Jurisprudencia

Sentencia TSJ Canarias (Las Palmas) 3 15/09/2003 

TSJ Canarias (Las Palmas) 3, 15-09-2003 , nº 440/2003, rec.473/2002,  

Pte: García Otero, César José

ECLI: ES:TSJICAN:2003:2689

ANTECEDENTES DE HECHO 

Por resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, de 22 de febrero de 2.002, se desestimó el recurso de alzada interpuesto por la entidad mercantil Thomas Guthörl S.L., en su condición de titular de la explotación turística de 45 unidades alojativas del establecimiento denominado Bungalows Solymar Calma, sito en Costa Calma, término municipal de Pájara (Fuerteventura) contra la resolución de la Viceconsejería del Turismo de 8 de octubre de 2.001, recaída en expediente sancionador num. 043/01, que impuso a dicha mercantil la sanción de 27.648,68 euros, por la comisión de una infracción en materia turística tipificada en el artículo 75.1, en relación con el artículo 76.18 de la Ley 7/1.995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.-

Contra dicha resolución se interpuso recurso contencioso-administrativo por el Procurador don Oscar Muñoz Correa, en nombre y representación de la Tomas Guthörl S.L.-

En momento se formuló la correspondiente demanda en la que se pedía la estimación del recurso y anulación de la resolución recurrida por haber caducado el procedimiento,o, subsidiariamente, se imponga la sanción de multa en el límite mínimo permitido para la infracción denunciada.-

Por su parte, la Administración demandada se opuso al recurso, pidiendo su desestimación, tras lo cual, al no haber sido solicitado el recibimiento a prueba, se dio traslado a las partes para conclusiones, que evacuaron ambas.-

Se señaló la deliberación, votación y fallo para el 12 de septiembre del año en curso.-

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Los argumentos de la entidad recurrente frente a la resolución recurrida, son, a grandes rasgos, los siguientes: a) caducidad del procedimiento sancionador al haber transcurrido un plazo superior al de duración máxima legalmente prevista, contado desde la resolución de incoación hasta la resolución de la Viceconsejería de Turismo que declaró la responsabilidad de la actora, sin que halla habido acto alguno susceptible de interrumpir tal caducidad; b) prescripción de la infracción por transcurso de los plazos del artículo 74.1 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias; c) falta de ponderación en la imposición de la sanción y, consiguiente vulneración del principio de proporcionalidad al llegar en el proceso de individualización al grado máximo del recorrido posible cuando había quedado constatada la solicitud de licencia o autorización turística, así como la falta de antecedentes, la escasa transcendencia social del hecho, la pequeña entidad del complejo, los escasos ingresos que genera, y la posición, prestigio, solidez y antigüedad de la titular de su explotación, así como la calidad de su oferta e inexistencia de quejas o denuncias frente a aquella.-

Por su parte, la Administración demandada reproduce los argumentos contenidos en la resolución desestimatoria del recurso de alzada, que había rechazado tanto la caducidad del procedimiento como la prescripción de la infracción, al tiempo como había considerado bien graduada la sanción de multa impuesta.-

Ya en el examen sobre la posible caducidad del procedimiento, el punto de partida es el artículo 42 de la LRJAP-PAC en la redacción introducida por la Ley 4/99, de 13 de enero , conforme al cual " El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado en la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea", mientras que el apdo 3º advierte que cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo éste será de tres meses, que se contarán, en los iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación, y, por último en el apdo 5º se establecen los supuestos en los que se podrá suspender el plazo máximo legal para resolver el procedimiento.-

Por su parte, el artículo 44 del mismo cuerpo legal señala que: " En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos: 1......... 2. En los procedimiento en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92"

