Jurisprudencia

Sentencia Tribunal Supremo  21/07/2020 

Tribunal Supremo , 21-07-2020 , nº 3410/2016, rec.1060/2020,  

Pte: Díez-Picazo Giménez, Luis María

ECLI: ES:TS:2020:2451

ANTECEDENTES DE HECHO 

La representación procesal de don Horacio interpuso ante esta Sala, con fecha 17 de febrero de 2016, recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de noviembre de 2015, por el que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios derivados de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) creado por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Ley 24/2001).

Registrado el recurso, se acordó suspender el trámite del actual recurso hasta que se dictara sentencia en los registrados con los números 291, 312, 519, 634 y 1583, todos del 2015, que se tramitaban con carácter preferente.

Habiéndose dictado sentencias firmes en los recursos antes citados, se levantó la suspensión acordada y se dio traslado a la parte recurrente afectada por la suspensión únicamente de la sentencia recaída en el recurso núm. 312/2015, atendido el contenido sustancialmente coincidente de todas las sentencias dictadas, para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 37.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), interesara la extensión de los efectos de la referida sentencia o, en su caso, alguna de las otras opciones previstas en los citados preceptos.

La parte recurrente, evacuando el traslado concedido, interesó la continuación del procedimiento, lo que fue acordado por la Sala, requiriéndose a la Administración recurrida la remisión del expediente administrativo.

Recibido el expediente administrativo, se entregó a la parte recurrente y se confirió trámite para la formulación del correspondiente escrito de demanda.

No habiéndose formalizado la demanda por la parte recurrente dentro del plazo concedido, por auto de 8 de julio de 2019 se declaró la caducidad del presente recurso.

Notificado el anterior auto la parte actora formalizó la demanda mediante escrito presentado el 15 de julio de 2019.

Tras referirse a la regulación del IVMDH y a la sentencia de 27 de febrero de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) manifiesta haber interpuesto la correspondiente reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado en reclamación de aquellas cantidades soportadas durante la vigencia del impuesto. Añade que la suma que se reclamaba en esa solicitud acompañada de sus correspondientes facturas y soporte documental necesario, que según manifiesta figuran en el expediente administrativo, asciende a la cantidad de 4.747,77 euros.

Aduce que el presente caso es idéntico al analizado, entre otras, en la sentencia dictada por esta Sala en el recurso número 194/2015 que reproduce en los particulares de su interés.

Termina suplicando a la Sala que dicte sentencia "[...] por la que estime en su integridad el recurso contencioso formulado, declarando no ser conforme a Derecho la resolución dictada por el Consejo de Ministros de 26 de febrero de 2015 (sic, en realidad de 27 de noviembre de 2015) en lo relativo a las indemnizaciones interesadas por mis representadas objeto de este recurso, acordando debe devolverse la cantidad de 4.747,77 EUROS más los correspondientes intereses de demora, condenando asimismo a la Administración demandada al pago de las costas que se causen, con los trámites y efectos legales consiguientes o en su caso actualizándola debidamente con arreglo al I.P.C., y en todo caso con los intereses que procedan desde que se reconozca hasta el pago efectivo".

Por auto de 5 de septiembre de 2019 se acordó dejar sin efecto el auto que declaró la caducidad del recurso y dar traslado de la demanda al Sr. Abogado del Estado para que la contestara en plazo de veinte días.

El Sr. Abogado del Estado, en nombre y representación de la Administración demandada, contestó la demanda mediante escrito de 14 de octubre de 2019.

Manifiesta que las cuestiones de fondo que se plantean en el presente recurso han sido resueltas por la Sala en numerosas sentencias firmes que reconocen la procedencia de la indemnización, de manera que ninguna alegación va a efectuar sobre ese extremo, sin perjuicio de interesar que se apliquen al presente caso las mismas bases que establecieron aquellas sentencias para el cálculo de la indemnización, transcribiendo, a tal efecto, la fundamentación contenida en la sentencia de 6 de marzo de 2018 (recurso núm. 1224/2015).

Por todo ello suplica a la Sala que "[...] dicte en su día sentencia declarando, para el caso de estimación del recurso, que la indemnización concreta deberá calcularse en ejecución de sentencia aplicando las bases reseñadas en el Tercero de los fundamentos de derecho de esta contestación a la demanda".

No habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, por providencia de 4 de febrero de 2020 se acordó continuar con la tramitación del presente procedimiento y abrir el trámite de conclusiones solicitado por la parte recurrente.

