Noticias
toda la actualidad del Colegio de Abogados de Madrid

El tipo de lenguaje y el contexto de las expresiones emitidas en las redes sociales

10/01/2022

Por Miguel Ángel Presno Linera. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo.

Es obvia la relevancia que tiene el contexto a la hora de enjuiciar el alcance de una determinada expresión y al respecto se ha pronunciado en diversas ocasiones el Tribunal Constitucional (TC) en relación con manifestaciones vertidas en contextos no electrónicos, insistiendo en que “dependiendo del contexto y finalidad en que dicha palabra [en este caso era “corrupción”] fuera empleada su utilización quedaba amparada por el ejercicio de la libertad de expresión” (SSTC 216/2013, FJ 6, y 127/2018, FJ 4). Con carácter más general, “la existencia de un contexto de debate útil para la formación de la opinión pública… cualifica el contenido y el alcance de la libertad de expresión, que adquiere entonces, “si cabe, una mayor amplitud que cuando se ejerce en otro contexto”, y deviene “especialmente resistente, inmune a las restricciones que es claro en otro contexto habrían de operar” (SSTC 157/1996, FJ 5; 136/1999, FJ 13; 39/2005, FJ 2; 89/2018, FJ 3). A estos “contextos” hay que añadir el propio de las redes sociales, tanto en lo que se refiere al tipo de lenguaje que en no pocas ocasiones se emplea en ellas como a las especialidades que supone, por ejemplo, la limitación del número de caracteres máximos de un tuit o su inserción en un debate o discurso más amplio.

Sobre la primera cuestión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dicho con claridad que “el uso de frases vulgares en sí mismo no es decisivo para la evaluación de una expresión ofensiva, ya que bien puede servir para fines meramente estilísticos… el estilo constituye parte de la comunicación como forma de expresión y como tal está protegido junto con la sustancia de las ideas y la información expresadas” y que “solo mediante un examen cuidadoso del contexto en el que aparecen las palabras aparentemente ofensivas, insultantes o agresivas se puede establecer una distinción significativa entre el lenguaje que siendo escandaloso y ofensivo está protegido por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el que pierde su derecho a la tolerancia en una sociedad democrática (asunto Savva Terentyev c. Rusia).

Y por lo que respecta al lenguaje, no precisamente cortés, que en ocasiones se emplea en las redes sociales, el TEDH ha admitido que las expresiones pertenecientes a un registro de bajo estilo son frecuentes en la comunicación en muchos portales de Internet y esta consideración reduce el impacto que se puede atribuir a ese tipo de manifestaciones (caso Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete y Index Hu ZRT c. Hungría). En esta línea, el TEDH insiste en algo que podría llevarnos demasiado lejos: los “insultos groseros” frecuentemente utilizados en muchos portales en línea deben ser tolerados por los afectados que ostenten cargos de responsabilidad política. En nuestra opinión, resulta algo infundada la confianza del TEDH en que los lectores no tomarán en serio determinados comentarios a la vista del contexto en el que se insertan en las redes sociales (asunto Tamiz c. Reino Unido). Y eso sin olvidar, en palabras también del TEDH, la facilidad, alcance y velocidad de los contenidos difamatorios en Internet (Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete y Index Hu ZRT c. Hungría).

Volviendo a España, se puede mencionar la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 1565/2020 en la que se tiene en cuenta tanto el “contexto” de las redes sociales (Twitter en este caso) como el lenguaje que a veces se emplea en ellas; en esta resolución se confirma la sentencia recurrida donde se había argumentado que “los twitts (sic) que la parte apelante considera injuriosos no deben ser valorados de forma aislada, como la sentencia apelada recoge, sino en el contexto de la discusión virtual que ambas partes tenían por twitter. Enfrentamiento entre las partes que se remonta al año 2013, y en el que ambas partes emiten twitts descalificatorios para la contraria, resaltando los aspectos más negativos de la otra parte, y por tanto amparadas por el ius retorquendi teniendo en cuenta el medio y contexto en que se producen, sin que puedan ser valorados de forma aislada… En este caso las mutuas agresiones escritas se efectúan mediante uso desmesurado de redes sociales, a través de las cuales hacen público su desencuentro personal, del que hacen partícipes a sus seguidores… las pretendidas ofensas… no son más que desahogos verbales” (FJ 4 y 5).

