Jurisprudencia

Sentencia Tribunal Supremo  22/07/2020 

Tribunal Supremo , 22-07-2020 , nº 128/2019, rec.1073/2020,  

Pte: Toledano Cantero, Rafael

ECLI: ES:TS:2020:2383

ANTECEDENTES DE HECHO 

El presente recurso contencioso-administrativo se interpuso, el día 15 de abril de 2019, contra el Real Decreto 40/2019, de 1 de febrero, citado en el encabezamiento.

Recibido el expediente administrativo, y con entrega del mismo a la parte recurrente, se confirió trámite para la formulación del correspondiente escrito de demanda.

En el escrito de demanda, presentado el día 23 de julio de 2019, se hacen las alegaciones oportunas, y se solicita que este Tribunal: "Que teniendo por presentado este escrito, junto con su documento, se sirva admitirlo y tenga por formulada demanda contra la Real Decreto 40/2019, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de salud y el procedimiento de su actualización, para incorporar las categorías profesionales correspondientes al personal sanitario técnico superior, y la nulidad del Anexo del citado Real Decreto por no ser correcto el Grupo o Subgrupo de clasificación profesional aplicado a los Técnicos Superiores Sanitarios".

Conferido traslado de la demanda a la Administración del Estado, el abogado del Estado presenta, el día 23 de septiembre de 2019, escrito de contestación en el que, tras las alegaciones oportunas, suplica "tenga por hechas las alegaciones anteriores y por cumplimentado el trámite concedido debiendo desestimar la demanda íntegramente, con expresa imposición de costas al recurrente".

No solicitado el recibimiento a prueba, ni trámite de conclusiones, se declararon conclusas las actuaciones y pendiente de señalamiento.

Se señaló para votación y fallo del recurso el día 21 de julio de 2020, fecha en que tuvo lugar dicho acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Objeto del recurso.

El presente recurso contencioso administrativo se interpone contra el Real Decreto 40/2019, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de salud y el procedimiento de su actualización, para incorporar las categorías profesionales correspondientes al personal sanitario técnico superior, publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 41, de 19 de febrero de 2019.

La pretensión de nulidad que se ejercita en este recurso contencioso administrativo alcanza, según lo solicitado en el suplico de la demanda, a la totalidad del Real Decreto impugnado, en la medida que no incluye en el grupo B a los Técnicos Superiores Sanitarios.

La posición de las partes procesales.

El recurso se fundamenta, a tenor del contenido del escrito de demanda, en la vulneración en la infracción del artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público pues el grupo B, de clasificación profesional del personal funcionario de carrera, está reservado para los que están en posesión del título de Técnico Superior. Se añade que se vulnera lo dispuesto en el régimen de transitoriedad previsto en su disposición transitoria tercera.

Por su parte, el Abogado del Estado alega, por remisión al informe del Consejo de Estado dictado en la tramitación del real decreto recurrido, que este real decreto es conforme a Derecho porque está vigente la disposición transitoria tercera de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y añade que el Real Decreto no tiene por objeto, como sostiene la recurrente, regular el ámbito de las distintas categorías profesionales del personal estatutario, tan solo pretende garantizar la movilidad de dicho personal estatutario.

La cuestión de fondo.

Antes de nada, conviene determinar el alcance del Real Decreto impugnado pues, como luego señalaremos, lo que postula el Colegio recurrente mediante este recurso desborda los límites en los que ha de moverse nuestra decisión, atendido el contenido del Real Decreto que se impugna.

Así es, la única modificación que introduce el Real Decreto impugnado, en el Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, es mediante el añadido de una disposición adicional cuarta que regula la "movilidad entre las categorías de referencia y categorías de equivalencia en el supuesto de varias especialidades".