La aplicación de dichos preceptos-- en cuanto reguladores del régimen general de la caducidad-- a todo procedimiento sancionador (con las exclusiones de las Disposiciones Adicionales de la LRJAP-PAC) no ofrece duda alguna, si bien, dado que el legislador estatal ha renunciado a un procedimiento sancionador común, habrá que estar al procedimiento específico previsto en las correspondientes normativas (estatales, autonómicas o locales), sin perjuicio de la aplicación directa de las normas de la LRJAP-PAC en los aspectos regulados en la misma, y de la aplicación supletoria del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, en defecto, total o parcial, de procedimientos específicos (art 1º del Real Decreto 1.398/1.993 ).-

Y, en el ámbito de las infracciones turísticas, la Ley 7/1.995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias , establece unas reglas especiales del procedimiento en el artículo 81, habiendo sido desarrollada en esta materia por el Decreto 190/1.996, de 1 de agosto , regulador del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora en materia Turística y de la Inspección de Turismo.-

Existe, por tanto, un procedimiento específico en relación a las infracciones en materia turística,sin perjuicio de aplicación de las normas de la legislación estatal sobre garantías del procedimiento y sobre terminación del mismo, en particular, lo relativo a la caducidad.-

Precisamente, el artículo 4.1 del Decreto 120/1.998, señala que "El procedimiento ordinario deberá ser tramitado y resuelto en el plazo máximo de seis meses contado desde la notificación al interesado de la resolución de iniciación del mismo, mientras que el artículo 6.1 añade que "Si no hubiese recaído resolución transcurridos los plazos previstos en el artículo 4 del presente Decreto, se producirá la caducidad del procedimiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 43.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ", mientras que en el apdo 3º del mismo artículo advierte que " El cómputo de los plazos a que se refiere el artículo anterior se interrumpirá por la práctica de actuaciones que deban figurar en el expediente de forma expresa, encaminadas a determinar la identidad o domicilio del denunciado, la naturaleza del hecho infractor o cualquier otra circunstancia necesaria para comprobar y calificar la infracción siempre que de ellas tenga conocimiento el interesado".-

Dichos preceptos reglamentarios-- que, conforme a la posibilidad que dejó abierta el legislador estatal, regulan el procedimiento en materia de infracciones turísticas-- deben ponerse en relación con la nueva regulación de la caducidad tras la Ley 4/1.999, lo cual supone: a) que el plazo máximo para resolver todo procedimiento sancionador será el que determine su normativa específica, si bien nunca podrá ser superior a seis meses, de forma que por el transcurso de dicho plazo sin resolver se producirá la caducidad, y consiguiente archivo, b) el plazo se cuenta desde la incoación ("dies a quo") o, en terminología de la ley, desde la fecha del acuerdo de iniciación; c) es posible suspender el transcurso del plazo máximo legal por las causas expresamente previstas en el artículo 42.5 de la LRJAP-PAC; d) precisamente, en materia de infracciones turísticas dicho plazo se ha establecido en seis meses.-

Pues bien, en el caso examinado, entre la incoación del procedimiento (dies a quo) y la notificación de la resolución de la Viceconsejería de Turismo que declaró la responsabilidad de la entidad actora transcurrió un plazo superior a los seis meses, contados de fecha a fecha. En efecto, el acuerdo de incoación es de fecha 12 de marzo de 2.001 mientras que la resolución que pone fin al mismo lleva fecha 8 de octubre del mismo año, con notificación a la entidad destinataria el 15 del mismo mes, si bien tal notificación no se documenta en el expediente aunque no es objeto de controversia que tuvo lugar ese día.-

De cara a enervar los efectos de la caducidad, sostiene la Administración que el instructor del expediente solicitó al Cabildo Insular de Fuerteventura, a los efectos de continuar la tramitación del expediente sancionador, informe sobre la situación administrativa del establecimiento, con la advertencia que se interesaba conocer si había solicitado autorización de apertura, trámites que faltaban por cumplimentar y, en su caso, fecha de autorización de apertura y clasificación (vid folio 19 del exte), trayendo a colación la aplicación de lo dispuesto en el artículo 6.3 del Decreto 190/1.996, que permite la interrupción del plazo máximo para resolver por la práctica de actuaciones que deban figurar en el expediente de forma expresa, encaminadas a determinar la identidad o domicilio del denunciado, la naturaleza del hecho infractor o cualquier otra circunstancia necesaria para comprobar y calificar la infracción siempre que de ellas tenga conocimiento el interesado.-

