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La jurisprudencia, fómite para la recuperación socioeconómica

08/01/2021

Es incuestionable que todos los órdenes jurisdiccionales están enfrentándose a una situación inédita en esta nueva y oximorónica normalidad que se nos anuncia. En sede casacional, las jurisdicciones penal, social o contenciosa-administrativa –y debe hacerlo necesaria y urgentemente también el orden civil– han introducido en los últimos tiempos en sus andamiajes procedimentales, mecanismos tendentes a reforzar el recurso de casación como instrumento idóneo para asegurar la uniformidad en la aplicación judicial del Derecho, en aras de que la casación no se convierta en una tercera instancia procesal, de manera que pueda cumplir cabalmente su función nomofiláctica prevista en la Constitución.

Y ese reforzamiento se ha sustanciado en una reformulación del tradicional equilibrio entre ius constituionis e ius litigatoris, exigiéndose ahora del juzgador una aproximación al recurso en la que ya no se analiza únicamente la concurrencia de infracciones normativas, sino la existencia de relevancia, interés o trascendencia casacional. Y en este nuevo diseño, el trámite de admisión adquiere una importancia medular. Por todo ello, en una coyuntura como la que estamos sufriendo, en donde resulta prioritario evitar el colapso de la Administración de Justicia, se impone agilizar al máximo la resolución de aquellos asuntos cuya demora incida más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables, proporcionando a los jueces y magistrados un escenario fiable para la vuelta a una normalidad desadjetivizada, con instrumentos que les permitan afrontar con solvencia el incremento de las cargas de trabajo a las que ya deben hacer frente. Para este fin, la manera en que las Salas de Justicia del Tribunal Supremo enfoquen el régimen de admisión de recursos, se torna en un factor lenitivo acentuadamente valioso tanto para aliviar la abrumadora presión litigiosa, como para coadyuvar a la reactivación del tejido productivo del país.

Y es que una Justicia ágil y previsible, con criterios claros y comprensibles, adecuadamente cohonestada con todas las Administraciones implicadas y en la que se fomente el empleo de medios alternativos de resolución de conflictos, debe ser un objetivo ineludible para una sociedad que necesita perentoriamente recuperar su tensión económica.

Los tribunales, cuando resuelven una pretensión, asignan los recursos productivos en un determinado sentido e influyen en el comportamiento futuro de los agentes económicos, siendo axiomático que el funcionamiento del sistema judicial incide de manera directa en el desarrollo económico como factor dinamizador e impulsor del intercambio de bienes y servicios. Es palmario que el funcionamiento del sistema judicial influye en el desarrollo de los mercados financieros, lo que facilita el aumento de la inversión y del volumen de actividad. Asimismo, la estructura jurídica resulta fundamental para estimular el emprendimiento y la creación de empresas, así como para competir en una economía globalizada. Consecuentemente, un Estado que ofrece niveles óptimos de seguridad jurídica tiene mayores oportunidades de atraer capitales y los recursos productivos que se requieren para generar riqueza y empleo.

La previsibilidad del sistema judicial incide pues sobre la inversión, las tasas de descuento, la prima de riesgo, los tipos de interés, el encarecimiento o abaratamiento de las compras del sector público o, sin ánimo de exhaustividad, en la dimensión y funcionamiento de los mercados de crédito. Puede decirse, sin riesgo de incurrir en hipérbole, que el sistema jurídico-procesal no es únicamente un marco, sino una verdadera infraestructura para la inversión y el crecimiento económico.

La Gran Recesión de 2008 forzó a casi todos los gobiernos a introducir reformas que de un modo u otro afectaron muy significativamente en el bienestar, la liquidez y la estabilidad laboral de familias y empresas. Muchas de aquellas disposiciones plantearon problemas hermenéuticos que, al ser resueltos por los tribunales, dieron pie a que algunos les atribuyeran un impropio rol en la política económica nacional. Ahora, con esta nueva crisis de dimensiones bíblicas en ciernes –y más de trescientas disposiciones legales ad hoc después–, se va a reproducir el debate de forma exponencial y, en este sentido, la respuesta del Tribunal Supremo, merced a la producción jurisprudencial de cada uno de sus órdenes jurisdiccionales, adquiere nuevamente un papel de extraordinaria relevancia: desde la delimitación de la responsabilidad penal de las autoridades por la gestión de la crisis derivada de la pandemia a la que deberá dar respuesta la Sala de lo Penal, a la sustanciación, en su caso, de responsabilidades de naturaleza patrimonial o el control de las medidas limitativas de derechos adoptadas por las administraciones central y autonómicas, competencia de la Sala Tercera, pasando por la trascendental incidencia que, sobre el tejido productivo, el empleo y la estabilidad socio laboral que, lamentablemente, va a tener la doctrina que emana de la Sala Cuarta o, finalmente, la certeza de que la jurisdicción civil será una de las más afectadas por las consecuencia económicas derivadas de esta crisis sanitaria, al ser los órganos judiciales de este orden los que soportarán un sustancial número de concursos, de procesos en donde se diriman cuestiones que afecten a la vida de los contratos tras la situación de confinamiento o de pretensiones propias del ámbito del Derecho de Familia, con grave riesgo de colapso para una jurisdicción ya de por sí muy sobrecargada. El impacto en el ámbito mercantil se presume asimismo muy severo, con un incremento exponencial de la solicitud de procedimientos de insolvencia, que demandará del sistema judicial una tramitación ágil y sin dilaciones de los mecanismos que faciliten la continuidad de muchas empresas y de la actividad de los profesionales afectados por la crisis, obteniendo el máximo rendimiento económico de los activos, salvando el tejido industrial y la conservación del mayor número posible de puestos de trabajo.

De todo ello se colige que una Justicia eficiente es inequívocamente rentable desde el prisma económico, pues el coste de mantener la eficacia y la excelencia del Tribunal Supremo como unificador de la doctrina jurisprudencial, cuyos frutos son objetiva y económicamente apreciables, resulta absolutamente insignificante si se pondera con los beneficios que la fluidez de la institución genera para la sociedad que, de otra manera, se malbaratarían absurdamente en un bucle de pendencia jurisdiccional del que afortunadamente se estaba saliendo y que, consecuentemente, sería trágico retornar a él.

En síntesis, entramado institucional, sistema judicial y desarrollo económico son diferentes caras de un mismo poliedro. Aquí, en España, un joven magistrado de la Real Audiencia de Sevilla lo vio claro hace casi tres siglos. Gaspar Melchor de Jovellanos, ese juez recién llegado a su destino hispalense en el año 1767, escribió por aquel entonces con asombrosa clarividencia: «(...) Esta convicción dio a mis estudios una dirección más determinada, porque recorriendo los grandes y diversos conocimientos que requiere la ciencia de la legislación, hube de reconocer muy luego que el más importante y más esencial de todos era el de la Economía civil o política».

Por Raúl C. Cancio Fernández Letrado del Tribunal Supremo. Doctor en Derecho. Académico Co. de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

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