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El Tribunal de Justicia de la UE al servicio del justiciable europeo

15/04/2019

Poner de relieve la labor del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para la integración de Europa ha sido uno de los cometidos más esmerados de cuantos juristas se dedican al Derecho de la Unión en nuestro país. Hoy en día, por fortuna, resulta más sencillo gracias a la notoriedad de la que disfruta la jurisprudencia del TJUE, que ha hecho calar hábilmente en el ciudadano un mensaje de protección y de proximidad a pesar de su localización geográfica en Luxemburgo.

El TJUE es la institución encargada de ejercer la potestad jurisdiccional en el seno de la Unión. Dotado de todas las características propias de un poder judicial imparcial e independiente, tiene por cometido, en virtud del artículo 19 del Tratado de la Unión Europea (TUE), «garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados». Según esta misma disposición, comprende el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados, si bien, desde septiembre de 2016, son únicamente los dos primeros los que ejercen labores jurisdiccionales, cada uno en el ámbito de las competencias que los Tratados les encomiendan. Ello sin perjuicio, a su vez, de la tarea que corresponde, conforme a la tutela judicial descentralizada de que disfruta el Derecho de la UE, a los jueces y tribunales nacionales. Hasta la fecha, el Tribunal de Justicia y el Tribunal General han adoptado alrededor de 36.000 resoluciones en forma de sentencias, autos y dictámenes, en materias que comprenden las muy numerosas que regula hoy en día el Derecho de la Unión.

La trascendencia del TJUE para el desarrollo del proyecto integrador es difícilmente descriptible en breves palabras. Cabe destacar, de manera sucinta, que el Tribunal de Justicia es reconocido como el definidor inicial y el motor de desarrollo subsiguiente del ordenamiento jurídico europeo, tal y como lo conocemos actualmente. Se trata, en particular, de un ordenamiento que reviste todas las características de un ordenamiento nacional, si bien tiene carácter supranacional, en la medida en que se aplica a la pluralidad de Estados miembros que componen la Unión. Es asimismo un ordenamiento autónomo e independiente respecto de los ordenamientos nacionales, lo que significa que su legitimidad y eficacia no depende de las normas de reconocimiento previstas en las constituciones de los Estados miembros, sino que se ampara en la cesión de soberanía resultante del compromiso de los Tratados y de la adhesión a los mismos. Por último, el ordenamiento europeo tiene vocación de plenitud, es decir, pretende dar respuesta a todas las cuestiones jurídicas que se plantean en el actuar cotidiano de la Unión y, en este plano particular, la labor de interpretación y de aplicación de las normas europeas por parte del Tribunal de Justicia resulta incuestionable.

El mensaje de cercanía mencionado anteriormente se ha articulado en los últimos años a través de resoluciones en materia de derecho del trabajo y protección de los consumidores, resultantes de un diálogo mantenido con lealtad entre el TJUE y los jueces españoles. Tales resoluciones han supuesto recientemente, por ejemplo, el respaldo a los derechos laborales de mujeres embarazadas y trabajadores interinos, y han impedido también discriminaciones por razón de sexo, edad o religión en el trabajo, dando lugar a una jurisprudencia que pone de manifiesto una plena conciencia de la realidad social actual.

Asimismo, los fallos del TJUE han obligado a nuestro legislador a modificar, entre otros aspectos, el régimen aplicable a la ejecución hipotecaria en favor del ejecutado y han confirmado incluso la retroactividad de la nulidad de las ‘cláusulas suelo’ abusivas. Ciertamente, es este género de sentencias en el que se amparan quienes sostienen que la reciente disputa sobre el pago del impuesto de las hipotecas se resolverá ante los tribunales de la Unión. Con independencia de que suceda así o no, ello evidencia que, en su anhelo por obtener una decisión en justicia, el ciudadano dirige su mirada cada vez con mayor frecuencia a la jurisdicción europea en ámbitos de absoluta cotidianeidad.

