16 de septiembre de 2014
TRIBUNAL SUPREMO. PENAL

Revisión de sentencia. Adecuación a la reforma del Código Penal por la LO 5/2010 de 22 de junio, de la pena privativa de libertad impuesta por un delito contra la salud pública con la agravante de notoria importancia, aplicando el principio de proporcionalidad en atención a las circunstancias

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO  DE 18 DE JULIO DE 2012. Nº RECURSO 10053/2011

Estimación parcial. Si cuando regía un marco punitivo de 9 años y un día a 13 años y seis meses de prisión se impuso una pena de 9 años, no parece coherente mantener la misma pena cuando el legislador ha fijado el nuevo arco punitivo entre 6 años y un día y 9 años de prisión. Sin embargo, no es posible aplicar el grado mínimo en atención a la gravedad de los hechos.

FJCO UNICO “(…)Alega en su defensa que, en virtud de la reforma de los arts. 368 y 369 del C. Penal por LO 5/2010, la pena aplicable al tipo penal en que incurrió, tráfico de sustancias estupefacientes que causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia, tiene asignada una duración de seis años y un día a nueve años de prisión. Pero como en la sentencia se le condenó a 9 años de prisión y no a 9 años y un día, la Audiencia consideró que esa pena de 9 años también se le puede imponer con arreglo al nuevo texto reformado, por lo que, aplicando la disposición transitoria segunda, excluye la revisión de la condena.
 
(…) Sería una contradicción que, a la vista de las reformas posteriores y permitiendo también el texto legal de 1995 el incremento en un día de la pena de los nueve años, se acudiera ahora a una interpretación contra reo y se sostuviera que no cabe aplicar retroactivamente la reforma del art. 369 del C. Penal por considerar que la pena literalmente impuesta en su día fue la de nueve años de prisión y no nueve años y un día.
 
(…) Centrada así la cuestión suscitada en dirimir si con arreglo a los criterios de la gravedad del hecho y de las circunstancias personales del autor ha de mantenerse la cuantía punitiva de nueve años de prisión o si más bien debe reducirse a tenor de la última reforma legal, entendemos que procede una reducción punitiva, aunque moderada, atendiendo a que el cambio legislativo ha de plasmarse de algún modo en la sentencia dictada en su día. De forma que si cuando regía un marco punitivo de 9 años y un día a 13 años y seis meses de prisión se impuso una pena de 9 años, no parece coherente mantener la misma pena cuando el legislador ha fijado el nuevo arco punitivo entre 6 años y un día y 9 años de prisión.
 
Se estima que la pena ha de imponerse en su mitad superior. No cabe, por tanto, aplicar el grado mínimo que solicita la parte recurrente, sino que, con arreglo al principio de proporcionalidad se le impone una pena de 8 años de prisión, manteniéndose la misma pena de multa que se estableció en su día.”

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