Jurisprudencia

Sentencia Tribunal Supremo  17/11/2020 

Tribunal Supremo , 17-11-2020 , nº 1533/2020, rec.4794/2018,  

Pte: Lucas Murillo de la Cueva, Pablo

ECLI: ES:TS:2020:3697

ANTECEDENTES DE HECHO 

En el recurso n.º 122/2016, seguido en la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas, el 7 de febrero de 2018 se dictó la sentencia n.º 33/2018, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"FALLO

Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D. Jesús Quevedo Gonzálvez en nombre y representación de la entidad mercantil ASTILLEROS CANARIOS S.A., contra la resolución del Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Las Palmas, de 26 de abril de 2.016, que desestimó recurso de alzada contra resolución de la Jefa de la Unidad de Impugnaciones de dicha Dirección Provincial que elevó a definitiva y confirmó acta de liquidación de cuotas a la Seguridad Social nº 352015008071614 por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la cual anulamos en relación a los 39 trabajadores con categoría profesional de "Técnicos de Organización Naval (Puesto de Trabajo 24) y en cuanto a los 4 trabajadores con categoría profesional de "Técnicos de Oficina Técnica" (Puesto de Trabajo 27), si bien declaramos ajustada a derecho dicha liquidación en cuanto al encuadramiento del resto de trabajadores a que se refiere la demanda: 2 trabajadores con categoría profesional de "Técnico de Planta" (Puesto de Trabajo 32) y 25 trabajadores con categoría profesional de "Técnicos de Buque", (Puesto de Trabajo 25), Sin hacer pronunciamiento sobre las costas del proceso".

Contra la referida sentencia preparó recurso de casación la Tesorería General de la Seguridad Social, que la Sala de las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tuvo por preparado por auto de 25 de mayo de 2018, ordenando el emplazamiento de las partes y la remisión de las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo.

Recibidas y personados el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, en nombre y representación de la Tesorería General de la Seguridad Social, como parte recurrente, y el procurador don Jesús Quevedo Gonzálvez, en representación de la mercantil Astilleros Canarios, S.A., como parte recurrida, por auto de 18 de febrero de 2019 la Sección Primera de esta Sala acordó:

"PRIMERO.- Admitir a trámite el recurso de casación preparado por la Tesorería General de la Seguridad Social contra la sentencia de 7 de febrero de 2018 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias (sede de Las Palmas de Gran Canaria), en el procedimiento ordinario núm. 122/2016.

SEGUNDO.- Precisar, en términos semejantes a los que se recogieron en el Auto de admisión de fecha 16 de abril de 2018 en el recurso de casación nº 871/2018, que la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es si, antes de la reforma de la regla tercera, del apartado dos, de la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, efectuada por la disposición final octava de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016, ha de entenderse por "Personal en trabajos exclusivos de oficina" solamente a todos aquellos trabajadores por cuenta ajena que desarrollan actividades meramente administrativas en despachos u oficinas de la empresa o bien incluye también a aquellos trabajadores que, aún desempeñando su labor en despachos u oficinas de la empresa, participan de los riesgos de la actividad económica principal de ésta, ello a los efectos de que las empresas encuadradas en el correspondiente código CNAE de los incluidos en el Cuadro I, y en particular, en el CNAE 33 del Cuadro I "Reparación e instalación de maquinaria y equipo (excepto 3313 y 3314)", puedan cotizar por contingencias profesionales y accidentes de trabajo por el tipo correspondiente al Cuadro II cuando cuenten con trabajadores que desempeñen funciones incluidas en el mismo, en concreto, en la letra a) "Personal en trabajos exclusivos de oficina".

TERCERO.- Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, teniendo en cuenta también la nueva redacción dada por la disposición final octava de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016, así como los demás preceptos concordantes que resulten de aplicación. Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras cuestiones o normas jurídicas si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso.

CUARTO.- Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.

QUINTO.- Comunicar inmediatamente a la Sala de Instancia la decisión adoptada en este auto.

SEXTO.- Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección Cuarta de esta Sala, competente de conformidad con las normas de reparto.

El presente auto, contra el que no cabe recurso alguno, es firme".

Recibidas las actuaciones en esta Sección, se confirió a la parte recurrente el plazo de treinta días para presentar la interposición del recurso.

