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De la congregación gremial a la abogacía 4.0: 425 años impulsando el ICAM hacía el futuro

07/06/2022

Inauguración de Espacio Abogacía. Foto: ICAM

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid se fundó oficialmente el 15 de junio de 1596 cuando el rey Felipe II otorgó una Real Cédula aprobando las ordenanzas de la Congregación de Abogados de la Corte. Un año antes, el 13 de agosto, 37 abogados se reunieron en el desaparecido Convento de San Felipe (ubicado entre la calle Mayor y la Puerta del Sol) para acordar su creación y someterla a la aprobación del monarca.

425 años de corporación colegial que sirven para conocer su historia y trayectoria, fundamentales para prever el futuro de una profesión que debe aplicar la perspectiva jurídica a temas como el big data, el machine learning, el legaltech o el blockchain. Formación y conocimientos son necesarios para entrar de lleno en la abogacía 4.0 y adaptarse a la idiosincrasia jurídica que envuelve los futuros modelos de negocio vinculados a las nuevas tecnologías.

El ICAM está “liderando la transición desde una forma tradicional de ejercer la profesión al ejercicio de la abogacía en un mundo cada vez más complejo y digitalizado; todo ello sin perder la esencia de esta profesión, que es el derecho de defensa”, asegura José María Alonso.

El actual decano destaca que durante su mandato “se han puesto las bases para favorecer el tránsito a la abogacía del siglo XXI, a través de la creación de nuevos espacios de trabajo compartido -como Espacio Abogacía- del acceso a las mejores bases de datos jurídicas y a los sistemas más avanzados de gestión del conocimiento”, sin olvidar los orígenes y fundamentos de una profesión volcada en prestar servicio a ciudadanos y empresas.

Capital y Corte

Aunque desde la baja Edad Media ya existían numerosas referencias de la abogacía madrileña y de sus abogados, fue el establecimiento de Madrid como Capital y Corte del Imperio de los Austrias el desencadenante de la creación de una corporación que atribuía a sus Juntas la regulación del examen y juramento de los abogados.

Una congregación meramente gremial, basada en la idea religiosa y el necesario amparo a viudas y huérfanos, se transformó por decisión de Felipe II en lo que hoy es el mayor Colegio Profesional del sector legal existente en Europa, con más de 75.000 personas colegiadas.

Desde sus orígenes, el ICAM asumió el establecimiento del abogado de pobres -origen del moderno Turno de Oficio- que tenía un carácter religioso y caritativo, argumento sustancial para una rápida aceptación por la población madrileña.

Ante la necesidad de adaptar los viejos estatutos a los nuevos tiempos y superar los fines religiosos y caritativos que guiaron su origen, el 8 de agosto de 1732 el Consejo de Castilla aprobó los nuevos estatutos denominándose por vez primera Colegio de Abogados de la Corte, cambiándose el nombre de constituciones por el de estatutos. Se regularon los requisitos para el ingreso, condiciones y pruebas a realizar por el nuevo Colegio Profesional y la necesidad de colegiarse previo al ejercicio profesional. Sin embargo, se mantuvo la exigencia de limpieza de sangre (excluía a “moros, judíos y recién convertidos a la fé católica”) que será abolida definitivamente en 1835.

La reorganización borbónica de la Administración de Justicia, con una óptica centralizadora impulsada en los Decretos de Nueva Planta, motivó la creación a finales del siglo XVIII de nuevas Audiencias (Aragón, Valencia, Cataluña, Mallorca, Extremadura) y la reorganización de los Consejos y la Cámara de Castilla. Un proceso homogeneizador con el derecho y las instituciones castellanas que tuvo especial incidencia en la creación de nuevos Colegios de Abogados, que lo harán en su mayor parte a imagen del de Madrid. Las corporaciones colegiales preexistentes en Zaragoza y Valladolid, seguirán los estatutos del de la Corte en 1744 y 1758, respectivamente.

Con los estatutos del ICAM de 1838 se crearon las Juntas de Gobierno como órgano máximo rector del Colegio y se establecieron las Juntas Generales como mecanismo de control y decisión de la organización colegial, además se incluyó la creación de montepíos.

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170 años de Biblioteca

La segunda mitad del siglo XIX fueron años cruciales en los que destacó Manuel Cortina y Arenzana, decano a perpetuidad y político liberal que ocupó importantes cargos de gobierno desde 1847 a 1879. Bajo su decanato se consolidó firmemente el Colegio madrileño y se creó la Biblioteca en 1852.

José Mario Barabino, director de la Biblioteca y el Archivo Histórico del ICAM, recuerda que durante los 170 años de su existencia permanece vivo el mensaje de Manuel Cortina “ni aún se concibe la existencia de una corporación facultativa sin libros que se adquirieran en común, y donde por todos pudieran ser utilizados”, asegurando que en la actualidad “seguimos fieles a esa idea, pero de la mano de las nuevas tecnologías de la información ahora existentes”.

El Colegio tuvo hasta finalizar la Guerra Civil una gran importancia y trascendencia, donde no se puede entender la historia de España sin reconocer la impronta que los sucesivos decanos y muchos colegiados dejaron directa e indirectamente en ella.

La celebración en septiembre de 1917 en San Sebastián del I Congreso de la Abogacía Española propició la renovación estatutaria de la corporación madrileña en 1920, que reiteraba la necesaria colegiación para ejercer la profesión, permitía la admisión de las mujeres y establecía una pasantía máxima de cuatro años.

