23 de septiembre de 2014
Opinión

Secreto Profesional y Derecho de Defensa.Tribuna abierta de Juan Antonio Cremades publicada en ABC el sábado 3 de marzo

 
SECRETO PROFESIONAL Y DERECHO DE DEFENSA
por Juan Antonio Cremades Sanz-Pastor *
 
Miguel Servet, encarcelado en Ginebra, escribió a sus jueces pidiendo que le designaran un abogado. El Tribunal siguió al Fiscal que dijo: Viendo lo bien que sabe mentir, no hay motivo para que pida un abogado. Tras tal desprecio del derecho de defensa, es lógico que fuera condenado por hereje a ser quemado vivo a fuego lento.
Hemos asistido en nuestro país a una tropelía más inicua que la sufrida por Servet: un Juez de Instrucción utiliza al abogado para sonsacar confesiones al acusado. Se aprovecha de la confianza del detenido en quien lo va a defender por el secreto profesional que protege sus confidencias, para descubrir subrepticiamente lo que ha hecho, violando entre otros el derecho constitucional de no acusarse a sí mismo.
Invoca el Juez la Ley Orgánica General Penitenciaria que dice: las comunicaciones de los internos con el abogado defensor no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en supuestos de terrorismo. Pero el Tribunal Constitucional y el Supremo han proclamado reiteradamente que las dos condiciones son acumulativas. Y todos saben que este caso tiene que ver con la corrupción y no con el terrorismo.
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, a la que se dirigieron los defensores, decidió el 20 de octubre de 2009 concederles el amparo del Colegio. Dio traslado del acuerdo al Fiscal General del Estado y a los Presidentes del Consejo General del Poder Judicial, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El Colegio de Abogados de Madrid se personó en la causa, presentando un recurso de apelación contra las resoluciones que habían ordenado las escuchas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó el 25 de marzo de 2010 una decisión acorde con lo solicitado por el Colegio, declarando ilícitas y sin efecto las escuchas, calificándolas de método inquisitorial.
El Colegio de Abogados constató que el derecho había sido así restablecido. No prosiguió pues en la vía judicial porque, habiendo conseguido proteger el secreto profesional, no consideró misión suya participar en la depuración de las responsabilidades penales incurridas por el Magistrado que lo violó.
Las víctimas de las escuchas –esencialmente las personas detenidas, porque el secreto profesional no protege al abogado, sino a su defendido– se querellaron contra el Juez de Instrucción de la Audiencia Nacional. Siete magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo declaran unánimemente que tales prácticas solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado, prescindiendo de las mínimas garantías efectivas para los ciudadanos. Nadie discute seriamente en este marco que la búsqueda de la verdad, incluso suponiendo que se alcance, no justifica el empleo de cualquier medio. La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia.
Saco una conclusión: la Ley Penitenciaria debe ser modificada. Ni aun en casos de terrorismo se debe escuchar lo que una persona dice a su abogado. Si un abogado es cómplice de su cliente, tiene que ser apartado de la defensa y se pueden adoptar contra él las mismas medidas que contra cualquier ciudadano. Pero nada justifica la intervención de lo que un acusado dice a su defensor.
Y también albergo una esperanza: que el actual Gobierno no retome el anteproyecto de ley de derechos fundamentales vinculados al proceso penal que preparó su antecesor, pues preveía que tales escuchas serían lícitas cuando existan indicios de la participación del abogado en el delito. Tan vaga fórmula incita a graves abusos y los justifica.
El Tribunal Constitucional francés acaba de declarar inconstitucional que solo los abogados de una lista preparada por el Consejo de la Abogacía puedan asistir a un presunto terrorista durante su detención policial: el legislador no puede limitar el derecho de defensa sin que un juez decida motivadamente la restricción impuesta. ¡Lejos está, pues, de autorizar la escucha de lo que el defendido dice a su abogado!
Cuando el depositario de una parcela de poder público sucumbe a la tentación totalitaria, comienza poniendo trabas al derecho de defensa del ciudadano. Nuestra Constitución garantiza la asistencia del abogado al detenido en las diligencias judiciales y policiales. Son sorprendentes las reacciones contra los magistrados que han condenado al Juez autor de tan terrible atropello de un garantía fundamental en democracia. Sólo alabanzas merecen el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al haber protegido este derecho de la persona humana por el que han batallado generaciones de luchadores por la libertad.

*Presidente de Honor de la Unión Internacional de Abogados. Miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid y ex miembro de la de París.