Conviene destacar que lo que distingue al TJUE en el conjunto de las instituciones europeas es que participa en la construcción de Europa sin más agenda que la que pautan las cuestiones y recursos planteados ante él. En este contexto, el justiciable también desempeña un papel trascendental, sabedor cada vez más de que, para proteger el rico patrimonio jurídico que le reconoce el ordenamiento europeo, ha de acudir simplemente al juez nacional, el cual, puede dirigirse a su vez al TJUE para interrogarle acerca de la compatibilidad de las normas nacionales con el Derecho europeo. Sobre la base de este modelo judicial, el TJUE se ha erigido en la institución de mayor impulso integrador y protector en momentos críticos para la Unión, partiendo de una concepción de los Tratados, no ya como meros acuerdos internacionales entre Estados, sino como una carta constitucional para Europa y sus ciudadanos.

El TJUE tiene encomendada, además, la tarea de asegurar el respeto efectivo, tanto por parte de las instituciones europeas como de los Estados miembros, de los compromisos y obligaciones emanantes del ordenamiento europeo. Por lo que se refiere a España, han sido notables las sentencias del TJUE sobre el céntimo sanitario y el canon digital, así como sobre los acuerdos de agricultura y pesca entre Marruecos y la UE con la cuestión del Sáhara Occidental de fondo. Por otro lado, la tarea del TJUE de asegurar el respeto de los compromisos y obligaciones que resultan del Tratado se hizo patente a propósito de la regulación del sector de la estiba, que el TJUE urgió a modificar y por lo que llegó incluso a imponer el pago de una serie de multas al Estado. Por último, quedan por resolver asuntos de gran envergadura como los relativos a la resolución del Banco Popular y a las ayudas públicas que, según la Comisión, recibieron varios clubes de fútbol españoles en contra del Tratado.

En todo caso, lo más llamativo es que buena parte de las cuestiones jurídicas de impacto que se suscitan actualmente en nuestra sociedad acaban siendo sometidas al TJUE, que se convierte así en el decisor último y común para toda la Unión en ámbitos de considerable trascendencia y sensibilidad para los europeos.

A modo de ilustración, hace pocos meses, el TJUE decretó que un Estado miembro ha de conceder a un matrimonio homosexual contraído legalmente en otro Estado de la Unión el derecho a residir en su territorio en los mismos términos que a los matrimonios de diferente sexo, independientemente de que el enlace de parejas homosexuales no se encuentre reconocido en su ordenamiento. Asimismo, ha examinado asuntos que van desde la compatibilidad con el Tratado de las exenciones fiscales a favor de la Iglesia en países como España e Italia al control de la legalidad de las medidas restrictivas adoptadas por la Unión en materia de Política Exterior y Seguridad Común (PESC). También, en el presente contexto digital, ha sido el TJUE el que ha reconocido el derecho al olvido en Internet, el que ha definido las condiciones del tratamiento de datos personales por compañías de redes sociales como Facebook y el que ha intervenido en la diputa acontecida entre el sector del taxi y la plataforma digital Uber. En fin, recientemente los medios se han hecho eco de la decisión de los tribunales belgas de remitir a la jurisdicción europea una cuestión a propósito de la extradición a España del cantante Valtònyc, lo que vuelve a poner de actualidad la orden de detención europea y la interpretación de sus principios reguladores.

En definitiva, el ciudadano europeo, incluido el español, no ha de perder conciencia del carácter habitual y cotidiano de las decisiones del TJUE, que abarcan tantos ámbitos sociales y económicos como los que comprende, en definitiva, el Derecho de la UE. Se ha de servir por ello, al igual que hace en su esfera nacional, de los instrumentos que la Unión pone a su disposición a fin de garantizarle una tutela judicial de cuantos derechos le reconoce el ordenamiento europeo. En este cometido, ha de ir acompañado además por los miembros de la magistratura y abogacía nacionales que, para desempeñar eficazmente sus respectivas tareas, deben permanecer siempre próximos a las vías que les permiten actuar como interlocutores de la jurisdicción europea. Solamente de esta manera se podrá corresponder al mensaje de cercanía mostrado con empeño por parte del TJUE y participar con él en un proyecto de integración que, a día de hoy, tiene, como pilar de mayor solidez, el que la Unión Europea se comporte de ordinario como una Unión de Derecho.

Juan Ignacio Signes de Mesa. Letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

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