Tras la Guerra Civil, el Ministerio de Justicia asume las competencias para nombrar a la Junta de Gobierno, pero la reforma estatutaria de 1951 recupera la elección directa del decano y secretario. Los Colegios se convirtieron en uno de los pocos espacios en los que se podía practicar un sistema de gobierno con rasgos democráticos.

En 1966 aparece el primer Grupo de Abogados Jóvenes en el Colegio, si bien no obtendrá estatus oficial hasta siete años después cuando se aprobaron sus estatutos.

Desde diciembre de 1973, Antonio Pedrol Rius guio con mano decidida en sus casi veinte años al frente del decanato la trascendental actuación del ICAM durante el periodo de la transición democrática. En su papel como senador por designación Real tuvo una destacada labor en el periodo constituyente defendiendo el papel de los colegios profesionales y su articulación como instituciones de carácter democrático en su estructura y organización en el marco del art. 36 de la Constitución. Además, logró que la abogacía sea la única profesión a la que se hace mención expresa en la Constitución de 1978.

La matanza de los abogados de Atocha en la noche del 24 de enero de 1977 fue el hecho más luctuoso que marcó su decanato, ganando el pulso a los políticos para que la capilla ardiente se instalara en el Colegio y encabezando la manifestación de repulsa de la matanza para “reivindicar esta muerte violenta como un atentado a la independencia y a la libertad del ejercicio profesional”.

Antonio Pedrol, inclinado sobre los féretros en la capilla ardiente instalada en el Colegio de Abogados tras la matanza de Atocha. Foto: Marisa Flórez

Desde 1992 y durante 15 años, Luis Martí Mingarro –estrecho colaborador de Pedro la administró los destinos de la corporación madrileña. Casi al final de su mandato, en 2007, se aprobaron los estatutos vigentes que han supuesto facilitar la modernización y adaptación a los nuevos tiempos de la abogacía. Martí Mingarro destaca que “se alcanzó el objetivo de que la economía del Colegio fuera estable y saneada, con cuotas comparativamente bajas y con un patrimonio consolidado y sin cargas con base a la adquisición de los dos edificios de la calle Serrano”.

Se creó el Centro de Estudios, para atender la formación inicial y permanente de los colegiados, se consiguió la libre circulación de los abogados en todo el territorio nacional, la definitiva abolición legal de la pena de muerte en tiempo de guerra y que el rey Felipe VI, licenciado en Derecho, fuera recibido como Colegiado de Honor.

Ante una complicada situación de inseguridad, Mingarro subraya que “mantuvimos en circunstancias muy difíciles la posición histórica de la abogacía: luchar contra el terrorismo no justifica el déficit de los derechos básicos”. Todo ello para conseguir una abogacía libre e independiente, al servicio de ciudadanos de un Estado de Derecho.

Entre 2007 y 2012 ocupó el decanato Antonio Hernández-Gil y Álvarez-Cienfuegos, fallecido en enero de 2020, quien realizó la segregación económica y jurídica del servicio médico del Colegio, constituyendo la actual Nueva Mutua Sanitaria (MUSA), y se regularizaron e incrementaron las relaciones con el Consejo General de la Abogacía, participando activamente en el Congreso de la Abogacía de Cádiz. Su vicedecano, Luis Rodríguez Ramos, destaca de este periodo que “se acentuó la austeridad en la gestión económica colegial dejando notables reservas en su patrimonio, se revisaron los baremos del Turno de Oficio y se intensificaron las relaciones internacionales, siendo una muestra de esta apertura la institucionalización de los Encuentros en Madrid”.

Los decanos Antonio Hernández Gil y Luis Martí Mingarro Foto: ICAM

Hacia la igualdad

Victoria Kent, abogada y política, fue la primera mujer en ingresar en el ICAM y la primera del mundo que ejerció como abogada ante un tribunal militar en diciembre de 1930. Clara Campoamor se licenció en Derecho en menos de dos años, solicitando el 19 de diciembre de 1924 su ingreso en el ICAM. Participó en la elaboración de la Constitución de la República, luchando eficazmente para establecer la no discriminación por razón de sexo, el divorcio y el sufragio universal.

Pero no fue hasta diciembre de 2012, cuando la corporación madrileña tuvo su primera decana: Sonia Gumpert Melgosa, quien estuvo al frente del ICAM hasta 2017 con el empeño de aplicar las últimas tecnologías al ejercicio profesional y el desempeño más justo de la profesión.

Sonia Gumpert, decana del Colegio de Abogados de Madrid. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID ICAM

La decana destaca como logros de su mandato “la modernización de la institución y poner al colegiado en el centro de todos los proyectos y eventos”. Su reto más complicado fue “sin duda el de convencer a los resistentes, tanto dentro como fuera de la institución, al cambio transformador que proponíamos. Para superar las resistencias externas nos servimos de la comunicación”, asegura Sonia Gumpert.

Bajo el mandato de José María Alonso, la corporación profesional cambió en marzo de 2022 su nombre originario de 1732 por el de Colegio de la Abogacía de Madrid con un respaldo masivo para lograr una denominación más inclusiva, haciendo visibles no solo a los hombres sino también a las mujeres, que representan el 48% del censo colegial.

Alonso destaca de su mandato “los notables avances logrados en materia de igualdad -tanto con la aprobación y ejecución del pionero Plan de Igualdad del ICAM como con los esfuerzos realizados externamente para fomentar la igualdad efectiva en todo el sector legal- culminados simbólicamente con el cambio de denominación”. Además, hay que destacar los proyectos encaminados a “mejorar las condiciones de ejercicio de los colectivos que más lo necesitan, en particular la abogacía joven y los compañeros y compañeras del Turno de Oficio”.

Por Andrés Garvi. Periodista y Doctor en Derecho.