2 de septiembre de 2014
Entrevista a Europa Press

Exministros socialistas defienden la designación parlamentaria de los vocales del CGPJ frente a la reforma de Gallardón

Juan Alberto Belloch

Ledesma aboga por redistribuir la forma de trabajar del Consejo al no ser "funcional" y Belloch por nombrar vocales de reconocido prestigio

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Los exministros socialistas de Justicia Fernando Ledesma y Juan Alberto Belloch han puesto en valor la designación de 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte de las Cortes Generales, frente a la reforma propuesta por el actual responsable del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón, basada en la elección "entre y por" los propios jueces y magistrados.

Fernando Ledesma, titular de Justicia (1982-1988) bajo el Gobierno de Felipe González, ha reconocido a Europa Press que prefiere el sistema establecido en 1985 por el cual el nombramiento de los doce vocales de procedencia judicial recae en manos del Parlamento. "Me gusta más el sistema que contenía la Ley que se aprobó en 1985", ha añadido.

En cualquier caso, Ledesma ha rechazado "poner en cuestión la constitucionalidad de la reforma" esbozada por Ruiz-Gallardón dado que aún no se ha detallado el contenido "exacto" del proyecto. "Es prematuro opinar en este momento", ha remachado.

"En derecho, estamos obligados a ser precisos, la seguridad jurídica impone rigor. Cuando se conozca la ley, tendrá aspectos positivos o desfavorables e inconvenientes", ha señalado, para enfatizar a continuación que una materia que afecta a un órgano constitucional del Estado requiere el amplio consenso de las fuerzas parlamentarias.

"Todo lo que afecta a órganos constitucionales del Estado debe ser tratado políticamente desde el consenso", ha dicho el consejero de Estado, que sí ha abogado por acometer reformas en el órgano de gobierno de los jueces para encontrar "mejores formas de distribuir su trabajo".

"Me parece que podría repartirse el trabajo a través de otros mecanismos sin reducir el número de vocales, pero concentrando quizá más funciones en la Comisión Permanente y dejando lo verdaderamente importante para el Pleno", ha señalado. "La situación actual no ha encuentro funcional", ha concluido Ledesma.

"PÉRDIDA DE PRESTIGIO EN LAS INSTITUCIONES"

Por su parte, el exministro de Justicia Juan Alberto Belloch (1993-1996) ha considerado que, para mantener la reputación del CGPJ, basta con nombrar a vocales que tengan presente que "se juegan su prestigio", más que por cambiar su sistema de elección.

"Todo el mundo está obsesionado por cambiar el sistema. Bastaría con que la persona que se nombre sea una persona de reconocido prestigio, que sepa que se juega el prestigio porque lo tiene", ha indicado el actual senador y alcalde de Zaragoza en una entrevista concedida a Europa Press.

En su opinión, la clave está en designar a personas que garanticen que no engrosan la institución para "hacer carrera", porque ésta "ya la han hecho", sino que se integran "con toda modestia para intentar hacer las cosas de manera eficaz".

"Las instituciones de este país están perdiendo prestigio porque no cumplen las condiciones reales de la Constitución, pasa con el Tribunal Constitucional o con el Consejo General del Poder Judicial", ha resumido Belloch.

PONER FIN AL "ACTIVISMO POLÍTICO" DEL CGPJ

Fernando Ledesma ha participado en un foro de debate organizado recientemente por la Fundación Ciudadanía y Valores sobre la reforma del CGPJ, en el que ha participado el magistrado del Supremo Pablo Lucas Murillo y los vocales Claro José Fernández-Carnicero e Inmaculada Montalbán. Todos ellos han reivindicado la elección parlamentaria en el CGPJ.

El grupo de expertos ha debatido la ponencia del catedrático de Derecho Procesal y director del gabinete de la exministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante, Jaime Vegas Torres, quien sí ve "aconsejable" la reforma anunciada por el Gobierno al considerarla "plenamente conforme con las exigencias del principio democrático" y el espíritu de la Constitución.

Vegas apuesta también por concentrar "el grueso de las competencias" en una Comisión Permanente, formada por los únicos miembros que ejercerían sus funciones a tiempo completo de manera que el resto solamente sería llamado a participar en las sesiones de Pleno.

Finalmente, reclama poner fin al "activismo político" del Consejo porque si sus vocales "asumen como propios los amplios objetivos de lograr la mejora general de la calidad de la Justicia, pasa a un segundo plano el celo en la vigilancia del respeto a la independencia judicial".