Evacuado el correspondiente trámite de conclusiones por ambas partes, quedaron conclusas las actuaciones, habiéndose señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 8 de julio de 2020, fecha en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

El presente recurso se dirige contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de noviembre de 2015, que desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial que formuló la parte recurrente por los daños y perjuicios que le generó el abono del IVMDH.

Para abordar este recurso es importante precisar que, por deseo expreso de la parte recurrente, estas actuaciones se han tramitado por el procedimiento ordinario, al haber sido esa la opción efectivamente seguida por ella al dar cumplimiento al trámite que se le confirió por esta Sala en aplicación de las previsiones del artículo 37.3 de la LJCA.

Ello ha de suponer que, en las sucesivas actuaciones que se han seguido durante su curso, sobre la recurrente recaía la carga de acreditar los hechos y exponer los fundamentos que habrían de sustentar la pretensión que aquí ha formulado y que, conviene recordar, no es otra que la de que le sean indemnizados, en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por infracción del derecho de la Unión Europea, los daños que sostiene haber padecido como consecuencia del abono del IVMDH.

Siendo ello así, se observa que, en el presente caso, la recurrente no ha justificado en forma alguna el elemento del daño efectivo, premisa esencial de la institución de la responsabilidad patrimonial y sin cuya concurrencia no cabe hablar de derecho a la reparación de perjuicio alguno.

Para explicar lo anterior, hay que tener presente que la parte recurrente ha solicitado en su demanda el abono de la cantidad de 4.747,77 euros. Sin embargo no existe en el expediente administrativo en relación con la misma factura alguna, o documentación equivalente, que permita corroborar que, efectivamente, los abonos que la recurrente asevera haber realizado se produjeron efectivamente. Ninguno de los desembolsos económicos supuestamente realizados por aquélla cuenta con la debida, e imprescindible, justificación documental.

No desconoce la Sala que en su reclamación administrativa -que obra en el expediente administrativo- (en concreto, en su página 12) se afirmaba aportar como documento núm. 2 las fotocopias de todas las facturas que acreditan las cuotas de IVMDH soportadas, proponiéndose en el Otrosí digo del escrito de reclamación (página 16) prueba documental "(...) consistente en la aportada con este escrito".

No obstante, como ya se ha indicado, tal documento y su contenido, caso de que efectivamente hubiera acompañado a la reclamación administrativa, no figura entre la documentación que conforma el expediente administrativo.

En la mano de la parte recurrente estaba el solicitar, al amparo de la facultad que contempla el artículo 55 de la LJCA, el complemento de dicho expediente si, efectivamente, tan esencial documentación había sido indebidamente excluida por la Administración al tiempo de su remisión a esta Sala. También estaba a su alcance la posibilidad de solicitar, mediante Otrosí en su demanda, el recibimiento del pleito a prueba con proposición de aquellas diligencias que hubiera estimado pertinentes para acreditar la realidad e importe de los suministros efectivamente realizados y, en definitiva, de los perjuicios que reclamaba.

Pero lo cierto es que no ha hecho ni una cosa ni la otra. Ni solicitó la ampliación del expediente administrativo en el momento procesal oportuno ni, en su demanda, previa vista del expediente y de sus posibles ausencias documentales, consideró oportuno acompañar copias de las facturas de los desembolsos realizados o interesar la apertura de un período probatorio a fin de que se pudieran acreditar tales pagos.

Y siendo ello así y no contando la Sala con más documentación que la obrante en el expediente administrativo entre la que, como ya se ha dicho, no figura la debida justificación de los abonos de IVMDH que la recurrente sostiene haber realizado, procede desestimar el presente recurso.

Con arreglo al artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la desestimación íntegra del recurso contencioso-administrativo lleva aparejada la imposición de las costas al recurrente. No obstante, dada la cuantía del presente procedimiento y a fin de no incurrir en desproporción, procede imponer las costas al recurrente hasta un máximo de 100 euros por todos los conceptos.

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por el procurador don Santiago Rodríguez Jiménez, en nombre y representación de don Horacio contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de noviembre de 2015; y con imposición de las costas al recurrente hasta un máximo de 100 euros por todos los conceptos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

D. Luis María Díez-Picazo Giménez Dª. María del Pilar Teso Gamella

D. José Luis Requero Ibáñez D. Jesús Cudero Blas

D. Ángel Ramón Arozamena Laso D. Rafael Toledano Cantero

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Luis María Díez-Picazo Giménez, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico

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