Por escrito de 5 de marzo de 2019, el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, formalizó el recurso interpuesto, considerando que la norma del ordenamiento jurídico infringida es la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, que establece en la disposición adicional cuarta la tarifa de primas para la cotización a la Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

La pretensión deducida, dijo, tiene por objeto determinar que

"la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2016, de 28 de diciembre, debe interpretarse en el sentido de encuadrar en el cuadro I a los trabajadores en función de la actividad de la empresa que participan de los riesgos de la actividad económica de ésta y en el apartado a) del cuadro II únicamente a los que llevan a cabo trabajos de oficina y ello al margen de la parte de la jornada que realicen los trabajadores en la sede física de la empresa.

Como se ha expuesto, la interpretación de los preceptos citados tanto literalmente como en su conjunto establecen que la determinación del epígrafe correspondiente a la cotización por riesgos profesionales debe realizarse en función de la actividad de la empresa y dentro del extenso cuatro I, estableciéndose el cuadro II únicamente para determinadas actividades comunes a todas las empresas".

Y solicitó, en consecuencia, que se dicte sentencia con el siguiente pronunciamiento:

"la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2016, de 28 de diciembre, debe interpretarse en el sentido de encuadrar en el cuadro I a los trabajadores en función de la actividad de la empresa que participan de los riesgos de la actividad económica principal de ésta y en el apartado a) del cuadro II únicamente a los que llevan a cabo trabajos de oficina y ello al margen de la parte de la jornada que realicen los trabajadores en la sede física de la empresa".

Suplicando a la Sala que dicte sentencia por la que, casando y anulando la recurrida, se estime el recurso de casación en los términos interesados.

Evacuando el traslado conferido por providencia de 26 de marzo de 2019, el procurador don Jesús Quevedo González, en representación de Astilleros Canarios, S.A., se opuso al recurso por escrito de 16 de mayo de 2019 en el que pidió a la Sala la desestimación del recurso por los argumentos expuestos en dicho escrito.

Mediante providencia de 1 de julio de 2020 se señaló para votación y fallo el día 27 de octubre siguiente y se designó magistrado ponente al Excmo. Sr. don Pablo Lucas Murillo de la Cueva.

En la fecha acordada, 27 de octubre de 2020, y en la audiencia del siguiente día 3 de noviembre, han tenido lugar la deliberación y fallo del presente recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Los términos del litigio y la sentencia de instancia.

Astilleros Canarios, S.A. impugnó ante la Sala de Las Palmas de Gran Canaria la resolución del Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Las Palmas de 26 de abril de 2016, desestimatoria de su alzada contra la de la Jefa de la Unidad de Impugnaciones de esa Dirección Provincial que elevó a definitiva y confirmó el acta de liquidación de cuotas de la Seguridad Social n.º 352015008071614 por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En su demanda, pidió la nulidad parcial del acta y que se le absolviera de responsabilidad por el encuadramiento de sus trabajadores en los puestos de trabajo de técnicos de organización naval (24), técnicos de oficina técnica (27), técnicos de planta (32) y técnico de buques (25).

La controversia giraba en torno a los tipos aplicables pues la Administración consideraba que debía ser el correspondiente a la actividad económica principal de la empresa "Reparación y mantenimiento naval" (CNAE 3315) del Cuadro I, mientras que la recurrente sostuvo que por esos trabajadores la cotización era la de la letra a) del Cuadro II, siempre de la Tarifa de la disposición adicional cuarta de la Ley 43/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007. Y la impugnación de Astilleros Canarios, S.A. se contraía a treinta y nueve trabajadores de la categoría de "Técnicos de Organización Naval" (puesto de trabajo 24); cuatro trabajadores de la categoría de "Técnicos de Oficina Técnica" (puesto de trabajo 27); dos trabajadores de la categoría de "Técnico de Planta" (puesto de trabajo 32); y veinticinco trabajadores de la categoría de "Técnicos de Buque" (puesto de trabajo 25).

La Administración mantuvo que la cotización por estos trabajadores debía corresponder a la actividad principal de la empresa porque las funciones por ellos desarrolladas son de carácter técnico y especializado y se vinculan directamente a esa actividad. En cambio, Astilleros Canarios, S.A. sostuvo que habían de cotizar por la letra a) del Cuadro II porque sus funciones, según se describen en la Ordenanza de Trabajo de la Industria Siderometalúrgica, se llevan a cabo en las oficinas de la empresa, con herramientas propias de oficina y los riesgos inherentes a esa localización, salvo desplazamientos puntuales a los buques.