Que la diligencia es necesaria no ofrece duda a esta Sala a la vista de la clase de infracción, consistente en tener abierto al público un establecimiento turístico sin la autorización preceptiva, tratándose de una actuación encaminada a esclarecer y dejar acreditada la propia realidad de la conducta típica y sus circunstancias concurrentes de cara a la declaración de responsabilidad y, en su caso, ponderación de la sanción a imponer.-

Ahora bien, otra cosa es que pueda provocar el efecto interruptor de la caducidad del procedimiento que pretende la Administración, lo cual rechazamos por lo siguiente:

De una parte, por cuanto solicitada la diligencia en fecha 24 de abril de 2.001 (folio 19) fue cumplimentada el 15 de mayo del mismo año, esto es, en el transcurso de un plazo no superior al mes, por lo no existía razón alguna para entender que el expediente no podía seguir concluyendo, sin problema alguno, en el plazo máximo de seis meses desde su iniciación, pues la interpretación del precepto no significa que, en cualquier caso, debe interpretarse en el sentido de entender que la solicitud de diligencias necesarias en la investigación paralice el procedimiento, sino que ello solo tendrá lugar cuando tales diligencias no sean cumplimentadas por la entidad obligada a ello, o cuando por causas ajenas al instructor no se hubieran llevado a cabo en un plazo que impida la terminación del expediente en seis meses. Dicho en otras palabras, es la imposibilidad por causas ajenas a la instrucción de traer las diligencias a practicar de terminar en seis meses lo que puede interrumpir el plazo.-

Y, de otra parte, lo que es mas importante, el precepto reglamentario debe interpretarse de conformidad con el artículo 42.5 de la LRJAP-PAC, que alude a la suspensión del procedimiento, que debe ser acordada por el órgano instructor, sin que la simple solicitud de una determinada diligencia a otra Administración suponga la suspensión automática o interrupción del cómputo del plazo de caducidad.-

Puede decirse, por tanto, que la solicitud de información al Cabildo, en cuanto diligencia necesaria en el curso del procedimiento, no interrumpió el plazo de caducidad, pues fue cumplimentada en un plazo razonable que no impedía la terminación en el plazo máximo previsto, ni se acordó por el instructor la suspensión del plazo máximo para resolver de seis meses (art 6.1 Decreto 190/1.996), ni se comunicó al interesado, tal y como exige el precitado artículo 42.5 de la LRJAP-PAC por lo que se produjo la caducidad de dicho procedimiento, con los efectos del artículo 92 de la LRJAP-PAC esto es, el archivo, y así lo debió declarar la Administración, lo que conlleva la estimación del recurso por el primero de los motivos de impugnación, sin que sea necesario entrar a examinar los restantes.-.

No se hace pronunciamiento sobre las costas del proceso al no apreciarse temeridad o mala fe procesal en la parte demandada (art 139.1 LJCA ).-

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación:

FALLO 

Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador don Oscar Muñoz Correa,en nombre y representación de la mercantil Thomas Guthörl S.L. contra la resolución mencionada en el Antecedente Primero, la cual anulamos, con declaración de caducidad del procedimiento sancionador num. 01/043 seguido ante la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias frente a la entidad actora en su condición de titular de la explotación turística del Establecimiento denominado Bungalows Solymar Calma de Costa Calma, en el término municipal de Pájara (Fuerteventura).-

Sin hacer pronunciamiento sobre las costas del proceso.-

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de la Sala, lo pronunciamos,mandamos y firmamos.-