Torres-Dulce deslegitima a las fiscales del juicio de los trajes contra Camps

La decisión de no recurrir la absolución deja en mal lugar a las sectarias representantes del Ministerio Público. Su trabajo estuvo repleto de errores y parcialidad.

La Gaceta de los Negocios. 05.02.2012

Un desempeño anárquico, una resolución contraria y un futuro dudoso. Ese ha sido el proceso que han protagonizado las fiscales que representaron al Ministerio Público durante el llamado caso de los trajes contra Francisco Camps y Ricardo Costa y que ahora han sido abandonadas a su suerte por la negativa de la Fiscalía a recurrir la absolución de los ex dirigentes populares, en un cambio radical del criterio adoptado por el Ministerio Público durante el proceso.

No obstante, en la decisión del jurado popular que concluyó la no culpabilidad de los dos imputados tuvo mucho que ver la praxis heterodoxa llevada a cabo por las fiscales Concepción Sabadell Carnicero y Myriam Gloria Segura. Ambas parecieron siempre a remolque de la defensa ejercida por el letrado Javier Boix y, en su intento por avasallar con datos y referencias que hicieran objetivo el delito presuntamente cometido por los imputados, cayeron en una excesiva redundancia. De hecho, la situación llegó hasta tal punto que el juez Climent les afeó su insistencia en semejante conducta. Así ocurrió con las grabaciones telefónicas entre los acusados y miembros de la trama Gürtel que en una demostración de falta de argumentos, llegaron a repetir hasta en tres ocasiones. Una cifra excesiva a juicio del magistrado Climent.

Pero más reveladora y decisiva para que el jurado popular terminara por emitir un veredicto favorable a los imputados fue la parcial adjudicación de prendas de ropa que las fiscales realizaron en el tramo final del juicio entre Camps y Costa. Entonces, parte de las prendas que en un principio atribuyeron al ex presidente de la Generalitat fueron a parar al ex secretario general del PP, un procedimiento que demostró la poca consistencia de la acusación y alimentó los argumentos de quienes vieron en el proceso una cacería contra los ex dirigentes del PP.

La improvisación podría explicarse por el tiempo y forma en la que Sabadell y Segura llegaron al cargo que ahora ostentan. En el caso de la primera, lo hizo apenas cuatro semanas antes de que estallara el caso Gürtel, lo que invita a pensar en un nombramiento ad hoc para el proceso. Segura, por su parte, lo hizo a finales de 2006, a tiempo para aprovecharse de la intervención de las conversaciones decretado por Garzón y que en las últimas semanas le han llevado al banquillo del Tribunal Supremo para enfrentarse a una acusación por prevaricación.

El abogado Ignacio Peláez, al frente de la acusación contra el magistrado, amplió la querella a las fiscales, por su supuesta colaboración en las escuchas ilegales, si bien el Tribunal Supremo la desestimó.

Desde entonces, la rigurosidad procesal de las fiscales no ha contribuido a acallar el debate sobre su celo profesional. En marzo de 2011, por ejemplo, desoyeron una providencia de un juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y se personaron en Nueva York a pesar de que el magistrado había establecido que ciertas declaraciones se recibirían mediante videoconferencia. En el viaje acompañaron al fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, hombre fuerte del ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y principal valedor de Sabadell y Segura.

Ya sin él, el futuro se presenta incierto para las fiscales, incapaces de ofrecer al jurado popular “conclusiones inequívocas”, según reconocieron los peritos de Hacienda encargados de redactar el informe de la Fiscalía. La decisión adoptada por el Ministerio Público ahora con Eduardo Torres-Dulce al frente supone un duro varapalo para sus carreras, en la medida en que las deja abandonadas a su suerte tras meses de grandilocuentes acusaciones.

Además, supone un problema para la acusación particular, encabezada por los socialistas valencianos, pues se adhirieron a la causa del fiscal y ahora existen dudas de si el Tribunal Supremo permitirá su recurso toda vez que la institución ha mantenido con anterioridad posiciones opuestas sobre este tema.