La sentencia recurrida en casación estimó en parte el recurso contencioso-administrativo.

Explica que se limita a enjuiciar la legalidad del acta de liquidación sin entrar en si existe o no culpabilidad en la aplicación que hizo la empresa de las tarifas. Tras exponer el contenido de la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006 y, en especial, de las reglas que sienta para la determinación del tipo aplicable, particularmente de la tercera del apartado dos que circunscribe la cotización como "Personal en trabajos exclusivos de oficina" de la letra a) del Cuadro II a la realización de trabajos exclusivos de oficina aunque esa ocupación difiera de la actividad económica de la empresa. Y para resolver el litigio atiende al acta de liquidación.

Así, sobre los treinta y nueve trabajadores de la categoría de "Técnicos de Organización Naval" (puesto de trabajo 24) y dice que, si bien su actividad está vinculada a la principal de la empresa, consiste en la elaboración de presupuestos, control y costes y trato con el cliente, y que el acta reconoce que trabajan en oficinas. Por tanto, concluye, a efectos de encuadramiento no dejan de ser personal con trabajos en oficinas.

Sobre los cuatro trabajadores de la categoría de "Técnicos de Oficina Técnica" (puesto de trabajo 27) dice lo mismo, pues su cometido es la elaboración de planos e informes técnicos administrativos y recuerda que el acta señala que trabajan en oficinas.

Por lo que hace a los dos trabajadores de la categoría de "Técnico de Planta" (puesto de trabajo 32), señala que la propia recurrente reconoce que sus cometidos son el mantenimiento y supervisión de los astilleros, labor inseparablemente unida a la reparación naval, por lo que no pueden ser considerados trabajos exclusivos de oficina.

Y respecto de los veinticinco trabajadores de la categoría de "Técnicos de Buque", indica que la empresa los encuadró incorrectamente toda vez que, como afirma el acta, tienen una relación inmediata con la actividad de reparación de buques, seguramente, observa, los que la tienen más intensa y reprocha a la recurrente no detallar sus tareas y que es difícil entender que puedan desempeñar sus funciones exclusivamente en oficinas.

Por último, precisa que a las conclusiones alcanzadas en nada afecta la modificación de la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006 que trata de aclarar el concepto de trabajos exclusivos de oficina.

La cuestión en que el auto de admisión aprecia interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

El auto de la Sección Primera de 18 de febrero de 2019 que ha admitido a trámite este recurso de casación ha advertido, tal como hemos hecho constar en los antecedentes, interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en establecer:

"si, antes de la reforma de la regla tercera, del apartado dos, de la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, efectuada por la disposición final octava de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016, ha de entenderse por "Personal en trabajos exclusivos de oficina" solamente a todos aquellos trabajadores por cuenta ajena que desarrollan actividades meramente administrativas en despachos u oficinas de la empresa o bien incluye también a aquellos trabajadores que, aún desempeñando su labor en despachos u oficinas de la empresa, participan de los riesgos de la actividad económica principal de ésta, ello a los efectos de que las empresas encuadradas en el correspondiente código CNAE de los incluidos en el Cuadro I, y en particular, en el CNAE 33 del Cuadro I "Reparación e instalación de maquinaria y equipo (excepto 3313 y 3314)", puedan cotizar por contingencias profesionales y accidentes de trabajo por el tipo correspondiente al Cuadro II cuando cuenten con trabajadores que desempeñen funciones incluidas en el mismo, en concreto, en la letra a) "Personal en trabajos exclusivos de oficina".

Identifica, además, el siguiente precepto para que lo interpretemos a fin dar respuesta a esa pregunta: la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, teniendo en cuenta, también, la nueva redacción que le da la disposición final octava de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016, así como los concordantes aplicables.

En sus razonamientos jurídicos el auto de admisión explica que ya se ha admitido por auto de 16 de abril de 2018 el recurso de casación n.º 871/2018 que suscita problemas semejantes a los que plantea éste y subraya que la controversia trasciende al caso objeto del proceso, ya que afecta a multitud de empresas en los diferentes sectores pues en la mayor parte se desarrollan trabajos de oficina con la consiguiente afectación de la recaudación de la Seguridad Social. Además, observa, hay sentencias contradictorias sobre la cuestión.

