Jurisprudencia

Sentencia Tribunal Supremo 3 08/10/2019 

Tribunal Supremo 3, 8-10-2019 , nº 2782/2016, rec.1330/2019,  

Pte: Córdoba Castroverde, Diego

ECLI: ES:TS:2019:3016

ANTECEDENTES DE HECHO 

El representante legal de D. Florian interpone recurso de casación contra la sentencia de la Sección segunda de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, de 28 de junio de 2016 (rec. 687/2015 ) por la que se estimó en parte el recurso interpuesto por el hoy recurrente en casación contra la resolución de 1 de junio de 2015 de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que desestimó el recurso de alzada contra la resolución de 21 de noviembre de 2014 de la Delegación Territorial de Palencia, por la que se impuso al recurrente una multa de 1.800 €, retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla por un año y un mes y una indemnización por importe de 12.348 €.

La sentencia recurrida contiene parte dispositiva del siguiente tenor:

"F A L L A M O S

Que estimando en parte el presente recurso contencioso-administrativo número 687/2015 interpuesto por la representación de D. Gumersindo contra la resolución de 1 de junio de 2015 de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, desestimatoria del recurso de alzada formulado contra la resolución de 21 de noviembre de 2014 de la Delegación Territorial de Palencia de esa dministración, dictada en el expediente sancionador de caza NUM000 , que impuso al recurrente, por las infracciones que en ella se indican, una multa de 1.800 euros, la retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla por un periodo de un año y un mes y una indemnización por piezas de caza por importe de 12.348 euros, debemos: 1) Anular y anulamos dichas resoluciones exclusivamente en cuanto a la infracción grave imputada que en ellas se contiene prevista en el artículo 75.10 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León , así como respecto a la sanción de multa impuesta al recurrente de 1.800 euros y a la retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla por un periodo de un año y un mes, y, en su lugar, se reduce la multa a 500 euros y la retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla por un periodo de un año al considerarle responsable de la infracción grave, prevista en el artículo 75.26 de esa Ley, y de la infracción leve, prevista en el artículo 76.2 de la misma, manteniéndose la indemnización de 12.348 euros. 2) No hacer una especial condena en costas.".

La sentencia impugnada anuló parcialmente las resoluciones administrativas impugnadas y redujo la sanción a 500 euros y la retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla a un año al considerarle tan solo responsable de una infracción leve prevista en el art. 76.2, manteniéndose la obligación de indemnizar por importe de 12.348 €.

El recurso se funda en la infracción del art. 130.2 de la Ley 30/1992 que establece la posibilidad de exigir al infractor la reposición de la situación jurídica alterada a su estado originario, así como la indemnización por los daños y perjuicios causados. Pero la obligación de indemnizar precisa la existencia de un daño previo sufrido por la Administración o por los administrados como consecuencia de la acción u omisión tipificada como infracción. En definitiva, se exige un nexo causal que ligue el daño con la acción u omisión constitutivos del ilícito infractor, dado que el resarcimiento se dirige a reparar o restituir el daño sufrido.

Por ello, entiende que no resulta procedente mantener la obligación de indemnización por importe de 12.438 € por la existencia de "daño causado a especies cinegéticas", dado que se anuló la sanción consistente en cazar sin autorización por haberse acreditado que contaba con la debida autorización del titular del coto y sobre especies autorizadas, y la única infracción que finalmente se imputa al recurrente consiste en el porte de tres trofeos de corzo sin colocar los precintos reglamentarios, conducta de la que no se deriva daño alguno ni a las especies cinegéticas, ni al titular del coto ni a la Administración.

La no colocación del precinto en la cuerna genera el incumplimiento de una obligación formal y la sanción correspondiente, pero se agotan los efectos en esta conducta omisiva sin que resulte acreditada e imputable a tal omisión la generación de daño alguno que legitime y ampare la obligación de resarcimiento que le ha sido administrativamente impuesta y la sentencia confirma.

El letrado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León se opone al recurso.

Considera que la indemnización por daños ocasionados a las especies cinegéticas se exige al infractor, en virtud de una previsión de la ley de Caza de Castilla y León, sin que conste en el expediente ni se haya acreditado de contrario que la obligación de indemnizar por los daños efectuados a las piezas de caza esté asociada a la sanción posteriormente anulada por la sentencia del TSJ de Castilla y León.

Así mismo, considera que la tipificación de la conducta contenida en el art. 75.26 por la que fue sancionado el recurrente, tiene por objeto que la actividad cinegética sea gestionada y practicada de una forma ordenada y se garantice la defensa del patrimonio natural. Se trata de una infracción grave y cuya comisión provoca evidentes perjuicios a las piezas de caza que no se ve disipados por el hecho de que las matrices fuesen posteriormente entregadas a la autoridad cinegética.

Evacuado dicho trámite, se dieron por conclusas las actuaciones, señalándose para votación y fallo el día 1 de octubre de 2019, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

El recurso de casación impugna la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, de 28 de junio de 2016 (rec. 687/2015 ) por la que se estimó en parte el recurso interpuesto por el hoy recurrente en casación contra la resolución de 1 de junio de 2015 de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que desestimó el recurso de alzada contra la resolución de 21 de noviembre de 2014 de la Delegación Territorial de Palencia, por la que se impuso al recurrente una multa de 1.800 €, retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla por un año y un mes y una indemnización por importe de 12.348 €.

