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Ni un paso atrás

03/12/2019

Beatriz Corredor Sierra. Presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados (XIII Legislatura)

Este es el mejor momento de la Historia para nacer mujer en España. Esto es lo que yo solía decir a mis tres hijas durante los años que siguieron a 2004, cuando se lograron gigantescos avances en libertades y derechos civiles, con leyes pioneras en materia de igualdad entre mujeres y hombres, de lucha contra la discriminación por razón de género y contra la violencia machista. Leyes de las que podemos seguir sintiéndonos orgullosos como sociedad: España cuenta con un ordenamiento jurídico propio de las sociedades democráticas más avanzadas, que proclama la igualdad y no discriminación en toda la pirámide normativa, desde la propia Constitución hasta las normas jurídicas de rango legal, reglamentario y administrativo. Los Tribunales de Justicia han consolidado esta arquitectura normativa a través de innumerables sentencias y pronunciamientos.

El Derecho y los profesionales que lo ejercen —operadores jurídicos y funcionarios públicos— tienen una responsabilidad de primer orden en la consecución y consolidación de estos avances; y en la medida en que estas conquistas sociales se encuentran íntimamente relacionadas con la emancipación y el progreso de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, se hace más patente la influencia que tiene la forma en que se formulan y se interpretan las normas en la eficaz protección de los bienes jurídicos salvaguardados por ellas. En efecto: la mirada de las juristas, de las mujeres especialistas en Derecho, es fundamental para lograr el imprescindible enfoque de género en la redacción y en aplicación de las leyes, en todas las ramas del Ordenamiento Jurídico.

Sin embargo, en España y en muchos otros países, aunque las mujeres escogen la carrera de Derecho en un porcentaje superior a los hombres y tienen mejores calificaciones, el sector jurídico-legal está dominado por un modelo de liderazgo masculino. Así, aun cuando en las últimas promociones de funcionarios de la Administración de Justicia —jueces, fiscales, letrados, notarios, registradores—, y entre los profesionales ejercientes, hay un número significativo de mujeres, cuando no mayoría, si atendemos a la evolución profesional de las juristas, resulta que las mujeres son minoría en los niveles más altos de poder, responsabilidad y retribución en tribunales, firmas de abogados y otras organizaciones del sector legal, como colegios, consejos, agencias, escuelas de negocios o facultades de Derecho. Por ejemplo: en el Tribunal Supremo sólo hay un 17% de mujeres (y ninguna es presidenta de Sala, como comprobamos en la Solemne Apertura del Año Judicial), y tampoco se logra la paridad en la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia o Audiencias Provinciales. Es reseñable, por excepcional, el liderazgo femenino en algunos ámbitos profesionales, como el Consejo de la Abogacía y el Colegio de Registradores.

Y es que, a pesar de la prohibición constitucional de discriminación por razón de sexo (artículo 14 C.E.) y la obligación de los poderes públicos de remover los obstáculos para hacer efectivo el principio de igualdad (artículo 9.2 CE), los datos sobre desigualdad, brecha de género y violencia contra la mujer son aún preocupantes. Veamos algunos ejemplos.

En el ámbito laboral, la brecha de género es profunda en tasa de ocupación (11,5 puntos), salario anual (22%), pensiones (casi el 35%) o tasa de trabajo a tiempo parcial (más de 18 puntos). Por eso, aunque durante la pasada legislatura se aprobaron algunas medidas para reducir la brecha laboral y salarial, a través del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, es necesario seguir impulsando medidas que garanticen esta igualdad y que favorezcan la corresponsabilidad en los cuidados y las labores familiares, como la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad. Tenemos además pendiente como sociedad una reflexión sobre el uso que damos al tiempo y las posibilidades de conciliar nuestra vida personal, familiar y laboral, sobre la racionalización de los horarios, el descenso de la natalidad y el reto demográfico.

La brecha de género en los puestos directivos de las empresas y en el gobierno corporativo, aunque ha mejorado, sigue siendo desigual y discriminatoria: solo hay un 23% de mujeres en los Consejos del IBEX y, aunque se han producido avances, estamos aún a gran distancia de la equidad (40/60) proclamada por la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Por tanto, hay un camino normativo que recorrer para que los consejos de administración, las juntas de socios y los comités de dirección cumplan con el principio de igualdad y diversidad, en línea con los países de nuestro entorno y la futura directiva europea.

España es una referencia mundial en la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, no podemos sentirnos satisfechos: desde que empezaron los registros oficiales, en 2003, han sido asesinadas por sus parejas o exparejas más de 1.000 mujeres, en ocasiones junto a sus hijos e hijas menores. Hoy vemos como también en nuestro país surgen fuerzas políticas de ultraderecha que cuestionan la propia existencia de esta violencia, planteando una regresión en los consensos y las políticas ya alcanzados para su prevención y erradicación. Por ello, es importante impedir cualquier paso atrás en la lucha contra la violencia machista y avanzar en la aplicación de las medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, como la transposición a nuestro ordenamiento de los compromisos adquiridos en el Convenio de Estambul, suscrito por España y en vigor desde 2014. En cumplimiento de lo previsto en él está en preparación una reforma de la legislación penal, para garantizar que el consentimiento de la víctima sea clave en los delitos contra la libertad sexual.

La trata con fines de explotación sexual supone una de las formas más crueles de violencia contra las mujeres. Para hacerle frente, está prevista una ley Integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que incorpore medidas para la persecución de estas redes criminales y para la prevención, protección y recuperación integral de estas mujeres y niñas. La abolición de la prostitución y la calificación jurídica-penal de las conductas derivadas de su práctica es materia también pendiente de debate y decisión normativa.

Imprescindible es citar en este punto la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género, en la que se incluyen materias específicas sobre perspectiva de género en las pruebas de selección especializada en la Escuela Judicial y en la formación continua en las Carreras Judicial y Fiscal, y para acceder a órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer.

La salud sexual de las mujeres y su derecho a decidir libremente su maternidad son derechos humanos. Desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, la seguridad jurídica, médica y psicológica de las mujeres españolas está garantizada, pero es preciso desarrollar políticas activas de educación y prevención de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH, dirigidas especialmente a la juventud, y garantizar los tratamientos de reproducción asistida a todas las mujeres, independientemente de su orientación sexual y estado civil. La polémica sobre gestación subrogada, que está prohibida en nuestra legislación en coherencia con las recomendaciones del Parlamento Europeo, debería, en mi opinión, superarse definitivamente: el alquiler de vientres socava los derechos de las mujeres, especialmente las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas. Por eso creo que debería actuarse frente a las agencias que ofrecen esta práctica, a sabiendas de que está prohibida, en nuestro país.

En todos estos ámbitos de la práctica jurídica, las profesionales del Derecho deben –debemos– liderar la superación de la discriminación y de los sesgos de género en la aplicación e interpretación de las normas que protegen a las mujeres y que garantizan su acceso en igualdad de oportunidades a todos los bienes, servicios y responsabilidades que ofrece la sociedad. Para que España siga siendo el mejor lugar del mundo en el que nacer mujer.

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