Las alegaciones de las partes.

A) El escrito de interposición del Letrado de la Administración de la Seguridad Social

Considera que la sentencia de instancia infringe la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006.

Reproduce, en primer lugar, de la tarifa los tipos de cotización del Cuadro I y el Cuadro II, así como las reglas de aplicación sentadas por la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006. También recoge su modificación por la disposición final octava de la Ley 48/2015 y, después de explicar brevemente el actual sistema de cotización por contingencias profesionales, afirma que la sentencia de instancia, al considerar que no es suficiente la vinculación de las funciones de los trabajadores a la actividad principal de la empresa para su encuadramiento en el Cuadro I en función del CNAE, interpreta erróneamente el precepto legal.

Explica sobre el particular que el objetivo de la Ley es encuadrar los códigos en función de la actividad económica, ocupación o situación y que, por ello, procede aplicar la disposición adicional cuarta de acuerdo con el artículo 3 del Código Civil. Es decir, atendiendo, en primer lugar, a su literalidad y, si esta no deja lugar a dudas y se ajusta a la intención del legislador, no es preciso ir más allá. La sentencia, dice, el escrito de interposición modifica el sentido del precepto que dice aplicar porque si se procede a una valoración individual dará lugar a un inviable control del correcto epígrafe de cada empresa.

El objetivo de la norma, continúa diciendo, es encuadrar los códigos en función de la actividad, ocupación o situación en alguna de las actividades del Cuadro I mientras que en el Cuadro II "tan solo (...) estrictamente (...) "las ocupaciones y situaciones de todas las actividades"". O sea, las actividades de trabajos propios de oficina, representantes de comercio, conductores, instalaciones y reparaciones, limpieza y vigilantes". Y la determinación de la aplicabilidad de uno u otro tipo no puede venir determinada por el número de asistencias sino por la naturaleza de la función desempeñada.

Además, ya sobre el trabajo "de" oficina, el escrito de interposición afirma que ha de distinguirse del trabajo "en" oficina. Si toda actividad que puede desarrollarse "en" oficina pasa a encuadrarse en el apartado a) del Cuadro II, prosigue su argumentación, el extenso Cuadro I quedaría vacío de contenido. De ahí que el criterio de la sentencia contradiga la finalidad perseguida por el legislador. Además, insiste, la regla segunda, dos, de la disposición adicional, en su segundo párrafo, dice que, si concurren en la empresa varias actividades, una principal y otras accesorias o auxiliares, el tipo a aplicar ha de ser el de la actividad principal de la empresa. Y, si, conforme a la regla tercera, dos, la ocupación de algún concreto trabajador difiere de la actividad de la empresa, entonces, sí deberá cotizarse por el Cuadro II, pero llevar este criterio a casi la totalidad de la plantilla es llevar la norma casi al fraude de Ley. Si se procede, añade, a aplicar las especialidades con carácter general, se convertirá la excepción en regla con la inoperancia de la mayor parte de los códigos CNAE.

Vuelve, después, el escrito de interposición a la distinción entre el trabajo "de" oficina y el trabajo "en" oficina. Para el recurrente se trata no de cualquier actividad que se desarrolla en una oficina sino del trabajo propiamente administrativo, aquél de carácter transversal o común e insiste en que la tarifa sería inaplicable si, en vez de atender a la actividad de la empresa, se fijara puesto por puesto y exigiera la presencia del Inspector de Trabajo para establecer el riesgo de cada uno y efectuar los cálculos correspondientes después. Esa tarea es, subraya, inabordable y recalca que no estamos ante un supuesto semejante al de la identificación de riesgos a efectos de su prevención sino en el contexto financiero de la Seguridad Social y de las variadas prestaciones que cubre.

El artículo 108 del texto articulado de la Ley General de la Seguridad Social y la modificación operada en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006 por la disposición final octava de la Ley 48/2015, confirman, al entender del recurrente, la posición que defiende: la que residencia en el Cuadro I el grueso de la empresa y reserva el Cuadro II para ocupaciones concretas. Resalta el escrito de interposición que la nueva redacción limita el personal de oficina al que desarrolle no sólo trabajos exclusivos de oficina sino que, además, no estén sometidos al riesgo económico de la empresa. Esta modificación, dice, pone de manifiesto que se trata de aquellos transversales o comunes. Destaca, igualmente, la modificación de la regla tercera a la que también atribuye el efecto de aclarar en el mismo sentido la interpretación que propugna.