Finalmente, resulta oportuno, en lo que respecta al contexto que suponen las propias redes sociales, detenerse algo más en el caso Strawberry y la STC 35/2020, cuyo núcleo radica en el análisis de si la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a César Strawberry como autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas (art. 578 CP) por haber publicado seis tuits a la pena de un año de prisión, con seis años y seis meses de inhabilitación absoluta, vulneró el derecho a la libertad de expresión.

El TC (FJ 4) se remite a su doctrina, con una amplísima referencia a la STC 112/2016, y a la del TEDH para recordar, en primer término, la relevancia de este derecho en una sociedad democrática y la exigencia de que cuente con un ámbito “lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angostura; esto es, sin timidez y sin temor”; añade algo ya bien sabido: no es un derecho absoluto y ello justifica “considerar necesario en las sociedades democráticas sancionar e incluso prevenir todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia y que, del mismo modo, la libre exposición de las ideas no autoriza el uso de la violencia para imponer criterios propios”.

Más adelante el TC se refiere, a mi juicio de manera innecesaria, al discurso del odio, que no parece venir a cuento en este asunto dado que las expresiones cuestionadas no se dirigían contra un colectivo vulnerable y, por tanto, necesitado de especial protección. Sí viene a cuento dilucidar si los mensajes incorporaban amenazas o intimidaciones o si se trataba de conductas de exaltación o justificación de actos terroristas o de sus autores, lo que requeriría una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros o para el propio sistema de libertades como condición para justificar su compatibilidad con el estándar del derecho de la libertad de expresión por ser necesaria esa injerencia en una sociedad democrática.

A este respecto, el TEDH tiene dicho, como recuerda también esta STC (FJ 4.c), que podría resultar justificada una limitación de la libertad de expresión cuando pueda inferirse que supone un riesgo para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden o la prevención del delito (por ejemplo, STEDH asunto Leroy c. France), bien sea como apoyo moral a la actividad —mediante el enaltecimiento de la propia actividad o como apoyo moral a la ideología a través de la loa a quienes desarrollan esa actividad —mediante el enaltecimiento de sus autores.

Y a efectos de valorar la concurrencia de los citados riesgos han de tenerse en cuenta una serie de circunstancias: el mayor o menor impacto de difusión pública dependiendo de la naturaleza de la conducta desarrollada, las circunstancias personales de quien realiza la conducta; que la conducta desarrollada coincidiera en el tiempo con actos terroristas o que se acreditara un contexto de violencia en que esa manifestación hubiera tenido alguna influencia o el contenido de las concretas manifestaciones proferidas, destacando que la valoración debe ser especialmente cautelosa cuando, aunque se trate de tonos hostiles e incluso de la defensa de objetivos contrarios al orden legal y constitucional establecidos, no puedan ser identificados como defensa de actitudes violentas en la consecución de esos objetivos.

Y el TC concluye (FJ 5), a nuestro juicio con razón, que el TS no tuvo en cuenta, las “diversas circunstancias concurrentes en el caso” a pesar de que “así lo impone el principio de supremacía de la Constitución y de respeto a los derechos fundamentales”. En particular, en su sentencia condenatoria el TS no valoró el contenido, emisión y efectos de los mensajes.

No es, pues, irrelevante, antes al contrario, sostener, como hizo el TS, cuál era la intención –irónica, provocadora o sarcástica– del recurrente al emitir sus mensajes, en relación con su trayectoria profesional como artista y personaje influyente, con el contexto en que se emitían los mensajes y con el mantenimiento de una línea de coherencia personal de condena de la violencia como medio de solución de conflictos. “Aquella intención, en ausencia de otros factores que puedan ser reveladores respecto de los restantes elementos a que se ha hecho referencia, lejos de constituir una falacia, resulta ser uno de los aspectos indispensables en el análisis, pues su preterición en tales circunstancias hace definitivamente imposible ponderar si el acto comunicativo debe entenderse como realizado en el ejercicio legítimo de aquel derecho” (FJ 5).