Alberto Ruiz-Gallardón

Entregarán unas propuestas al ministro de Justicia sobre el "fracaso" de la Ley del Menor que ha resultado ser "completamente inefectiva"

El Ministerio de Justicia garantizó ayer a las comunidades que los ingresos por las nuevas tasas judiciales cubrirán el 100% del coste del servicio de justicia gratuita, por lo que podrán redirigir los fondos que antes destinaban a esta partida a la modernización del sistema. También exigirá a los Gobiernos regionales que cualquier inversión en tecnología sea compatible con el resto.

Destaca que la nueva regulación corregirá "disfunciones" y cita la "deficiente calidad" en la redacción de las resoluciones

Evaristo Nogueira acusa al ministro de innovar, dejar descontrolados a los profesionales y de mentir a la abogacía española

Ratifica su intención de trasladar a los notarios la competencia sobre divorcios de mutuo acuerdo

Defiende que los jueces nunca se dejan influir por razones ajenas a la aplicación de la Ley y crea una Comisión para reformar la LOPJ

Consideran que no servirá para aliviar los juzgados como ha anunciado el ministro. Desconfían de que la recaudación llegue de forma efectiva hasta los letrados.

Confiesa que no puede prometer pruebas de ADN "gratuitas y universales" y que el archivo en los juzgados no "desanima" en las labores de búsqueda

Defienden la trayectoria de Garzón y critican el intento de reabrir el 11-M, mientras que Amaiur pide al TC que resuelva sobre Parot y Sortu

El senador del PNV José María Cazalis ha registrado una iniciativa en el Senado para demandar información sobre las medidas previstas por el Ejecutivo para lograr una "exhaustiva" investigación de las tramas de niños robados, que operaron desde el franquismo hasta inicios de los años 90 en todo el territorio nacional.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer en el Senado que los ingresos de las tasas judiciales irán a financiar la justicia gratuita. Además, reformará el Código Penal antes de verano para incluir la prisión permanente revisable.

El Gobierno quiere que "estén en contacto con la calle y sigan en sus tribunales". Sólo cobrarían salario los cinco miembros de la Comisión Permanente; el resto, dietas.