Acorde con lo declarado en el propio preámbulo del Real Decreto impugnado, se establecen las equivalencias de las categorías profesionales de los distintos servicios de salud "que sirve para facilitar la movilidad de los profesionales en el Sistema Nacional de Salud".Estableciendo, se insiste, las"equivalencias de las categorías profesionales de los servicios de salud y así garantizar la movilidad de este personal en todo el territorio nacional".Teniendo en cuenta que dicho catálogo "supone una herramienta fundamental de cohesión y racionalización de los procesos de movilidad en el Sistema Nacional de Salud".De conformidad con lo que disponen los artículos 15.2 y 37, de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

En este mismo sentido se expresa el Real Decreto 184/2015, al que modifica el Real Decreto aquí impugnado, cuando señala, también en su preámbulo, que"este catálogo homogéneo de equivalencias de categorías profesionales permitirá que el personal estatutario pueda acceder a plazas vacantes de otros servicios de salud, mejorando la calidad de la asistencia y haciendo efectiva la garantía de su movilidad en todo el Sistema Nacional de Salud, tal y como recoge elartículo 43 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo".Y añade que"en dicho catálogo se declaran las categorías que se consideran equivalentes entre sí y respecto a las denominadas "de referencia", con el fin de regular un instrumento que contribuya a la garantía del derecho a la movilidad del personal estatutario en el conjunto del Sistema Nacional de Salud".

El art. 76 del TREBEP establece:

"Artículo 76. Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera.

Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos:

Grupo A: Dividido en dos Subgrupos, A1 y A2.

Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta.

La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso.

Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior.

Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso.

C1: Título de Bachiller o Técnico.

C2: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Teniendo en cuenta que los cuerpos y escalas se clasifican en la forma que determina el artículo 76, una vez que concluya la aplicación demorada en función de la vigencia de la disposición transitoria tercera del TREBEP, Grupo A: Subgrupo A1, Grupo B: Subgrupo A2, Grupo C: Subgrupo C1, y Grupo D: Subgrupo C2".

Por su parte, la disposición transitoria tercera del TREBEP establece:

"Disposición transitoria tercera. Entrada en vigor de la nueva clasificación profesional.

1. Hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios a que se refiere el artículo 76, para el acceso a la función pública seguirán siendo válidos los títulos universitarios oficiales vigentes a la entrada en vigor de este Estatuto.

2. Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, se integrarán en los Grupos de clasificación profesional de funcionarios previstos en el artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias:

Grupo A: Subgrupo A1.

Grupo B: Subgrupo A2.

Grupo C: Subgrupo C1.

Grupo D: Subgrupo C2.

Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional sexta".

Como se ve, el ámbito limitado de la reforma no alcanza a la clasificación profesional que establece el artículo 76 y la disposición transitoria tercera del TREBEP, pues se limita a establecer asimilaciones que faciliten lamovilidaden todo el territorio nacional, dentro del Sistema Nacional de Salud.

Lo que se pretende, por tanto, mediante el presente recurso contencioso administrativo, rebasando el ámbito que permite el Real Decreto impugnado, es que se incluya a los Técnicos Superiores Sanitarios en el grupo B, dentro de los grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera que regula el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), que comprende a los cuerpos o escalas para los que se exija estar en posesión del título de Técnico Superior.

Estas cuestiones relativas al encuadramiento, como fácilmente se colige, hubieran precisado, para su establecimiento y regulación, una norma con rango de ley, como hemos declarado en nuestra sentencia de 5 de junio de 2020 (rec. cont-advo núm. 109/2019), de modo que un Real Decreto, como el que ahora se impugna, no puede modificar, ni lo hace, otro Real Decreto para establecer un encuadramiento que no puede ser abordado, insistimos, por una norma que no tiene rango legal. Ni, en definitiva, puede aprovechase la impugnación de un Real Decreto que establece equivalencias para facilitar la movilidad de los profesionales dentro del Sistema Nacional de Salud, para que esta Sala determine, por adelantado, la forma en la que deban de establecerse los futuros grupos de clasificación profesional.

Las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la LJCA, tras la reforma por Ley 37/2011, atendida la fecha de interposición del recurso, se hace imposición de costas a la recurrente, cuyo importe, por todos los conceptos, no puede superar, por todos los conceptos, la cantidad de 4000 euros.

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

1.- Desestimar el recurso contencioso administrativo núm. 128/2019, interpuesto por la representación procesal el Colegio profesional de técnicos superiores sanitarios de la Comunidad Valenciana, contra el Real Decreto 40/2019, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de salud y el procedimiento de su actualización, para incorporar las categorías profesionales correspondientes al personal sanitario técnico superior, publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 41, de 19 de febrero de 2019.

2.- Imponer las costas, en los términos previstos en el último fundamento, a la parte recurrente, Colegio profesional de técnicos superiores sanitarios de la Comunidad Valenciana.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Rafael Toledano Cantero, lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico.

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