B) El escrito de oposición de Astilleros Canarios, S.A.

Reprocha, en primer lugar, al recurrente modificar el objeto de debate y tergiversar la sentencia recurrida de forma interesada con la intención de dar a entender que no tuvo en cuenta el riesgo para llegar a sus conclusiones. Y, observa que "es absolutamente incongruente y contradictorio afirmar que los trabajadores que prestan sus servicios en oficinas están expuestos al riesgo de la actividad principal, en función de las tareas que realizan".

Para el escrito de oposición la sentencia es conforme a Derecho mientras que el escrito de interposición lleva a cabo una interpretación sesgada y errónea del régimen de la Tarifa que pasa a explicar. De su régimen jurídico resalta que la aplicación del apartado a) del Cuadro II no exige que la ocupación del trabajador difiera de la principal de la empresa. El Cuadro II, dice, no es supletorio del I ya que la finalidad del precepto es que las actividades cuya ejecución entrañe más riesgos tengan una cotización más alta que los cubra, mientras que las de aquellos empleados que, aun coadyuvando a la actividad principal de la empresa, no estén sometidas a tales riesgos más elevados, no requieran una cotización especial.

El Cuadro II, insiste, no es de aplicación supletoria respecto del I. Sostenerlo llevaría al absurdo, dice, de no tener en cuenta el riesgo inherente a cada actividad, finalidad ésta, añade, que subyace al régimen de las cotizaciones y viene a reconocer, dice, la propia Administración en la "Relación de Criterios de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 25 de enero de 2007".

Analiza, a continuación, el escrito de oposición el apartado a) del Cuadro II y apunta que por "Personal en trabajo exclusivo de oficina", la sentencia no incluye al que participa del riesgo de la actividad principal de la empresa sino al que desempeña su labor en sus oficinas y, por tanto, no está sometida a aquél sino al propio de esta última. Tras esta precisión, se fija en el sentido literal de la norma y dice que entender trabajo de oficina en el sentido defendido por la Administración también supondría cambiar el sentido literal del precepto porque en ningún momento equipara el trabajo de oficina con el puramente administrativo. Y, aún de aceptar que así fuera, se pregunta ¿qué hay que entender como trabajo administrativo? Responde que no sólo el que dice el escrito de interposición: contabilidad, facturación o gestión documental de la Empresa, sino también la preparación de informes, presupuestos o control de costes.

Y como el precepto dice personal "en" trabajo exclusivo de oficina, piensa en el realizado dentro de ella y, por tanto, ajeno al riesgo derivado de la actividad principal de la empresa. Cita al respecto la Consulta de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 29 de abril de 2016 para la que "se considera trabajo de oficina todo aquel que se desempeña en instalaciones cerradas que son oficinas de la empresa, y para las que se hace uso de medios tales como mesas, sillas, ordenadores y otros elementos accesorios de carácter administrativo; aspectos que cumplen las funciones desempeñadas por los trabajadores anteriormente reseñados".

El precepto no entiende, pues, concluye el escrito de oposición, el trabajo de oficina en el sentido que defiende el recurrente en casación sino que contempla los que se llevan a cabo habitualmente en una sede física, en oficinas. Y la modificación legislativa, termina, no cambia lo ya establecido. Únicamente lo aclara y lo hace en el sentido defendido por la parte recurrida.

El juicio de la Sala. La desestimación del recurso de casación.

Aunque el escrito de interposición relaciona otros recursos de casación en los que se debate sobre la interpretación de la tarifa establecida por la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, en realidad en ellos se discuten otros aspectos que, si bien relacionados con los criterios que han de guiar el sometimiento a la cotización conforme al Cuadro I o al Cuadro II, no plantean el problema sobre el que gira el presente proceso. En cambio, coincide sustancialmente con el suscitado por el recurso de casación n.º 871/2017, tal como precisa el auto de admisión.

