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La Junta de Gobierno del ICAM aprueba el Plan de Igualdad

08/02/2019

En aras de contribuir a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid ha aprobado un Plan que contiene 17 medidas tendentes a evitar la discriminación por razón de género tanto en el interior de la organización como a nivel externo en el ámbito de la Abogacía y el sector legal.

El Plan de Igualdad de Género del ICAM, que se desarrollará durante el mandato de la Junta de Gobierno de José María Alonso, tiene como objetivo primordial proteger los derechos humanos y los derechos de las mujeres por parte de las empresas y entidades públicas, como elementos fundamentales para el desarrollo de la sociedad civil. En este sentido, la iniciativa aspira a construir una nueva realidad socioeconómica en la que predomine la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres.

A fin de dar efectivo cumplimiento al compromiso del Colegio con la realidad social, el documento aprobado contempla diferentes medidas para alcanzar la paridad en todos los ámbitos de actuación del ICAM, de modo que ninguno de los sexos tenga una presencia inferior al 40% ni superior al 60%. Así, de ahora en adelante, tanto las candidaturas a la Junta de Gobierno como la Comisión Electoral deberán tener una composición paritaria, y tanto en las Comisiones internas como en cuantas entidades u organismos tenga representación el ICAM, deberá haber una participación equilibrada de Diputados y Diputadas.

Medidas destacadas

Entre otras medidas, se contempla el cambio de nombre de la institución, proponiendo que pase a denominarse Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, iniciativa que deberá ser aprobada por la Junta General del Colegio.

También se ha acordado la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, reconociendo a los empleados del ICAM los mismos derechos que la legislación laboral vigente prevé para las empleadas a consecuencia de su maternidad.

En el Plan de Igualdad también se contempla la implantación del uso ordinario de un lenguaje inclusivo y no discriminatorio en las comunicaciones verbales o escritas, o la creación de la sección de Igualdad, una iniciativa ya en marcha y que aspira a liderar los cambios legales necesarios para lograr una igualdad efectiva.

En el ámbito de la Formación, se aplicará de forma transversal la perspectiva de género y se asegurará que haya una representación equilibrada de hombres y mujeres en la dirección de cursos, en el profesorado y en las ponencias impartidas en el Centro de Estudios.

Con objeto de extender el alcance de esta iniciativa al ámbito de la Abogacía y al sector legal en general, el ICAM otorgará un Sello de Calidad a aquellos despachos o departamentos jurídicos de empresa que mantengan una correcta relación en materia de Igualdad con las letradas y los letrados que trabajen en el mismo. Además, se establecerán premios anuales para reconocer el compromiso con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y se promoverán acciones en colaboración con la Administración de Justicia para favorecer la conciliación y un reparto equilibrado de las responsabilidades familiares.

Por último, para garantizar el eficaz desarrollo y cumplimiento el contenido del Plan, se constituirá una Comisión de Seguimiento.

Proceso de elaboración

En la elaboración del Plan han intervenido las Diputadas que componen la Comisión Delegada de Igualdad, Diversidad e Inclusión —Ángela Cerrillos Valledor (Presidenta de la Comisión Delegada y Diputada 2ª)-  Begoña Castro Jover (Vicedecana)- Mª. Dolores Fernández Campillo (Diputada 4ª)- y Mabel Zapata Cirugeda (Tesorera); y Esther Montalvá Medina (Diputada 10ª)—; así como las asociaciones Themis, la Asociación Española de Mujeres Juristas, AJA y ALA. También ha participado la Sección de Igualdad ICAM, personal de distintos departamentos del ICAM y el Comité de Empresa del Colegio.

Para su desarrollo, se ha a consultado a las personas colegiadas y al personal laboral sobre su percepción respecto a diferentes cuestiones en las que el género puede suponer un criterio de desigualdad o discriminación, como el desarrollo profesional, el trato con la Administración de Justicia o con las restantes personas colegiadas.

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