Civil

Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2013, recurso nº 2525/2011. Ponente: Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos.
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha fijado doctrina en torno a la interpretación de los apartados 5, 6 y 7 del artículo 92 del Código Civil en lo relativo a los presupuestos que han de concurrir y valorarse para que pueda adoptarse, en interés del menor, el régimen de guarda y custodia compartida.

Es objeto del presente recurso de casación la sentencia que estimó la demanda en la que se ejercitaba acción de división del condominio existente sobre un inmueble del que el recurrente tenía reconocido el uso de dos de sus plantas en la escritura de liquidación de la sociedad de gananciales suscrita con su ex esposa y demandante, y el de la tercera planta en virtud de resolución dictada en juicio matrimonial, declarando la extinción del condominio existente y la pérdida del uso y disfrute que ostentaba el demandado sobre las dos primeras plantas, ordenándose la división económica, mediante la venta y el reparto del precio en proporción a la cuota de cada uno.

Se recurre en casación la sentencia que desestimó la demanda formulada por las Comunidades de Propietarios recurrentes, dirigida a que se declarara la ilegalidad de las obras realizadas por el demandado, propietario de un local de negocio, consistentes en la apertura de una puerta para dotar de acceso independiente al local desde la vía pública.

Pleno. Sentencia del Tribunal Constitucional 88/2013, de 11 de Abril. Recurso de Amparo; 10713/2009. Ponente; Excmo Sr. D. Pablo Pérez Tremps.
El art. 85.2 LOTC debe interpretarse en el sentido de que permite que la presentación de escritos de iniciación del recurso de amparo se realice, con plenos efectos interruptores del plazo de caducidad, tanto en el Registro del Tribunal Constitucional como en la oficina o servicio de registro central de los Tribunales civiles de cualquier localidad durante la integridad del plazo completo previsto legalmente para la presentación de dichos escritos de iniciación.

Se recurre en casación la sentencia que desestimó la demanda del recurrente, en la que ejercitaba la acción directa del art. 76 LCS contra la aseguradora del vehículo causante del accidente de tráfico sufrido, reclamando indemnización de daños y perjuicios por las secuelas determinantes de su reconocida invalidez, con los intereses del art. 20 LCS, habiéndose apreciado prescripción de la acción.

Conclusiones sobre el régimen transitorio a aplicar hasta que la normativa española adopte la reciente sentencia del TJUE que calificó de abusiva la actual ley hipotecaria.

Es desestimado el recurso presentado contra la sentencia que denegó las pretensiones del demandante, quien interesó fuera reconocido su derecho a ser indemnizado por incumplimiento de contrato, ya que entre él y la parte demandada se habían iniciado conversaciones y actos preliminares de un contrato de compraventa mercantil que no llegó a hacerse efectivo.

Senado. BOCG de 22 de abril de 2013. Informe de la ponencia.
Se incorporan distintas enmiendas al texto del Proyecto de Ley remitido por el Congreso de los Diputados.

Auto de 6 de marzo de 2013, recurso nº 1649/2012.
Se aplica la primacía del interés jurídico del menor, regulado en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.

BOCG de 20 de abril de 2013
Se tramita con carácter de urgencia

Queda confirmada la sentencia recurrida que declaró producida la alegada intromisión ilegítima en el derecho al honor del actor. El litigio surge con ocasión de la denuncia formulada por la demandada, ex mujer del demandante y madre de sus hijos, ante una asociación contra el maltrato diciendo que el demandante maltrataba a sus hijos y a su actual pareja, la cual fue comunicada por la asociación al Ministerio Fiscal; demostrándose finalmente la falsedad de tal denuncia. Alega la recurrente que actúo por la obligación de denunciar unos hechos posiblemente constitutivos de un delito de maltrato y siguiendo los cauces legales oportunos, por lo que no puede hablarse de una intromisión ilegítima del derecho al honor.

Auto de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Burgos de 10 de abril, rollo de apelación 55/2013. Ponente: Iltmo. Sr. Juan Miguel Carreras Maraña.  
No podrá señalarse ninguna subasta ni celebrarse ningún lanzamiento hipotecario sin que previamente se haya analizado y valorado por el Juez la posibilidad de que en la escritura de hipoteca existan cláusulas nulas, ilícitas o abusivas, lo que supone habilitar un mecanismo jurídico procesal para paralizar los desalojos hipotecarios.