las personas que con total honestidad, dentro y fuera de la Administración, nos dedicamos a contribuir con el ejercicio del Derecho a una sociedad mejor, más segura y democrática, sin cacicadas ni filosofías clientelares, y por tanto más justa, no se negará que en esto debemos estar todos de acuerdo>>.

Como puede observarse, el recurrente no alega ningún interés específico en el presente procedimiento, sino que parece haberlo iniciado para poner de relieve con carácter general y en abstracto una posible ausencia de imparcialidad de determinados Jueces fundada en su labor docente, sin que dicha imparcialidad trate de vincularla a ningún procedimiento o actuación concreta llevada a cabo por los mismos, actuaciones que hayan podido generar algún perjuicio en la esfera jurídica del recurrente.

Tal y como se plantea el recurso, parece que se pretende iniciar una causa general contra la imparcialidad de determinados Jueces y Tribunales desvinculada de un proceso concreto, siendo así que tal ausencia habrá de ser en el seno de cada proceso donde pueda invocarse.

El recurrente es claro cuando se aparta de cualquier alegación sobre el posible incumplimiento de la normativa sobre incompatibilidades o del deber de abstención en un determinado proceso, limitándose a tratar de sembrar, a partir de determinados hechos, una sombra de duda sobre la imparcialidad de los Jueces que no se concreta en ninguna circunstancia específica que le relacione con sus propios intereses, más allá del que pueda tener cualquier ciudadano en el correcto funcionamiento de las instituciones.

Costas

De conformidad con lo establecido por el artículo 139.1 de la LJCA procede efectuar expresa imposición de costas a la parte recurrente, al rechazarse todas sus pretensiones y no apreciar razones para no hacerlo.

Atendiendo a lo resuelto en casos similares se fija, a efectos del artículo 139.4 LJCA, una cantidad máxima de dos mil euros, excluido el IVA, en su caso para la parte recurrida.

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

Inadmitir el recurso contencioso-administrativo seguido con el número 57/2020, contra el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de fecha 18 de diciembre de 2019 por el que se desestima el Recurso de Alzada número 412/19, interpuesto contra el Acuerdo del Promotor de la Acción Disciplinaria de fecha 11 de octubre de 2019, que decreta el archivo de la Diligencia Informativa número 461/2019; con imposición de las costas procesales, conforme se expresa en el último fundamento jurídico de la presente sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes interesadas e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

AUTO ACLARATORIO 

Auto de aclaración TS (Contencioso) de 9 diciembre de 2021

ANTECEDENTES DE HECHO 

Esta Sala, el pasado 30 de noviembre, ha dictado sentencia en la que se decidía: <<Inadmitir el recurso contencioso-administrativo seguido con el número 57/2020, contra el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de fecha 18 de diciembre de 2019 por el que se desestima el Recurso de Alzada número 412/19, interpuesto contra el Acuerdo del Promotor de la Acción Disciplinaria de fecha 11 de octubre de 2019, que decreta el archivo de la Diligencia Informativa número 461/2019; con imposición de las costas procesales, conforme se expresa en el último fundamento jurídico de la presente sentencia.>>. Notificada a las partes, la representación procesal de D. Cecilio ha solicitado aclaración en cuanto a la fijación de la cantidad a abonar en concepto de costas.

La parte recurrente <<que ha asumido su propia dirección letrada>>, como se expresa en el encabezamiento de la sentencia, también <<solicita se aclare y en su caso complete la Sentencia al no compadecerse lo anterior con la declarada falta "... de interés legítimo y, por ende, de legitimación ya que ningún efecto particular ni general sobre la esfera jurídico-patrimonial del recurrente se deduce de la resolución que... resolviera el fondo de este recurso..." pues es claro que hay interés legítimo en que se esclarezcan unos hechos que, con el debido respeto, se han ignorado (no hay ni atisbo de mención en el Acuerdo de archivo sobre esa falta de apariencia denunciada ni por ende se ha investigado, v. gr. la vinculación mayor o menor con el Departamento ...universitario, el nombramiento y el no nombramiento de administradores concursales, y demás circunstancias fácticas ya referidas en las actuaciones), y ello con independencia de los "efectos" sobre la "esfera jurídico-patrimonial" de quien subscribe,[...]>>

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

El artículo 267.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite a los Tribunales rectificar los errores materiales de que adolezcan las resoluciones judiciales o aclarar algún concepto oscuro de las mismas. Y, efectivamente, del examen de las actuaciones resulta que se ha producido un error mecanográfico en el contenido del segundo párrafo del cuarto fundamento jurídico que, de conformidad con lo establecido por el artículo 139.1 LJCA, fija <<una cantidad máxima de dos mil euros, excluido el IVA, en su caso para las parte recurrida>>, donde debería decir "para las partes recurridas: Consejo General del Poder Judicial, D. Braulio, D. Balbino y D. Cecilio".

Respecto del escrito presentado por el Procurador D. David García Riquelme, en nombre y representación de D. Elias, no ha lugar a lo solicitado al exceder del ámbito de la aclaración o complemento de Sentencia, tratando de modificar los razonamientos conducentes al fallo.

FALLO 

LA SALA ACUERDA :

Aclarar el cuarto fundamento jurídico de la sentencia de fecha 30 de noviembre de 2021, recaída en el recurso contencioso-administrativo ordinario 2-57/2020, que dirá lo siguiente:

<<CUARTO: De conformidad con lo establecido por el artículo 139.1 de la LJCA procede efectuar expresa imposición de costas a la parte recurrente, al rechazarse todas sus pretensiones y no apreciar razones para no hacerlo. Atendiendo a lo resuelto en casos similares se fija, a efectos del artículo 139.4 LJCA, una cantidad máxima de dos mil euros, excluido el IVA, en su caso para las partes recurridas: Consejo General del Poder Judicial, D. Braulio, D. Balbino y D. Cecilio.>>

No ha lugar a lo interesado por la recurrente, al exceder del ámbito de la aclaración o complemento de Sentencia.

Así se acuerda y firma.