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Mujeres juristas de distintas generaciones abogan por reformar la Constitución para lograr la igualdad

23/11/2018

El relato en primera persona de las mujeres que fueron elegidas hace más de 40 años para participar en las Cortes Constituyentes ha centrado la primera mesa de la tarde en la Cumbre de Mujeres Juristas que se celebra hoy en el Congreso de los Diputados.

Bajo el título “Las Parlamentarias”, las diputadas constituyentes María Izquierdo, Carlota Bustelo y Teresa Revilla, junto a la senadora Dolores Pelayo han participado en un panel presentado y moderado por la vicedecana del Colegio de Abogados de Madrid, Begoña Castro. “Desde las 27 mujeres que llegaron a ser parlamentarias en las primeras elecciones democráticas, hemos avanzado hasta un gobierno paritario de representación femenina en las Cortes”, ha señalado Castro antes de dar la palabra a las parlamentarias constituyentes.

Tras partir una lanza a favor de la Constitución española —“estos 40 años han demostrado que es una buena Constitución, el pluralismo democrático llegó”—, María Izquierdo ha reconocido de emprender medidas para mantener su vigencia y representatividad. En esa labor, existen dos retos fundamentales:  

“su aplicación y desarrollo pleno, y pensar nuevas reformas constructivas que actualicen y suplan sus carencias”. Respecto al primero, Izquierdo destaca la igualdad y la diversidad como mayor de los desafíos: “es necesario aplicar y desarrollar en toda su amplitud y eficacia ese valor superior del ordenamiento jurídico que es la igualdad”, algo que pasa necesariamente por implicar a los hombres. “Se piensa con frecuencia que la igualdad es cosa de mujeres y para mujeres, pero es algo que afecta a todos los españoles, y aún hay una enormidad de hombres que no se implican en la igualdad”, sostuvo.

En cuanto a las reformas constitucionales, los dos grandes retos son lograr que los derechos sociales pasen a ser considerados derechos fundamentales para que sean garantizados por los poderes públicos y dar respuesta a la demanda de diversidad de algunos territorios garantizando al mismo tiempo la cohesión y solidaridad del conjunto de los pueblos de España. 

“Primero fui socialista, luego me hice feminista leyendo a Simone de Beauvoir”, comenzó Bustelo, apuntando inmediatamente que entonces “era mejor no ser feminista, creo que por eso no fui incorporada a las comisiones a las que solicité pertenecer para conseguir derechos de las mujeres”, declaró. La diputada relató su experiencia en relación a los Centros de Planificación Familiar que surgieron a raíz de la legalización de los métodos anticonceptivos, “los ministros de cultura y sanidad no tenían ni idea, se dijeron cosas como que la publicidad tenía que ser de buen gusto, y pretendían reubicar a las mujeres pertenecientes a la sección femenina de la Falage”, explicó Bustelo, contando la anécdota de que, resultado de su intervención, y “probablemente por iniciativa de Alfonso Guerra, me llamaron la pildorita”.

Pelayo por su parte, que ingresó en política por “obligación cívica, porque la democracia era necesaria y tenía que traer las libertades para la mujer”, también defendió la CE: “no sólo porque me sienta coautora, reconozco sus errores pero entonces fue el modelo constitucional más progresivo que había en Europa y ello, procediendo de una dictadura tan grave, fue un salto cualitativo importantísimo”, declaró. La senadora que, entre otras, es responsable de que a los contrayentes de matrimonio sea obligatorio leerles los artículos aplicables del Código Civil, sí reconoció que “hay que modificar la estructura y es el momento preciso. La sociedad está cambiando y ahí las mujeres del mundo tenemos que estar unidas y decidir qué valores nuevos, humanos globales, queremos para el nuevo mundo”, reivindicó.

Revilla, última en intervenir, comparte con Pelayo la vocación, “creía en la democracia y por eso estaba ahí, quería que fuéramos como Europa”. La diputada fue la única mujer elegida para la Comisión constitucional gracias a su valor: “no conocía a Calvo Sotelo pero, como pensaba que era lo importante, y era abogada, le pedí que me incluyeran, que no podía no haber ninguna mujer”, compartió.  En cuanto a los cambios necesarios, Revilla puso el acento en la ley electoral, “nuestra CE dice que los parlamentarios no están sometidos a mandato imperativo, y sin embargo es impensable votar en contra del partido, como sí hacen en Francia, Inglaterra, o EEUU”, por ello, para la diputada, “hay que estudiar y desde luego modificar la norma electoral”. 

Reformas pendientes

A continuación, cuatro juristas pertenecientes a la siguiente generación han tomado el testigo de las parlamentarias constituyentes para desgranar las reformas pendientes en el ordenamiento jurídico español para dar respuesta a a los nuevos y viejos problemas que afectan a las mujeres 40 años después de la aprobación de la Constitución. 

Ángeles Jaime de Pablo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis; Susana Martínez Novo, presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres; Itziar Gómez, letrada del Tribunal Constitucional; y Carmen Delgado Echevarría, magistrada adscrita a la Asociación de Mujeres Juezas de España han intervenido en un panel moderado por Ángela Cerrillos, diputada de la Junta de Gobierno del ICAM responsable de Igualdad y coordinadora de la Cumbre.

“Las mujeres de esta mesa forman parte de una generación más joven, una generación que ha dado continuidad a ese trabajo que nosotras iniciamos. Son mujeres que representan a la sociedad civil y que van a seguir trabajando, sin ninguna duda, para lograr ese asentamiento de la igualdad y que no haya un paso atrás”, ha señalado Cerrilos.

Las ponentes han destacado la necesidad de trasladar la perspectiva de género a todos los ámbitos, especialmente el jurídico y la educación, y han puesto especial hincapié en la batalla contra la violencia de género y la protección de los menores, también víctimas del maltrato, para lo que es imprescindible escucharlas y darles voz en las reformas legislativas que se operen. Las intervinientes han concluido que, sin menoscabo del respeto a la labor constituyente, es imperativo reformar la Constitución, buscando el consenso y la cabida ce las reivindicaciones feministas.

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