Pues bien, nuestra sentencia n.º 762/2019, de 3 de junio, lo ha resuelto y ha establecido la siguiente interpretación sobre la misma cuestión en que se ha apreciado el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en el caso que nos ocupa:

"(...) antes de la reforma de la regla tercera, del apartado dos, de la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, efectuada por la disposición final octava de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016, debe entenderse incluida en la letra a) del Cuadro II (personal en trabajos exclusivos de oficina), las funciones que, siendo coincidentes con la actividad de la empresa, se realizan de forma constante, habitual y prioritaria en los lugares de la empresa destinados a oficina, ello a los efectos de que las empresas encuadradas en el correspondiente código CNAE de los incluidos en el Cuadro I, y en particular, en el CNAE 2829 del Cuadro I "Fabricación de otra maquinaría de uso general n.c.o.p.", puedan cotizar por contingencias profesionales y accidentes de trabajo por el tipo correspondiente al Cuadro II, cuando cuenten con trabajadores que desempeñen funciones incluidas en el mismo, en concreto, en la citada letra a)".

Para llegar a esa conclusión, dicha sentencia n.º 762/2019, argumenta cuanto sigue sobre qué debe entenderse por personal en trabajos exclusivos de oficina:

"Lo primero que diremos es que la regla tercera no puede entenderse como una regulación de la cotización por ocupación del trabajador, paralela o alternativa y en régimen de igualdad con la regla de cotización por actividad económica de la empresa. Y no lo es porque comienza con la expresión "no obstante", que es indicativa de excepcionalidad (o especialidad) y, como tal, representa la aplicación de una regla diferente por excepcional, no alternativa o paralela.

Por tanto, es preciso decir que una regla de esta naturaleza no puede ser nunca interpretada en sentido amplio, sino al contrario. Y esta afirmación es aplicable a sus dos párrafos, máxime cuando el segundo es una precisión del primero y para una concreta actividad del Cuadro II. En todo caso, la interpretación restrictiva o, más precisamente, estricta, que, en principio, debe hacerse de las normas que establecen excepciones, no puede dar un resultado contrario a la lógica, a la letra de la ley o, en general, a los criterios generales de interpretación. En particular, es claro que no cabe exigir, ni aplicar, para el disfrute de una regla que admite un tipo menor de cotización, como la que examinamos, requisitos que no prevé el precepto que la establece o alterar significativamente alguno de ellos.

Avanzando en nuestra tarea de concretar lo que deba entenderse por "personal en trabajos exclusivos de oficina", habrá que partir del contenido del párrafo segundo de la citada regla tercera, que dice así "se considerará "personal en trabajos exclusivos de oficina" a los trabajadores por cuenta ajena que, sin estar sometidos a los riesgos de la actividad económica de la empresa, desarrollen su ocupación exclusivamente en la realización de trabajos propios de oficina aun cuando los mismos se correspondan con la actividad de la empresa, y siempre que tales trabajos se desarrollen únicamente en los lugares destinados a oficinas de la empresa.

Así, trabajo exclusivo de oficina precisa de la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) debe tratarse de ocupación "exclusiva", en trabajos de oficina.

b) el trabajo de oficina puede comprender no solo el referido a lo que podrán ser actividades administrativas, sino que puede venir referido a la realización de actividades de la empresa.

c) que ese trabajo relacionado con la actividad de la empresa no someta al trabajador a los riesgos de la empresa

d) que se desempeñe "únicamente" en los lugares destinados a oficinas de la empresa.

La norma no identifica los trabajos de oficina con los meramente administrativos como aduce la Tesorería General de la Seguridad Social, no solo porque no lo dice así sino también porque de manera expresa afirma que puede venir referido a la realización de actividades de la empresa, si bien con los condicionamientos que fija.

Así, para que esa ocupación en la actividad de la empresa pueda integrarse en "trabajos exclusivos de oficina" es necesario que la ocupación (i) sea "exclusiva" en esos trabajos que pueden ser de oficina; (ii) no someta al trabajador a los riesgos de la empresa, y (iii) se desempeñe únicamente en los lugares destinados a oficinas de la empresa.

Este y no otro debe ser el alcance de la precisión introducida por la reforma en el párrafo segundo de la regla tercera".

Respecto de la incidencia de la modificación operada por la Ley 48/2015, dice nuestra sentencia que:

"la reforma no ha alterado el "concepto" tomado en consideración por la letra a) del cuadro II de cotización por ocupación: "personal en trabajos exclusivos de oficina", sino que sólo ha venido a concretar, a modo de interpretación auténtica, lo que debe entenderse por tal "concepto" y a los efectos de la determinación del tipo de cotización por esa ocupación.