La sentencia recurrida anuló parcialmente las resoluciones administrativas impugnadas y redujo la sanción a 500 euros y la retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla a un año, al considerarle tan solo responsable de una infracción leve prevista en el art. 76.2, manteniéndose la obligación de indemnizar por importe de 12.348 €.

El recurrente se limita a cuestionar la obligación de indemnizar, por importe de 12.348 €. Considera que esta indemnización "por daños a las especies cinegéticas" no guarda relación alguna con la única infracción que finalmente subsiste, consistente en transportar tres cabezas de corzo en su automóvil sin llevar los correspondientes precintos puestos.

El recurso de casación considera que la sentencia infringe el art. 130.2 de la Ley 30/1992 dado que la obligación de indemnizar precisa la existencia de un daño previo sufrido por la Administración o por los administrados como consecuencia de la acción u omisión tipificada como infracción. En definitiva, se exige un nexo causal que ligue el daño con la acción u omisión constitutivos del ilícito infractor, dado que el resarcimiento se dirige a reparar o restituir el daño sufrido, sin que, en el supuesto que nos ocupa, exista relación o nexo causal alguno entre la infracción que finalmente se le imputa a daño alguno ni al titular del coto ni a la Administración.

El artículo 130.2 de la Ley 30/1992 dispone que:

"Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados que podrán ser determinados por el órgano competente, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su satisfacción en el plazo que al efecto se determine, y quedando, de no hacerse así, expedita la vía judicial correspondiente".

El citado precepto establece un deber de reparación compatible con la imposición de la sanción, que abarca la reposición de la situación alterada por la infracción a su estado original y la indemnización de los daños y perjuicios causados por la conducta infractora. Ambas reparaciones son consecuencia de la conducta infractora. En definitiva, no integran la infracción, pero son consecuencia de ella, por lo que la reparación fijada ha de estar conectada con la conducta infractora que ha sido sancionada.

La obligación de reparar el daño causado aparece conectada, por tanto, con la situación jurídica alterada o los daños y perjuicios causados por la conducta infractora. Ello determina que, el importe de la indemnización que se fije ha de responder a un daño real y efectivo y existir un nexo causal entre este daño y la conducta del infractor.

En el caso que nos ocupa, la resolución administrativa fijó una indemnización de 12.348 € "por daños a especies cinegéticas", cantidad que se correspondía con la exigencia de 6.174 € "por cada ejemplar de corzo macho transportado ilegalmente", razonamiento que se completó, al tiempo de resolver el recurso de alzada, afirmando que la indemnización por los daños y perjuicios causados a las especies cinegéticas son consecuencia directa de las infracciones sancionadas, afirmando que "es evidente a simple vista que las supuestas autorizaciones del titular cinegético para cazar aportadas son una burda manipulación documental".

De modo que la indemnización fijada por daños a las especies cinegéticas partía de la existencia de dos infracciones distintas: por un lado, cazar sin autorización; y, por otro, transportar tres cabezas de corzo sin llevar los correspondientes precintos. Pero la sentencia de instancia anuló la primera de ellas por entender acreditado que el recurrente estaba autorizado para la caza de dichos corzos (los cazó con la autorización del titular de un coto que estaba autorizado para la caza del corzo en la fecha correspondiente).

Esta indemnización sería procedente cuando la infracción consiste en cazar sin la debida autorización, pues se indemniza el valor de cada una de las piezas cobradas ilegalmente (coste que se situado en 6.174 € por cada corzo macho) y los perjuicios que esta actividad ilícita ha causado bien al titular del coto o la Administración, pero carece de sentido fijar esta indemnización cuando tan solo se le imputa el incumplimiento de la normativa relativa al transporte y los precintos, pues dicha infracción, sin duda relevante para poder ejercer un control de la caza, no ha generado un daño a las especies cinegéticas ni al titular del coto o a la Administración, ni el daño que se obliga a indemnizar guarda relación alguna con la conducta sancionada.

Por todo ello, procede estimar el recurso de casación y anular la sentencia de instancia en lo relativo a la obligación de indemnizar por importe de 12.348 €.

Costas.

Procede, por todo lo expuesto, la estimación del recurso de casación sin que se aprecien circunstancias que justifiquen la condena en costas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 139 de la LJ .

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

PRIMERO. Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto por D. Florian contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, de 28 de junio de 2016 (rec. 687/2015 ) que se casa y anula en el particular referido a la obligación de abonar la indemnización por importe de 12.348 €.

SEGUNDO. No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de casación ni sobre las devengadas en la instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

D. Eduardo Espin Templado D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat

D. Eduardo Calvo Rojas Dª. Maria Isabel Perello Domenech

D. Jose Maria del Riego Valledor D. Diego Cordoba Castroverde

D. Angel Ramon Arozamena Laso

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D.Diego Cordoba Castroverde , estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico. Doy Fe.

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