Es evidente que una reforma de esta naturaleza, que no introduce un nuevo sistema de cotización o nuevos elementos para ella o para la determinación de tipos aplicables, no puede verse limitada en su alcance por la regla de entrada en vigor del artículo 2 del Código Civil, salvo en lo que conllevase de restricción de derechos. Es decir, la reforma no puede impedir que antes de su inclusión en la norma legal pueda ser alcanzada la misma "solución aplicativa" del "concepto" de cotización de la letra a) del cuadro II (personal en trabajos exclusivos de oficina), por cualquier otro de los criterios interpretativos incluidos en el artículo 3.1 del Código Civil.

Como hemos visto, una interpretación finalista de la norma permite solventar las dudas sobre el alcance de la reforma respecto del párrafo primero de la regla tercera del apartado dos, ello para mantener que la literalidad de la reforma introducida por la Ley 48/2015 permite solventar las dudas interpretativas que pudieran surgir respecto de la redacción anterior. Así el tipo de cotización a que alude el párrafo primero de la regla tercera -el del Cuadro II, por ocupación del trabajador- será el de esta ocupación si "difiere" del correspondiente a la actividad de la empresa.

Del mismo modo, una interpretación del "concepto" de ocupación de la letra a) del cuadro II (personal en trabajos exclusivos de oficina) que atienda al espíritu y finalidad de la norma, que es el acompasar el tipo de cotización con el riesgo efectivo de la ocupación o situación del trabajador respecto al que se deriva de la actividad principal de la empresa, permitiría afirmar que la realización de los trabajos coincidentes con la actividad de la empresa realizados en los lugares destinados a oficina integran el citado "concepto" de cotización de "personal en trabajos de oficina". Es evidente que el riesgo de la actividad de la empresa puede ser diferente si se realiza en el lugar ordinario o en los lugares de oficina.

Ahora bien, también es evidente que esa forma y lugar de realizar la actividad de la empresa no puede comprender el desempeño ocasional ni el meramente temporal, esporádico o aislado, sino que debe venir referida a un desempeño constante, habitual o prioritario".

Tal como se ha podido comprobar con la lectura de los fundamentos de la sentencia n.º 762/2019, en ellos se encuentra la respuesta a las cuestiones planteadas por las partes. Asimismo, los principios de igualdad en la aplicación de la Ley y de seguridad jurídica nos exigen seguir ahora la interpretación que ha efectuado, pues los supuestos contemplados en ambos casos son sustancialmente iguales y no se han aportado razones que justifiquen un cambio de criterio.

En consecuencia, hemos de desestimar también ahora el recurso de casación.

La respuesta a la cuestión planteada por el auto de admisión.

Y por las mismas razones que acabamos de señalar, siendo la misma la cuestión planteada por el auto de admisión en los recursos de casación, basta para contestarla con reproducir lo dicho entonces y hemos recogido más arriba con la sola variación del código CNAE de la empresa. A saber:

Antes de la reforma de la regla tercera, del apartado dos, de la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, efectuada por la disposición final octava de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016, deben entenderse incluidas en la letra a) del Cuadro II (personal en trabajos exclusivos de oficina), las funciones que, siendo coincidentes con la actividad de la empresa, se realizan de forma constante, habitual y prioritaria en los lugares de la empresa destinados a oficina, ello a los efectos de que las empresas encuadradas en el correspondiente código CNAE de los incluidos en el Cuadro I, y en particular, en el CNAE 3315 del Cuadro I "Reparación y mantenimiento naval", puedan cotizar por contingencias profesionales y accidentes de trabajo por el tipo correspondiente al Cuadro II, cuando cuenten con trabajadores que desempeñen funciones incluidas en el mismo, en concreto, en la citada letra a).

Costas.

A tenor de lo establecido por el artículo 93.4 de la Ley de la Jurisdicción, cada parte correrá con las costas causadas a su instancia y con las comunes por mitad en el recurso de casación.

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido de acuerdo con la interpretación de las normas establecida en el fundamento quinto,

(1.º) No dar lugar al recurso de casación n.º 4794/2018 interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social contra la sentencia n.º 33/2018, de 7 de febrero, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas, y recaída en el recurso n.º 122/2016.

(2.º) Estar respecto de las costas a los términos del último de los fundamentos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente en estos autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal Supremo, lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico.

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